GEENaP

Sobran los dólares

2010-03-22T12:11:00.000-07:00

Juan santiago Fraschina, Buenos Aires Económico, 19 de marzo de 2010.

La escasez de dólares fue una de las características centrales de la economía argentina, siendo su contraparte que el sector externo históricamente fue uno de los causantes principales de crisis recurrentes para la economía nacional. En otras palabras, la Argentina se caracterizó por constantes estrangulamientos externos debido a la fata de dólares que condujeron a una inestabilidad sistémica de la economía argentina.
La industrialización por sustitución de importaciones: En el modelo de industrialización por sustitución de importaciones iniciado a partir de la crisis de 1929 los “cuellos de botellas” en el sector externo se debían fundamentalmente a la necesidad creciente por parte del sector manufacturero de la importación de maquinas e insumos industriales, conduciendo a la economía argentina en forma permanente a déficit comerciales insostenibles.
En efecto, las industrias más dinámicas durante este modelo de acumulación fueron las manufacturas que integran el núcleo central de la denominada fase de “sustitución fácil de importaciones” compuestas por los bienes de consumo. En este sentido, el proceso de industrialización estuvo liderado por industrias como la textil, el sector automotor y artefactos eléctricos, entre otros.
De esta forma, las maquinarias y los insumos industriales necesarios para la producción de los bienes de consumo eran fundamentalmente importados. A partir de este rasgo, se consolidó una características del proceso de industrialización de la economía argentina: el crecimiento generaba un fuerte aumento de las importaciones para abastecer la producción manufacturera, provocando serios problemas en la balanza comercial.
A esto debemos sumarle límites desde el punto de vista microeconómicos. Los productos elaborados internamente eran frecuentemente copias de un diseño extranjero rezagado con respecto al desarrollo tecnológico internacional. Esto último se debía a que gran parte de las industrias locales poseían equipamientos físicos compuestos por maquinas usadas con un alto grado de obsolencia físico y tecnológico. A esto tenemos que agregarle la ausencia de un fuerte mercado de capitales para financiar a las firmas en la adquisición de maquinarias tecnológicamente avanzadas.
Todos estos fenómenos generaron que la industria argentina sea escasamente competitiva, lo cual provocaba que dependía fuertemente del alto nivel de proteccionismo al mismo tiempo que se carecía de exportaciones del sector manufacturero.
La suma de todos estos factores condujo a la consolidación en la economía argentina del denominado modelo stop and go. Este modelo se desarrolló fundamentalmente debido a que la industria argentina necesitaba de una creciente cantidad de divisas para importar los bienes de capital y los insumos industriales, pero al no poder exportar por ser industrias poco competitivas no le permitía conseguir al sector manufacturero sus propias divisas; transformándose en una de las limitaciones más importante del proceso de industrialización de la economía argentina.
Por lo tanto, durante la industrialización por sustitución de importaciones el estrangulamiento del sector externo era una situación común y permanente en los períodos de reactivación económica. Como dijimos anteriormente, al sustituirse manufactura liviana se necesitaba del extranjero los insumos intermedios de la producción industrial (como aluminio, productos siderúrgicos en general entre otros) y bienes de capital. De esta forma, al expandirse la economía y crecer el producto manufacturero, aumentaban también las compras externas de insumos para ese sector; tendiendo a generar saldos negativos en el comercio en la medida en que las exportaciones no acompañaban con un dinamismo similar.
A su vez, la economía argentina no estaba en aquellos años en condiciones de financiar el déficit del balance de pagos recurriendo al crédito internacional de fuente privada debido a que el acceso a estos mercados era muy limitado. Se imponía en consecuencia la necesidad de corregir las cuentas externas a través de medidas de ajuste. Las medidas de políticas que solían integrar los planes de ajuste tradicionales eran una devaluación de la moneda (para modificar la composición de la demanda a favor de bienes producidos internamente en detrimento de los extranjeros) y políticas recesivas a través de la reducción del gasto público.
La recesión provocada por estas políticas al contraer el volumen de las importaciones tendía a generar el superávit de la balanza comercial. A partir de este momento la escasez de divisas que había dado origen a la necesidad de ajustar el balance de pagos había desaparecido, dando lugar a una situación de holgura. En las nuevas circunstancia varias cosas comenzaban a funcionar de una manera diferente. Por ejemplo, realizar una política fiscal expansiva para estimular la reactivación económica.
Pero de nuevo, la expansión generaba un nuevos deterioro del balance comercial, motivado por el propio incremento del nivel de actividad, con sus efectos sobre las compras de insumos y bienes de capital importados provocando otra vez perdida de reservas y problema de sostenibilidad y nuevamente la necesidad de ajustar el balance de pagos y el consecuente freno al crecimiento. Así, en lugar de seguir un sendero de expansión sostenida, la economía semiindustrializada argentina se movía en trayectorias quebradas con avances y retrocesos determinados por cierta insuficiencia en la capacidad de generar divisas.
El modelo neoliberal: con el inicio del modelo neoliberal a partir de la dictadura militar de 1976 con el plan de Martínez de Hoz, y que se extendió con el retorno de la democracia hasta el 2003, las crisis por estrangulamiento del sector externo fueron más profundas.
Este modelo de acumulación implicó, junto con un marcado proceso de desindustrialización, un fuerte crecimiento de la deuda externa. De esta forma, creció la necesidad de divisas como consecuencia del pago del servicio de la deuda externa que, en muchos casos, se sumaba al déficit comercial generado por el “boom” importador a partir de la reducción del proteccionismo y la sobrevaluación del tipo de cambio como en el caso de la tablita cambiaria en la dictadura y el modelo de Convertibilidad.
Por lo tanto, a partir del modelo neoliberal instaurado a mediados de la década del setenta se eliminó el modelo stop and go, pero no a partir de la profundización del proceso de industrialización como resultado de un avance hacia la consolidación de la industria pesada, sino más bien como consecuencia de la desindustrialización y la utilización de la deuda externa para evitar cualquier estrangulamiento del sector externo que pudiera generarse en la balanza comercial.
En este sentido, este modelo de acumulación se traducía en un fuerte déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos que se cubría con un incremento de la deuda externa. Esta característica condujo a estrangulamientos externos que derivaban en crisis económicas más profundas que en el modelo anterior, debido a la insostenibilidad del mismo. Pues el incremento de la deuda externa para sostener el déficit en la cuenta corriente profundizaba el desequilibrio del mismo al necesitar más divisas para el pago del servicio de la deuda.
El ejemplo más claro de este fenómeno fue la crisis de 2001. El modelo de Convertibilidad que se tradujo en un déficit crónico de la cuenta corriente se sostuvo como resultado del aumento de la deuda externa del sector público, lo cual condujo a una lógica explosiva para la economía argentina.
El nuevo modelo de desarrollo: En contraposición, durante el nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003 se verificó un fenómeno particular en el sector externo argentino. El crecimiento económico motorizado en gran parte por el sector industrial no condujo a un estrangulamiento del sector externo y por lo tanto no se necesitó del financiamiento externo para sostener la expansión del producto.
Esto es, la fase expansiva durante este período no sólo no condujo a un déficit de la cuenta corriente debido al desequilibrio de la balanza comercial como sucedía durante la industrialización sustitutiva, sino que además se verificó un proceso de desendeudamiento externo lo cual significa que el motor de la expansión fueron factores endógenos de la economía argentina.
Este fenómeno se debió fundamentalmente al fuerte superávit de la cuenta corriente sostenido durante el nuevo modelo de desarrollo que se tradujo en una abundancia de dólares. El superávit de la cuenta corriente arrojó un acumulado de 39.021 millones de dólares entre el 2003 y el 2008.
Este resultado fue fundamental para que el crecimiento económico no generara un estrangulamiento del sector externo y para la entrada de divisas que permitiera el aumento de la reservas del Banco Central de la República Argentina, que pasaron de 14.119 a 46.386 millones de dólares entre diciembre de 2003 y diciembre de 2008.
En resumen, el crecimiento y reindustrialización de la economía argentina a partir del 2003 mostró una fortaleza excepcional en la historia económica argentina. Mientras que la economía creció impulsada por el sector manufacturero, en el sector externo se mantuvo un superávit comercial constante que junto con la política de desendeudamiento externo permitió obtener un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que se tradujo en un incremento de las reservas por parte del Banco Central de la República Argentina.
En resumen, y a diferencia de los modelos de acumulación anteriores cuyo principal problema era la escasez de dólares, en la actualidad y como resultado del nuevo modelo de desarrollo se verifica una abundancia de divisas que permite crecer sin restricciones externas y pagar la deuda externa generada en los años anteriores. En este sentido, la utilización de reservas para el pago de la deuda externa permitirá la profundización de la estrategia iniciada en el 2003 de crecimiento, generación de puestos de trabajo, reducción de la pobreza y desendeudamiento externo.

Independencia del Banco Central; la bandera neoliberal

2010-03-22T12:10:00.000-07:00

en Revista 2010, Año 4, N°36 Marzo de 2010.

Durante Enero, volvió a tomar fuerza un debate interno de la economía política argentina. La Independencia del Banco Central, su autonomía, su función en la sociedad. Todas estas cuestiones recobraron empuje a partir de la decisión de Hernán Martín Pérez Redrado, de aceptar el Fondo del Bicentenario, creado con el fin de desendeudar al país, por una suma de aproximadamente 6.600 millones de dólares.

Debemos preguntarnos ¿Cual es el rol central que cumple el Banco Central de la Republica Argentina? Según su carta orgánica, preservar el nivel de reservas que tiene la nación, para de esta manera asegurar la estabilidad monetaria. Dentro de un marco de independencia y autonomía del estado nacional, es decir, que el presidente del BCRA y su directorio, no vean forzadas sus determinaciones, a presiones políticas, sino a análisis técnicos acerca de la viabilidad e impacto en el estrato financiero-económico argentino.

Ahora bien, en el caso de que el gobierno, decida intervenir en el desempeño económico de la nación. ¿Cuáles son las políticas que puede llevar adelante para cumplir dicha misión?

Sin lugar a duda, la política comercial, que definirá como el estado se desempeñara en el mercado internacional respeto a la comercialización de bienes y servicios que produce.

Por otro lado la política fiscal, que definirá la forma en que se recaudaran los impuestos y como se invertirá el dinero recaudado para la realización de obras, subvenciones y subsidios para el bienestar general de la población de un país.

Y por ultimo, la política monetaria, que implicara, el control del dinero circulante de la nación, su control, las políticas de crédito bancario, la regulación de las tasas de interés con las que se impulsaran la inversión, el ahorro y el consumo ciudadano, como así también el control del tipo de cambio de un país respecto al mercado internacional.

Entonces, cabe reflexionar la contraposición de funciones, o la reducción del abanico de posibilidades que tiene el estado nacional, para tomar las medidas canalizadas a través de políticas, para el bienestar social de los ciudadanos que les han otorgado mediante el voto popular, el mandato de presidir la nación. Reflexionemos lo siguiente, ¿Que ocurre cuando un presidente del BCRA toma una decisión? A lo sumo puede ser desplazado por el Presidente de la Nación. No obstante, las consecuencias que se transmitirán desde la opinión pública a sus representantes, recaerán sobre los integrantes del poder ejecutivo. Con este panorama, vemos como la autonomía del Banco Central, puede provocar costos políticos a un gobierno, por el simple hecho de una decisión que tome esta entidad independiente.

Podremos entonces, pensar en un BCRA encargado de implementar la política monetaria Argentina, en acompañamiento al conjunto de políticas de estado que ser formulan desde el Poder Ejecutivo para desarrollar un modelo económico de país, que sobrepasa la esfera de los funcionarios, y que se realiza en pos de una mejora social para todos los argentinos.

Ahora bien, ¿Por qué entonces se discute tan fervientemente la dependencia o independencia del Banco Central? Veamos desde donde se aborda la defensa de la independencia de dicha institución. Caroline Atkinson, vocera del FMI expreso respecto al caso Redrado "Por supuesto, creemos que la independencia de los bancos centrales es muy importante a la hora de formular la política monetaria, en todo el mundo" Recordemos entonces que el FMI, ha sido a partir de su cambio de rol en 1982, un poder de opresión para las decisiones económicas de la Republica.

Hasta la cancelación de la deuda con dicha entidad en 2006. El FMI a través de sus oficinas en el BCRA, determinaba las políticas de ajuste, para los países en vías de desarrollo. Apelemos a la memoria, y situémonos en Diciembre de 2001. Las tareas del FMI en Argentina terminaron su ciclo. Ese ciclo comenzó a cerrar su libre decisión sobre la economía argentina, con el levantamiento popular a partir de las consecuencias del neoliberalismo en la Republica Argentina.

Es asombroso ver a ciertos economistas, periodistas, y empresarios defendiendo ese modelo. Modelo que desbarato la producción industrial, excluyo de la sociedad a millones de argentinos, que vendió las empresas nacionales, y determino que en todo el mundo se diera una defensa de la libertad de los tecnócratas al frente de los Bancos Centrales de los países.

Pensemos que durante ese periodo, Argentina fue el país con mayor seguridad jurídica, y mayor integración internacional, para dicha entidad, dado que los postulados del Neoliberalismo, y las recomendaciones del FMI, eran adoptados, como la palabra revelada de la razón. El consenso de Washington, era a los economistas, lo que la biblia es a la iglesia católica. No existían divergencias respecto de la palabra que se expresaba en ese listado de tareas a realizar. En Diciembre de 2001, el ambiente económico se vio invadido por la duda, y a partir de Mayo de 2003, la duda comenzó a corroer a esa razón revelada. Podemos decir hoy día, que Argentina fue el mayor exponente de las incongruencias del neoliberalismo, dado que nadie ha adoptado el manual neoliberal como lo hizo nuestro país. Ni siquiera Chile, dado que no ha privatizado aun las minas de cobre, por citar un caso emblemático.

Expresado el FMI, veamos lo que dicen los defensores de la autonomía del Central. “No puede existir seguridad jurídica en un país donde el mismo ente que emite el dinero, sea el mismo que lo gasta”. ¿Que quiere decir esto? Que dado que el Banco Central es el único organismo autorizado a emitir moneda corriente de curso legal, no puede ser “rehén” del gobierno, que es quien decide en que se invierte.

¿Tiene asidero esto? Indudablemente no, dado la limitación de autonomía implicaría que el BCRA debe acompañar mediante la política monetaria, y direccionar el crédito para un proyecto superador, que sobrepasa al poder ejecutivo, y a las autoridades de la propia entidad. El BCRA, debe encargarse de apalancar un modelo económico, que hoy en día busca la reindustrialización del país, y el crecimiento a través de la inclusión social, el trabajo asalariado, la redistribución del ingreso y el desendeudamiento externo.

Por estos motivos, hemos de considerar que a partir de la serie de crisis económicas generadas por el neoliberalismo, a nivel mundial, los Bancos Centrales del mundo, han dejado esa bandera de la independencia y autonomía, para cumplir funciones de apalancamiento del modelo económico que desarrollan los países.

¿Como se ha desempeñado el Banco Central desde 2003-2009, durante la gestión de Alfonso Prat Gay, diputado por el ACyS, y Martín Redrado, ex Presidente de dicha entidad? Ambos han mantenido una estabilidad monetaria, en la cual no se han generado cimbronazos. Pensemos que el dólar en el año 2003, se ubicaba en el valor de $3 por cada dólar, y siete años después, en 2010, el dólar se ubica en $3.88, por cada dólar, es decir, que el tipo de cambio ha crecido a un promedio de $ 0.125 centavos anuales. Una cifra irrisoria. Tengamos en cuenta que a partir de Septiembre de 2008, el mundo globalizado, ha sufrido la crisis económico-financiera más profunda de los últimos 80 años.

En cuanto al direccionamiento del crédito bancario, no hubo una modificación relevante que acompañe el crecimiento del país. Si bien, durante el periodo 2002-2005 el impulso al crédito destinado al consumo, permitió un fortalecimiento del mercado interno, con una propensión a la dinamización de la oferta en Argentina, facilitando el crecimiento de la oferta económica. La continuidad de esa orientación crediticia en detrimento del crédito productivo, han generado un estancamiento de la oferta, que en lugar de invertir, se ha dedicado a la remarcación de precios, fomentando un incremento de la inflación.

En la actualidad, del total del mercado de crédito, un porcentaje superlativo se destina al consumo mediante créditos personales y el financiamiento a través de tarjetas de crédito. Esta forma de direccionamiento crediticio, ralentizan el aumento de la oferta y el proceso de reindustrialización, atentando sobre el modelo económico actual.

La llegada de Mercedes Marcó del Pont a la presidencia del BCRA, es un guiño positivo a la profundización del modelo. Sus declaraciones de la necesidad de la modificar la distribución del crédito, mediante el financiamiento de proyectos productivos, para solucionar el problema estructural de la oferta argentina, y limitar el crecimiento de precios.

También es auspiciosa la posición de Marcó del Pont respecto a la independencia del BCRA, al ser la autora del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para limitar la autonomía de la institución, y que la misma acompañe mediante la política monetaria y rediccionamiento del crédito, un proceso de reindustrialización, con redistribución de la riqueza, inclusión social y desendeudamiento nacional para continuar engrandeciendo la patria en este año del Bicentenario

La antipolotica, el mito neoliberal

2010-03-16T08:18:00.000-07:00

Exequiel Cunibertti, Buenos Aires Economico, 12 de marzo de 2010.

A partir del nuevo milenio, existe un nuevo paradigma, tanto a nivel nacional como internacional: “la Antipolítica”, es decir, el rechazo de la sociedad hacia la política, la no participación, y la falta de involucramiento e interés respecto a la capacidad modificadora de realidades que se construyen a través del ejercicio de la política.
A nivel nacional, el ejemplo mas claro fue el avance del voto en blanco en las elecciones legislativas del año 2001. Esto propició, por un lado, la victoria de la antipolítica o voto bronca, y por otro lado, la anticipada salida del gobierno de Fernando De la Rúa en el escalofriante Diciembre de 2001 del “Que se vayan todos”.
La sociedad quitó su respaldo a cualquier fórmula electoral, desencadenando que la crisis económica y social que sufría la nación como consecuencia de la larga experiencia neoliberal, se expandiera a una crisis de representatividad, dando el marco necesario para el estallido social.
Entonces debemos analizar ¿Cuales son las causas que llevaron al establecimiento del paradigma anti político?
Esta situación sin lugar a duda fue algo novedoso en el mundo. Líderes políticos de la talla de Roosevelt, Churchill, Perón, Illia o Mandela, considerarían impensable separar las decisiones políticas estatales del desarrollo económico-social de un país. Ninguno podría imaginar tan descabellada idea. Pero en los últimos años, esa idea fuerza ha invadido el espectro global.
Consideremos que durante el auge del Liberalismo Económico (1776-1930), el Estado sólo cumplió funciones en sectores donde el mercado no avanzaba por considerarlos no rentables; el resto de las actividades económicas, se regían con un mercado libre autorregulado con una “mano invisible” que producía la confluencia de las variables de oferta y demanda, imponiendo así el equilibrio del mercado.
Con la crisis de 1929, se generó un salto hacia el paradigma Keynesiano, donde el Estado era encargado de regular la economía, interviniendo en mayor escala en el desempeño económico de cada país. A partir de 1932 era la política del Estado quien regulaba al mercado, quien hacia confluir oferta y demanda, tanto de bienes, como de trabajo para establecer equilibrios.
De esta manera, el mercado fue perdiendo lugar en la modificación real de las situaciones sociales. La profundización del paradigma produjo la transición hacia el Estado de Bienestar, donde el Estado acaparó la totalidad de la actividad económica y social, desde el sistema de educación a los niveles de producción y desde el desempeño del mercado de empleo a las definiciones en materia de salud.
Durante este período, la mejora social fue tangible al grueso de la sociedad y se extendió no sólo a la situación económica y social, sino que permitió a hijos y nietos de trabajadores acceder a un sistema educativo, que les otorgara mayores posibilidades en su capacidad de progreso futuro.
Por consiguiente, esas realidades fueron apalancadas, por movimientos sociales que respaldaron a la actividad política como eje central de cambio en la vida cotidiana de la sociedad. Las movilizaciones y protestas unificaron tanto a trabajadores como a estudiantes, padres e hijos y fueron moneda corriente de la época, como “El Mayo Frances”.
Comenzada la década del setenta, la crisis del petróleo en 1973 impulsó el reemplazo del Estado Benefactor. A partir de una idea fuerza que retomaba postulados del liberalismo económico y pujaba con fuerza desde fines de la década del 60, apareció el neoliberalismo, surgido como paradigma dominante en el ámbito económico–político dentro de América Latina a fuerza de hierro y sangre, primero en Chile, para luego exportarse a toda Latinoamérica y el mundo.
La escuela neoliberal, basaba sus postulados económicos en el aislamiento absoluto del Estado sobre el desempeño de los mercados. El papel que desempeñaría el Estado sería únicamente el de asegurar el cumplimiento de los contratos entre los agentes privados de la economía (también llamado seguridad jurídica).
Como consecuencia, pregonaba con voces grandilocuentes la muerte de las ideologías y el pensamiento único de los técnicos económicos, también llamados tecnócratas; erradicando así el poder ciudadano construido por los movimientos sociales y políticos del Estado benefactor.
A partir de esto, se generó la cuña de la anti política, el nacimiento de una crisis de representatividad que fue profundizándose a partir del fracaso resultante de la aplicación del modelo.
La voz de este movimiento surge desde los medios de comunicación, dado que a partir de este modelo socio-económico diversificaron sus actividades para convertirse en verdaderos monopolios de la creación de opinión pública. El ejemplo mas claro para definir el papel de los medios en la difusión masiva del Neoliberalismo, fue la serie televisiva “Libres para Elegir” de Milton Friedman en el costoso prime time de la televisión norteamericana durante 1980.
Es por este motivo, que cualquier medida que tome un gobierno, que produzca una modificación de su construcción de poder, será analizada por las formas, los defectos, o detalles, sin que se analice el impacto que tenga en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Como ejemplos regionales podemos mencionar las operaciones de prensa que produjeron los multimedios contra líderes democráticos: la actitud del diario El Mercurio en Chile durante el gobierno de Allende; Globovisión con el gobierno de Chávez en Venezuela; el caso de Tele Amazonas en Ecuador montando constantes ataques contra el mandatario Correa; el Deber de Santa Cruz en arremetida constante contra el gobierno de Evo Morales y el mismísimo Grupo Clarín en Argentina contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Ninguno de estos medios ve siquiera algún atisbo positivo sobre las medidas ejecutadas por los mandatarios. Y en lugar de dictar una línea editorial que vaya al fondo de la discusión, se encargan de presentar un maquillaje periodístico, enfocando sus embestidas sobre las formas de expresarse, errores de implementación de determinadas medidas, o bien la “institucionalidad” de la misma.
De esta manera, el mensaje hacia la opinión publica, es el de la más cruda anti política. Un mensaje desesperanzador a la sociedad y específicamente a la juventud. Concretamente todo lo que proviene de la política esta mal, es sucio y corrupto. Por lo tanto, desde la política no se puede cambiar las realidades que afectan al público. Hagan lo que hagan los políticos lo harán mal, y cuanto mas realicen mas perjudicados serán los ciudadanos. Ese es el mensaje que brindan desde las redacciones.
Ahora bien, el caso Argentino es paradigmatico. Mientras en la década del 90, el gobierno neoliberal desmontó la actividad industrial, extranjerizó la economía, privatizó las empresas estatales, congeló los salarios y las jubilaciones, recurrió al ajuste permanente, excluyó de los mercados al 40% de la sociedad, desató hasta niveles inconmensurables el desempleo y el nivel de endeudamiento, las criticas sólo recaían en casos de corrupción de funcionarios de segunda línea.
Pero cuando un gobierno toma la decisión política de reindustrializar el país, que permitió recuperar 4,5 millones de puestos laborales, incorporar más de 2,2 millones de jubilados al sistema jubilatorio garantizándoles al menos 2 aumentos anuales, establecer un blindaje social a 6 millones de niños que se encontraban excluidos del sistema a través de la asignación universal por hijo, y se compromete a pagar las deudas para insertar a Argentina en el mercado internacional; la agenda mediática impacta sobre la “desorganización” de las implementaciones, la crisis institucional, el “manotazo a las reservas”, y el nivel de crispación.
En la Argentina del Bicentenario, con la política en el centro de todo, existen 12,7 millones de personas que han sido reincorporadas al sistema. Un crecimiento de un 31.75% del mercado interno en sólo 7 años; cumpliendo la premisa básica Keynesiana, reactivar el consumo y la inversión, para generar la demanda agregada, y así recuperar la actividad económica, especialmente en un contexto de crisis. Un consumo que aumenta en $ 10.000 millones anuales mediante la implementación de la Asignación Universal, genera que la producción de bienes y servicios nacionales aumente. Esto es política.
Un país que toma como política de estado la inclusión social, la generación de empleo, el crecimiento económico con desarrollo, la distribución del ingreso y el desendeudamiento externo; no hace otra cosa que romper con el mito de la antipolítica, del pensamiento único. Participar es la manera de reivindicar las conquistas sociales obtenidas y de impulsar las necesidades incumplidas. Fortaleciendo así una Argentina que brinde esperanzas y conciencia a los jóvenes para convertirse en los futuros dirigentes del país. Una Argentina para todos.

