Pagina 12, 18 de marzo de 2009, Sección Debate.
El tipo de cambio real competitivo ha sido uno de los instrumentos más importante para la instauración del nuevo modelo de valorización productiva con inclusión social. Sin embargo, en la actualidad, y frente a las consecuencias de la crisis mundial, es necesario recomponer la competitividad del tipo de cambio.
En la década del noventa durante el modelo de Convertibilidad prevaleció la economía política del retraso cambiario que estimulaba las importaciones, sobre todo de bienes industriales, y desalentaba las exportaciones.
Este fenómeno se tradujo en dos consecuencias negativas para la economía argentina:
1) Al generar que las importaciones superaran en forma permanente a las ventas externas se tendía a una balanza comercial deficitaria que junto al pago de intereses de la deuda externa y la remisión de utilidades de las empresas extranjeras condujeron a un déficit constante de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Para financiarlo se recurrió a la deuda externa pública.
2) El “boom” importador de bienes manufacturados provocó un fuerte proceso de desindustrialización de la economía argentina. Asimismo, la destrucción de la industria nacional al no poder competir con los productos extranjeros generó un aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia junto con una primarización de la producción.
Es decir, el retraso cambiario característico del modelo de Convertibilidad implicó un aumento del endeudamiento externo al mismo tiempo que se incrementaba el proceso de desindustrialización y la exclusión social.
Con la salida del régimen de Convertibilidad y la devaluación de la moneda nacional, el tipo de cambio real competitivo incentivó la sustitución de importaciones y promovió el crecimiento de las exportaciones. Esto trajo los siguientes beneficios para la economía argentina:
- Un superávit comercial que junto con la reestructuración de la deuda externa pública permitieron un sostenido superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual posibilitó el incremento constante de las reservas del Banco Central.
- Un mejor nivel de producción y empleo como resultado de la reconstrucción de la industria nacional.
- Una diversificación productiva como consecuencia del proceso de reindustrialización de la economía argentina.
Sin embargo, con la crisis internacional desatada en Estados Unidos, y que terminó repercutiendo en el resto de los países, el tipo de cambio real volvió al centro del debate. La inflación interna sumado a la devaluación de Brasil, la caída de cierto precios internacionales debido a la recesión internacional erosionaron la competitividad de la economía nacional A esto debemos agregarle la necesidad de países como China de colocar sus excedentes de producción en economías como la Argentina.
Un nuevo “boom” de las importaciones provocaría un retroceso en el modelo de valorización productiva con inclusión social. En efecto, el retorno a la importación masiva de productos industriales atentaría con el proceso de reindustrialización que esta experimentado la Argentina. Las consecuencias del quiebre de la industria nacional son conocidas: aumento del desempleo, caída del salario de los trabajadores, incremento de la pobreza y la indigencia, es decir, exclusión social con concentración del ingreso.
Por lo tanto, se necesita de una devaluación del tipo de cambio nominal para recuperar la competitividad del tipo de cambio real. Sin embargo, la devaluación debe ser complementada con uno de los pilares del nuevo modelo de desarrollo: una mayor intervención estatal.
La política de control de precios, retenciones a los productos agropecuarios, compensaciones, aumento de los salarios y las jubilaciones junto con un mayor control de cambio y de la fuga de capitales deben profundizarse con la devaluación de la moneda nacional.
En otras palabras, se debe evitar a través de la mayor intervención estatal caer en una devaluación tradicional que implica la caída del salario real como consecuencia del aumento de precios que genera la devaluación y que luego se traduce en aumento de la pobreza, caída de la demanda interna, reducción de la producción e incremento de la desocupación.
Esta visión se contrapone a la postura “devaluacionista” de los sectores dominantes. En efecto, mientras que las entidades agrarias propugnan por una devaluación con reducción de las retenciones, la UIA aspira a una devaluación sin paritarias.
Por otro lado, a través de un mayor control de cambio y una mayor regulación de la cuenta de capital de la balanza de pagos se debe evitar la perdida de depósitos del sistema bancario argentina para la compra de dólares y la salida de capitales al extranjero.
De la recuperación del tipo de cambio real junto con la mayor intervención del Estado en la economía depende, entre otras cosas, la consolidación del modelo de valorización productiva con inclusión social.
martes, 19 de mayo de 2009
POLITICAS OFERTISTAS VS POLÍTICAS DE DEMANDA
Según el postulado neoclásico “toda oferta genera su propia demanda”. Para esta escuela la economía es motorizada por la oferta y por lo tanto todos los esfuerzos del Estado deben estar vinculados a fomentar la oferta de bienes.
