EL PLAN ECONÓMICO DE LOS SECTORES DOMINANTES

por Juan Santiago Fraschina,
Luego de las elecciones y de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires los sectores dominantes comenzaron a profundizar el diseño de su “nuevo” plan económico. En efecto, tanto la Mesa de Enlace como la Unión Industrial Argentina redoblaron sus presiones al gobierno para la imposición de su modelo económico, coincidiendo en sus rasgos esenciales.
Uno de los pilares fundamentales del programa económico de los sectores dominantes es la devaluación de la moneda nacional. En este sentido es imprescindible discutir algunos puntos. En primer lugar, la devaluación no es mala ni buena en sí misma.
Es más, la fuerte recuperación económica que permitió la generación de puestos de trabajo a partir de la salida de la Convertibilidad fue en gran parte gracias al tipo de cambio competitivo.
Mientras que en la década del noventa el atraso cambiario generó un “boom” importador y desalentó las ventas externa que llevaron a un proceso de desindustrialización y a un consiguiente incremento de la desocupación y de la exclusión social, el crecimiento post convertibilidad a partir del tipo de cambio alto permitió una reindustrialización de la economía argentina asociado a una fuerte generación de puestos de trabajo y una reducción de la pobreza y la indigencia.
En otras palabras, el nuevo modelo de desarrollo actual caracterizado por la valorización productiva y la inclusión social se debió en gran medida al tipo de cambio competitivo como resultado de la devaluación de la moneda nacional.
Sin embargo, los efectos de la devaluación dependen de las políticas económicas que la acompañan. En tal sentido, las “recomendaciones” de los sectores dominantes es que, junto con la devaluación de la moneda nacional, se apliquen las siguientes medidas económicas:
- Reducción o eliminación de las retenciones.
- Eliminación de las paritarias.
- Fin de los precios máximos.
Las consecuencias de estas políticas económicas son claras. En primer lugar, la devaluación junto con una disminución o desaparición de las retenciones a las exportaciones provocaran el aumento de las exportaciones de los productos agrarios ganaderos generando un desabastecimiento del mercado interno que, junto con la desregulación de los precios, conduce a un proceso inflacionario de los productos de primera necesidad.
Este aumento de los precios, sumado al congelamiento del salario nominal como resultado de la eliminación de las paritarias, conduciría a una pulverización del salario real de los trabajadores. Esto es, se reduciría el poder de compra de los asalariados.
Los integrantes de la Mesa de Enlace experimentaran un aumento mayor de su renta extraordinario al incrementar sus ventas externas de sus productos, y los miembros de la Unión Industrial Argentina, que representa a los grandes industriales del país, verificaran una disminución de sus costos salariales como consecuencia de la reducción de la remuneración real de los obreros.
Pero el programa económico de los sectores dominantes continúa. A esto debemos sumarle una reducción del gasto público. Efectivamente, tanto los dueños de la tierra como de las grandes empresas coinciden que el aumento del gasto público fue en los últimos años exorbitante.
Por lo tanto, según los sectores dominantes, el aumento del gasto del Estado obligó al incremento permanente de la presión tributaria. De esta forma, si reducimos las erogaciones del sector público podemos bajar los impuestos, como por ejemplo las retenciones a las exportaciones.
Pero además, si la baja del gasto público no permite compensar la reducción de la recaudación tributaria como consecuencia de la disminución de los impuestos a los sectores dominantes, lo cual generaría un déficit fiscal, podemos recurrir al Fondo Monetario Internacional.
Es decir, cubrir el desequilibrio fiscal con un nuevo proceso de endeudamiento externos del sector público. Volver a endeudarnos para sostener un incremento aún mayor en la rentabilidad de los dueños de los campos y del capital concentrado interno.
En resumen, la devaluación de la moneda nacional, el congelamiento del salario nominal, la desregulación de los mercados, la disminución de los impuestos a los sectores altos, la reducción del gasto público y el retorno al Fondo Monetario Internacional forman parte esencial del modelo económico de los sectores dominantes.
Los resultados de este modelo son bien conocidos. Reducción del mercado domestico como consecuencia de la caída del poder de compra de los trabajadores y de la reducción del gato público generando el quiebre y desaparición de una buena parte de las pequeñas empresas provocando el aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia. Esto es, un modelo de concentración con exclusión social que predominó durante la década del noventa y el modelo de Convertibilidad.
Los perjudicados de este programa son también conocidos. Por un lado, los sectores populares que verán reducido su ingreso real. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas que dependen en gran medida del mercado interno.