La importancia de la inversión pública

2010-03-09T10:43:00.000-08:00

por Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Economico, 5 de marzo de 2010.

Para los economistas ortodoxos el gasto público en general y la inversión pública en particular son considerados como contraproducentes para la evolución de la economía. Según estos economistas, el aumento de las erogaciones realizadas por el Estado Nacional desalientan la expansión del producto y la inversión privada transformándose en un freno para el desarrollo económico y social.
Con respecto a la inversión pública, según los economistas neoliberales, genera un desplazamiento de la inversión privada básicamente por dos vías:
- Si se financia por medio del endeudamiento provocará un incremento de la tasa de interés, lo cual se traduce en una reducción de la inversión del sector privado como resultado del encarecimiento del crédito.
- Pero si se financia con recursos propios, los impuestos cobrados al sector privado necesarios para financiar la inversión pública también desalienta a la inversión de los empresarios.
Por lo tanto, para la ortodoxia económica, todo crecimiento de la inversión pública que genera indefectiblemente una necesidad de financiamiento conducirá a una disminución progresiva de la inversión privada como resultado del aumento en los costos de los empresarios: financieros vía aumento de la tasa de interés y/o impositivos debido al incremento de los impuestos.
En este sentido, la recomendación permanente de los economistas neoliberales es la reducción constante del gasto pública en general y de la inversión del Estado en particular para conseguir un crecimiento económico sostenido en base al aumento de la inversión privada.
EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO: A partir del nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003 caracterizado por la reindustrialización y la inclusión social, el aumento constante del gasto público y de la inversión del Estado fue una de las políticas centrales.

Cuadro: Evolución de la inversión total, pública y privada, 2003-2007 (millones de pesos a precio de 1993 y porcentaje de la inversión total)
Año Inversión Total Inversión Pública Inversión Privada
Millones de pesos % de la inversión total Millones de pesos % de la inversión total Millones de pesos % de la inversión total
2003 36.659 100,0% 3.020 8,2% 33.639 91,8%
2004 49.280 100,0% 4.838 9,8% 44.442 90,2%
2005 60.458 100,0% 9.469 15,7% 50.989 84,3%
2006 71.438 100,0% 14.621 20,5% 56.817 79,5%
2007 81.187 100,0% 16.047 19,8% 65.140 80,2%
Variación 121,5% 431,4% 93,6%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

En particular, la inversión pública se incrementó de 3.020 a 16.047 millones de pesos entre el 2003 y el 2007, pasando del 8,2% al 19,8% de la inversión total y del 1,10% al 2,90% del Producto Bruto Interno. Visto de otra forma, la inversión del Estado Nacional entre el 2003 y el 2007 experimentó un crecimiento del 431,4%.

Cuadro: Evolución de la inversión total y pública a precio de 1993, 2003-2007 (porcentaje del PBI)
Año Inversión total Inversión pública
2003 14,3 1,10%
2004 17,7 1,60%
2005 19,8 2,30%
2006 21,6 2,70%
2007 22,6 2,90%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Ahora bien, siguiendo la teoría ortodoxa de la economía, durante el nuevo modelo de acumulación se tendría que haber verificado entonces una caída estrepitosa de la inversión privada y de la inversión total.
Es decir, para los neoliberales a partir de 2003 y como consecuencia del fuerte crecimiento de la inversión del Estado se tendría que haber experimentado una reducción de la inversión de los empresarios mayor al aumento de la inversión pública, lo cual se tendría que haber traducido en una disminución de la inversión total.
Sin embargo, los resultados fueron diametralmente opuestos. En efecto, con respecto a la inversión privada pasó de 33.639 a 65.140 millones de pesos entre el 2003 y el 2007, esto es, la inversión de los empresarios aumentó un 93,6% durante este período.
Por su parte, la inversión total creció de 36.659 a 81.187 millones de pesos entre el 2003 y el 2007, es decir, experimentó un aumento de 121,55 durante este período. Dicho de otra forma, la inversión total se expandió del 14,3% al 22,6% del producto.
Por lo tanto, y a diferencia de los expresado por la ortodoxia económica, con el nuevo modelo de desarrollo impuesto en el 2003 a partir del gobierno de Néstor Kirchner, se observa un aumento constante y paralelo de la inversión pública, privada y total. De esta manera, en lugar de actuar la inversión pública como un obstáculo para la inversión privada terminó funcionando como un estimulante y multiplicador de la inversión de los empresarios.
LA FUNCIÓN DE LA INVESRIÓN PÚBLICA: En contraposición a lo pensado por los economistas neoliberales, la inversión pública es fundamental para el desarrollo económico y social. Efectivamente, la inversión realizada por el Sector Público permite la construcción de la infraestructura básica como por ejemplo vialidad, sistemas de agua y saneamiento, salud, educación, transporte y energía.
Pero además, en términos económicos la inversión estatal es imprescindible para el crecimiento de la demanda. En este punto es donde la visión ortodoxa falla al pronosticar la caída de la inversión privada ante un aumento de la inversión pública.
Según estos economistas, las políticas de crecimiento deben basarse en estimular la oferta a través de políticas ofertistas. Basados en la ley de Say “toda oferta genera su propia demanda”, para la visión ortodoxa la economía se centra en el aumento constante de la oferta, pues el crecimiento de la demanda se produce en forma automática y proporcional.
Por lo tanto, para estos economistas, una política racional es bajar los impuestos a los empresarios, para así de esta manera el sector privado al contar con más recursos incrementará la inversión. Es así que al disminuir la inversión del sector público que se traduciría en una reducción de los impuestos al necesitar el Estado menos dinero, aumentaría la inversión privada en una mayor proporción que la caída de la inversión del Estado, lo cual se traduciría en un incremento de la inversión total.
Un ejemplo de este tipo de políticas se produjo durante el gobierno de Fernando de la Rua cuando asumió como ministro de Economía Domingo Cavallo. Ante la crisis económica que venía atravesando la economía argentina desde mediados de 1998, el gobierno de la Alianza, junto con una política de ajuste a partir de la reducción de salarios y jubilaciones públicas, encaró una política ofertista con el objetivo de lograr la recuperación de la actividad económica.
En este contexto, se lanzaron los denominados “planes de competitividad” a diferentes sectores productivos, como por ejemplo la industria metalmecánica, textil y de indumentaria y calzado; que incluían reducciones en los aportes patronales a la seguridad social, disminución en los aranceles a la importación de bienes de capital, exenciones impositivas y un aumento en el proteccionismo de bienes de consumo importados. En otras palabras, el ministro Cavallo buscaba reducir los costos de las empresas de distintos sectores económicos para que de esta forma aumentará la inversión y se iniciará un nuevo sendero de crecimiento económico.
El resultado es bien conocido: más caída de la inversión privada y profundización de la crisis económica y social, “estallido” de la Convertibilidad, levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre y caída anticipada del gobierno de Fernando de la Rua.
Entonces la pregunta que surge es ¿por qué si los empresarios disponían de más recursos a partir de los planes de competitividad no aumentó la inversión privada? El problema es que ningún empresario invierte aunque tenga más cantidad de dinero si sabe que después lo que produce no lo puede vender.
Por lo tanto, la inversión privada sólo crece en un contexto de aumento constante de la demanda. El crecimiento del consumo y la demanda que genera un incremento de las ventas es el mejor estimulo para la expansión de la inversión por parte del empresariado.
En este sentido, el gasto público en general y la inversión del Estado en particular son fundamentales. Efectivamente, al crecer las erogaciones realizadas por el sector público aumenta la demanda. Y al aumentar la demanda se expanden las ventas del sector privado y por consiguiente la inversión de los empresarios.
De esta forma, la inversión llevada a cabo por el Estado en lugar de actuar como un obstáculo para la inversión privada actúa como un multiplicador de la misma por dos fenómenos. Por un lado, al crear la infraestructura que el empresario necesita para desarrollar su respectivo negocio, como por ejemplo, la construcción de las rutas, puentes, puertos, la salud y educación para tener una mano de obra calificada y sana. Por otro lado, al aumentar la demanda global de la economía generando un incremento de las ventas y las ganancias de los empresarios.
Por tales motivos, en el nuevo modelo de desarrollo impuesto en el 2003 la política fiscal expansiva y principalmente el aumento de la inversión pública se tradujo en un aumento permanente de la inversión privada. Seguir con las políticas de demanda es fundamental para seguir sosteniendo la expansión económica y la generación de puestos de trabajo.

Carne argentina para el pueblo argentino

2010-03-02T06:01:00.000-08:00

Rodrigo Facundo Barrios, Buenos Aires Económico, 26 de febrero de 2010

El aumento de la carne, se encuentra en la agenda de los medios de comunicación y en la preocupación de los consumidores. Los elevados precios reflejados en las carnicerías tienen su origen, en un factor climático la lluvia que durante los últimos meses provoco, una crecida de los pastizales, dándole de esta manera, la posibilidad de aumentar el kilaje de sus animales, generando por lo tanto, una mayor rentabilidad al momento de la venta.

Con esta decisión los empresarios del sector, lograron desanimar la oferta en el Mercado de Liniers provocando un fuerte aumento del precio, golpeando de esta forma, el bolsillo de los consumidores.

Podemos reafirmar el desabastecimiento del Mercado de Liniers realizando una comparación de entrada de cabezas de ganado. Tomando como punto de análisis el periodo que abarca el 1 de enero al 10 de febrero del 2009, contra las entradas acontecidas en 2010. Podemos determinar una variación negativa de la oferta de un 18,4% interanual. La cual con los resultados que quedaron reflejados, provoco aumentos siderales del precio de la carne.

La explicación del presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, respecto, a la sensibilidad precio de la oferta es un tanto incompleta, dado que adjudica la misma a “una pésima política agropecuaria y de exterminio a los pequeños productores, que ha llevado adelante este gobierno”. ¿Pero porque adjudicamos que la misma es incompleta? La justificación intenta separar, la realidad agropecuaria del funcionamiento del mercado. El libre mercado del cual detenta, y añora Buzzi, es aquel que sin la intervención del estado, fija los precios en una libre relación de oferta y demanda. Ahora bien, si ante una baja en la oferta de cualquier producto manteniéndose estable el nivel de demanda, el precio del mismo, tiende a la suba. ¿Por qué la política agropecuaria llevada adelante por el estado es pésima?

Si esta aseveración del presidente de Federación Agraria tuviera asidero, simplemente el sector no podría darse el lujo de retener las haciendas, por el contrario, las estaría liquidando, dado que su situación económico-financiera, no les permitiría margen para especulación alguna.

Es necesario reconocer que el sector ganadero se vio fuertemente golpeado desde 2008 a la fecha por varios motivos, por un lado la peor sequía de los últimos cincuenta años, y la falta de inversión productiva, impactaron notoriamente en el stock vacuno, marcado con una reducción de los nacimientos y un incremento de la mortalidad de terneros. Consecuencia de esto según datos del Senasa, entre 2007 y 2009, se produjo un incremento de la faena de hembras con relación a las existencias totales de un 19 %, podemos deducir que a partir del impacto de la sequía, Argentina se vio forzada a la liquidación de parte de su stock ganadero.

Por otro lado, debe reconocerse el fuerte incremento de la superficie sembrada con soja, en detrimento de la industria ganadera. La soja, junto con los demás cultivos de cosecha gruesa, creció en los últimos 16 años más del 100% la superficie sembrada, a costa de la superficie ganadera. De 11,5 millones en el año 1994 pasó a sembrarse 23,3 millones de hectáreas en la campaña 2008/09, de las cuales, 17 millones fueron sembradas con soja, y según un informe del Ministerio de Agricultura de la Nación, el cultivo de esta oleaginosa en 2010 abarcara 18,2 millones de hectáreas

Podemos decir que para mantener el consumo interno y el compromiso exportable es necesario desanimar el cultivo de la soja para que los chacareros vuelvan a invertir en la ganadería. El aumento de las Retenciones Móviles Agropecuarias a partir de la Resolución 125 hubiera sido un buen camino para avanzar hacia eso.

Como último factor desencadenante de la problemática ganadera, y que deja relucir, la idea que defienden los sectores nucleados bajo la forma de la Mesa de Enlace, es sin lugar a dudas el incremento del consumo interno de carne, cercano a los 73 kilos Per capita.

El aumento de la demanda interna no es casual, se mantuvo en crecimiento desde el 2003 a la fecha. La razón del incremento en el consumo de los argentinos se debe a las políticas económicas implementadas por el estado como:

• Cuidar el salario de los trabajadores, de manera Nominal a través de la revitalización de las paritarias, que aplicaron un aumento del mismo y de manera Real con políticas intervensionistas en el mercado ganadero, como ser limitaciones en el peso de faena, prohibición para exportar carne, controles de precios en los mercados de concentración y los subsidios otorgados por el gobierno al gas, a la electricidad y al transporte.

• El crecimiento permanente del gasto público remarcando el gasto social, invirtiendo en Seguridad Social, Salud, Educación y Vivienda.

Esta inversión social generó no solo un aumento del poder adquisitivo, sino que permitió la inclusión de un sector marginado en la capacidad de consumo. Esta inclusión sería imposible sin políticas de estado, que han incorporado a los sectores más vulnerables de la economía. Solamente la asignación universal por hijo inyecta $13,4 millones mensuales, el "Programa Argentina Trabaja", una inversión estatal de 9.000 millones de pesos que fomentó la constitución de cooperativas dedicadas a la realización de infraestructura de servicios básicos que generaron unos 100 mil puestos de trabajo para los sectores más empobrecidos, el “Plan de Inclusión Previsional” que introdujo a 2.165.694 personas al sistema previsional que hoy tienen una jubilación y una obra social, y que de no haber sido por esto, hubieran quedado fuera del sistema, luego de años de trabajo sin aportes.

Estas medidas generaron el aumento y protección del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos y un ingreso a aquellos que aun no tienen empleo, permitiéndoles volcar gran parte de sus salarios al consumo. Como consecuencia, cada año en la nación se consume cada vez mayor cantidad de carne.

Este hecho que la mayoría observa con alegría, al sector ganadero realmente le preocupa. El aumento de la demanda interna y la protección del gobierno al abastecimiento de la misma desanimó a los productores ganaderos, ya que no es lo mismo producir para el mercado externo a precios internacionales, que vender a los argentinos al precio que los argentinos tenemos derecho a pagar por nuestra carne. Prueba de esto, es aquella reveladora frase de Alfredo De Angeli: "El que quiera comer lomo que pague $80 el kilo". Al mismo tiempo, Biolcatti afirma en una entrevista, , que en el 2010 se deberá importar carne y leche para abastecer la demanda interna o resignarse a bajar el consumo de carne de los argentinos. Además de que esta hipótesis esta muy alejada de la realidad, lo que se esta intentando demostrar es que el fondo de la discusión, es el modelo de país, el neoliberalismo o el intervencionismo con redistribución de la riqueza.

Con lo anteriormente expresado, podríamos definir como coherente, los ideales de este sector y su accionar. Al elevar el precio de la carne vacuna, la tendencia del consumo interno, confluirá a la baja, para de esta manera, poder tener mayor rentabilidad al enviar la misma al exterior. Para logra esta suba, lo que se debe hacer es retener la hacienda en los campos, aprovechando las condiciones climáticas que hoy permiten el engorde de las mismas.

La propuesta del sector agropecuario, es diluir las conquistas sociales de este gobierno: la inclusión social y el poder adquisitivo de los trabajadores. Añoran volver a ser el granero del mundo, el mismo de “nuestros abuelos prósperos”. ¿Si es que alguien tuvo esos abuelos prósperos? Mientras Argentina fue granero del mundo, los habitantes de la nación, estaban en gran parte muriendo de hambre.

Han demostrado que quieren que un estado, que no intervenga en la economía, que no obtenga ingreso alguno por la extracción de la riqueza de estas tierras. No desean que se profundice una equitativa distribución de la riqueza, pues atenta contra sus intereses, que distan con ser los de la población.

Sabemos entonces que modelo de nación desean, y sabemos por experiencia propia, las consecuencias de ese modelo neoliberal implementado por Martínez de Hoz, casualmente ex presidente de la Sociedad Rural Argentina. Por esa misma razón, consideramos superador un modelo económico que tenga su razón de ser en la inclusión social a partir de políticas públicas, el trabajo asalariado y la reindustrialización del país, que permita la construcción de una patria para todos los argentinos.

Y sabemos cual es el modelo que empezó en el 2003, el que busca la inclusión a partir de políticas publicas y alcanzar un modelo industrial que construya una patria para todos.

Crecimiento e inflación

2010-02-20T11:08:00.001-08:00

por Andrés Quintana(GEENaP Formosa),
Buenos Aires Económico, 19 de febrero de 2010.

Existe regularidad empírica en ciertas variables económico-sociales como el tándem desocupación - deflación por un lado y crecimiento-inflación por otro.

Debemos insistir, la economía no es una ciencia exacta. Es una ciencia social, por lo tanto los conceptos elaborados desde la economía política de un país o momento histórico determinado, no pueden trasplantarse a otras naciones sin tener en cuenta la idiosincrasia del país o región a implementar, ya que la economía no se desarrolla conforme a leyes naturales. Cuando se analiza un fenómeno económico, si no se lo somete a verificación, obtendremos inverosímiles conclusiones.

En el matutino del 31/1, el multimedio, convoco a economistas para analizar el aumento en el nivel general de precios. Con honestidad, el economista Todesca sostiene que se percibe una relación entre crecimiento e inflación y acto seguido menciona que la forma de evitar que el crecimiento genere inflación es mediante la estabilidad de las políticas públicas.

¿Qué se entiende por estabilidad de las políticas públicas? Parafraseando al responsable norteamericano para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, “en los 90 existía seguridad jurídica” ergo “las políticas públicas eran estables”. Además, desde la óptica neoliberal “la estabilidad de políticas públicas” se relaciona estrechamente con el manejo monetario de metas de inflación. Esto supone, ante el crecimiento de precios, elevar la tasa de interés como mecanismo-freno. Después del 2001, conocemos los efectos devastadores sobre la inversión y el consumo que estas aplicaciones han tenido en nuestro país.

En este análisis, se utilizarán tres variables de verificación: la tasa de variación del PBI en moneda constante, la de desocupación e inflación, entre 1991 y 2009. ¿Quizá se preguntará porque aparece la tasa de desocupación en este estudio? Simple, porque cuando aumenta el PBI, la desocupación tiende a la baja. Esta es una variable que el pensamiento neoliberal siempre soslaya. Por lo tanto determinaremos la relación empírica entre estos tres elementos

1) Se ha demostrado que en el corto y mediano plazo la relación entre inflación y desocupación es inversa, es decir aumentan los precios y se reduce la desocupación. Las investigaciones de Philips, Solow y Samuelson en 1960 alumbraron esta relación empírica estable.

2) Se ha demostrado la relación directa entre el crecimiento de la cantidad de bienes y servicios que produce una economía y el nivel de desempleo, es decir cuanto mayor es la cantidad de bienes y servicios (PBI), la desocupación se reduce. Para que ocurra esto el PBI debe crecer a una tasa del 2,25%, era lo que sostenía Arthur Okun.

3) El postulado que debemos confirmar y que se deriva de los anteriores es el siguiente: si el aumento de la cantidad de bienes y servicios producidos aumenta el número de empleos, y la reducción del desempleo se vincula inversamente con la inflación, encontraríamos el siguiente mecanismo: al aumentar la producción de bienes y servicios aumenta la inflación.

Las tres variables aplicadas durante la Convertibilidad

Definiremos periodos de variación del PBI, dejando como variables de efecto la inflación y desocupación.