Asimismo, los neoclásicos entienden que es imposible que exista sobreproducción debido a que cualquier aumento de la oferta se traduce automáticamente en un incremento proporcional de la demanda. De esta forma, deben diseñarse permanentemente políticas ofertistas sin preocuparse de la demanda. Un ejemplo en este sentido puede ser la reducción de los impuestos a las ganancias de los empresarios para así de esta manera se incrementa la inversión y con esto la oferta de bienes.
Sin embargo, esta lógica condujo a la crisis más profunda del capitalismo. En efecto, la crisis de 1929 fue una crisis de “sobreproducción relativa”. De sobreproducción porque durante la década del veinte en Estados Unidos se produjo un abrupto crecimiento de la oferta que no fue acompañado por la demanda, lo cual generó un exceso de oferta de mercancías. Y relativa, porque no es que la gente no demandaba porque tenia sus necesidades satisfechas, sino más bien debido a que no tenían los ingresos necesarios para hacerlo.
De esta forma, la crisis de 1929 mostró claramente que no toda oferta genera su propia demanda, y que además el capitalismo tiende a producir excesos de oferta, lo cual para los neoclásicos era imposible.
La sobreproducción en el capitalismo se traduce en crisis debido a que genera una caída de precios, es decir, un proceso deflacionario que produce una disminución de la tasa de ganancia de los empresarios con la consiguiente caída de la inversión, aumento del desempleo y reducción de los salarios de los trabajadores.
En este contexto surgió la llamada teoría keynesiana. Según Keynes, a diferencia de los neoclásicos, el motor de la economía es la demanda. De esta manera, si se incrementa la demanda efectiva el empresario venderá más mercancía y por lo tanto incrementará la inversión y la oferta de mercancías.
El propio Keynes recomendaba para salir de la crisis de 1929 un conjunto de políticas económicas que condujeran al crecimiento de la demanda para estimular nuevamente la expansión económica y de esta manera reconstruir el círculo virtuoso de la producción. Además – detalle nada menor- Keynes señala que el encargado de aumentar la demanda es fundamentalmente el Estado.
En este sentido, una de las políticas económicas fundamentales recomendadas por Keynes era conseguir una distribución progresiva del ingreso. Es decir, el Estado debía cobrarle, según el economista ingles, impuestos a las clases altas para luego inyectar ese dinero a través del gasto público en los sectores bajos. Como estos últimos tienen necesidades bajas insatisfechas presentan una “propensión marginal a consumir” alta, a diferencia de los sectores de altos ingresos que poseen una “propensión al ahorro” elevada. Por lo tanto, cualquier aumento de los ingresos de los sectores bajos se traduce automáticamente en un incremento del consumo y por lo tanto de la demanda.
Asimismo, la obra pública era, según Keynes, una política imprescindible para poder incrementar la demanda y de esta forma poder salir de la crisis de 1929. La construcción de viviendas por parte del Estado, por ejemplo, genera un efecto multiplicador que se desparrama al resto de la economía estimulando de esta manera al sistema productivo y a la generación de puestos de trabajo.
En Estados Unidos, el keynesianismo aplicado se denominó “New Deal” (Nuevo Acuerdo), y permitió a los norteamericanos la recuperación luego del cataclismo. En efecto, luego de los intentos fallidos por parte del presidente republicano Hoover que intentó salir de la crisis dejando funcionar libremente al mercado en concordancia con las recomendaciones neoclásicas; el presidente Roosevelt aplicó a partir de 1933 un conjunto de medidas desde el Estado que se tradujo en un aumento de la demanda, lo cual permitió la reconstrucción del aparato productivo norteamericano.
En Argentina se aplicó el denominado Plan Pinedo (en 1933) durante la presidencia de Justo que también implicó un incremento de la demanda.
En los ochenta, el debate volvió al centro de la escena. Con Reagan en Estados Unidos y asesorado por el economista Laffer volvieron las políticas ofertistas basada en la Ley de Say. Justamente, según Laffer, el gran problema que tenía Estados Unidos eran los elevados impuestos, por lo cual el economistas recomendaba reducir el impuesto a las ganancias para alentar la inversión privada.