Cambiar la ley

por Ariadna Somoza Zanuy, 5 de Julio de 2009,Página 12 Suplemento Cash

Existe un dato en la realidad económica que no debe dejarnos dormir en paz: la Ley de Entidades Financieras que rige hoy en nuestro país data de la época de la dictadura. La misma fue sancionada en el año 1977, épocas en las que se comenzaban a implementar las medidas económicas que iban a provocar una profunda transformación en la estructura económica argentina.
El nuevo patrón de acumulación, a partir de ese entonces, pasa a estar basado en el capital financiero en reemplazo de la producción y el trabajo y, por ende, era necesario modificar los marcos normativos y legales para que tal transformación sea viable. Fue entonces cuando se sancionó la Ley 21.526, o también llamada “Ley Martínez de Hoz”. Junto con la Ley de Radiodifusión y la Ley de Granos, se completaba un paquete legal que garantizaría la implementación del modelo neoliberal y su continuidad a lo largo de los distintos gobiernos democráticos, al punto tal que recién hoy, y luego de las transformaciones económicas del kirchnerismo, podemos volver a discutir.
En términos generales, la Ley de Entidades Financieras buscó la concentración del mercado financiero en pocas manos, eliminó la posibilidad de la existencia de entidades pequeñas, además de garantizar implícitamente que el crédito esté direccionado principalmente al consumo y a la especulación financiera por sobre la inversión en el aparato productivo. Además, reglamentó el accionar de entidades cooperativas a tal punto que para existir debían cumplir prácticamente los requisitos de una entidad más, descartando su aspecto cooperativo y limitando muchísimo su campo de acción porque no podían brindar servicios que el resto de las entidades si podían brindar, como, por ejemplo, conceder créditos para la vivienda o ser entidades respaldatorias de distinto tipo de operaciones financieras.
Pero para poder entender un poco mejor cuál es el impacto de esta ley, debemos entender cuáles son las características del sistema financiero, y sus funciones dentro de la economía. Podemos decir que en el siglo pasado, a nivel mundial y especialmente en los países desarrollados y petroleros, se dió un proceso de acumulación de capital que comenzó a absorber el sistema financiero. En el primer caso, por el desarrollo de las fuerzas productivas y la productividad; en el segundo, debido a la extraordinaria renta petrolera. Esa acumulación de capital dio origen a un viraje dentro del mismo capitalismo: ahora lo que el capital productivo generaba como excedente, no lo disponía este sector, sino que se empieza a transferir hacia el sector financiero, dependiendo la industria de los bancos para poder utilizar ese capital. Así comienza a tener preeminencia el capital financiero, cobrando vida como un factor de poder económico más y fue por más, buscando utilizar ese capital en la especulación por sobre la inversión en la producción.
Esto significa, para graficar de manera simplificada, que cuando el capital industrial requiere de dinero para inversión se encuentra con un sistema financiero que define, desde la óptica de su propio beneficio, si le otorga el crédito o no, y a qué tasa de interés. Define las condiciones para ser “sujeto de crédito”, y, sobre todo, lo otorga en función de su rentabilidad: si no es un negocio rentable darle crédito a las PyMEs y sí es rentable otorgar crédito al consumo, generará más facilidades para este último y pondrá trabas para el segundo. Como siempre, los que salen perdiendo son los “pequeños” de la economía, porque también es una realidad que hoy, en la Argentina, la existencia de una economía concentrada nos muestra que es difuso el límite entre el capital industrial y el capital financiero, así como entre este último y el capital agroexportador, ya que muchos de los grupos económicos juegan en los dos bandos, según sea de su conveniencia coyuntural.
Muchos de estos grupos se beneficiaron con el modelo económico kirchnerista, aunque lloren migajas cuando Venezuela hace un acto de soberanía pero dejan hacer cuando se trata de otros países que intentan violar nuestra soberanía. El caso de Techint llorando en EEUU es el ejemplo de una burguesía antinacional. Pero un tipo de cambio competitivo, superávits fiscales gemelos, políticas activas de empleo, incentivos a la producción, reasignación de recursos via retenciones a las exportaciones, limite a las importaciones indiscriminadas, y otras muchas políticas activas son las que caracterizan al modelo económico kirchnerista, beneficiaron no solo a grupos como Techint, sino principalmente a las PyMEs, a los trabajadores y a los actores de la Economía Social, los más golpeados desde que se implementó el modelo opuesto totalmente a este, el neoliberalismo, implementado durante la última dictadura militar, en la que surgió la Ley en cuestión.
Este nuevo modelo requiere, por ende, un nuevo marco normativo que regule la actividad financiera, ya que si el Estado vuelve a tener un rol activo y protagónico en las demás esferas de la economía, es impensable que no la tenga en un sector tan importante como éste.
Pensemos lo que suele suceder cuando algún actor de la economía quiere acceder a un crédito. Para las PyMEs, para hablar de un caso de crédito para la inversión, se torna muy engorroso, ya que es inmensa la cantidad de requisitos que deben cumplir y, por lo general, no les resulta conveniente la tasa de interés que deben de pagar, que suele ser más alta que la que debe pagar un grande, porque debe pagar los costos de no tener el respaldo que tiene un grande, pero principalmente porque un sistema financiero concentrado buscara mantener la concentración de la encomia, en todos los planos. Y la Ley de Entidades Financieras es la garantía legal de esto.