Empezaremos por el postulado que sostenía que aumento del PBI generan reducción de la desocupación.

Por lo tanto, en el periodo 1991-94 encontramos un crecimiento acumulado del 34,63%, a una tasa anual de 7,72%. La desocupación llegaba al 6,45% en 1991, al final del periodo fue de 11,45%. Esto implica un aumento del 39%, a una tasa anual del 8,6%. La regularidad empírica “a mayor PBI menor desocupación” en nuestro país no se verificó, ya que el crecimiento del desempleo no solo acompaño, sino que supero la tasa de crecimiento del PBI.

El periodo 1996-98 (en 1995 decreció). El PBI creció al 5,5% anual, en tanto la desocupación (que había llegado al 17,5% en 1995), llega en 1998 al 12,8%.

Comparando los datos del modelo convertible con el modelo económico actual, podemos afirmar que, transcurrieron 18 años, para que se recuperara el nivel de empleo en Argentina, dada la tasa de desocupación en 1990 de 7,45% y en 2008 de 7,9%.

Analizando las tasas de inflación, luego de la híper de 1.344% en 1990, se llegó a una inflación del 0,7% anual en 1998. La desaceleración fue tan impresionante como la aceleración de la desocupación. Aquí vemos, el aumento del desempleo generó reducción de la inflación, sin embargo, el aumento del PBI no generó reducción de la desocupación.

En el último tramo de la Convertibilidad, del 99 a 2001. El PBI cayó el 8,4%, esto es una tasa anual del 2,9%. Si incorporamos 2002 al análisis, la caída del PBI llegó al 18,4%.

Entre 1999 y 2001, el PBI acumulaba la caída del 8,4%, la inflación se torno negativa. Argentina sufrió tres años de deflación acumulada del 4%, una tasa anual de -1,33%. En materia de desocupación, en 1999 asciende al 14,15% esto es 1,35 puntos porcentuales mayor a la desocupación del año anterior. Hacia 2001, la desocupación aumenta en 4,6%. Es decir, mientras los precios de la canasta básica se reducían, el nivel de consumo continuaba en retroceso debido a la perdida de los puestos laborales, consecuencia de la caída de la actividad productiva del país.

Mientras se producía un duro proceso deflacionario, la desocupación alcanzaba niveles insostenibles desde el punto de vista social, llegando al 21.5% de la población económicamente activa.

Ahora bien, la relación entre crecimiento y desocupación, se verifica que caídas del PBI se asocian con aumento de la desocupación. Como consecuencia de la salida traumática de la Convertibilidad, la inflación saltó al 41% para luego reducirse al 3,4% en el año 2003.

Conclusiones de la performance de las tres variables durante la Convertibilidad

Entre 1991–94, se produjo un aumento del PBI del 34,5%, la tasa de desocupación aumentó del 6,45% al 11,45%. La inflación en este periodo fue positiva aunque en este tramo se fue desacelerando pasando del 84% en el año 1991 al 3,9% en el año 1994 guardando una relación negativa con la desocupación. Reducciones del nivel general de precios promueven aumentos del desempleo. Y al relacionar el crecimiento económico con la inflación el vínculo es positivo.

Entre 1996-98, el PBI nuevamente crece, pero la desocupación se reduce y llega al 12,8% en 1998, permaneciendo en muy elevados niveles. Entonces, el crecimiento dio lugar a una reducción de la desocupación. La inflación se mantuvo positiva y puede asociarse con aumento del empleo. Por lo tanto se mantuvieron los dos postulados: el crecimiento genera reducción del desempleo, y el nivel general de precios positivos asociado a reducción del desempleo. En cuanto a la relación entre PBI e inflación se verifican en ambos caso tasas positivas.

Entre 1999-01 fue de crecimiento negativo del 18,37% asociado con deflación del 4% para todo el periodo y desempleo que pasa del 12,8% del año 1998 a casi el 20%. Se verifica la relación directa entre variación del PBI y el empleo, para este tramo caídas del PBI asociadas con caídas del empleo. Se verifica la relación directa entre inflación y desempleo, en este caso: caídas de la inflación (deflación asociada con aumento de desocupación), caída del PBI que da lugar a caída en el nivel general de precios.

Las tres variables hoy

El modelo económico aplicado a partir de 2003. Arroja los siguientes datos: el PBI creció un 64%, tasa anual del 7,35%. (El periodo de crecimiento más prolongado que vivió el país). En igual periodo, la desocupación que en 2002 llegó al 21.5%, retrocedió año tras año hasta la crisis de 2009 (la peor crisis económica del capitalismo desde 1929). En 2003 el desempleo fue del 17,3%; 2004 del 13,6%; 2005 del 11,6%; 2006 del 10,2%; 2007 del 8,5%; 2008 del 7,9% y 2009 del 8,4%.

Esto confirma los postulados mencionados: Crecimiento del PBI. Reducción del desempleo, y aumentos del nivel general de precios asociados con reducción de la desocupación. En cuanto a la relación entre PBI y precios también se manifiesta una relación positiva, es decir el crecimiento del PBI, genera aumentos de precios. La magnitud del aumento de precios se vinculará con la relación de fuerzas entre los detentadores de la renta del trabajo y la renta del capital y es natural, que al aumentar el tamaño de la torta a repartir, los comensales merezcan una porción mayor.

Por lo tanto es este periodo de crecimiento económico sin parangón en la historia Argentina en el que se corroboran los postulados enunciados, es decir, los aumentos del PBI se asocian con caídas en la tasa de desempleo y tasas positivas de inflación. La tasa de inflación no frena el crecimiento del consumo. No existen indicadores que vaticinen un proceso de espiral hiperinflacionario, a pesar que la ortodoxia económica pronostica una debacle, el modelo económico actual, responde con mayor generación de empleo, y tasas soportables de crecimiento de precios, que son paleados con el fomento de paritarias para la recomposición del salario real de los trabajadores.

Crecimiento e inflación

2010-02-20T11:08:00.000-08:00

Recaudación Fiscal Enero 2010.”La realidad se puede tapar o hacer tapa”

2010-02-20T11:07:00.000-08:00

por Exequiel Cunibertti,
Buenos Aires Económico, 16 de febrero de 2010.

El país aunque no lo parezca, sigue entregando nuevas buenas noticias con respecto a su economía, sus finanzas y su administración. Pero es extraño que haya pasado un tiempo tan prolongado para que aparezca una buena noticia en el multimedio, y es muy interesante que esto aun suceda, aunque como siempre, fue a medias tintas, “Gracias al IVA, sube 20% la recaudación fiscal de Enero” titula del grupo Clarín el 2 de Febrero de 2010.

Ahora bien, desglosemos un poco la noticia, la recaudación fiscal aumento en periodos comparados entre Enero de 2009 y el mismo periodo de 2010. Esa es una excelente noticia para todos los argentinos, pues marca las pautas que se vienen avizorando desde finales de 2009, la Administración Nacional está llevando a cabo políticas publicas de forma ordenada y prolija, sosteniendo un modelo económico a través de políticas de estado, profundizando de esta manera, a pesar de la crisis internacional, un modelo que comenzó en 2003, y para mal que le pese a ciertos pronosticadores, aun no se ha agotado, sino que resurge y crece cada día mas. Esta forma en que el estado se ha desempeñado, no solo no resta, sino, agrega credibilidad y solvencia a la nación, y brinda determinantes de seguridad a la hora de decidir inversiones

La parte negativa que brinda ese titulo es el “Gracias al IVA”, ¿Qué quiere decir eso? Que el consumo de los habitantes de la nación aumentó en dicho periodo, cabe destacar que el Impuesto al Valor Agregado, es un impuesto al consumo, a mayor consumo, mayor recaudación en concepto de IVA, por lo tanto, podemos dilucidar que durante Enero de 2010, volvió a aumentar el consumo.

Ya dentro del cuerpo de la nota, profundizan el análisis de dicho crecimiento, y se resalta algo no muy común en la editorial del matutino, “Record Histórico” de recaudación con un monto $29.025 millones, superando de esta manera ell establecido en Diciembre de 2009 que fijaba $ 28.162 millones. Pero el problema que surge, viene a raíz de ¿Como se compuso la masa dineraria de dicha recaudación? La respuesta trae la carga editorialista.

Durante el periodo analizado, el IVA sufrió un aumento del 23,1% respecto a igual periodo del año anterior, conformando la suma de $ 8.255 millones. Dentro del IVA, se desglosa el aumento de IVA impositivo, que creció en un 18,6% y un IVA aduanero que se tradujo en una variación positiva de 21,9%. ¿A que alega este incremento?

Desde el punto de vista del IVA aduanero, el aumento de las importaciones y el aumento del tipo de cambio. Ahora bien, ¿Qué significa el aumento de las importaciones, en un modelo valoración productiva, que fomenta el incremento del trabajo asalariado y la inclusión social, en detrimento del modelo de valorización financiera esgrimido durante la década de los noventa? Solo una cosa puede significarse en ese marco, el aumento de la actividad industrial, por ende la confirmación de la reactivación económica del país. ¿Esta modificación en los niveles de importación, cercanos al 22%, pueden afectar la economía nacional, en perjuicio del proyecto industrial argentino? No, salvo que la misma provenga de bienes cuyos fines sean ajenos a la actividad industrial argentina. Respecto al tipo de cambio, ¿Cual fue la variación anual que tuvo la moneda? Un 14,2%, pasando de un dólar a $3,25 en Enero 2009, a $ 3,83 en 2010, por ende este alegato es una condición insuficiente para acreditar la movilidad positiva de la recaudación.

Adentrándonos en el desglose del IVA impositivo, los motivos que adjudican al dicho incremento, corresponden a un aumento del consumo, y al aumento de la inflación. ¿Porque aumento el consumo, porque la sociedad esta dispuesta a consumir mas que en 2009, quienes están con posibilidades de consumir en 2010, que el año pasado no podían? He aquí, la omisión del multimedio, el consumo comienza a disparase en Diciembre de 2009, conjuntamente con la fecha de inicio de la Asignación Universal para protección social, que llevo adelante el gobierno nacional. Haber reivindicado este hecho implicaría, ver la razón real por la cual aumenta el consumo, y significa reivindicar una política de estado, que ha sido beneficiosa para 6 millones de chicos, menores de 18 años que se encontraban excluidos del sistema y de la posibilidad de consumir. Un dato no menor, es que esta medida, redujo entre un 5% y un 8% los niveles de pobreza del país, y afecta a un promedio de 2 millones de familias. Sintetizando, cuanto más dinero posean las clases populares, mayor consumo, el mayor consumo provoca la necesidad de mayor producción, y la mayor producción requiere de mayor cantidad de inversiones, y mas puestos de trabajo. Este es un círculo virtuoso que tiende a la imposibilidad de agotamiento en el mediano plazo.

Respecto al impacto de la inflación sobre el aumento de la recaudación de IVA, debemos analizar que dicho impuesto grava con un porcentaje del 21% en la inmensa mayoría de los casos a los precios netos de los bienes a consumir, por lo tanto el diferencial entre los precios de un periodo y otro, multiplicado por la tasa del impuesto nos arrojara, el impacto de la inflación sobre el aumento de la recaudación. Entonces, si tomamos como punto de análisis el informe privado de peor perspectiva acerca de la medición del Índice de Precios al Consumidor cercano al 15%, la afectación de la inflación sobre la recaudación será del 21% de ese 15%, es decir un 3,15%.

Con esto, podemos afirmar que si bien la recaudación de IVA impositivo se vio afectado por la variación de precios, la misma fue insignificante, como para dejar de remarcar que el centro del incremento recaudatorio, proviene de una medida revolucionaria en todo el mundo, que no solo ha reactivado la actividad económica del país, sino que también produjo la modificación favorable, de un indicador social de extrema importancia para una nación, como lo es el índice de pobreza.

El análisis de la composición del incremento fiscal del periodo, según el análisis periodístico no termino allí, sino que avanzo en otro aspecto de discusión, como lo es la recaudación proveniente de los Ingresos de Seguridad Social, con los que cuenta el estado a partir de la nacionalización de los Fondos Jubilatorios. Lo que se sigue omitiendo es que desde Diciembre, los fondos de las extinguidas AFJP, se analizan de manera homogénea, dado que dicha nacionalización se produjo en Diciembre de 2008, por lo tanto, el análisis del mismo ya no compone materia de controversia alguna.

Y cierra este análisis, acusando que dicho crecimiento se produce a partir del aumento de las remuneraciones y de la base imponible, con lo que podemos analizar que el incremento de los salarios, superó al incremento de la inflación (incluso tomando como base de análisis de los informes privados de mayor pesimismo) durante 2009.

Ahora bien, veamos un dato, que refuerza la bandera de la redistribución del ingreso que se levanta en Argentina desde 2003, que tanta crispación le produce al poder económico concentrado, y que el vocero del establishment, en su matutino deja de mencionar. Este dato sin lugar a duda corresponde a los impuestos progresivos, es decir, el Impuesto a la Ganancias, la recaudación del mismo fue de $4.967 millones, con un aumento del 25,8% respecto al mismo periodo de 2009. Este dato no es menor, dado que dicho impuesto lo pagan los sectores con mayor capacidad contributiva, es decir los sectores privilegiados.

Por lo tanto, si analizamos que históricamente la recaudación fiscal de la nación, se compone casi exclusivamente a partir de lo recaudado por impuestos regresivos como el Impuesto al Valor Agregado. Pero en base a los datos brindados por la AFIP, durante Enero de 2010, su incremento fue menor al sufrido por un impuesto progresivo como el Impuesto a las Ganancias.

Esto, nos permite estimar que durante este periodo en la Argentina pagaron más que los que más tienen, por ende la redistribución del ingreso continúa en funcionamiento, a pesar de los vaticinios del fin del modelo económico “K”, que algunos economistas profesan, defienden y añoran.

Si a los datos de la recaudación fiscal, se le adjuntan el informe del Ministerio de Trabajo, acerca de la reducción de los niveles de desempleo de un 0,7% durante el ultimo periodo de 2009, llevando dichos indicadores de un 9.1% a un 8.4%.

Podemos decir entonces que, a pesar de la forma en que muestran la realidad de la republica ciertos medios, la reactivación económica es un hecho consumado, Argentina continua la senda del crecimiento, la implementación de un modelo económico de valorización productiva e industrial, a través del empleo asalariado, la inclusión social, la redistribución del ingreso, el desendeudamiento. Y a pesar de todos los reveses sufridos por el gobierno, al intentar una mayor justicia social en la Republica Argentina, existe fervientemente la decisión política e institucional de reducir una problemática que afecta al país y a toda America Latina, como lo es la pobreza y la marginación de los habitantes de la nación.

LECCIONES DE POLITÍCA ANTICÍCLICA

2010-02-20T11:06:00.000-08:00

por Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Economico, 10 de febrero de 2010

Uno de los rasgos centrales del nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003 y caracterizado por un proceso de reindustrialización con inclusión social es la política fiscal, la cual se estructura en dos puntos centrales. Por un lado, un fuerte incremento de la presión tributaria que permitió aumentar en forma sostenida la recaudación fiscal, destacándose en este rubro los impuestos progresivos como por ejemplo las retenciones a los productos primarios.
Por otro lado, y sustentado por el aumento de los recursos del Estado, un aumento permanente del gasto público, esto es, una política fiscal expansiva. Esta política es central para el incremento del mercado interno que es uno de los rasgos estructurantes del nuevo modelo económico vigente desde el 2003.
En efecto, el gasto estatal se suma a la mayor creación de puestos de trabajo y a la suba de los salarios a partir de la reactivación de las paritarias y de las jubilaciones para la expansión del mercado interno como motor fundamental de la economía nacional. Este mayor gasto del sector público se traduce fundamentalmente en tres puntos: en primer lugar, en mayor infraestructura a partir de la construcción de escuelas, hospitales, entre otros, en segundo lugar, en contención de la inflación debido a los subsidios al transporte, energía y ciertos productos básicos que consumen los sectores populares y en tercer lugar, una fuerte política social para los sectores más vulnerables.
Pero al mismo tiempo que durante el modelo kirchnerista se expande las erogaciones del Estado, se sostiene el superávit fiscal primario, es decir, antes de pagar los servicios de la deuda, y financiero, esto es, luego de pagar los servicios de la deuda pública. Por lo tanto, durante el nuevo modelo de desarrollo no sólo se produjo un aumento del gasto del Estado sino que además se experimentó un importante ahorro del sector público sostenido básicamente a partir del incremento permanente de la recaudación fiscal; dándole mayor sustentabilidad a la expansión económica.

LA CRISIS DE 2009: Durante la década del noventa, en todas las crisis internacionales que se verificaron, como por ejemplo la crisis desatada en México en 1994 y que se conoció como el efecto tequila, los gobiernos aplicaron una política procíclica que implicaba una fuerte reducción del gasto público (las denominadas políticas de ajuste).
Las consecuencias son bien conocidas: la reducción del gasto del Estado profundizaba los efectos de las crisis internacionales, comprimiendo aún más el mercado interno, lo cual generaba un fuerte aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia. Todo esto implicaba un circulo vicioso de caída del producto, menor recaudación fiscal, reducción del gasto público, mayor desempleo, pobreza e indigencia que volvía a generar una nueva disminución de la demanda interna y por lo tanto, una profundización de la crisis económica y social.
Sin embargo, durante la crisis de 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner optó por una alternativa diferente. En medio de una de la peores crisis internacionales que provocó una desaceleración en el crecimiento de la recaudación tributaria, el gobierno nacional siguió incrementando el gasto público con el objetivo central de amortiguar los efectos de la crisis en la economía argentina.
Por lo tanto, en el 2009 en el contexto de crisis internacional se experimentó un aumento del gatos público primario del 30,18% en comparación al 2008, llegando el mismo a 242.928,6 millones de pesos. Por su puesto que, por los efectos de la crisis, se produjo una desaceleración en el crecimiento de la recaudación, la cual se expandió menos que el gasto público. En este sentido, en el 2009 los ingresos totales aumentaron un 18,75% en comparación al 2008, llegando a 260.214,2 millones de pesos.
A pesar de este fenómeno, es decir, a la fuerte política fiscal expansiva y un menor crecimiento de los recursos, el gobierno nacional pudo sostener el superávit fiscal primario. En efecto, en el 2009 el resultado acumulado primario fue de 17.285,6 millones de pesos, lo cual representa 1,53% del Producto Bruto Interno.

Es cierto que el resultado primario de 2009 es un 51,35% (18.243,1 millones de pesos) menor al superávit primario de 2008. Sin embargo, esta disminución fue un acierto del gobierno nacional, debido a que en un contexto económico – financiero internacional desfavorable, la política fiscal proactiva que se tradujo en un fuerte aumento del gasto público fue fundamental para fortalecer al mercado interno y mantener los puestos de trabajo.
A su vez, debido a los fuerte vencimiento de deuda pública, no se pudo sostener el superávit financiero, el cual arrojó un déficit de 7.131,1 millones de pesos, siendo un 148,66% (21.785,9 millones de pesos) inferior al registrado en el 2008.
Con respecto a este último punto es importante realizar una aclaración: este resultado es producto de la herencia de los gobiernos anteriores y específicamente del modelo rentístico financiero (1976-2003) que se tradujo en un fuerte crecimiento de la deuda del Estado. En la actualidad, el nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003 se está haciendo cargo de esa deuda, lo cual implica importantes erogaciones que debe realizar el Estado Nacional.
En el contexto de la crisis internacional, la ortodoxia económica, como en los años noventa, empezó a recomendar políticas de ajuste fiscal, esto es, reducción del gasto público para evitar justamente un déficit fiscal.
Sin embargo, esto hubiera implicado, como en el modelo de Convertibilidad, una reducción de la demanda, amplificación de las repercusiones de la crisis financiera internacional en la economía argentina, caída fuerte de la recaudación impositiva que hubiera implicado un déficit fiscal. Pero a su vez, la disminución de las erogaciones del Estado y su consiguiente caída del mercado interno y del producto también se hubiera traducido en un aumento explosivo de la desocupación, subocupación, pobreza e indigencia.
Por lo tanto, la recomendación de los sectores dominantes y del establishment económico no sólo hubiera generado un mayor empeoramiento de las cuentas fiscales sino que además hubieran implicado una fuerte crisis social.
En contraposición, el gobierno nacional apostó a uno de los pilares del nuevo modelo de desarrollo, esto es, el incremento sostenido del gasto público a pesar de la desaceleración en el aumento de los recursos del Estado como consecuencia de la crisis financiera internacional. Los resultados de dicha política fueron sumamente positivos. En términos económicos gracias al aumento de las erogaciones del Estado que permitió sostener la demanda interna la Argentina fue uno de los pocos países que en el 2009 en medio de la crisis financiera internacional siguió creciendo. Por su puesto que la expansión del producto fue menor a la verificada en los años anteriores; sin embargo, el producto del 2009 fue mayor al de 2008.
Este resultado, entre otros fenómenos, permitió que los recursos del Estado en medio de la crisis no sólo no cayeran sino que se incrementaran a los largo del 2009; lo cual implicó que el Estado Nacional pudiera sostener un superávit fiscal primario y que el déficit financiera fuera sumamente reducido en términos históricos.
Pero además, el incremento sostenido de las erogaciones del Estado evitó que la crisis financiera internacional se traduzca como en la década del noventa en una crisis social. En efecto, en el 2009 el gobierno pudo sostener tasas de desempleo de un digito a pesar de los efectos que la crisis tuvo sobre la economía argentina.
Por lo tanto, y a contraposición de lo propuesto por los economistas ortodoxos, la política fiscal expansiva desarrollada por el gobierno nacional durante el 2009, siendo uno de los pilares centrales del nuevo modelo de desarrollo, permitió amortiguar económica y socialmente los efectos de la crisis internacional al mismo tiempo que pudo cumplir con los servicios de la deuda pública generada en años anteriores y evitó que se deteriorará abruptamente las cuentas públicas del Estado Nacional.

Discutiendo el modelo K

2010-02-20T11:05:00.000-08:00

por Enrique de la Calle, Buenos Aires Economico, 4 de febrero de 2010

Por noviembre de 2009, el periodista Maximiliano Montenegro escribió en su habitual columna en Crítica de la Argentina un artículo en el que pregunta “¿Cuál es el modelo K?” (ver Crítica, 08/11/2009 ). Revisemos algunas argumentaciones del artículo para proponer una mirada distinta.