Ronald Reagan redujo efectivamente el impuesto a las ganancias. Sin embargo, no sólo no se logró una expansión de la economía sino que además permitió profundizar el desfinanciamiento del Estado y una fuerte concentración del ingreso. Es decir, la política de Reagan fue enteramente funcional a los sectores dominantes norteamericanos.
De nuevo, el problema no era que los empresarios de Estados Unidos no tenían dinero para invertir. No invertían justamente porque no había demanda. Por lo tanto, a pesar de la reducción del impuesto a la ganancia, los empresarios no aumentaron la inversión porque no tenían a quien venderle la producción.
En la Argentina el debate entre políticas ofertistas y de demanda también formó parte de la agenda pública en diferentes momentos de nuestra historia reciente. Cuando el gobierno de la Alianza asumió la presidencia en 1999, la economía argentina estaba atravesando una crisis que se había iniciado a mediados de 1998.
El ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, tenía su propio diagnóstico de la crisis. Según el ministro el gran problema de la economía argentina era el déficit fiscal. En efecto, según Machinea, el déficit del sector público generaba que el Estado nacional debía endeudarse en el sistema financiero local, lo cual se traducía en un aumento de la demanda de crédito y por lo tanto en elevadas tasas de interés.
Según Machinea había que eliminar el déficit fiscal para así evitar que el Estado nacional compita en el crédito con el sector privado generando de esta manera un disminución de la tasa de interés, un aumento del crédito para los empresarios y un incremento de la inversión permitiendo así reactivar a la economía argentina.
Con este objetivo el ministro Machinea llevó a cabo dos políticas: un aumento de los impuestos a los asalariados (la tablita de Machinea) y una reducción de las jubilaciones y los salarios del sector público.
De esta forma, según el ministro de economía, aumentaría la recaudación que unido a la reducción del gasto público permitirían eliminar el déficit fiscal. Sin embargo, la única consecuencia fue una reducción de la demanda, lo cual se tradujo en una profundización de la crisis económica.
Con la asunción de Cavallo como ministro de Economía de la Alianza el diagnóstico fue el mismo: el problema de la Argentina era por falta de políticas ofertistas. Para lo cual Cavallo lanzó los planes de competitividad que consistían en una reducción de los impuestos a los empresarios. Al igual que en el gobierno de Reagan, no sólo no generó un crecimiento de la economía sino que además se tradujo en un desfinanciamiento del Estado.
Estas políticas nos condujeron a la peor crisis de la economía argentina en el 2001 que implicó la salida anticipada del gobierno de la Alianza. En efecto, el problema de la economía argentina no era la oferta, sino que lo que no crecía era la demanda lo cual profundizaba la crisis económica y social.
En la actualidad, ante los “coletazos” de la crisis “mundial”, la discusión entre las políticas del lado de la demanda y del lado de la oferta recuperó la centralidad.
Según Lilita Carrio las políticas que deben aplicarse son la eliminación total de las retenciones a los productos agropecuarios y recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional (F.M.I.). Para la líder de la Coalición Cívica con la eliminación de los derechos a las exportaciones aumentaría la inversión agropecuaria estimulando de esta manera a la economía argentina. Y a través del endeudamiento con el organismo internacional se podría cubrir el déficit fiscal que generaría la caída de la recaudación tributaria.
De nuevo, para Carrio, al igual que para los neoclásicos en medio de la crisis de 1929 y para Reagan en la década del ochenta, la solución para la economía argentina para evitar el contagio de la crisis internacional son las políticas ofertistas.
Sin embargo, y recurriendo a la historia económica mundial y nacional, lo único que generaría este tipo de políticas es un estancamiento de la economía junto con una concentración del ingreso y una aumento del endeudamiento del Estado para beneficiar únicamente al sector agrario.
En cambio el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en contraposición a lo realizado durante el gobierno de la Alianza, implementa un conjunto de políticas de demanda con el objetivo de evitar la desaceleración de la economía argentina.
El actual gobierno reduce los impuestos a los asalariados con la eliminación de la tablita de Machinea, y no a los empresarios, y lleva a cabo una política de crédito “blando” para alentar al consumo. Junto con esto, en lugar de reducir el gasto público, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó un plan estratégico de obras públicas y realizó un pago extraordinario para los jubilados.
Sólo el crecimiento de la demanda podrá evitar un mayor contagio de la crisis internacional. Por lo tanto, sólo las políticas de demanda, como las que esta aplicando el gobierno, son las mediadas adecuadas para evitar un mayor derrame de la crisis “mundial” a nuestra economía.