Otro caso de crédito para la inversión que resulta por ahí más extraño, porque es menos visible y también más novedoso su desarrollo, es el caso de la Economía Social. Cuando actores de este sector quieren acceder a un crédito para capitalizar su emprendimiento productivo, se encuentran con una problemática similar a la de las PyMEs, e incluso más. Los requisitos parecen aún mas inalcanzables y la tasa de interés resulta ser elevada para los márgenes de ganancia que una empresa social maneja. Además, siendo la mayor parte de las mismas Cooperativas, lo ideal sería que sean entidades cooperativas las que puedan brindarles el servicio financiero, ya que ¿qué mejor que una entidad financiera cooperativa para el desarrollo de una cooperativa? Por este motivo es que, hoy en día, la mayoría de las mismas se manejan con el Banco Credicoop. Una de las cosas que no permite la Ley de Entidades Financieras vigente es, en este caso, la posibilidad de apoyo financiero a los actores de la economía social.
En el caso de crédito al consumo, sucede algo similar. Los más débiles sujetos de crédito de la economía, los pobres, suelen tener muchas dificultades para acceder al crédito, cuando no se torna prácticamente inaccesible. Acceder a un crédito de HSBC, por poner un ejemplo, es algo prácticamente inconcebible. Pero ojo, los grupos económicos financieros no se van a quedar sin ese mercado…que también puede ser rentable. Han surgido, en ese sentido, millones de pequeñas “expendedoras de crédito” con sólo mostrar un DNI y un recibo de cobro de Plan Social. Producto de esto es ver millones de compañeros de los barrios super endeudados y pagando tasas de interés exorbitantes en comparación con la que paga alguna persona que logra acceder al crédito del HSBC. Es decir que el mismo banco que pone las condiciones para que no entres, te ofrece una opción para que entres igual pero por ello… ¡deberás pagar más! Termina siendo más caro el servicio financiero para un pobre que para una persona que está en mejores condiciones de pagarlo, por lo tanto se puede decir que la tasa de interés del crédito al consumo es altamente regresiva. Esto también lo tenemos gracias a la Ley de Entidades Financieras vigente.
Esto nos debe llevar al verdadero problema, al eje de la discusión: lo financiero, como un montón de otros aspectos de la economía, no pueden quedar en manos del mercado. Algo tan importante para una sociedad como el consumo, el ahorro y la inversion no pueden estar en manos de grupos económicos e incluso trasnacionales que definen el otorgamiento del capital, que esa misma sociedad produce, según su propia rentabilidad. Sabido es que allí donde no hay rentabilidad, no hay inversión si el Estado no interviene. El ejemplo claro es la recuperación del servicio público de Aguas a través de AySA. Es impresionante lo que ha crecido el tendido de agua corriente y cloacas desde que la empresa se reestatizó, ya que ahí donde ahora llega, para Aguas Argentinas no era rentable y, por ende, no había inversión. Lo que mueve a lo público, por ende, es la idea de universalización de un servicio, en este caso, y no la rentabilidad. Una empresa estatal puede soportar perder o no ser rentable porque su objetivo es otro, y fundamentalmente social: hacer llegar algo allí donde no llega y maximizar el bienestar social.
En el caso del sistema financiero, es imprescindible para poder profundizar el modelo económico kirchnerista que esta Ley de Entidades Financieras sea modificada. Es necesaria una mayor participación del Estado en la planificación de políticas en este ámbito para contar con los elementos necesarios que permitan que esta nueva estructura económica que comienza a surgir para hacerle frente al neoliberalismo que vamos dejando atrás se consolide y siga avanzando.
En un contexto en que los países centrales han demostrado que el modelo de sistema financiero que quieren que acá sigamos a rajatabla entró totalmente en crisis, es fundamental poder dar esta discusión. No se trata ya de una discusión o un problema nacional, sino que ha tomado dimensiones mundiales, y la Argentina se encuentra, gracias al modelo económico actual, en mejores condiciones que muchos de estos países para afrontar esta crisis y ser vanguardia en la reconfiguración de un nuevo modelo de sistema financiero, basado en la planificación del Estado, la solidaridad y la búsqueda de justicia social por sobre todas las cosas. Unasur, el banco latinoamericano, es un ejemplo de ello.
En Argentina, para sostener el crecimiento económico y la inclusión social y para profundizar la distribución de la riqueza, necesitamos un sistema financiero que permita que el Estado tenga un rol activo en la definición del consumo, del ahorro y la inversión. Necesitamos que la industria tenga crédito para la inversión en tecnología y trabajo, que las cooperativas puedan capitalizarse y crecer desde sus principios solidarios, generando también muchísimos puestos de trabajo, necesitamos que quienes más consumen y ahorran paguen más tasa de interés, y no al revés, y que todos los servicios financieros sean accesibles para todos. Y esto solo lo puede garantizar el Estado. Y el primer paso para eso es eliminar la Ley de Entidades Financieras. Si, la Ley “Martínez de Hoz”.