En el primer párrafo, Montenegro va a los bifes: “Tras seis años de crecimiento a tasas chinas, el 30% de la población vive en la pobreza y el 10% es indigente (…) la desocupación se redujo a la mitad, pero casi el 40% de los ocupados están en negro”. El diagnóstico se cierra con una valiosa reflexión sobre la inflación como elemento para comprender la “nueva fisonomía de la pobreza”. Como cierre, concluye que, en definitiva, esas tasas “son superiores al promedio de la década menemista”.

Luego, Montenegro describe las características del “Modelo K”, y si bien señala algunas virtudes, observa lo siguiente: que “aunque es un buen eslogan publicitario, ¿quién puede creer que las retenciones son ‘el instrumento’ de la redistribución progresiva de ingresos?”; que el gasto público se destina a “abaratar la factura de energía de la clase media acomodada y la clase alta”, que en el caso del transporte “nunca se logró instrumentar una tarjeta de descuento para subsidiar a los usuarios pobres”. Aclara que “algunos funcionarios (no todos)” destacan la estatización de las AFJP, sin embargo para nuestro periodista solamente es una “política esencial para la estabilidad macro”, y que al financiar “a una tasa preferencial a General Motors o las compras (…) de la clase media” su progresividad no es más que “otro eslogan K”. Así las cosas, concluye una vez más que el kirchnerismo mantiene un “sistema impositivo tan recesivo como el menemista”. Como vimos en el párrafo anterior, con peores consecuencias sociales.

Por último, Montenegro resume el modelo actual: “la Argentina continúa con una estructura muy primaria en sus exportaciones; la concentración económica se profundizó (…) la precarización laboral se extendió; las políticas de control de precios fracasaron. En fin, (…) el ‘modelo productivo’ todavía excluye a casi un tercio de la población”.

¿Todo lo mismo?

Si seguimos al periodista gráfico y televisivo, coincidiremos en que, en realidad, el kirchnerismo es puro discurso bonito, buen dominio de variables macro, y la continuación de estructuras propias del menemismo con peores resultados. Un desastre. Quedará por responder a qué se deben, entonces, la férrea oposición del establishment y la derecha criolla, y por contraste el apoyo del sindicalismo.

Por nuestro lado, preferimos abandonar a Montenegro en algo sustancial: consideramos que en 2002-2003 emergió en el país un proyecto económico y político que modificó pilares importantes del modelo imperante en el país entre 1976-2001. No nos sirve señalar que muchas variables sociales del año 1984, al finalizar la Dictadura, son mejores que las actuales para destacar el programa económico neoliberal de José Martínez de Hoz. Optamos por comprender los procesos políticos y económicos. Es decir, la película antes que la fotografía.

En estos últimos años, se dieron transformaciones más ambiciosas que las que el periodismo o los especialistas – por derecha o por izquierda – están dispuestos a aceptar. En primer lugar, destacamos la fenomenal transferencia de recursos desde el sistema financiero hacia el Estado (estatización AFJP). Es notable que se soslaye una medida que permitió destinar miles de millones de pesos hacia los jubilados (aumentos de la mínima y movilidad), los hijos de desocupados y trabajadores informales (asignación universal), el aliento al consumo (vía crédito barato) y las inversiones productivas. Antes, esa plata se utilizaba para la especulación. En el caso del ingreso universal nos referimos al programa social más amplio de Latinoamérica, que representa casi un punto de nuestro PBI.

Con respecto a los subsidios, y al gasto público en general, Montenegro repite eslóganes propios de la derecha y la ortodoxia económica. Aceptamos que puedan discutirse intervenciones más precisas, siempre defendiendo una política económica que ha garantizado servicios públicos baratos y ha subsidiado a diferentes sectores de la producción como parte de una estrategia para alentar la industrialización del país. Ya sea vía estimulación del consumo o por medio del abaratamiento de los costos empresarios. Con respecto al gasto público vale señalar una contradicción del progresismo liberal y hasta de la propia centro-derecha: se exige que el Estado “haga algo” con la pobreza que “escandaliza” y por otro lado se cuestiona cuando ese hacer se traduce en recursos y erogaciones fiscales “exorbitantes”.

Por último, vale extenderse sobre otro de los pilares del Modelo K: aquel vinculado con su solvencia en la balanza de pagos y con la calidad de los intercambios. Montenegro insiste sobre la “estructura primaria de las exportaciones” sin brindar mayores datos. Aquí proponemos algunos: entre 2003 y los primeros diez meses de 2009, el país aumentó el lugar de las manufacturas de origen industrial (MOI) sobre el total exportado. Pasó del 26,88% al 32,83%. Si agregamos las manufacturas de origen agropecuario (MOA) tenemos que ambas representan el 72% de nuestras ventas al exterior (en 2003, significaban el 60%). A diferencia de un lugar común extendido, que sobreestima el papel de los productos primarios (sobre todo granos de soja) en el crecimiento económico, hay que mencionar que en 1998 representaban un 24,98% del total de los saldos exportables, mientras que en 2009 alcanzaron el 17,06% (ver informe de abeceb.com ).

Para dimensionar lo dicho comparemos con lo ocurrido en estos años en Brasil, elegido por los grandes medios como el ejemplo a seguir. En 2003-2009 se redujeron con fuerza las exportaciones industriales que pasaron de representar el 55,38% del total al 42,91%. El número es igualmente alto pero es preocupante la tendencia: en 1998, los bienes industriales significaban el 58,35% del total. Como sea, si sumamos las MOI y las MOA, nos da que alcanzan el 63% del global, cifra menor a la argentina. En cambio, se observa en el período el aumento del peso de los productos primarios que pasaron del 17% al 26%.

La paulatina reconstrucción del tejido productivo permitió la reducción del desempleo y del trabajo en negro, y mejoras en todos los indicadores sociales (en 2002/2003 la pobreza golpeaba a medio país; el desempleo llegaba al 23%). La discusión salarial y un mayor protagonismo de los trabajadores organizados (regreso de las paritarias mediante) permitieron que la recuperación del ingreso y el descenso de la desigualdad. La brecha de ingresos entre el 10% más pobre y el más rico pasó de 34 veces en 2003 a 25 en 2009; el coeficiente Gini, un medidor mucho más eficiente, también arroja buenas noticias pasando del 0,53 al 0,46 en el Período K (a mayor número, mayor desigualdad. Ver estudio de consultora Equis ).

Por todo esto en 2006/07 se constituyó el Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP) con el objetivo de difundir, promover y también discutir el proceso político y económico que emergió en Argentina desde la presidencia de Néstor Kirchner. Entendiendo, con claridad, que se trata de un proyecto de país diferente al que imperó desde la Dictadura hasta el final de De la Rúa. Está claro que tiene limitaciones y deudas pendientes, con fuerte impacto sobre amplios sectores sociales. También, que debe ser profundizado (no abandonado) para que esté a la altura de los desafíos.

http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=32529&pagina=7

http://www.ieco.clarin.com/economia/Exportaciones_IECFIL20091207_0002.doc

http://www.perfil.com/contenidos/2009/12/20/noticia_0005.html

Por qué hay que cambiar la Ley de Entidades Financieras

2010-02-20T11:04:00.000-08:00

por Ariadna Somoza Zanuy, Buenos Aires Económico, 1 de febrero de 2010

La Ley de Entidades Financieras es una de las últimas leyes heredadas de la última dictadura militar. Ese ya es un buen motivo para cuestionar la validez y vigencia de la misma. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la misma es parte del andamiaje jurídico que utilizó el gobierno militar para implementar el modelo neoliberal en nuestro país, del cual aún sufrimos sus consecuencias.
En este sentido, el aspecto central de esta ley reside en quitarle poder al Estado en cuanto regulación y conducción del proceso económico. Como sabemos, esta fue la premisa básica del Consenso de Washington. Lo que se pone en juego, por ende, es cuál debe ser el rol del Estado.
A partir del 2003 hay un cambio de rumbo en la política económica, en la cual se revaloriza lo productivo por sobre la especulación. Es un lento pero firme volver al trabajo, a la industria nacional, a la inversión pública, a la dignidad de quienes perdieron todo en el modelo anterior. Para este nuevo modelo de valorización productiva, es necesario un Estado que tenga poder de conducción del proceso económico en su totalidad, específicamente poder direccionar el capital existente en el sistema financiero al sistema productivo.
Ahora bien. El sistema financiero, moviéndose bajo la lógica de la mayor rentabilidad, elige enviar su capital hacia donde obtenga una mayor ganancia, que hoy se encuentra en el consumo y la especulación financiera. Esto ocurre hoy gracias a la Ley de Entidades Financieras, que establece nada más ni nada menos que las Entidades pueden hacer todo lo que no está prohibido hacer, cuando nunca deja en claro qué es lo que no pueden hacer.
Es por ello que para nosotros es fundamental que el Estado pueda definir qué es lo que las entidades financieras pueden hacer y que no, y a dónde deben direccionar el crédito según la estrategia macroeconómica que el gobierno está llevando adelante. Porque sino el sistema financiero, en vez de ser una parte central de la economía, termina siendo un actor político que limita la posibilidad de implementación y construcción de un modelo económico con justicia social.

Nadie defiende lo que no conoce

2010-02-20T11:02:00.000-08:00

por Santiago Fraschina, Pagina 12, 24 de enero de 2010

Existe la creencia generalizada que la función principal y casi excluyente de los economistas heterodoxos es oponerse a la visión neoliberal y que, por lo tanto, propugnar por un Estado intervencionista, por la integración latinoamericana, el proteccionismo, el aumento de salario para los trabajadores y el fortalecimiento del mercado interno debe ser la misión principal de dichos economistas.
En este sentido, los economistas heterodoxos están convencidos que lo peor del “vendaval” neoliberal fueron sus políticas económicas y sus nefastas consecuencias económicas y sociales.
Las políticas aplicadas a partir de mediados de la década del setenta y profundizadas en los distintos gobiernos democráticos posteriores hasta el 2003 se caracterizaron por la apertura comercial, la desregulación de los mercados, el programa de privatizaciones y la flexibilización laboral. Las consecuencias del modelo rentístico-financiero-neoliberal son bien conocidas: fuerte proceso de desindustrialización, primarización de la economía argentina, crecimiento de la deuda externa y la fuga de capitales, vulnerabilidad económica frente al sistema financiero internacional, la concentración económica como resultado del quiebre y desaparición de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y el aumento de la exclusión social a partir del incremento de la desocupación, la subocupación, el trabajo no registrado, la pobreza y la indigencia y la desigualdad social.
En otras palabras, la aplicación del paradigma monetarista-neoliberal impulsados por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional en representación de los países centrales y de los sectores dominantes internos implicó para la Argentina una pauperización económica y social.
En este contexto, los economistas heterodoxos se oponen a la concepción monetarista de la economía y desarrollan una disputa intelectual con los economistas ortodoxos acerca de la necesidad de la intervención del Estado para la aplicación de distintas políticas públicas para incentivar el desarrollo económico y social.
Es decir, según los economistas heterodoxos, la función más importante son básicamente dos. Por un lado, la disputa académica a partir de la participación en jornadas, seminarios y congresos, la publicación de distintos artículos en revistas especializadas y la ocupación de funciones en diferentes cátedras de la universidad. Por otro lado, la ocupación de cargos estratégicos en el sector público para así de esta manera influenciar en la aplicación de las políticas públicas para poder revertir los efectos del neoliberalismo en nuestro país.
La primer función la desarrollaron a partir de la misma aplicación del modelo neoliberal. Pero con la llegada del kirchnerismo y la instauración de un nuevo modelo de desarrollo de valorización productiva a partir del proceso de reindustrialización con inclusión social, gran parte de estos economistas heterodoxos pudieron efectivamente acceder a distintos puestos en la administración pública.
En efecto, con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en mayo de 2003 se empezó a aplicar buena parte de las políticas recomendadas por la heterodoxia. Esta coincidencia ideológica permitió la llegada al Estado de los economistas que se opusieron intelectual y académicamente en las décadas anteriores a la aplicación del paradigma neoliberal.
Este nuevo modelo de desarrollo estructurado a partir de la intervención del Estado en distintas áreas permitieron el inició de la reconstrucción económica y social de la Argentina, a partir del la recomposición del aparto manufacturero, la reducción de la deuda externa, la disminución del desempleo y subempleo y la baja en la pobreza y la indigencia.
Sin embargo, luego de haber transcurrido seis años y aproximándose las próximas elecciones presidenciables en el 2001 se percibe una sensación de fragilidad del nuevo modelo de desarrollo. En efecto, se intuye que sin en el 2001 gana la oposición no encontrará gran resistencia para la aplicación nuevamente de las políticas ortodoxas.
En este sentido, que los sectores dominantes, a los cuales beneficiará estas políticas neoliberales, no se opongan es lógico. Pero existe la sensación que gran parte de los sectores populares y medios, a los cuales ese modelo perjudicará, tampoco se van a oponer. La defensa del modelo de valorización productiva con inclusión social por parte de los sectores medios y populares es débil y, por lo tanto, la sostenibilidad del mismo depende casi con exclusividad del triunfo del oficialismo en las elecciones del 2011.
Pero entonces surge una pregunta central: ¿por qué si este modelo redujo el desempleo, la subocupación, el trabajo en “negro”, la pobreza, la indigencia, mejoró la distribución del ingreso, reindustrializó y aumento la sustentabilidad económica, entre otras cosas, su perdurabilidad depende de una elección presidencial?
Para responder esta pregunta entonces es fundamental entender la consecuencia más perversa de los economistas ortodoxos. Es cierto que una de las peores herencias que nos dejo el paradigma neoliberal fueron sus consecuencias económicas y sociales. Pero si sólo fuera esto la solución es fácil: un gobierno como el de Néstor Kirchner que comience a aplicar políticas distintas.
Sin embargo, la tarea para los economistas heterodoxos es más difícil, debido a que el peor legado de la ortodoxia fue la privatización de la ciencia económica. Uno de los grandes triunfos de la ortodoxia fue crear la concepción de que la economía es una ciencia oculta e inalcanzable para el individuo común. Por lo tanto, según esta visión, la discusión económica es sólo para expertos, quedando excluidos de dicho debate los sectores no autorizados por la academia.
En este sentido, el economista, en última instancia, le explicará a los “no entendidos” sobre economía (el hombre vulgar debe escuchar y preguntarle al economista, pero nunca opinar sobre las problemáticas económicas, debido a que son temas sumamente complicados y que llevan mucho tiempo de análisis).
La matematización de la economía propuesta por la ortodoxia va en esta dirección. La introducción de derivadas, logaritmo y funciones para la creación de modelos económicos en base a las matemáticas contribuyó a la reducción del debate económico y al alejamiento de los sectores populares sobre la discusión económica. Los neoliberales junto con los sectores dominantes excluyeron del debate económico a los sectores populares para quitarles de esta manera una herramienta fundamental en la defensa de sus propios intereses.
Gran parte de los economistas heterodoxos contribuyeron con el proceso de privatización de la ciencia económica. Al utilizar las mismas herramientas y metodologías para demostrar las ideas contrarias, contribuyen con la visión de la economía como una ciencia oculta.
Este proceso se agravó con la situación educacional que nos dejó el neoliberalismo. La pauperización económica de los sectores medios y bajos a partir de la instauración del modelo neoliberal implicó la exclusión de los sectores populares de la educación formal en general y de las universidades en particular. Por lo tanto, es imposible que los sectores más vulnerables accedan en la actualidad a los debates económicos por vía de la educación y la universidad pública.
De esta manera, escribir artículos en revista especializadas, presentar trabajos en congresos y seminarios, ocupar cargos estratégicos en el sector público y en las cátedras de las universidades, no rompe con la pero consecuencia de la ortodoxia, es decir, el alejamiento de los sectores populares y medios del debate económico.
La disputa ideológica, intelectual y de cargos es importante y debe ser sostenida. Pero la función central en la actualidad de la heterodoxia debe ser la popularización de la ciencia económico. Esto es, volver a introducir en el debate económico a los sectores medios y bajos. Este es el único camino que puede permitir que los sectores que se perjudicarían con el régimen neoliberal defiendan el nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003. Pues nadie defiende lo que no conoce.

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América del Sur: una década para reconstruir la esperanza

2010-02-20T11:01:00.000-08:00

por Jose Cornejo, Buenos Aires Económico, 22 de enero de 2010

Los medios etnocéntricos impusieron al mundo su imaginario de Sudamérica. Una sociedad agreste, primitiva, indígena. Siempre vista a través del prisma turístico del Amazonas o las ruinas incas del Machu Picchu. Un tren vetusto cargado de aves domésticas y campesinos mexicanos (a veces resulta difícil explicarle a un estadounidense que los mexicanos no pertenecen a América del Sur). Nunca se ausenta de ese imaginario cinematográfico el chullo (gorrito) del altiplano, con una llama entretejida, y las experiencias alucinógenas del libro de Castaneda. En los casos en que se intentaba una lectura menos superficial, se lo presenta como una tierra arrasada por dictaduras feroces y guerrillas, fenómeno propio de la cultura “caudillista y autoritaria”, y sus naciones predestinadas al subdesarrollo. Sin embargo, Sudamérica construye, con gran esfuerzo, un futuro mejor. Y la mejoría de las últimas décadas es notable.

Hacia mediados de los 80, los gobiernos militares de Sudamérica empiezan a caer. Se abre un proceso de democratización generalizado. Las múltiples crisis económicas arreciaron contra esa democracia frágil, pero a diferencia del pasado, las interrupciones civiles no abrirán las puertas a un gobierno militar. La crisis de la deuda convertirá a los 80 en la década perdida, y el Consenso de Washington, hará de los 90 el paradigma neoliberal… pero aún así Sudamérica comienza a obtener resonantes resultados en su desarrollo. Esto puede verse leyendo con detenimiento los últimos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre ellos: 2009, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, CEPAL; Panorama social de América Latina 2009. Capítulo I; y CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2008.

Datos al Sur

Quizás el dato más contundente es la evolución del PBI sudamericano durante la última década. Entre 2000 y 2009, el crecimiento acumulado de este índice fue de 42,6% promedio. Un boom notable si se lo compara con las décadas anteriores mencionadas y considerando la aguda crisis que atravesaron los mercados emergentes hacia 2002 (principalmente Argentina, Venezuela y Uruguay) y la financiera global de 2009 (afectando Chile, Venezuela, Paraguay y Ecuador). Pero hay muchos otros índices positivos, algunos que demuestran mejor el desarrollo social. Las personas en situación de pobreza se redujeron del trienio 1994-97 del 37,1% al 32,1% en 2005-07. La indigencia descendió otros 3 puntos porcentuales entre ambos trienios.

Gracias a los avances sanitarios, la mortalidad (por cada mil habitantes) se redujo de 6,7 (1995-2000) a 6,3 (2005-10). A diferencia de lo que se cree, eso no gatilló el crecimiento demográfico. Este se ha amesetado, pasando de 1,6 (nacimientos anuales cada 100 habitantes) a 1,3 entre los lustros mencionados. Así, la expectativa de vida se alargó dos años y medio (de 70,7 a 73,2) en el periodo considerado; y la mortalidad infantil pasó del 30,6 por mil al 21,33.

Esto ha multiplicado una mayor fuerza de trabajo (Población Económicamente Activa). El sub-continente pasó de 138 millones de trabajadores en 1995 a 196 millones en el estimado de 2010. Está claro que los brasileños se llevan la mitad: el país amazónico cuenta con 103 millones de trabajadores disponibles. Con un PBI en crecimiento, la fértil clase trabajadora sudamericana no ha empeorado su inserción en el mercado laboral. Se pasó de una desocupación del 8,4% (1995) a 8,2% (2008), habiendo alcanzado picos de más de 11 puntos en 2000. De hecho la desocupación europea finalizó 2009 un punto arriba. Se contrargumentará que la protección estatal es mucho mejor en el Viejo Continente. Esto es así para los nativos de Alemania, Francia o el Reino Unido. En Europa del Este esto no es así y la situación social es explosiva.

Otros avances sudamericanos se registran en el campo de la educación. El analfabetismo descendió de 7,86 (año 2000) a 4,46 (estimado 2010). La tasa neta de matrícula en el primer nivel de enseñanza creció de casi 7 puntos, de 87,9 a 94,5 (1995-2006). Un salto aún más nítido se dio en la educación secundaria: del 41,7% al 66,3% (¡25 puntos!) en el mismo periodo. La enseñanza terciara avanzó otros 12 puntos, de 23,1 a 35,1 en el periodo señalado.

Otro criterio de medición es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 1990, solo tres países (el Cono Sur) presentaban un Desarrollo Humano Alto. Los otros siete tenían un Desarrollo Humano Medio. El informe de 2009 del mismo organismo más que invirtió los datos. Ocho países alcanzaron un Desarrollo Humano Alto y solo dos (Paraguay y Bolivia) continúan en la categoría media.

El eje del mal

Los avances son alentadores también en el eje del mal sudamericano: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina.

En cuanto a los esfuerzos en el área de salud (en el periodo 1995-2000 al quinquenio 2005-10), la mortalidad se redujo 1,3 (por cada mil habitantes) en Bolivia, tres veces más que el conjunto regional. Respecto al control demográfico, tanto Bolivia como Venezuela superaron los ya meritorios avances de la región. El avance en la expectativa de vida fue otro orgullo del país del altiplano: 3,5 años más, uno por encima del promedio regional. También se destacó Bolivia en la reducción de la mortalidad infantil: 21 bebés cada mil salvaron sus vidas gracias al esfuerzo de su país.

La PEA creció por encima del promedio regional tanto en Venezuela y Ecuador como en Bolivia. En los últimos 15 años la clase trabajadora quechua creció un 60%. Los méritos en la lucha contra el desempleo se los lleva Argentina (redujo nueve puntos la desocupación) y Venezuela (casi tres). Desde 2000 hasta la fecha, quien más redujo el analfabetismo fue Bolivia (-7,3%), quien más aumentó su matricula primaria, secundaria y terciaria fue Venezuela (9% en el primer caso, 47% en el segundo y 23% en el tercero). Desde 1994, Venezuela y Ecuador fueron quienes más redujeron la pobreza (20 y 19%, respectivamente) y esos dos mismos países fueron quienes más avanzaron en la reducción de la indigencia (10 y 13%).

El marco cualitativo

A esto cabe agregarle el futuro aún más promisorio de los diez estados (excluyendo las guayanas) que conforman el sub-continente. Solo para mencionar un par de ejemplos, existen probadas reservas de energía en Venezuela y Bolivia, y promisorios yacimientos frente a Brasil y en el Atlántico Sur. Se acaba de descubrir la segunda reserva más grande del planeta de litio, el elemento del futuro. De él dependen las baterías energéticas de celulares y demás adminículos tecnológicos.