Asimismo, los neoclásicos entienden que es imposible que exista sobreproducción debido a que cualquier aumento de la oferta se traduce automáticamente en un incremento proporcional de la demanda. De esta forma, deben diseñarse permanentemente políticas ofertistas sin preocuparse de la demanda. Un ejemplo en este sentido puede ser la reducción de los impuestos a las ganancias de los empresarios para así de esta manera se incrementa la inversión y con esto la oferta de bienes.
Sin embargo, esta lógica condujo a la crisis más profunda del capitalismo. En efecto, la crisis de 1929 fue una crisis de “sobreproducción relativa”. De sobreproducción porque durante la década del veinte en Estados Unidos se produjo un abrupto crecimiento de la oferta que no fue acompañado por la demanda, lo cual generó un exceso de oferta de mercancías. Y relativa, porque no es que la gente no demandaba porque tenia sus necesidades satisfechas, sino más bien debido a que no tenían los ingresos necesarios para hacerlo.
De esta forma, la crisis de 1929 mostró claramente que no toda oferta genera su propia demanda, y que además el capitalismo tiende a producir excesos de oferta, lo cual para los neoclásicos era imposible.
La sobreproducción en el capitalismo se traduce en crisis debido a que genera una caída de precios, es decir, un proceso deflacionario que produce una disminución de la tasa de ganancia de los empresarios con la consiguiente caída de la inversión, aumento del desempleo y reducción de los salarios de los trabajadores.
En este contexto surgió la llamada teoría keynesiana. Según Keynes, a diferencia de los neoclásicos, el motor de la economía es la demanda. De esta manera, si se incrementa la demanda efectiva el empresario venderá más mercancía y por lo tanto incrementará la inversión y la oferta de mercancías.
El propio Keynes recomendaba para salir de la crisis de 1929 un conjunto de políticas económicas que condujeran al crecimiento de la demanda para estimular nuevamente la expansión económica y de esta manera reconstruir el círculo virtuoso de la producción. Además – detalle nada menor- Keynes señala que el encargado de aumentar la demanda es fundamentalmente el Estado.
En este sentido, una de las políticas económicas fundamentales recomendadas por Keynes era conseguir una distribución progresiva del ingreso. Es decir, el Estado debía cobrarle, según el economista ingles, impuestos a las clases altas para luego inyectar ese dinero a través del gasto público en los sectores bajos. Como estos últimos tienen necesidades bajas insatisfechas presentan una “propensión marginal a consumir” alta, a diferencia de los sectores de altos ingresos que poseen una “propensión al ahorro” elevada. Por lo tanto, cualquier aumento de los ingresos de los sectores bajos se traduce automáticamente en un incremento del consumo y por lo tanto de la demanda.
Asimismo, la obra pública era, según Keynes, una política imprescindible para poder incrementar la demanda y de esta forma poder salir de la crisis de 1929. La construcción de viviendas por parte del Estado, por ejemplo, genera un efecto multiplicador que se desparrama al resto de la economía estimulando de esta manera al sistema productivo y a la generación de puestos de trabajo.
En Estados Unidos, el keynesianismo aplicado se denominó “New Deal” (Nuevo Acuerdo), y permitió a los norteamericanos la recuperación luego del cataclismo. En efecto, luego de los intentos fallidos por parte del presidente republicano Hoover que intentó salir de la crisis dejando funcionar libremente al mercado en concordancia con las recomendaciones neoclásicas; el presidente Roosevelt aplicó a partir de 1933 un conjunto de medidas desde el Estado que se tradujo en un aumento de la demanda, lo cual permitió la reconstrucción del aparato productivo norteamericano.
En Argentina se aplicó el denominado Plan Pinedo (en 1933) durante la presidencia de Justo que también implicó un incremento de la demanda.
En los ochenta, el debate volvió al centro de la escena. Con Reagan en Estados Unidos y asesorado por el economista Laffer volvieron las políticas ofertistas basada en la Ley de Say. Justamente, según Laffer, el gran problema que tenía Estados Unidos eran los elevados impuestos, por lo cual el economistas recomendaba reducir el impuesto a las ganancias para alentar la inversión privada.
Ronald Reagan redujo efectivamente el impuesto a las ganancias. Sin embargo, no sólo no se logró una expansión de la economía sino que además permitió profundizar el desfinanciamiento del Estado y una fuerte concentración del ingreso. Es decir, la política de Reagan fue enteramente funcional a los sectores dominantes norteamericanos.