La clave para un proceso de industrialización

La industrialización de una economía es fundamental por varios factores. En primer lugar, los avances tecnológicos más importantes se producen en el sector manufacturero. Por lo tanto, el desarrollo económico de un país depende en gran medida de la consolidación de su aparato industrial. En segundo lugar, el proceso de industrialización permite romper con la inserción periférica en la división internacional del trabajo. En este sentido, el primer modelo económico que se implementó en la Argentina fue el agroexportador que consistía en la venta de productos primarios a los países centrales, fundamentalmente Gran Bretaña, y en la importación de bienes manufacturados. De esta forma el modelo agro exportador, que se estructuraba alrededor del liberalismo económico, implicaba la primarización de la economía argentina y la inserción periférica de nuestro país en el comercio internacional.

Ahora bien ¿qué implica ser un país periférico? Ser periférico es ser un país dependiente de los países centrales industrializados. Esto es, el crecimiento económico de los países periféricos se encuentra sujeto a la expansión de los países centrales. Pero este fenómeno no se da en el sentido inverso. En efecto, si los países subdesarrollados especializados en la producción primaria caen en una recesión económica los países centrales no se verán afectados.

Entonces, el proceso de industrialización permite la no inserción periférica en la división internacional del trabajo y por lo tanto romper con la dependencia económica de los países centrales. Por último, el sector industrial, a diferencia de las actividades primarias, genera valor agregado y por lo tanto empleo. De esta forma, el desarrollo industrial se transforma en un fenómeno clave para reducir el desempleo y con esto la pobreza y la indigencia.