La región maneja solamente dos idiomas bastante similares y masivamente se reconoce en el culto cristiano. No existen grandes diferencias étnicas, a excepción de focalizados conflictos por la tenencia de la tierra al sur de la Cordillera de los Andes y en algunas franjas de la selva amazónica. Y por último pero no menos importante, no hay conflictos bélicos de envergadura en la región, quizás con la lamentable excepción de la presencia estadounidense en Colombia y el estímulo que esta genera en una administración política afín.

Una aproximación más rigurosa, mostraría que algunos indicadores empeoraron hacia fines de los 90 y desde entonces la región remontó a gran velocidad. Seguramente, la recuperación del valor de los saldos exportables de Sudamérica ha tenido una gran incidencia. Sin embargo, esto no es la primera vez que ocurre y no siempre afectó positivamente los indicadores sociales. En la última década, los gobiernos sudamericanos se han volcado a una política económica que fomente el crecimiento del mercado interno, la diversificación productiva, la protección a los sectores más vulnerables y la integración regional. Los mandatos de la ortodoxia económica fueron desoídos (con distinta intensidad según el país) y los resultados comienzan a mostrarse resonantes, particularmente en los países donde se ha llevado la reforma social y anti- neoliberal más a fondo, cuyo ejemplo paradigmático en medidas y resultados es Bolivia.

Queda mucho por hacer, pero América del Sur construye, esforzadamente su destino. Sobre esta base, la década venidera puede ser aún más prometedora.

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El conflicto del Banco Central: un conflicto de intereses

2010-02-20T11:00:00.002-08:00

por Ariadna Somoza Zanuy
Buenos Aires Economico, 13 de enero de 2010

El conflicto que golpea nuestra cotidianidad en este enero inusual es el llamado conflicto por el Banco Central o el “efecto Redrado”. Por cierto, este conflicto es manejado desde los medios como un conflicto “de formas”, “jurídico” o basado en una persona: Redrado.
Pero el problema es mucho más profundo que ese planteo. Los que se está discutiendo realmente es en qué se utilizan los recursos que las políticas macroeconómicas aplicadas por este gobierno consiguieron. Mientras la política era acumular reservas todo iba bien, y las contradicciones internas del gobierno no se expresaban. Hoy, ante la necesidad de esos recursos ya sea para pagar compromisos de deuda o seguir financiando el gasto público, surge una discusión que es plenamente distributiva: si ante los vencimientos de la deuda externa del 2010 se recorta el gasto público o se sigue pidiendo deuda. Aunque parezca una tontería, veamos cuales son las diferencias de ambos caminos y porque el gobierno toma un tercero.
Seguir contrayendo deuda para pagar deuda, además de ser un perverso mecanismo económico de nunca acabar, tiene una profunda implicancia acerca de la independencia a la hora de poder plantear políticas económicas soberanas. Hasta hace poco tiempo parecía irreal pensar un plan económico sin el visto bueno del FMI y hoy, luego de la histórica renegociación del 2005, esto ya es moneda corriente. Más allá de los beneficios económicos a corto plazo, como pagar menos cantidad de dinero, implicó consecuencias político-económicas en el mediano plazo, que es la exitosa implementación de un programa económico que permitió el crecimiento a elevados niveles luego de una de las más profundas crisis económicas que sufrió nuestro país.
Por otro lado, reducir el gasto público es la salida ortodoxa por excelencia. Aquellos que achicaron el Estado en los ‘90 lo hicieron desde esta concepción, principalmente porque lo ven como “gasto” y no como inversión o redistribución progresiva. Si consideramos al gasto público como inversión del Estado nos encontramos, por un lado, con que el Estado invierte en infraestructura para el país que queda instalada y, por el otro, que para montar esa infraestructura se requiere mano de obra, lo cual dinamiza la economía. Lo mismo ocurre con el dinero que se destina a planes sociales, que no es otra cosa que el Estado direccionando recursos a los sectores que más los necesitan.
El gobierno, ante los vencimientos de deuda externa, eligió utilizar los recursos hasta acá ahorrados como forma de no tomar ninguno de estos caminos que implicarían un desaceleramiento de la economía, la falta de independencia para continuar con el modelo económico y un freno en la distribución de la riqueza.
Ante esta decisión del gobierno, el poder económico decidió no quedarse de brazos cruzados. Ese dinero que el Estado se ahorra por la reducción de intereses de deuda es dinero que a un sector de la economía no le llega: son los sectores concentrados de la especulación financiera, tanto locales como internacionales. La “supuesta” autonomía del Banco Central del Estado o gobierno encubre, en realidad, una relación y dependencia muy estrecha entre esa entidad y el poder económico local o foráneo. Esto es importante, porque nos tiene que quedar claro que lo que está ocurriendo aquí no es otra cosa que un conflicto de intereses y no un problema de determinadas figuras, ni un problema legal sobre las atribuciones de la presidenta o del Banco.
Es por ello que este conflicto nos debe abrir las puertas a discutir lo importante: cómo se genera riqueza y cómo se la distribuye. Esa es la discusión de fondo, la discusión que la restauración conservadora no quiere dar de frente y disfraza de farsas judiciales. Para poder continuar con un modelo económico soberano que apueste a la producción y al trabajo debemos, entre otras cosas, lograr modificar la Carta Orgánica neoliberal del Banco Central, que se presenta, a la vista de los acontecimientos, como un obstáculo para tener los recursos a disposición de las medidas de política económica que se toman desde el gobierno.

Martín Redrado, Neoliberalismo y el BCRA: Serás lo que has sido

2010-02-20T11:00:00.001-08:00

por Exequiel Cunibertti
Buenos Aires Económico, 14 de enero de 2010

La nueva figura mediática del verano es Martín Redrado, el presidente del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA), quien asumió su cargo en 2004, luego de mandato de Alfonso Prat Gay en la misma entidad. Si bien Redrado ha cumplido sus funciones de manera eficiente, y llegó a este cargo luego de desempeñar una tarea irreprochable en la Secretaría de Comercio, un conflicto estalló alrededor de su persona. El mismo proviene de una decisión del gobierno nacional, que a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010/09 establece la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Tiene como fin saldar hasta 6.600 millones de dólares de la Deuda Eterna, mediante la utilización del excedente de reservas con las que cuenta el BCRA. Estos fondos se acumularon a partir de políticas de Estado que provocaron una continuidad de superávits gemelos, tanto comerciales como fiscales.

Ahora bien, ¿quién es presidente del BCRA? Egresado de la Universidad de Harvard, Master en Administración y especialista en Finanzas y Economía Internacional, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, del Comité de Mercados Emergentes de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, Secretario de Estado en la órbita del Ministerio de Educación y Secretario de Comercio hasta septiembre de 2004. Su carrera comienza fuera del país, como integrante del equipo de Jeffrey Sachs, en la conformación del “Programa de Estabilización Boliviano”.

¿Quién fue Jeffrey Sachs? Un economista de gran renombre internacional, ejerció funciones de asesor económico en America Latina, África, Asia, y Europa del Este durante los 80 y 90. Como es evidente, su función fue la de profundizar el modelo neoliberal a través de ajustes estructurales, que provocaron sucesivas crisis económicas alrededor de todo el mundo. Las asesorías de Sachs revelaron éxitos cortoplacistas y fracasos estructurales para los países que lo aplicaron. Los casos son realmente reveladores: la Argentina del 89 con su espiral hiperinflacionaria, Bolivia de 1985, la Venezuela pre-Chávez, Polonia durante Lech Walesa, y Rusia de Boris Yeltsin, entre los casos mas relevantes. ¿Cual es su especialidad? Combatir la inflación mediante políticas de shocks económicos.

El neoliberalismo originario de Friedman y Von Hayek tenía un común denominador: su aplicación en gobiernos dictatoriales, como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y algunos de Asia. Sachs le otorgó a esta corriente ideológica un tinte "democrático", modificó la ecuación Neoliberalismo = Dictadura; abrió el abanico de su aplicación a naciones comandadas por gobiernos elegidos por el voto del pueblo. Ahora bien, se debe reconocer que la doctrina del shock fue "eficaz" para el tratamiento de procesos inflacionarios, empero sus costos sociales fueron altísimos. Basta considerar que la gran mayoría de los países asesorados - al cabo de una década - se vieron sumergidos en crisis económicas y sociales de lo más profundas que tuvieron en su historia: Efecto Caipirinha, Vodka, Tango, Sake y demás calificativos.

Veamos solo un caso: Bolivia 1985, proceso electoral. Sachs, como asesor económico del ex dictador Banzer, formuló el plan económico de estabilización boliviano. La disputa electoral finalizó empatada entre Banzer y el ex presidente Paz Estenssoro, un dirigente popular. A puertas cerradas se pactó que Paz asumiría el gobierno, pero las políticas económicas serian las formuladas por Sachs. Como consecuencia, se eliminaron subsidios a la comida y el control de precios, se ajustó el gasto público y se produjo un aumento del 300% del precio del petróleo. Los costes sociales fueron pagados por los sectores populares: retroceso real de la distribución de la riqueza, aumento descomunal del desempleo, propagación de la pobreza, baja sustancial en todos los indicadores sociales. El pueblo boliviano se vio obligado a emigrar masivamente hacia la siembra de coca. El neoliberalismo no solo no soluciona las necesidades de los individuos, sino que ha traído graves consecuencias económicas y sociales en todo el mundo. En síntesis: el grupo que Redrado integró en Bolivia tuvo un desempeño poco feliz.

Pero desde 2002, Redrado ha modificado sus posiciones ideológicas llevando a cabo políticas públicas que acompañaron el proyecto nacional y popular, y esto ha quedado demostrado en su gestión post Convertibilidad. El mismo Redrado fue el ejecutor de una política clave para el modelo económico, la intervención monetaria para frenar las variaciones del dólar (flotación controlada), la implementación en 2005 de un plan de pago de deuda que conllevó una quita de un 75% sobre los montos adeudados. Ha mantenido una política monetaria y cambiaria sin grietas durante su gestión. ¿Qué otro Presidente del BCRA se mantuvo en sus funciones durante mas de 5 años? El único caso es Bosch, que ejerció ese cargo de 1935 a 1945. El desempeño de Redrado tiene motivos para considerarse eficiente.

Entonces, ¿por qué, a partir de una decisión gubernamental para reducir nuevamente la deuda heredada (en otro contexto internacional), Redrado retoma la ortodoxia de su formación académica?

Es usual que ante situaciones criticas los funcionarios y los profesionales en general, apelen a lo aprendido durante su proceso formatorio, dado que son los conocimientos base que poseen. El espectro de una educación en ciencias económicas, y en otras carreras, que permitan ampliar el marco de análisis para los modelos de desarrollo de un país es fundamental, y debe ser parte de la agenda política 2010, una profunda reforma de la ley de educación superior, que modifique tanto los contenidos, programáticas, como así también el funcionamiento del ámbito universitario nacional. Pero mas allá de este tema, que excede el presente ensayo, el eje central de análisis es la agobiante deuda externa que soporta el país. Esto sumado a un agravante que no podemos dejar de mencionar: otro ex presidente del BCRA y ex Ministro de Economía se encargó de transformar la deuda privada en deuda pública, beneficiando a un grupo de empresarios en detrimento del bienestar general. Este funcionario es Domingo Cavallo, admirador de Sachs, y propulsor del modelo de Convertibilidad a la que, denominó "terapia de shock".

Si un presidente del BCRA puede estatizar deuda privada por 30 mil millones de dólares (sí, ¡diez ceros!) al principio de los 80, ¿por qué ahora no puede avalar una política de Estado que tiene como fin reducir una carga que pesa sobre los habitantes de la Nación? ¿Qué presiones recaen sobre el funcionario que provocan que no pueda repetir aquello que ya ejecutó en 2005? ¿Es lógica la facultad de ente autárquico que desempeña el BCRA? ¿Puede un gobierno desarrollar y profundizar un modelo económico, sin tener una política monetaria que lo acompañe?

Si Argentina se encuentra desandando el camino que transito a partir de la década del 70, es menester se revise profundamente, tanto la Ley de Entidades Financieras, como así también la Carta Orgánica del BCRA, de manera que los funcionarios a cargo no estén sometidos a ningún tipo de presiones, que excedan los propósitos del desarrollo nacional. El Banco Central debe ser una herramienta del Estado, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos que fijen políticas monetarias que promuevan el modelo productivo nacional.

La economia del miedo

2010-02-11T05:59:00.000-08:00

Exequiel Cunibertti, Buenos Aires Economico, Viernes 15 de enero de 2010

En un mundo capitalista para cada fenómeno existen determinados intereses que suelen ser respaldados económica, financiera y políticamente. En este sentido, se puede analizar cómo las editoriales de la mayoría de los medios masivos de comunicación están a la orden de ciertos intereses. De esta forma, si analizamos la agenda marcada por los grandes medios concentrados durante este año encontraremos una consonancia respecto a determinados intereses particulares.
Durante el primer semestre aparecieron en todos los medios masivos de comunicación como centro de pánico y de temor del ciudadano enfermedades como el Dengue y la Gripe A. Desde julio olvidamos por completo las enfermedades, y la escena mediática fue ganada por la política como resultado de las elecciones legislativas y por el “desinterés” del gobierno ante las necesidades de ciertos sectores de la economía, particularmente el agropecuario. Por último, las tapas se ocuparon de dos hechos fundamentales en la segunda parte del año: el “absoluto rechazo” al gobierno en las últimas elecciones y el nuevo congreso que se constituyó como resultado de la misma y el “intento de control K” de los medios como resultado de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales.
Sin embargo, a lo largo de todo el año y variando el nivel de intensidad existió un invitado particular de la escena mediática: la inseguridad. De esta forma, por todos los noticieros y en la tapa de los diarios más masivos aparecieron casi en forma permanente hechos delictivos como robos, secuestros, violaciones y muertos. A fin de año se sumaron frases a la escena distintas frases que “corroboraban” la escala de inseguridad “reflejada” en los grandes medios de comunicación: “Nos están matando a todos”, “Si no se reprime es un caos”, “esto ya es Colombia”.
La pregunta central que surge entones es: ¿por qué la inseguridad es tan importante para los medios masivos de comunicación? Una posible respuesta es que efectivamente la Argentina ya es Colombia y los niveles de inseguridad por lo tanto son intolerables. En este sentido, lo único que estarían haciendo los medios concentrados de comunicación es reflejando la realidad.
Efectos del neoliberalismo: A partir de los inicios de la década del setenta comienzan a imponerse los principios del Neoliberalismo de Friedrich Von Hayek y Milton Friedman, los cuales expresaban en líneas generales que el Estado sólo debía encargarse de asegurar el marco jurídico para que de esta manera se cumplan los contratos entre los agentes privados de la economía, garantizándose así la libertad económica.
Neoliberalismo mediante se inicia un proceso expansivo de desigualdad social donde se polariza la sociedad y se caracteriza por la existencia de un pequeño núcleo de personas que concentra la riqueza y una mayoría que logra sobrevivir con esfuerzo y mucha suerte. Por lo tanto, el Estado Benefactor es “pulverizado” por el Neoliberalismo, generando un despegue de la inseguridad a nivel global.
En la Argentina la imposición del neoliberalismo y sus consecuencias se produjo a partir del golpe de Estado de 1976 y se legitimó y profundizó con los sucesivos gobiernos democráticos hasta el 2003.
Ahora bien, cabe preguntarnos ¿Argentina presenta la misma situación de inseguridad que Colombia?. Veamos las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas que presentó su último informe sobre las victimas por homicidio medido cada 100.000 habitantes. Nos dirigimos a la sección “América Latina” y allí buscamos la República Argentina. Para nuestra sorpresa lo que hallamos poco tiene que ver con la realidad presentada por los noticieros y titulares de los diarios. Mientras que la cantidad de homicidios en el país es de 5,5 personas cada 100.000 habitantes, en Colombia los casos ascienden a 61,1. Según la ONU, entonces, la Argentina no es Colombia.
Siguiendo con los datos: en el caso de Brasil es de 30,8 casos cada 100.000 habitantes, Bolivia 5,3; Chile 5,5; Ecuador 18,5; Guayana Francesa 19,2; Paraguay 17,8; Perú 5,7; Surinam 11,8; Uruguay 6,0 y Venezuela 37,0. Veamos América del Norte: México 11,3; Canadá 2,0 y Estados Unidos, la potencia mundial y referente en materia de seguridad para amplios sectores de la sociedad argentina, 5,9 casos cada 100.000 habitantes.
El negocio del miedo: Por lo dicho anteriormente podemos afirmar que si bien la inseguridad existe los números nacionales se alejan de realidades regionales mucho más difíciles. Incluso la situación de la Argentina se encuentra mucho mejor en tema de inseguridad que la mayoría de los países de América. Entonces volvamos a la pregunta original ¿por qué la inseguridad es tan importante para los medios masivos de comunicación? Existen fuertes intereses económicos detrás de la imposición de la inseguridad como principal tópico de la agenda pública.
Por ejemplo, en el año 1999 la inseguridad generó ingresos por 1.000 millones de pesos convertibles a dólares, incluyendo la venta de rejas, alarmas, custodios y cámaras de seguridad. Desde 1995 a 1999, donde muchos sectores productivos se encontraban estancados y al borde de la desaparición, el negocio de la inseguridad aumentó un 22,2%.
Asimismo, se verificó un fuerte crecimiento del mercado laboral de la seguridad privada. Mientras que en 1989 existían 30 mil vigiladores, en 1997 ascendían a 70 mil, es decir, que durante este período se experimento una expansión del 133% en la mano de obra empleada en la seguridad privada.
En la actualidad la seguridad privada mueve 10 mil millones de pesos. Al analizarse los datos de crecimiento del negocio de la seguridad privada existió un pico en el período 2001-2003 donde se expandió un 7,9%. Es decir, mientras que el país se hundía en su más profunda crisis, el negocio de la seguridad privada vivía sus años dorados.
En el 2009 el mercado laboral que ostenta este negocio reúne a 200.000 vigiladores privados, de los cuales un 25% se encuentra trabajando en “negro” con sueldo que rondan los $6,25 la hora promedio y una jornada laboral de 10 horas diarias.
Un verdadero negocio en expansión y sin riesgo siempre y cuando la inseguridad sea la noticia más importante para los medios de comunicación.
Detrás de este fenomenal negocio se encuentran las empresas de Seguridad Privada nucleadas en la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI), asociada a la Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP). En octubre de 2009 se celebró el “VII Congreso de FEPASEP-Seguridad Privada-Factor de Unión”. El cierre lo dio el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, mandatario que permitió la instalación de siete bases militares norteamericanas en Latinoamérica, y a quien la CAESI le entregó un presente expresándole “que el recuerdo alcanzaba también a la gran mayoría del pueblo argentino, que lo tiene asumido como un verdadero ejemplo de líder de la democracia latinoamericana”.
Por lo tanto, la inseguridad existe aquí y en todo el mundo. Es consecuencias, en buena medida, de la desigualdad y la marginación social. Su incrementó (o retroceso) ésta en sintonía con el desmantelamiento (o la reconstrucción) del Estado de Bienestar.
Muchos de los chicos de 15 años que en la actualidad salen a delinquir son los mismos chicos que en el año 2001 tenían 7 años y veían a sus padres desempleados, desprotegidos por el Estado y marginados de la sociedad.
¿Qué hizo el gobierno nacional para reducir el crecimiento de la inseguridad? Desde el año 2003 se redujo el desempleo, la pobreza, la indigencia, se crearon cooperativas de trabajo, se redujo el trabajo no registrado, se incluyeron 4 millones de nuevos jubilados, se brindo la asignación universal por hijo, es decir, se llevaron a cabo distintas políticas públicas que permitieron un mayor grado de igualdad e inclusión social. Revertir en gran parte las condiciones de vida que nos dejó el neoliberalismo permitió que, según los datos de la ONU, la Argentina es uno de los países con mayor grado de seguridad de América. Sin embargo, mientras la inseguridad genere negocio, la Argentina para los medios concentrados de comunicación seguirá siendo Colombia.