De nuevo, el problema no era que los empresarios de Estados Unidos no tenían dinero para invertir. No invertían justamente porque no había demanda. Por lo tanto, a pesar de la reducción del impuesto a la ganancia, los empresarios no aumentaron la inversión porque no tenían a quien venderle la producción.
En la Argentina el debate entre políticas ofertistas y de demanda también formó parte de la agenda pública en diferentes momentos de nuestra historia reciente. Cuando el gobierno de la Alianza asumió la presidencia en 1999, la economía argentina estaba atravesando una crisis que se había iniciado a mediados de 1998.
El ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, tenía su propio diagnóstico de la crisis. Según el ministro el gran problema de la economía argentina era el déficit fiscal. En efecto, según Machinea, el déficit del sector público generaba que el Estado nacional debía endeudarse en el sistema financiero local, lo cual se traducía en un aumento de la demanda de crédito y por lo tanto en elevadas tasas de interés.
Según Machinea había que eliminar el déficit fiscal para así evitar que el Estado nacional compita en el crédito con el sector privado generando de esta manera un disminución de la tasa de interés, un aumento del crédito para los empresarios y un incremento de la inversión permitiendo así reactivar a la economía argentina.
Con este objetivo el ministro Machinea llevó a cabo dos políticas: un aumento de los impuestos a los asalariados (la tablita de Machinea) y una reducción de las jubilaciones y los salarios del sector público.
De esta forma, según el ministro de economía, aumentaría la recaudación que unido a la reducción del gasto público permitirían eliminar el déficit fiscal. Sin embargo, la única consecuencia fue una reducción de la demanda, lo cual se tradujo en una profundización de la crisis económica.
Con la asunción de Cavallo como ministro de Economía de la Alianza el diagnóstico fue el mismo: el problema de la Argentina era por falta de políticas ofertistas. Para lo cual Cavallo lanzó los planes de competitividad que consistían en una reducción de los impuestos a los empresarios. Al igual que en el gobierno de Reagan, no sólo no generó un crecimiento de la economía sino que además se tradujo en un desfinanciamiento del Estado.
Estas políticas nos condujeron a la peor crisis de la economía argentina en el 2001 que implicó la salida anticipada del gobierno de la Alianza. En efecto, el problema de la economía argentina no era la oferta, sino que lo que no crecía era la demanda lo cual profundizaba la crisis económica y social.
En la actualidad, ante los “coletazos” de la crisis “mundial”, la discusión entre las políticas del lado de la demanda y del lado de la oferta recuperó la centralidad.
Según Lilita Carrio las políticas que deben aplicarse son la eliminación total de las retenciones a los productos agropecuarios y recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional (F.M.I.). Para la líder de la Coalición Cívica con la eliminación de los derechos a las exportaciones aumentaría la inversión agropecuaria estimulando de esta manera a la economía argentina. Y a través del endeudamiento con el organismo internacional se podría cubrir el déficit fiscal que generaría la caída de la recaudación tributaria.
De nuevo, para Carrio, al igual que para los neoclásicos en medio de la crisis de 1929 y para Reagan en la década del ochenta, la solución para la economía argentina para evitar el contagio de la crisis internacional son las políticas ofertistas.
Sin embargo, y recurriendo a la historia económica mundial y nacional, lo único que generaría este tipo de políticas es un estancamiento de la economía junto con una concentración del ingreso y una aumento del endeudamiento del Estado para beneficiar únicamente al sector agrario.
En cambio el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en contraposición a lo realizado durante el gobierno de la Alianza, implementa un conjunto de políticas de demanda con el objetivo de evitar la desaceleración de la economía argentina.
El actual gobierno reduce los impuestos a los asalariados con la eliminación de la tablita de Machinea, y no a los empresarios, y lleva a cabo una política de crédito “blando” para alentar al consumo. Junto con esto, en lugar de reducir el gasto público, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó un plan estratégico de obras públicas y realizó un pago extraordinario para los jubilados.
Sólo el crecimiento de la demanda podrá evitar un mayor contagio de la crisis internacional. Por lo tanto, sólo las políticas de demanda, como las que esta aplicando el gobierno, son las mediadas adecuadas para evitar un mayor derrame de la crisis “mundial” a nuestra economía.
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