En resumen, el proceso de industrialización es imprescindible para lograr un desarrollo tecnológico que permita romper con la dependencia de los países centrales y al mismo tiempo generar puestos de trabajo para la reducción de la exclusión social y el mejoramiento en la distribución del ingreso.

El caso argentino

Sin embargo, en la Argentina la consolidación del aparato industrial fue siempre un proceso conflictivo. En nuestro país todo intento de desarrollo industrial generó fuertes resistencias que condujeron a un retroceso en la consolidación del sector manufacturero argentino. Entonces surge una pregunta esencial: ¿cómo lograron los países centrales consolidar el proceso de industrialización?

Más allá de las particularidades y diferencias en el desarrollo manufacturero de los países centrales, todas las experiencias históricas tienen algo en común: la “subordinación” del sector primario al proceso de industrialización, esto es, privilegiar los intereses del sector manufacturero por sobre los intereses de las actividades primarias. El desarrollo industrial de Inglaterra y Estados Unidos son dos ejemplos claros de este fenómeno.

La ley de granos y el caso inglés:

Luego de la revolución Industrial en Inglaterra a mediados del siglo XVIII se inició una fuerte disputa entre los capitalistas y los dueños de las tierras. El conflicto entre las clases propietarias se estructuraba en torno a la ley de granos que consistía en un arancel a la importación de los productos primarios.

Por lo tanto, la ley de granos era enteramente funcional a los intereses de los terratenientes al proteger su mercado interno. Sin embrago, se contraponía a los intereses de la burguesía inglesa al encarecer el precio de los productos agrarios y de esta manera de loa alimentos, provocando un encarecimiento en el nivel de vida de los trabajadores y de los costos de los empresarios ante la necesidad de aumentarle los salarios a los obreros. En otras palabras, el proteccionismo a los productos agrarios permitía la eliminación de la competencia externa para los dueños de las tierras, lo cual se traducía en un aumento de los precios de los productos agrarios y de la renta de los terratenientes.

Al mismo tiempo, el aumento de los precios de los productos agropecuarios implicaba un proceso inflacionario en los alimentos reduciendo el salario real de los trabajadores obligando a los empresarios ingleses a otorgar aumentos salariales para compensar la suba de precios provocando un incremento de sus costos y una reducción en la tasa de ganancia y de la inversión de la burguesía industrial. Es decir, la ley de granos se traducía en un incremento de la renta de los dueños de las tierras pero en una disminución del poder de compra de los obreros y de los beneficios de los empresarios. Esto es, el proteccionismo agropecuario impuesto por la ley de granos implicaba un freno al proceso de industrialización de Inglaterra.

En 1846 el gobierno de Inglaterra decidió eliminar la ley de granos y permitir la importación de productos agropecuarios desde los países periféricos aun precio más bajo, perjudicando de esta forma a los terratenientes pero beneficiando a la clase obrera y a los industriales al reducirse el precio de los alimentos. Esta medida permitió la profundización del proceso de industrialización de Inglaterra y la consolidación de la hegemonía británica en el comercio internacional como país central en la división mundial del trabajo. Por lo tanto, el desarrollo industrial ingles requirió la “subordinación”de la actividad primarias al sector manufacturero, es decir, privilegiar la industria por sobre el sector primario.

La guerra de secesión y el caso norteamericano:

Cuando el nordeste norteamericano inició su proceso de industrialización a principios del siglo XIX, el conflicto con el Sur era inevitable. En efecto, el sur de Estados Unidos desde el período colonial se dedicaba al cultivo de algodón con manos de obra esclava para la exportación a la industria textil inglesa. Para los terratenientes propietarios de las grandes plantaciones del sur la inserción periférica de Estados Unidos en la división internacional del trabajo era funcional a sus propios intereses. Dicho de otra forma, la estructuración de la economía norteamericana como abastecedora de materia prima para Inglaterra permitía el incremento de la renta de los terratenientes del sur.