El Fondo del Bicentenario

2010-02-11T05:57:00.000-08:00

Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Economico, Viernes 8 de enero de 2010

El gobierno nacional tenía básicamente dos formas para financiar los distintos vencimientos de deuda externa del 2010. Por un lado, redireccionar los recursos públicos al pago de la deuda externa. Es decir, utilizar parte de recursos fiscales que se hubieran utilizados para financiar por ejemplo obras de infraestructura para hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. En otras palabras, reducir el gasto público para aumentar el superávit primario, y con ese mayor ahorro comprar los dólares necesarios para pagar la deuda externa. Esta alternativa hubiera implicado una disminución de la demanda agregada con la consiguiente caída del mercado interno, quiebre de pequeñas y medianas empresas, aumento del desempleo y pobreza.
Por otro lado, recurrir a la deuda externa aceptando de esta forma tasas de interés extremadamente elevadas, lo cual generaría nuevamente un circulo vicioso de endeudamiento externo. Este camino nos hubiera conducido nuevamente a la dependencia del sistema financiero internacional y del Fondo Monetario perdiendo nuestra soberanía macroeconómica.
Ambos caminos fueron los elegidos en la década del ochenta por Alfonsín y en la década del noventa durante la Convertibilidad. Ambas décadas terminaron con las dos peores crisis de la historia económica y social de la Argentina. En efecto, los años ochenta finalizaron con la crisis hiperinflacionaria y los noventa con la crisis del régimen convertible en el 2001.
Sin embargo, y a contraposición de los sucedido en las décadas anteriores, el gobierno nacional anunció la creación del Fondo del Bicentenario compuesto por 6.569 millones de dólares con reservas del Banco Central de la República Argentina para pagar la deuda externa del 2010. En este sentido, la creación del Fondo es una demostración más desde el 2003 de sostener políticas expansivas que fortalezcan la reindustrialización con inclusión social a partir de la independencia económica.
El aumento de las reservas: Para esto, uno de los pilares centrales del modelo que se desarrolló a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia fue el fuerte aumento de las reservas del Banco Central, que crecieron de 11.048 a 47.946 millones de dólares entre mayo de 2003 y diciembre de 2009. Dicho de otra forma, las reservas se expandieron un 334% durante el nuevo modelo de acumulación.
Este incremento fue fundamental en un doble sentido. Por un lado, para darle mayor sustentabilidad al crecimiento económico al permitir al Banco Central manejar el tipo de cambio. Dicho de otra forma, a partir del crecimiento de las reservas se aleja la posibilidad de producirse una corrida cambiaria.
¿Qué hubiera pasada si en medio de la crisis internacional desatada este año el Banco Central de la República Argentina no hubiera tenido una gran cantidad de reservas? Ante cualquier incertidumbre en la Argentina se produce una “corrida” hacia el dólar. Si el Banco Central no tiene los dólares suficientes, la compra de dólares se traduce en una devaluación permanente de la moneda nacional seguida de un proceso inflacionario que deteriora el salario real de los trabajadores, genera aumento de desempleo e indigencia.
De esta forma, sin la expansión de las reservas del Banco Central, hoy estaríamos hablando de una fenomenal crisis económica y social como consecuencia del incremento de la incertidumbre a partir de la crisis financiera internacional. Por lo tanto, el crecimiento de las reservas es una de las herramientas centrales del nuevo modelo de desarrollo que genera que el tipo de cambio sea maneja por el Banco Central y no por el mercado, lo cual se traduce en una aumento de la sostenibilidad de la expansión del producto. Esto es fundamental teniendo en cuenta que las crisis repercuten en mayor medida en los sectores populares por vía del aumento del desempleo, la pobreza, la indigencia y la caída de las remuneraciones.
Por otro lado, la expansión de reservas permite incrementar la independencia económica. Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Critina Fernández de Kirchner se están haciendo cargo de una de las peores herencias del modelo rentístico-financiero-neoliberal impuesto a mediados de la década del setenta y profundizados por los sucesivos gobiernos democráticos hasta el 2003: la deuda externa.
Con el nuevo modelo de desarrollo basado en la reindustrialización del país se encaró un proceso de desendeudamiento externo que implicó la reestructuración de la deuda externa, que se tradujo en una fuerte quita de capital y reducción de intereses, y el pago al Fondo Monetario Internacional.
Parte de la reducción de la deuda externa se produjo con el ahorro fiscal generado a partir del superávit del sector público. Pero otra parte, como por ejemplo el desembolso al organismo internacional, se produjo con reservas del Banco Central.
De nuevo ¿qué hubiera pasado si el Banco Central no hubiera contado con estas reservas? La respuesta de nuevo es sencilla: no se hubiera profundizado el proceso de desendeudamiento que caracteriza al nuevo modelo de desarrollo.
Pero además el FMI hubiera seguido imponiendo las famosas condicionalidades que se hubieran traducido como en la década del ochenta y del noventa en políticas ortodoxas de ajuste fiscal, caída de la demanda, desindustrialización de la economía, reducción del salario, aumento de la pobreza, indigencia y concentración del ingreso.
De esta manera, si el Banco central no hubiera experimentado el fuerte crecimiento de las reservas, el avance del nuevo modelo de acumulación hubiera estado fuertemente condicionado por la especulación y el sistema financiero internacional.
El Fondo del Bicentenario: En este contexto, la creación del Fondo del Bicentenario es una demostración más de las fortalezas de la economía argentina a partir de 2003 y de la independencia económico. Permite, por un lado, avanzar con el proceso de desendeudamiento sin tener que recurrir en desventaja al sistema financiero internacional al mismo tiempo que seguir sosteniendo el incremento del gasto público para fortalecer el mercado interno.
Por otro lado, se traduce en una profundización del proceso de reindustrialización y la generación de puestos de trabajo, pues el Fondo al reducir la incertidumbre y generar certezas macroeconómicas implicará un aumento de la inversión como consecuencia de la reducción de la tasa de interés.
Pero además como son reservas de libre disponibilidad, es decir, reservas superiores a las necesarias para cubrir la base monetaria al tipo de cambio actual, el Banco Central puede seguir manejando el tipo de cambio sin que exista un peligro de corrida cambiaria. En la actualidad el crecimiento de las reservas fue tan significativo que tenemos reservas afectadas a respaldar hasta el 100% de la base monetaria y reservas de libre disponibilidad. En este sentido, son las reservas de libre disponibilidad las que se utilizan, así como cuando se le pago al FMI, para la constitución del Fondo del Bicentenario.
Las mismas criticas se le realizaron al gobierno de Kirchner cuando decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional con reservas del Banco Central: que la utilización de reservas generaría un incremento de la incertidumbre y un corrida cambiaria insostenible para el Banco Central.
Sin embargo, cuando se analiza restroespectivamente la medida se puede observas el error de dicho pronostico. No sólo que no se produjo una “corrida bancaria”, sino que además el Banco Central pudo recuperar rápidamente el monto de las reservas utilizadas. En efecto, antes del pago al Fondo las reservas del Banco Central eran de 28.078 millones de dólares. Luego del pago al Fondo (03/01/06) las reservas del Banco Central pasaron a 18.580 millones de dólares. Rápidamente el Banco Central recuperó el nivel de reservas, siendo el 02/10/06 de 28.084 millones de dólares, lo cual significa que solamente se requirió 10 meses para recomponer el nivel de reservas anterior al pago al Fondo Monetario Internacional.
En la actualidad (28/12/09) las reservas son de 47.946 millones de dólares, lo cual significa que desde el pago al FMI las reservas volvieron a crecer un 158%. Es cierto que el contexto macroeconómico actual no es el mismo que en el 2006, sin embargo en el 2010 con pronostico de crecimiento económico, aumento de las exportaciones, superávit comercial y de cuenta corriente, expansión de la inversión, reducción de la fuga de capitales; el Banco Central estará en condiciones de recuperar gran parte de la reservas utilizadas para el Fondo del Bicentenario.
Por último, surgieron diversas criticas marcando que existen mejores destinos para las reservas del Banco Central, como por ejemplo para eliminar la deuda social. Sin embargo, los problemas sociales en la Argentina no se eliminan con la inyección de una masa dineraria en un solo momento. Los problemas sociales dependen del modelo económico existente, pues no son problemas estáticos sino más bien dinámicos.
Por lo tanto, la constitución del Fondo del Bicentenario con reservas del Banco Central permite sostener la independencia económica para mantener la soberanía política para profundizar el modelo de reindustrialización con inclusión social que nos conduzca a la justicia social.

Por una nueva ley de entidades financiera: timba o produccion

2010-02-11T05:54:00.000-08:00

Revista 2010, Diciembre de 2009, Año 3 Nº34

Discutir la Ley de Entidades Financieras implica discutir dos modelos de país. Por un lado, un país donde reine la timba financiera, como plantea el neoliberalismo, o un país donde reine la producción, como se comenzó a perfilar en el modelo post devaluación.
Tras ambos modelos hay dos concepciones bien distintas, casi filosóficas, que parten de una pregunta: ¿Hace falta el trabajo humano para generar riqueza? La respuesta voluntariamente errada a esta pequeña y gran pregunta es la que produjo que millones de compatriotas sean privados de su derecho a trabajar, ya que una de las premisas del neoliberalismo consiste en que el capital puede generar más capital en sí mismo y, por ende, ¿para qué tomarse el trabajo de abrir una fabrica y generar empleo si puedo tener mayores ganancias con tan sólo poner el capital en el sistema financiero y así tener ganancias extraordinarias mediante los intereses?
Este paradigma sobre el Trabajo y la Riqueza, sustento filosófico del neoliberalismo, se puso en crisis con la actual crisis internacional, aunque no está totalmente derrotado. En Argentina, el modelo neoliberal que se instaló con la última dictadura militar buscó el sustento jurídico para poder cumplir con estos principios en la Ley de Entidades Financieras.
La misma, a grandes rasgos, permitió la apertura indiscriminada al capital financiero internacional (que estaba disponible y en búsqueda de destinos propicios en ese momento), la concentración del mercado financiero y la consecuente destrucción de las pequeñas entidades y, por sobre todas las cosas, la pérdida de control del Estado en el direccionamiento del sistema financiero.
Esta última cuestión es, para nosotros, la más importante, y nos pone en la discusión acerca del rol del Estado en la economía. Discutir esto a la luz del nuevo modelo económico que comenzó en el 2003 implica tener en cuenta varias cuestiones que muestran las contradicciones que genera el sostenimiento de esta ley.
Por un lado, se avanzó en un proceso de revalorización productiva a partir de un incipiente proceso de reindustrialización. El mito del “viento de cola” se cae instantáneamente al ver los números que nos indican que si los precios internacionales de la soja se hubiesen mantenido como en los 90, muy poco hubiese variado el crecimiento económico, ya que el mismo se sustenta, fundamentalmente, en la construcción (empleadora de mano de obra intensiva) y en la industria manufacturera. Y esto se debe a una definición política que busca revalorizar el trabajo como fuente de la riqueza de las sociedades, yendo de este modo en sentido contrario a lo planteado por el paradigma neoliberal.
Sin embargo, en el ámbito financiero, el Estado aún no tiene capacidad de direccionar hacia donde destinar esa riqueza que la sociedad produce, ese capital. Esto implica que es el mismo sistema financiero el que, movido por la lógica de la rentabilidad, direcciona el capital hacia lo que le genere más ganancia, que son el consumo y la timba financiera.
Las implicancias que esto acarrea son terribles. Por un lado, los créditos al consumo dinamizan la economía en el corto plazo, ya que permite a distintos sectores sociales aumentar su consumo, dinamizando así el mercado interno, pero no consolida el aparto productivo como sí lo hace la inversión.
Si observamos su impacto en el consumo vemos un mecanismo bastante perverso: quienes más consumen y, por ende, tienen mayor poder adquisitivo, menor tasa de interés pagan, lo que significa que obtener un crédito les sale más barato. Y esto se logra de esta manera: las mismas entidades financieras que fijan los límites de acceso al crédito son las que luego abren sucursales de “crédito fácil”, en las cuales se puede obtener un crédito con la sola presentación de DNI y recibo de sueldo o de un plan social. A cambio de este “favor”, la financiera le cobra más caro el crédito, obviamente, teniendo así a los sectores populares atados a créditos con tasa de interés altísima por comprar ropa para el hijo en su cumpleaños y teniendo sectores medios y altos pagando créditos por heladeras o autos a tasa de interés tan baja que cuando lo terminaron de pagar, en definitiva, les salió más barato que si lo hubiesen comprado en efectivo ahorrando el dinero. Este es un circulo perverso en el que la tasa de interés es altamente regresiva, ya que los que menos gastan y tienen más pagan, y afecta fuertemente a la vida cotidiana de nuestros compañeros más necesitados. Esto pasa, ni más ni menos, por la vigencia de la Ley de Entidades Financieras.
Sin embargo, quienes consumen no son los únicos afectados. Algo similar ocurre con las PyMEs, ya que a la hora de acceder al crédito, cuanto más grande sea la firma más respaldo tiene y, por ende, más posibilidades de acceder al mismo tienen. Y ni hablar de las nuevas cooperativas de trabajo que surgieron al sol de las políticas de economía social desarrolladas desde el 2003, que comienzan sus actividades subsidiadas por el Estado pero luego no tienen posibilidad de acceder al crédito para poder capitalizarse y crecer.
Esto nos muestra cómo el direccionamiento del capital al sistema productivo no puede estar en manos del mercado, ya que si el mismo no lo considera una actividad rentable, dispondrá mucho más capital al consumo o al sistema financiero, como ya hemos observado. Hasta hoy, los únicos esfuerzos del Estado en ese sentido han sido las políticas de crédito de la banca pública, que es lo único en lo que puede tener injerencia hoy. Pero esto, obviamente, no alcanza, ya que la estructura del sistema financiero no ha sido modificada.
Observamos, entonces, que el sistema financiero no está a la altura de las necesidades que el nuevo modelo económico de valorización productiva tiene. Si han crecido la producción, las PyMEs y las cooperativas, se necesita de un sistema financiero acorde a estas transformaciones. Para ello es imprescindible que el Estado pueda definir cuáles son las prioridades para la utilización del capital disponible, ya que al Estado no lo mueven las leyes de la rentabilidad y la ganancia extraordinaria, sino la de universalización de derechos para alcanzar la justicia social.
Es por ello que planteamos la necesidad de un cambio estructural en el sistema financiero que sólo se puede lograr cambiando la Ley de Entidades Financieras que permita, entre otras cosas, que la banca pública y los pequeños y medianos bancos nacionales, así como las cooperativas de créditos, tengan mayor participación en la economía. Permitiría, además, profundizar el proceso de reindustrialización privilegiando los créditos productivos, direccionándolos a las PyMEs y cooperativas, aportando a la desconcentración de la economía argentina, haciendo que nuestra economía sea mas nacional privilegiando a las firmas locales, promoviendo que la misma sea más federal a partir de una desconcentración territorial del sistema bancario, construyendo, de esta forma, una distribución de la riqueza más justa.
Para nosotros es muy importante poder plantear esto en términos de reforma estructural, ya que si bien hoy en día está en discusión el tema de la Ley de Entidades Financieras, hay sectores que plantean que la transformación reside en gravar la extraordinaria renta financiera. Por supuesto que esto también es importante, ya que permite, por sobre todo, la posibilidad por parte del Estado de apropiarse y redireccionar esos recursos a otros sectores de la economía y la sociedad. El problema es que esta medida no cambia la estructura misma del sistema financiero y las dificultades que esto conlleva, como ya hemos observado, con lo cual seguiremos teniendo un aparato productivo, PyMEs y cooperativas sin posibilidad de invertir y crecer, lo cual significa quedarse sin posibilidades de generar más trabajo, bastión de este modelo económico.
Necesitamos que el sistema financiero no entre en contradicción con este nuevo modelo económico que busca cambiar el paradigma neoliberal apostando a la producción y al empleo, y por eso creemos que la lucha y la militancia debe ser por transformar la Ley de Entidades Financieras, la cual ya tiene una característica común con la Ley de Medios: ambas son leyes de la dictadura. Hagamos que tenga otra característica común: que también sea derrotada, como ésta, a fuerza de militancia y organización.

El debate sobre la inflacìon

2010-02-11T05:53:00.000-08:00

Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Economico, Viernes 18 de diciembre de 2009

Existen varios especialistas que pronostican para el año que viene un recrudecimiento de la inflación. En el 2009 la discusión económica giró desde el aumento de precios a los efectos de la crisis financiera internacional en la economía argentina, debido a que el menor crecimiento verificado en este año por la repercusión de la crisis iniciada en Estados Unidos provocó una desaceleración en la suba de los precios.
Sin embargo, la mayoría de los pronósticos anuncian una recuperación de la economía argentina para el año 2010, volviendo a escena el debate sobre la inflación. En este contexto surge una pregunta central: ¿Cuál es la política antiinflacionaria más efectiva que debe aplicar el gobierno para evitar la caída de los ingresos reales de la población?
Para responderla es fundamental entender primero las causas centrales que en los últimos años han provocado la suba de precios. En otras palabras, para poder controlar la inflación en forma exitosa se debe entender en primer lugar el motivo que la genera. En efecto, la inflación es un fenómeno multicausal, es decir, son varias las causas que pueden desencadenar en una economía la suba generalizada de los precios. De esta forma, es imprescindible a la hora de establecer una política antiinflacionaria comprender cual de todas las causas es la más importante en la actualidad en la economía argentina.

LA VISIÓN TRADICIONAL DE LA INFLACIÓN: En este sentido, según la ortodoxia económica, son dos las causas centrales del proceso inflacionario. Por un lado, la denominada inflación por costos. Dicho de otra forma, una de las causas centrales del aumento de los precios es el incremento de los costos de los empresarios.
En este caso, los economistas ortodoxos ponen su énfasis en el aumento de los salarios de los trabajadores al traducirse en una suba de los costos que luego los empresarios trasladan a los precios. Por lo tanto, para la visión tradicional el incremento de salarios es una de las causas fundamentales que generó el aumento de los precios en los últimos años en la economía argentina.
Por otro lado, la otra causa central para estos economistas es la inflación por demanda. Esto es, que el crecimiento de la demanda genera aumento de precios. Por lo tanto, la expansión del consumo y del gasto público se traduce automáticamente, para esta visión, en un incremento en el nivel general de precios.
En resumen, para la ortodoxia económica la inflación generada sobre todo a partir de la etapa kirchnerista se debió al aumento de los salarios de los trabajadores junto con el crecimiento del consumo y del gasto público que provocaron un aumento de la demanda efectiva.
Para estos economistas, entonces, la política antiinflacionaria del gobierno debería ser la contención en el aumento de las remuneraciones y el “enfriamiento” de la economía. Es decir, para contener la inflación se debe desarticular básicamente dos de los pilares del nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003: las paritarias salariales y el incremento del gasto público.
Es importante destacar que esta visión de la inflación no es casual. La política antiinflacionaria recomendada por la ortodoxia económica es totalmente funcional a los intereses de los sectores dominantes argentinos. Para los grandes empresarios industriales que exportan y/o venden sus productos al mercado interno a los sectores medios-altos y altos y que, por lo tanto, sus ventas no dependen del consumo de los sectores populares, el estancamiento de los salarios implica una aumento en su tasa de ganancia. Para estos capitalistas la remuneración de los trabajadores es vista exclusivamente como un costo y no como un factor de demanda de sus productos. De esta manera, la reducción de salarios se traduce en forma automática en un aumento de sus beneficios.
Por otro lado, para los grandes terratenientes la reducción del consumo provoca un aumento del saldo exportable y de la renta agraria. En otras palabras, si el consumo interno se reduce, los productores de alimentos tiene más mercancías para exportar, lo cual les permite obtener gran cantidad de divisas.
Es así como entonces la política antiinflacionaria recomendada por la ortodoxia económica implicaría un aumento de la ganancia de los grandes industriales y terratenientes a partir de la contención de los salarios, la caída del consumo y la disminución del gasto público generando una reducción del mercado interno, desaparición de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, aumento de la desocupación y de la pobreza. Es decir, para la visión económica tradicional y los sectores dominantes la causa de la inflación es por culpa de los sectores populares que quieren trabajar, ganar más y consumir.

LA VISIÓN ESTRUCTURALISTA DE LA INFLACIÓN: Sin embargo, los economistas estructuralistas, que surgieron en la década del cincuenta del siglo pasado, dieron una visión completamente distinta a la visión tradicional. Según estos economistas, todo proceso de crecimiento y desarrollo como la industrialización sustitutiva presenta presiones inflacionarias. Los estructuralistas latinoamericanos argumentaron que el aumento generalizado de precios en la región se debía a rigideces estructurales del lado de la oferta.
Para este enfoque, la inflación era el resultado de la interacción de dos componentes:
- Las presiones fundamentales que generaban aumentos de precios y que se debían a rigideces estructurales.
- Los mecanismos de propagación que se encargaban de transmitir el aumento inicial de la inflación al resto de la economías.
Para el paradigma estructuralista era imprescindible atacar a las presiones fundamentales para terminar definitivamente con el problema de la inflación. Es decir, la raíz del problema inflacionario se encontraba en las presiones fundamentales y no en los mecanismos de propagación.
En este sentido, para estos economistas, existían dos presiones fundamentales que originaban el aumento en el nivel general de precios durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones: la débil productividad de la agricultura debido a la concentración de la tierra y los desequilibrios en el sector externo a partir de los “cuellos” de botella que se generaban como resultado de la importación de los productos de la industria pesada.
Es decir, según esta visión, la inflación en la industrialización sustitutiva se debía a que, en primer lugar, este nuevo modelo de acumulación al generar puestos de trabajo y aumentos salariales provocaba un incremento del consumo que no podía ser satisfecho por la baja productividad del campo. Pero al mismo tiempo, el crecimiento económico en la industrialización sustitutiva conducía a un déficit comercial debido al “boom” importador de maquinas e insumos industriales que se solucionaba con una devaluación de la moneda.
Ambos fenómenos se traducucía en un crecimiento de los precios. A partir de este momento comenzaba a funcionar los mecanismos de propagación, transfiriendo esta presión inflacionaria al resto de la economía.
Ahora bien, para atacar la inflación la solución no era, según los estructuralistas, reducir la demanda, sino más bien, eliminar las rigideces estructurales, a través de una reforma agraria que permitiera una producción intensiva de la tierra y el desarrollo de la industria pesada en la Argentina.
En efecto, debido a que el origen de la inflación era estructural, la única manera de eliminarla era superando los cuellos de botella. De esta manera, la forma de eliminar el aumento generalizado de precios era por medio de la profundización del desarrollo económico para superar las rigideces estructurales.
Para estos economistas la reducción de la demanda puede reducir la inflación. Sin embargo, esto lo logra a costa del crecimiento económico y además sin atacar la raíz del problema. Es decir, la reducción de la demanda sólo ataca los factores de propagación pero no las presiones fundamentales que generaba el aumento de los precios.
En la actualidad, a partir del proceso de reindustrialización de la economía argentina desde la etapa kirchnerista aparecieron nuevamente presiones inflacionarias. Sin embargo, y a contraposición de la visión tradicional, se debe complejizar, como los estructuralistas latinoamericanos, el análisis de las causas de la suba de los precios para poder diseñar una política antiinflacionaria exitosa. Las rigideces estructurales y la puja distributiva se encuentran en el centro de la generación de la inflación actual. Por lo tanto, el mayor desarrollo económico y social y la desconcentración económica deben ser las principales política de contención de la suba generalizada de los precios.

Integracion latinoamericana en marcha

2009-12-17T11:22:00.000-08:00

Ariadna Somoza Zanuy, Buenos Aires Económico, 11 de diciembre de 2009.

El momento histórico que nos toca vivir es, tal vez, único, ya que estamos ante la posibilidad más real de construcción de la integración latinoamericana desde que la soñaron nuestros libertadores. Los distintos procesos populares que se están viviendo en nuestro continente conforman un clima de época y un pensar a latinoamérica revolucionándose en lo político, social, cultural y económico.
A pesar de que en cada país este proceso tiene sus características, empiezan a configurarse políticas de conjunto que poco a poco comienzan a institucionalizarse. Esta es la llamada integración regional de la que tanto hablamos, y que en materia económica tiene distintos puntos a tener en cuenta.
En primer lugar, debemos recordar que no hace muchos años la única alternativa para América Latina era el ALCA: tratado de libre comercio que nos imponía Estados Unidos como una forma de “salvarnos” y tener cómo vender nuestros productos, cómo estar insertos en el mundo, algo que tanto preocupa a nuestras elites locales. Lo que éste tratado escondía era la sumisión total ante una de las economías más poderosas del planeta, la cual era la única beneficiaria de éste tratado, ya que implicaba que latinoamérica eliminara sus trabas aduaneras para poder ser inundada de productos estadounidenses, mientras esa economía era totalmente protegida ante posibles ventas desde el Sur. Por supuesto que este intento de dominación económica trae aparejadas fuertes consecuencias políticas, sociales y culturales, y para ello no hace falta más que mirar las consecuencias en los países que han firmado Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.
Fue la lucha popular y la fuerte decisión de sus líderes la que pudo derrotar este nuevo pacto colonial, y allá por el 2005 en Mar del Plata fuimos anfitriones de esta victoria. Como vemos, hace apenas 4 años la única alternativa era el ALCA impuesta por Estados Unidos, y hoy ya tenemos una alternativa propia que está en marcha: el ALBA.
El ALBA nació como una iniciativa de Cuba y Venezuela, pero hoy en día el mismo está integrado, además, por Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A diferencia de los típicos Tratados de Libre Comercio (TLC) que propugna Estados Unidos, entre los cuales el ALCA fue el más importante, la esencia del ALBA no es meramente comercial, sino que se trata de una estrategia de integración basada en la solidaridad, el reconocimiento de las particulares étnicas, culturales y sociales y el bienestar de los pueblos por sobre la libre circulación de mercancías y mano de obra y la libertad de empresa que proponen los TLC. Se puede decir que el aspecto económico-comercial del ALBA tiene que ver más con un medio para alcanzar los objetivos anteriores que un fin en sí mismo.
Las oligarquías latinoamericanas se desgajan insistiendo en que las transacciones realizadas en el marco del ALBA son perjudiciales: por una misma transacción comercial, en Venezuela dirán que fue perjudicial para Venezuela, y en Ecuador dirán que fue perjudicial para Ecuador. En Venezuela se cansan de plantear que se está “regalando el petróleo a países amigos”, cuando en realidad se está utilizando el mismo para pagar por cuestiones tan esenciales que Venezuela no pudo desarrollar por sus mismas oligarquías locales, como ser la Soberanía Alimentaria, en la que Argentina es protagonista principal a través del INTA y el INTI. Obviamente, con un gobierno con otro proyecto político, Venezuela utilizaría, tal vez, esa fortaleza económica que le brinda el petróleo para dominar políticamente a otros países. El caso bolivariano es totalmente inverso.
Los que estas elites están cuestionando, en realidad, es que empiece a primar en América Latina otra lógica diferente a la del mercado, en la cual la cuestión meramente económica sea un anexo de una integración política fuerte de procesos que van en el mismo sentido y que deben fortalecerse eliminando las asimetrías económicas. Esto es pensarse verdaderamente como región en un proyecto de liberación latinoamericana.
Una expresión de la eliminación de estas asimetrías regionales es la propuesta del SUCRE: Sistema Único de Compensación Regional, propuesta que surgió de Ecuador a fines del 2009 y que empezará a funcionar de manera virtual el próximo año. El mismo es una nueva arquitectura financiera para la región que, como su nombre lo indica, expresa la voluntad de compensar, lo cual significa poder disminuir las diferencias económicas regionales existentes, intentando que el comercio internacional en la región sea más justo, basándose esto en el principio de solidaridad y bienestar de los pueblos. Esto significa pensar mecanismos que eliminen las diferencias en cuanto a los distintos tipos de cambios, a las distintas producciones y productividades, resaltando capacidades y oportunidades de cada país, fortaleciendo a los más débiles, buscando la cooperación monetario-financiera, creando un Banco Regional de Desarrollo para definir inversiones y otorgar créditos a los países miembros. El SUCRE consistiría, entonces, en la institucionalización de las prácticas ya desarrolladas por los distintos países, prácticas que exceden el ALBA (como el caso Argentina-Venezuela), prácticas del ALBA o prácticas del MERCOSUR.
Este último, en el marco de la existencia del ALBA y de las experiencias soberanas que se están desarrollando en latinoamérica, tendrá que darse un proceso de redefinición entre ser más parecido a un TLC (tal como su nombre lo indica, “mercado común”) en el cual las distintas elites de los distintos países que lo componen están en disputa por quién domina a quién, o dar un giro hacia algo más parecido al ALBA en cuanto a sus valores programáticos. Por supuesto que no será una tarea fácil, ya que se trata de una institución más bien formada por las oligarquías locales y escasa participación popular, pero bien es una tarea que pueden darse los pueblos y los distintos líderes para transformarlo en una herramienta al servicio de los procesos soberanos en marcha.
En el marco del MERCOSUR y por fuera del ALBA, Argentina y Brasil han sido pioneras en plantear el intercambio comercial sin el dólar como patrón. Si bien la propuesta del SUCRE es superadora en cuanto implica todo un nuevo sistema financiero y una moneda común que sea patrón, la iniciativa de estos dos países permite pensar un intercambio en las monedas locales; en un principio, por un interés económico, ya que es mucho el dinero que se ahorran dos países que no tienen el dólar como moneda el tener que comerciar sin el mismo, pero principalmente el significado es político, ya que se está poniendo en cuestión en la región al patrón dólar. ¿Qué sentido tiene que Honduras tenga que comprar dólares a EEUU para poder comprarle petróleo a Venezuela? En el medio de este perverso mecanismo, queda mucho dinero de los latinoamericanos y, sobre todo, la posibilidad de alcanzar la soberanía política de los proyectos nacionales que se perfilan hoy en Nuestra América.
La crisis internacional ayudó a poner en duda estos viejos paradigmas, a darle fuerza a los procesos latinoamericanos. Pero esta crisis demostró también lo perverso del sistema actual, en el cual las grandes potencias siguen siendo una aspiradora de divisas de países que logran recuperarse económicamente y, cuando lo hacen, se descapitalizan antes de poder desarrollarse porque los países centrales aspiran sus divisas. Este sistema tiene su terminal final en la mayor potencia, EEUU, y el “patrón dólar” que rige para todos los movimientos financieros de todo el mundo.
Esta fuga de capitales constantes hacia los países centrales, ya sea vía pago a organismos internacionales de crédito, vía remisión de divisas al exterior, vía depósitos bancarios en el exterior o colocación en forma de bonos en el tesoro norteamericano, implica ni más ni menos que los países de la región no dispongan de su propio dinero para sustentar sus proyectos nacionales soberanos. Esta dominación económica, por ende, tiene directo impacto en la dominación política. No hay posibilidad de emancipación de la región si no se construye un nuevo sistema financiero, acorde a estos cambios.
Es por ello que iniciativas como el ALBA, el SUCRE, el Banco del Sur, la reformulación del MERCOSUR, el comercio bilateral en otros términos entre países de la región, son todas partes de un nuevo paradigma que se está construyendo en latinoamérica y también en el mundo. De lo que se trata aquí es de ganar la pulseada a quienes quieren seguir pensado en términos de mercado sobre los Estados, ganancias extraordinarias, rentabilidad, libre disponibilidad de mano de obra, libre circulación de mercancías sin prever los efectos locales, liberalización total para la dominación imperial, el dólar como patrón indiscutible a nivel mundial: son aquellos que siguen proclamando, muy fuera de moda, los TLC.
Las iniciativas descriptas, que los enfrentan, a pesar de ser iniciativas aún desordenadas y poco sistémicas, conforman un incipiente proceso de institucionalización de las luchas de nuestros pueblos y la direccionalización y voluntad de los líderes de la región y, por ende, deben ser llenados de participación popular para que realmente reflejen los intereses soberanos de nuestras patrias y, principalmente, de nuestra Patria Grande.

El estructuralimso latinoamericano clásico

2009-11-27T09:17:00.000-08:00

Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Económico, 27 de noviembre de 2009.

El estructuralismo latinoamericano clásico, que se consolidó en la década del cincuenta y sesenta a partir de las discusiones mantenidas con la ortodoxia económica representada por el Fondo Monetario Internacional, estuvo fuertemente asociado a la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 1948 por las Naciones Unidas.
En efecto, uno de los estructuralistas latinoamericanos más reconocidos fue el primer director de la CEPAL: Raúl Prebisch. Por lo tanto, las tesis estructuralistas estuvieron esencialmente asociadas a los escritos de la CEPAL.
La visión estructuralista comienza criticando a la corriente convencional sobre el papel del comercio internacional. Según la teoría neoclásica, basada en la idea de ventajas comparativas de David Ricardo, el libre comercio conduciría a reducir la desigualdad entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
Sin embargo, para la corriente estructuralista la libertad de comercio condujo, en contraposición a lo pensado por la visión ortodoxa, a la consolidación de la división internacional del trabajo, fundada sobre la explotación de ventajas comparativas estáticas, condenando a la región Latinoamericana a una especialización empobreciente basada en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados.
En este sentido, para el paradigma estructuralista, la tradicional división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador era una de las causas centrales para explicar la condición de subdesarrollo de la región latinoamericana.
Para demostrar esta tesis el análisis estructuralista desarrolló la teoría centro – periferia. Según el paradigma estructuralista la economía mundial esta compuesta por dos polos: el centro y la periferia.
Por un lado, los países centrales que presentan economías homogéneas y diversificada y donde el sector económico más importante es el industrial. Por otro lado, los países periféricos caracterizados por economía heterogéneas y escasamente diversificadas. Con heterogéneas se refieren a la existencia de una estructura productiva divergente, en la cual se presenta un sector primario – exportador con una elevada productividad junto al resto de la economía sumergida en producciones de subsistencia. Con escasamente diversificada se refieren a la especialización por parte de las economías periféricas en la producción y exportación de productos primarios con pocos efectos de encadenamientos con el resto de los sectores productivos.
De esta forma, según el estructuralismo, la división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador condujo a una doble heterogeneidad estructural que perjudicaba a los países periféricos. Por un lado, a una heterogeneidad a nivel nacional en la estructura económica de los países periféricos. Por otro lado, a una heterogeneidad internacional en la cual los países periféricos se especializaron en la producción de bienes primarios mientras que los países centrales se volcaron hacia el desarrollo de las actividades industriales.
En esta línea se encuentra la teoría estructuralista del deterioro de los términos de intercambio. Según esta teoría en el largo plazo la tradicional división internacional del trabajo que generó un sistema internacional asimétrico se traduce en un mayor distanciamiento de la periferia con respecto a los países centrales, produciendo de esta forma que el libre comercio sea más ventajoso para los países desarrollados.
Para la visión estructuralista este fenómeno se debe fundamentalmente al progreso técnico. En efecto, los avances tecnológicos se producen generalmente en el sector manufacturero. Por lo tanto, si los países desarrollados se especializan en la producción de bienes industriales logran monopolizar los frutos del progreso técnico, generando un deterioro secular de los términos de intercambio en detrimento de los países periféricos especializados en la producción de bienes primarios caracterizada por escasos cambios tecnológicos.
Por lo tanto, la pregunta que surgió para los estructuralistas fue: ¿cómo destruir este sistema internacional que condujo a una especialización empobreciente a los países latinoamericanos?. Para esto la visión estructuralista proponía la industrialización de la región para superar el subdesarrollo latinoamericano.
Para estos economistas el proceso de industrialización de América Latina debía cumplir una doble función. En primer lugar, reducir el desequilibrio externo con los países centrales. En efecto, la industrialización permitiría reducir la brecha tecnológica con respecto a los países desarrollados que era la base de la diferencia estructural entre el centro y la periferia.
En segundo lugar, el desarrollo del sector manufacturero permitiría reducir los desequilibrios internos al posibilitar mejorar la distribución del ingreso al disminuir la desocupación y con esto la pobreza y la indigencia.
En otras palabras, el proceso de industrialización reduciría la heterogeneidad internacional y nacional que había generado la tradicional división internacional del trabajo. El desarrollo industrial conduciría a consolidar economías con estructuras más diversificadas y homogéneas que permitiría al mismo tiempo reducir la desigualdad existente con los países desarrollados.
De esta forma, para la visión estructuralista la única manera para superar el subdesarrollo de los países latinoamericanos era transformar estructuralmente sus economías. Esto es, transformar las economías agroexportadoras en economías industriales.
Pero entonces la otra pregunta que surge es: ¿cómo pueden las economías latinoamericanas experimentar un proceso de industrialización?. Para los estructuralistas este objetivo se lograba básicamente a través de dos fenómenos: una fuerte intervención estatal y la integración regional.
En la función del Estado el estructuralismo latinoamericano se diferenció nuevamente de la visión ortodoxa sustentada en el liberalismo económico. Los estructuralistas poseían una visión positiva del Estado.
En otras palabras, para estos economistas era fundamental la intervención del Estado en la economía. El libre juego del mercado condujo a las economías de América Latina hacia el modelo agroexportador que se tradujo en un desequilibrio internacional al alejarnos del nivel de desarrollo de los países centrales y a un desequilibrio interno al consolidarse una economía fuertemente heterogénea.
Por lo tanto, para poder generar una transformación estructural de las economías de la región a partir del proceso de industrialización era fundamental la intervención del Estado. Para estos economistas entonces el Estado debía realizar un conjunto de medidas para direccionar el proceso de industrialización, es decir, promover al desarrollo manufacturero a través de un programa planificado.
De esta forma, las principales funciones del Estado debían ser la de acelerar la acumulación del capital intensificando la sustitución de importaciones a través de diferentes medidas como el proteccionismo; construir la infraestructura necesaria para el proceso de industrialización; orientar los recursos financieros hacia la inversión productiva; estimular la inversión privada y promover el desarrollo tecnológico.
Incluso, para la visión estructuralista la intervención estatal en los países latinoamericanos debía ser más sustancial que en los países desarrollados. Efectivamente, en los países periféricos la fuerte intervención del Estado era fundamental para lograr una transformación estructural de las economía periféricas, objetivo que en los países centrales no era necesario.
Junto a la intervención del Estado era imprescindible para el desarrollo industrial de la región, según los estructuralistas, la integración latinoamericana. Pues a la incipiente industria de América Latina le resultaría al principio casi imposible competir con el sector manufacturero de los países desarrollados. Por lo tanto, la integración latinoamericana permitiría la ampliación de los mercados para la industria de América Latina.
De esta forma, la integración económica de la región haría viable la utilización de tecnologías que exigen una gran escala de producción por razones de rentabilidad. En otras palabras, la integración de América Latina daría las condiciones necesarias para que el sector manufacturero se transforme definitivamente en el motor del desarrollo de la región.
Por otro lado, para los estructuralistas la conformación de un bloque latinoamericano era fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista estratégico al permitir ofrecer una mayor oposición a los intereses de los países desarrollados.

La economía kirchnerista

Durante el crecimiento económico experimentado durante la etapa kirchnerista por la economía argentina se verifica un liderazgo de la construcción y de la industria manufacturera entre los sectores productores de bienes. En efecto, los dos sectores de mayor crecimiento fueron la construcción y el sector industrial. De esta forma, a partir del gobierno de Kirchner se produjo un cierto proceso de reindustrialización de la economía argentina, rompiendo de esta manera con el proceso de desindustrialización que se produjo a partir del modelo neoliberal de valorización financiera instaurado por la dictadura militar de 1976.
El inicio de este proceso de valorización productiva se produjo a partir de dos rasgos esenciales reintroducidos por el gobierno de Kirchner: una fuerte intervención estatal y la integración latinoamericana.
Con respecto a la intervención del Estado su puede visualizar en dos aspectos. Por un lado, a partir de un incremento sustancial en el gasto público en general y en la inversión pública en particular. Por otro lado, el aumento del intervensionismo estatal se produjo en el intento del Estado Nacional en la regulación de la economía, como por ejemplo en la fijación de precios máximos para contener la inflación.
Pero también la consolidación de la integración latinoamericana fue uno de los pilares centrales de la etapa kirchnerista con el objetivo central de profundizar el proceso de industrialización de la economía argentina. En este sentido, podemos destacar desde el fortalecimiento del MERCOSUR, la negativa para la conformación del ALCA, la creación del Banco del Sur y la conformación de Unasur, entre otros procesos.
A partir de la resolución 125 que establecía, entre otras cosas, las retenciones móviles a la soja, volvió a la Argentina la disputa entre los dos modelos económicos. Por un lado, las entidades agrarias que proponen, implícita o explícitamente, el retorno del modelo agroexportador. Es decir, estructurar a la economía argentina como exportadora de productos primarios, lo cual implica la inserción periférica de nuestra economía en el comercio internacional y el liberalismo económico como filosofía para restringir la intervención estatal.
Del otro lado, se plantea la necesidad de profundizar el proceso de industrialización a partir de una fuerte intervención del Estado y una integración latinoamericana como vehículo del desarrollo industrial como proponían los estructuralistas latinoamericanos.

¿SÓLO DÓLAR ALTO?

2009-11-27T06:13:00.001-08:00

Juan Santiago Fraschina pagina 12 suplemento económico cash 22 de noviembre de 2009.

Existe un grupo de economista “heterodoxos” que hablan del nuevo modelo de desarrollo impuesto desde el 2003 como la economía del dólar alto en forma despectiva, tratando de marcar que la única política o la política mas importante es la devaluación de la moneda nacional. Para este grupo de economistas, el modelo actual representa, más allá de algunos pequeños cambios, una continuidad del modelo rentístico-financiero-neoliberal iniciado con la dictadura militar del 1976 a partir de las políticas de Martínez de Hoz y legitimado y profundizado durante los gobierno democráticos posteriores.
El primer punto para señalar de esta visión es la relativización de la importancia de mantener un tipo de cambio competitivo. En un país como la Argentina donde culturalmente existe un fuerte apoyo al dólar bajo, es fundamental que el gobierno haya podido sostener un dólar alto.
En efecto, el modelo de Convertibilidad caracterizado por un tipo de cambio bajo las consecuencias económicas y sociales fueron desastrosas. En primer lugar, generó un “boom” importador, lo cual se tradujo en el quiebre de una gran cantidad de industria y en la profundización del proceso de industrialización. Este rasgos del modelo anterior implicó el aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia.
En segundo lugar, el tipo de cambio bajo que provocó un fuerte incremento de las compras al extranjero implicó una balanza comercial deficitaria al importar más de lo que exportábamos. Este déficit se financió fundamentalmente a través de las privatizaciones y la deuda externa pública. En resumen, la sobrevaluación cambiaria que fue un rasgo esencial del régimen convertible consolidó un modelo de desindustrialización unido a una incrementó de la exclusión social financiado por la venta de las empresas públicas y el endeudamiento externo del sector público.
Por lo tanto, haber conseguido sostener un tipo de cambio alto, que se tradujo en un cierto proceso de sustitución de importaciones y reindustrialización del país con el consiguiente generación de puestos de trabajo, reducción del desempleo y la pobreza, en un país con fuertes tendencias al apoyo del tipo de cambio bajo es un éxito de política económica.
Pero además es la política industrial central de la Argentina. La vigencia de un dólar alto no debe ser la única política en apoyo al aparato manufacturero. En efecto, debe ser acompañada de un conjunto de políticas económicas que acompañen al proceso de reindustrialización, como por ejemplo, una política crediciticia y de promoción pro industrial.
Sin embargo, si esta políticas complementarias se llevarán a cabo en un contexto de tipo de cambio bajo serían inútiles. Por lo tanto, y más allá de reconocer la ausencia de algunas políticas importantes, el sostenimiento del dólar alto es fundamental para cualquier intento de poder consolidar un proceso de reindustrialización de la economía argentina.
Ahora bien, el error de esta visión de economistas “heterodoxos” no es sólo el tema de relativizar la importancia del tipo de cambio alto, si no además el de considerar que la única política pro industrial desde el 2003 haya sido el dólar alto.
Junto con el tipo de cambio competitivo se llevó a cabo un conjunto de políticas fundamentales, con mayor o menos éxito, a favor del sector manufacturero. Por ejemplo, la política de subsidios. El subsidio a los servicios públicos para mantener el precio bajo permite reducir el costo de los industriales, al pagar menos gas y electricidad de los que deberían pagar si esos subsidios no existiría.
Pero también el subsidio al transporte público en definitiva termina beneficiando al sector industrial. En efecto, subsidiar las empresas de colectivos y el tren es abaratar el precio de la mano de obra de los industriales. Pues si el gobierno decide quitarle el subsidio al transporte, lo cual se traduciría en un incremento del boleto de colectivo y del tren, el empresaria tendría que aumentar los salarios de sus trabajadores.
Por lo tanto, la política de subsidia del nuevo modelo de desarrollo implica una reducción de los costos industriales. De nuevo, en un país donde culturalmente existe un repudió al subsidio, sostener esta política es un éxito en defensa del sector industrial.
Pero también el robustecimiento del mercado interno llevado a cabo desde el 2003 es una política industrial central. La mayor parte del sector manufacturero argentino, especialmente la pequeña y mediana empresas, se sostiene de sus ventas al mercado interno.
Existen dos políticas fundamentales que permitieron desde el 2003 la expansión del mercado interno. Por un lado, el incremento en forma permanente del gasto público. Por otro lado, la revitalización de las paritarias que implicaron un aumento del salario de los trabajadores, que junto con la reducción del desempleo se tradujo en un aumento del consumo de los sectores populares.
En un país en el cual el gasto público es visto en forma negativa y el aumento de los salarios de los trabajadores es visualizado como un reclamo desmedido de la clase obrera, sostener estas dos políticas para expandir el mercado interno es un éxito de política económica.
El fortalecimiento de la integración latinoamericana es una política pro industrial. En efecto, mientras que el sector agropecuario, al ser una actividad altamente competitiva, exporta principalmente a los países centrales, el sector industrial argentino exporta a los países latinoamericanos. Por eso es que la consolidación de la integración latinoamericano que permite al sector manufacturero poder incrementar sus exportaciones es una política pro industrial central.
En un país en el cual culturalmente existe una tradición que la Argentina debe tener relaciones carnales con los países centrales sostener y profundización la integración económica con los países de la región es un éxito de política económica.
Las retenciones es otra política pro industrial fundamental. En efecto, las retenciones permiten, por un lado, desacoplar los precios internos de los internacionales reduciendo de esta manera el aumento de los precios. Pero por otro lado, las retenciones permiten incrementar la recaudación del Estado para poder llevar a cabo la política de subsidios.
¿Qué pasaría si se eliminan las retenciones a los productos agropecuarios? Primero, aumentarían drásticamente las exportaciones de los productos del campo desabasteciendo al mercado internos generando de esta forma un aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Esto llevaría al aumento de los salarios nominales generando un aumento de los costos laborales para el industrial argentino. Segundo, al eliminar las retenciones se reduce la recaudación del estado, lo cual obligaría a eliminar los subsidios con el consiguiente aumento del gas, electricidad y transporte público provocando de nuevo un incremento de los costos industriales.
En un contexto con el aumento de la ofensiva de las entidades agrarias después de la resolución 125, sostener la política de retenciones es un éxito de política pro industrial.
Por último, conseguir un crecimiento sostenido y sustentable es fundamental para estimular la inversión en la industria. Conseguir un superávit gemelo, es decir, tanto comercial como fiscal, más un proceso de desendeudamiento externo sumado a un incremento de las reservas del Banco Central permitieron darle sustentabilidad a la expansión económica.
La reducción de la incertidumbre permite el aumento de la inversión productiva. En el modelo anterior donde los ciclos económicos eran muy acentuados debido a los vulnerabilidad económica, la incertidumbre era uno de los factores centrales para el aumento de la propensión hacia la inversión especulativa.
Por lo tanto, consolidar una economía menos vulnerable permite reducir las fluctuaciones del producto y al mismo tiempo poder hacer política anticiclica para amortiguar los efectos de las crisis internacionales. Esta mayor solidez de la economía nacional que reduce la volatilidad es un logro esencial para incentivar a la inversión productiva en general y la industrial en particular.
¿Esto implica que todo esta bien en la economía Argentina? ¿Lo dicho anteriormente sugiere que no es necesario ninguna otra política económica para profundizar el proceso de industrialización? La respuesta es no. Existen características de la economía actual que reprodujeron y profundizaron ciertos rasgos del modelo neoliberal y que se deben modificar. Por otro lado, existen otro conjunto de políticas económicas que se pueden deben llevar a cabo para fomentar aún más al sector industrial. Esa nos es la discusión.
La discusión central con los economistas “heterodoxos” críticos es la relativización de todo los que se hizo en materia de política económica desde el 2003 para romper con el modelo rentístico financiero instaurado a partir de mediados de la década del setenta.
¿Habrá que esperar hasta el 2011 cuando gane la oposición para que estos economistas “heterodoxos” puedan valorar todo lo que se esta haciendo desde el 2003 aún sabiendo lo que falta? Espero que no sea demasiado tarde.