Sin embargo, esta lógica económica comenzó a interferir con el proceso de industrialización del nordeste básicamente dos cuestiones centrales:

a) La industria textil norteamericana necesitaba del algodón que los terratenientes del sur exportaban a Inglaterra.

b) Para el desarrollo industrial de Estados Unidos era imprescindible el crecimiento del mercado interno al no poder competir en el extranjero con la manufactura británica. Por lo tanto la existencia de la esclavitud impedía la expansión de la demanda interna necesaria para el proceso de industrialización del nordeste.

Este conflicto entre el Norte y el Sur condujo a mediados del siglo XIX a la guerra civil norteamericana denomina Guerra de Secesión entre el norte industrial y el sur esclavista. El triunfo del nordeste permitió la “subordinación” del Sur al proceso de industrialización. En efecto, luego de la Guerra de Secesión se produjeron dos hechos funcionales al sector manufacturero norteamericano.

Por un lado, la producción del algodón comenzó a ser utilizada para abastecer a la industria textil de Estados Unidos, bajando de esta forma el precio de la materia prima y por lo tanto el costo de los empresarios. Por otro lado, el fin de la esclavitud permitió la expansión del mercado interno y de la producción manufacturera norteamericana. ¿Qué hubiera pasado si la Guerra Civil la ganaba el Sur? Estados Unidos se hubiera consolidado como país exportador de bienes primarios a los países centrales, es decir, como país periférico dependiente de los países industriales. Sin embargo, la victoria del norte industrial y la consiguiente “subordinación” del sector primario permitieron la consolidación del proceso de industrialización del nordeste que condujo al desarrollo económico de Estados Unidos.

La Resolución 125 y el caso argentino:

A partir de la presidencia de Néstor Kirchner (iniciada el 25 de mayo de 2003), y luego de tres décadas de desindustrialización de la economía argentina como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas desde la dictadura militar de 1976, el sector manufacturero volvió a transformarse en una de las actividades centrales de la economía nacional.

Luego de la construcción fue el sector industrial la actividad que más creció desde la expansión económica post Convertibilidad. Por lo tanto, como resultado de las políticas económicas aplicadas durante la presidencia de Kirchner, de las cuales una central fue la retención a los productos agrarios, se retomó el modelo de valorización productiva abandonado a mediados de los `70 con la interrupción de la industrialización sustitutiva.

En este contexto de reindustrialización se enmarcó la resolución 125 propuesta el año pasada por la presidenta Cristina Fernández, que establecía las retenciones móviles para los bienes agropecuarios, tratando de profundizar de esta forma el desarrollo manufacturero nacional. En efecto, el resurgimiento del aparato industrial argentino se basó en gran medida, junto al tipo de cambio real competitivo, a las retenciones agrarias.

Las retenciones, como política antiinflacionaria, cumplieron dos funciones centrales en el proceso de reindustrialización. Estas fueron:

1) desacoplar los precios internos de los internacionales. Si las retenciones a los productos agropecuarios no existiesen, los terratenientes exportarían la totalidad de su producción. Se generaría así un aumento de sus rentas pero desabasteciendo el mercado interno de alimentos provocando un fuerte proceso inflacionario, lo cual provocaría una caída del poder de compra de los trabajadores, una disminución de la demanda interna y reducción de la producción industrial. El aumento de los precios de los alimentos generaría que el sector industrial se vea obligado a incrementar las remuneraciones a los trabajadores incrementando de esta forma sus costos salariales y reduciendo su tasa de ganancia y la inversión del sector manufacturero.

2) Con el dinero recaudado el Estado argentino puede subsidiar los servicios públicos disminuyendo de esta manera los costos industriales. Por lo tanto, las retenciones a los productos agropecuarios implica la “subordinación” del sector primario argentino al desarrollo industrial, es decir, el privilegiar los intereses del aparato manufacturero por sobre los intereses del sector agrario.

¿Qué pasaría si se eliminan las retenciones a los productos agropecuarios como pretenden las entidades agrarias? Lo mismo que si Inglaterra no hubiera eliminado la ley de granos y el sur norteamericano hubiera ganado la Guerra de Secesión. Pero dejemos lo contrafáctico para las elucubraciones liberales.