LA EXTRANJERIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO

2009-11-27T06:12:00.001-08:00

Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Económico, 20 de noviembre de 2009.

El sistema bancario argentino presenta distintas características que fue adquiriendo particularmente a partir de la reforma financiera introducida por Martínez de Hoz en 1977 en plena dictadura militar, entre ellas podemos destacar la privatización del sistema bancario y la concentración tanto en términos de la cantidad de bancos existentes como en la localización regional.
En este sentido, en las últimas décadas los grandes perdedores fueron los bancos públicos y las pequeñas y medianas entidades financieras a favor de los grandes bancos privados que casi monopolizaron el sistema financiera nacional.
Sin embargo, una tercer característica importante que adquirió el sistema bancario argentino fue su fuerte proceso de extranjerización. En efecto, los bancos extranjeros en los últimos años verificaron un aumento considerable en la economía argentina. Este proceso que se inició a mediados de la década del setenta se profundizó con el modelo de Convertibilidad en los años noventa.
Mientras que los depósitos de los banco extranjeros pasaron de representar del 17,0% de los depósitos totales en diciembre de 1990 al 52,4% en diciembre de 2001, los créditos de los mismos se incrementaron del 5,0% al 49,3% durante el mismo período.
Entre las causas que promovieron la fuerte extranjerización del sistema bancario argentino podemos mencionar en primer lugar las facilidades que se otorgaron durante este período para la constitución de “conglomerados financieros” alrededor de los bancos internacionales, como por ejemplo, fondos de pensión, fondos mutuos y compañías de seguro.
A esto debemos sumarle el proceso de desregulación del sistema financiero que se llevó a cabo durante la década del noventa junto al mayor acceso al financiamiento internacional que se verificó durante estos años. En efecto, las autoridades monetarias eliminaron las funciones de prestamistas de ultima instancia y estimularon la inversión extranjera directa en el sistema bancario con el objetivo de trasladar la función de prestamista de ultima instancia a las casas matrices de los bancos extranjeros. Es decir, se esperaba que las casas centrales de los bancos internacionales respondieran ante un incumplimiento de las obligaciones de las filiales locales para evitar la perdida de reputación de la entidad financiera.
Asimismo, se eliminó el régimen de seguro de deposito reemplazándolo por la imagen de solvencia de la banca internacional para lograr la confianza de los ahorristas. En otras palabras, se estimuló la extranjerización del sistema bancario por parte de las autoridades monetarias argentinas con la idea de lograr una mayor estabilidad del sistema financiero en su conjunto a partir de la contribución de los bancos extranjeros.
Por tal motivo, durante el modelo de Convertibilidad se aplicaron regulaciones permisivas con el objetivo de lograr incrementar el ingreso de nuevos bancos extranjeros a la economía argentina, por la vía de la instalación de nuevas entidades o la adquisición de bancos ya existente. Por ejemplo, en algunos casos se financió con fondos del sector público, mediante el Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, la compra de bancos locales por parte de entidades financieras extranjeras.
La extranjerización del sistema bancario tuvo algunas consecuencias favorables para el sistema financiero argentino. Entre ellas podemos destacar que gracias a la contribución de los bancos extranjeros se produjo un aumento en los volúmenes intermediados, es decir, se verificó una importante expansión de los activos financieros en pesos y dólares como proporción del Producto Bruto Interno. Asimismo, se incrementó la utilización de los servicios bancarios por parte de la población.
Por otro lado, se produjo una mejora sustancial en la infraestructura física y tecnológica del sistema bancario argentino como importantes avances en la funcionalidad y seguridad del sistema de pagos.
Sin embargo, y a pesar de lo esperado por las autoridades monetarias, el aumento de los bancos extranjeros no eliminó, y en algunos casos los acentuó, los problemas en el funcionamiento del mercado financiero argentino. En primer lugar, el sistema bancario argentino siguió experimentando una elevada vulnerabilidad debido a la gran dependencia de los volátiles flujos de capitales internacionales.
En segundo lugar, se acentuó la fragilidad del sistema financiero, debido a que la inexistencia de las funciones de prestamista de ultima instancia no fue reemplazado por el respaldo de las casas centrales a sus subsidiarias locales.
En tercer lugar, la existencia creciente de bancos extranjeros no generó una reducción de la tasa de interés local. Por el contrario, el costo de crédito local para el sector privado era superior a la rentabilidad media de las firmas. Incluso a partir de la ultima crisis del modelo de Convertibilidad iniciada a mediados de 1998 las altas tasas de interés reales provocaron un incremento en la morosidad e incobrabilidad de las deudas bancarias que generó el quiebre de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas.
En cuarto lugar, se profundizó la segmentación del mercado de crédito debido a la creciente concentración de los prestamos bancarios hacia las grandes empresas extranjeras y locales, lo cual provocó una reducción significativa de los créditos hacia las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo también se verificó un importante racionamiento del crédito para las economías regionales. Por su parte, los sectores no transables recibieron la mayor parte del crédito bancario en desmedro de las actividades transables; respondiendo de esta manera a la estructura de precios verificada durante este período.
El colapso bancario que se produjo con el fin del modelo de Convertibilidad fue la mejor demostración de las debilidades del sistema bancario argentino que se profundizaron con la expansión de los bancos extranjeros durante la década del noventa.
Incluso el comportamiento de las actividades financieras extranjeras durante la crisis bancaria de 2001 contribuyó a profundizar los problemas del sistema financiero argentino colaborando al agravamiento de la crisis económica y social.
En efecto, los banco internacionales durante la crisis final del régimen convertible comenzaron a remitir beneficios de manera anticipada y a cancelar líneas de créditos del exterior. De esta forma, en lugar de actuar las casas matrices como prestamistas de ultima instancia de las filiales locales como esperaban las autoridades monetarias, los bancos extranjeros ante el evidente colapso del modelo de Convertibilidad tuvieron un comportamiento exactamente opuesto. Además una vez desatada la crisis bancaria algunas instituciones financieras internacionales optaron por abandonar la economía argentina sin preocuparse por el destino de sus clientes.
Por lo tanto la presencia de bancos extranjeros resulto ineficaz para superar la reducción de la liquidez internacional durante la crisis del régimen de Convertibilidad. Pero además durante la crisis el Banco Central de la República Argentina otorgó a los bancos extranjeros una gran cantidad de volúmenes de asistencia.
De esta manera, la extranjerización del sistema bancario incrementó la volatilidad en las variables financieras y redujo la capacidad para superar los shocks externos, lo cual condujo a un aumento en la fragilidad del sistema financiero argentino.
En definitiva, la mayor presencia de bancos extranjeros sumado a la fuerte concentración bancaria y al retroceso de los bancos públicos que se produjo a partir de mediados de la década del setenta y que se profundizó en los años noventa son uno de los grandes obstáculos que atraviesa la economía argentina para profundizar el nuevo modelo de desarrollo iniciado a partir de 2003.
Es decir, el modelo de valorización productiva que condujo a un proceso de reindustrialización y a la generación de puestos de trabajo necesita una nueva ley de entidades financiera. En otras palabras, la economía argentina requiere la mayor participación de la banca pública y de los pequeños y medianos bancos de origen nacional que permitan los siguientes objetivos:
a) Profundizar el proceso de reindustrialización a partir de privilegiar los créditos productivos en lugar de los prestamos al consumo o para la especulación financiera.
b) Aumentar la competencia otorgándole mayor cantidad de créditos a las pequeñas y medianas empresas, rompiendo de esta forma con la concentración económica que caracteriza a la economía argentina.
c) Aumentar la nacionalización de la economía a partir de beneficiar con créditos más barato a las empresas de origen nacional.
d) Estimular a las economía regionales a partir de la desconcentración territorial del sistema bancario.
e) Colaborar con la distribución del ingreso otorgándole crédito a las cooperativas de trabajo y con los préstamos para la vivienda a una reducida tasa de interés.
Por lo tanto, la discusión sobre la nueva ley de entidades financiera no debe pasar sólamente por cobrarle impuesto a la renta financiera. La tarea debe ser la reconstrucción del sistema bancario que permita al Estado realizar nuevamente una importante política crediticia a partir de poder direccionar el crédito y, por lo tanto, el ahorro nacional, para profundizar de esta manera el modelo de valorización productiva con inclusión social.

La experiencia del ALBA

2009-11-10T07:37:00.000-08:00

Ariadna Somoza Zanuy, pagina 12 suplemento cash, 8 de noviembre de 2009.

Los procesos de transformación que se viven en nuestros días en latinoamérica se empiezan a institucionalizar. Hablamos de procesos de transformación, en general, porque cada uno tiene su particularidad, ya sean socialismos del siglo XXI o estados plurinacionales, y una voluntad común: buscar la integración latinoamericana. Los países que están llevando adelante los procesos más profundos están construyendo el ALBA: la Alternativa Bolivariana para las Américas, como respuesta al intento de implementación del ALCA en nuestras tierras.
El ALBA nació como una iniciativa de Cuba y Venezuela, allá por el 2004, cuando el ALCA era algo inminente hasta que en la Cumbre de Mar del Plata se le dijo NO definitivamente. Hoy en día el mismo está integrado, además, por Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A diferencia del ALCA, se trata de una estrategia de integración basada en la solidaridad, el reconocimiento de las particularidades étnicas y culturales y el bienestar de los pueblos por sobre la libre circulación de mercancías y mano de obra y la libertad de empresa. En el eje económico, el intercambio comercial tiene que ver más con un medio para alcanzar los objetivos anteriores que un fin en sí mismo.
Para alegría de todos, este cambio de época implica también un cambio a nivel de paradigmas, filosófico. La crisis internacional ayudo a que esta vuelta de hoja se profundizara, a que los pasos sean más grandes y decididos. Pero esta crisis demostró también lo perverso del sistema actual, en el cual las grandes potencias siguen siendo una aspiradora de divisas de países que logran recuperarse económicamente y, cuando lo hacen, se descapitalizan antes de poder desarrollarse porque los países centrales aspiran sus divisas. Este sistema tiene su terminal final en la mayor potencia, EEUU, y el “patrón dólar” que rige para todos los movimientos financieros de todo el mundo.
Esta fuga de capitales constantes hacia los países centrales, ya sea vía pago a organismos internacionales de crédito, vía depósitos bancarios en el exterior, colocación en forma de bonos en el tesoro norteamericano y remisión de utilidades de empresas transnacionales, implica ni más ni menos que los países de la región no dispongan de su propio dinero para sustentar sus proyectos nacionales soberanos. Esta dominación económica, por ende, tiene directo impacto en la dominación política. No hay posibilidad de emancipación de la región si no se construye un nuevo sistema financiero, acorde a estos nuevos vientos de cambio.
Es a partir de esta evaluación que el año pasado el ALBA comenzó a pensar y diseñar la idea del SUCRE: Sistema Unitario de Compensación Regional. Esto implica más que una moneda: es una nueva arquitectura financiera para la región, y como tal, demanda distintas etapas para su implementación y desarrollo, en la cual constituir una moneda común es una de ellas.
Como su nombre lo indica, el SUCRE expresa la voluntad de compensar, lo cual significa poder disminuir las diferencias económicas regionales existentes, intentando que el comercio internacional en la región sea más justo, basándose esto en el principio de solidaridad y bienestar de los pueblos. Esto significa pensar mecanismos que eliminen las diferencias en cuanto a los distintos tipos de cambios, a las distintas producciones y productividades, resaltando capacidades y oportunidades de cada país, fortaleciendo a los más débiles, buscando la cooperación monetario-financiera, creando un Banco Regional de Desarrollo para definir inversiones y otorgar créditos a los países miembros. Todo esto no es otra cosa que la integración regional real.
El SUCRE permitiría, con el tiempo, ir reemplazando el “patrón dólar” para las transacciones que se hacen entre los países de la región. ¿Qué sentido tiene que Ecuador tenga que comprar dólares a EEUU para poder comprarle petróleo a Venezuela? En el medio de este perverso mecanismo, queda mucho dinero de los latinoamericanos y, sobre todo, la posibilidad de alcanzar la soberanía política de los proyectos nacionales que se perfilan hoy en nuestra América.
En la 3º Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA del 26 de Noviembre del 2008 realizada en Caracas se acordó la creación del SUCRE, apareciendo en las Declaración Final: “Articular una respuesta regional, impulsada por el ALBA, que busque la independencia respecto a los mercados financieros mundiales, cuestione el papel del dólar en la región y avance hacia una moneda común, el SUCRE, y contribuya a la creación de un mundo pluripolar.” Una definición de este tipo era impensable años atrás y, sin embargo hoy, al calor de los acontecimientos, parece algo real, posible, principalmente porque hemos visto la evolución de la institucionalización de los procesos que los pueblos latinoamericanos están llevando adelante.
Tal vez a la moneda común, el SUCRE en sí mismo, en papel y metal, nos falte todavía un tiempo para poder verla. Sin embargo, los hechos muestran que el camino es en una dirección, firme y sin pausa, es el largo camino de la integración latinoamericana que tanto soñamos y que tanto hablamos, algo que parecía muy lejano y que sin embargo, hoy, podemos empezar a discutir y debatir. Eso es, ya, haber triunfado. Porque eso es el cambio de paradigma que tenemos la suerte de vivir.

El Indec y los bonos

2009-10-23T10:33:00.000-07:00

en revista 2010, octubre de 2009

Hablemos de un tema que está de moda: el Indec. No porque esté de moda, sino porque es sorprendente que esté de moda en uno de los contextos de inflación más baja y controlada que ha tenido nuestra convulsionada historia, historia de grandes crisis inflacionarias, crisis que implican, ni más ni menos, un brutal empobrecimiento de los sectores populares.
¿Cuál es el motivo por el cual, durante día y noche, los medios nos torturan con el tema del Indec? ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo este circo? Tenemos varios aspectos para analizar.
Empezar por el principio es siempre lo mejor. El Indec, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es el organismo estatal que se ocupa de sacar “fotos” a la realidad del país, desde varios puntos de vista. Puede medir cuánto produce la industria, cuántos argentinos hay, cuántos hogares por debajo de la línea de pobreza existen, cómo evolucionan los precios. Para calcular todas estas cosas, se realizan una serie de encuestas y relevamientos de datos y se hacen cálculos estadísticos, que no nos interesan para nada. Lo importante es que el Indec permite al Estado contar con información que es de suma importancia para ejecutar políticas públicas, de toda índole. Es el organismo recolector de datos por excelencia.
Pero más allá de que recolecta datos y, por ende, parecería ser algo “objetivo”, la realidad es que según qué datos recolecte y qué valores tengan, tanto las políticas a aplicar como los intereses que se esconden detrás de estos datos, varían. Para que nos quede más claro: es como un chico que quiere faltar al colegio y le dice a la madre que tiene fiebre…no va a querer que su mamá controle el termómetro, sino que intentara controlarlo él, ponerlo en el velador y comprobar que tiene fiebre para así faltar al colegio… Exactamente esto es lo que ocurre con el Indec. El fuerte cuestionamiento que se construyó desde los medios de comunicación, haciendo base en profesionales que han salido de la universidad pública para luego ser funcionales a un cuestionamiento de lo público, y haciendo base en cierto “progresismo” que evalúa las formas más que el contenido, tiene que ver con la discusión de quién controla y maneja el termómetro. Lo que está en juego no es ni más ni menos que la apropiación de forma privada de un organismo público, la apropiación de los sectores dominantes de un organismo que, según la información que arroje, aumenta o no sus privilegios. Antes, los sectores dominantes no requerían de esto porque controlaban el Estado en forma integral. Hoy, con un proceso popular en marcha, no les queda otra que cuestionar su funcionamiento, que no es más que cuestionar su condición de organismo público al servicio de un proceso político de transformación.
Pero ¿por qué estos sectores están tan empecinados con controlar el Indec? La respuesta es material y concreta: porque muchos de los bonos de la deuda externa, de los cuales los principales acreedores tienen que ver con los grupos económicos afines a grupos mediáticos, tienen su tasa de interés atada a la inflación. Esto quiere decir, sencillamente, que cuanta más inflación haya, más plata ganan. Así de sencillo.
Vamos a palabras conocidas de oído por todos, que no sabemos bien que significan, y que al ponerlas juntas nos pueden demostrar muchas cosas. El CER es un coeficiente que elabora el Banco Central de forma diaria, y que sirve para ajustar tasas de interés de operaciones financieras o inmobiliarias, y se basa en la inflación, por lo tanto, en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Entonces, si el IPC aumenta, por ende la inflación, el CER permitirá que se ajusten mejor los intereses de las operaciones inmobiliarias y financieras, por ejemplo. Principalmente, los bonos de deuda, por lo cual el Estado termina pagando más deuda porque aumentan los intereses a los tenedores de los bonos.
Paradójicamente, muchos de los tenedores de bonos de deuda están, a su vez, relacionados con los principales formadores de precios de la argentina. Pareciera ser que la inflación es un negocio redondo: además de quedarse con más plata por vender sus productos al mercado interno a precios internacionales, diluyendo así el salario de los trabajadores, ganan también y mucho por otra ventanilla, la de los bonos de la deuda, que a cuanta mayor inflación más dinero les remiten. Esto no es más que seguir viviendo de la bicicleta financiera, siempre a costa del empobrecimiento de los sectores populares.
Ahora pareciera que todos, absolutamente todos, morimos esperando los datos de la inflación de cada mes. Si es 0,2 o 0,4 más que el mes anterior. Todos esperamos los datos para confirmar como el gobierno “dibuja”, y creerle a “sondeos privados” que muy sospechosamente proliferan. Esperan agazapados poder reemplazar al Estado en una función tan vital como es la que cumple el Indec. El gobierno dibuja con la inflación, pero cuando dice que se desaceleró tal o cual sector de la industria, ahí si le creemos. El Indec dice la verdad cuando dice cosas malas, y miente cuando dice cosas buenas. Dice la verdad cuando se trata de cuestiones que no afectan los intereses de los sectores dominantes, miente cuando afecta dichos intereses.
La inflación, como otras muchas cuestiones del mundo de la economía, se convierte así en profecía autocumplida. Como el cuento de García Márquez “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Son tantos los intereses que se esconden detrás de la inflación, que no hay nada mejor que un pueblo a la espera de la misma para poder hacerla realidad en cualquier momento. Así se construyeron los procesos inflacionarios en la Argentina. Hoy, gracias al modelo económico que se inicio en el 2003, los sectores dominantes la tienen más difícil, principalmente porque no controlan resortes del Estado que antes si controlaban, que definen políticas públicas, y porque existe una voluntad popular que acompaña y es participe de esas definiciones. Es muy difícil, hoy, venderle al pueblo que lo privado es mejor que lo público, en parte por la propia experiencia que se vivió al respecto, en parte por los avances que este modelo económico provocó, que se acompañan con mayores niveles de conciencia al respecto.
Entonces la pregunta del millón es: ¿vale la pena el precio en credibilidad que el gobierno paga por sostener un índice de inflación, en teoría, más bajo que “el real”? La doña que va al supermercado es muy probable que se siga guiando por los precios del supermercado que por el Indec. El pueblo no ha dejado de dormir a la espera de los nuevos índices. A lo sumo, asocia que lo que dice el Indec no es lo que dice el supermercado. Y eso por supuesto que es nocivo, porque desde los medios no se plantea este problema de fondo, sino simplemente que el gobierno dibuja y miente, sin mucho sentido del porqué. Ahora bien: es una decisión totalmente soberana de este gobierno y de su modelo económico, destinar dinero del Estado a obra pública, trabajo, programas sociales y cooperativas de trabajo, por sobre pagar mayor interés a los tenedores de bonos de deuda. Y ahí está el punto central de la cuestión. Eso es lo que a los sectores dominantes les molesta, porque ahí está en discusión el rol del Estado, ese Estado que muchos de ellos tuvieron en sus manos para ajustar al pueblo y sostener sus privilegios.
Que el Estado destine más dinero a políticas públicas de inclusión y crecimiento es una definición política de este gobierno, innegociable. Es preferible no publicar datos reales acerca de la inflación que publicarlos y beneficiar a los especuladores de siempre. Y decimos no publicarlos porque es seguro que el Estado cuenta con esos datos, sólo que no los pública para no tener que ajustar a través del CER los bonos de la deuda. Es el costo a pagar por sostener definiciones políticas que no son más que perjudicar a ciertos sectores que quieren seguir especulando, y como todo enfrentamiento de intereses, no es para nada sencillo.
Hoy en día se está pensando en desatar estos bonos de deuda al CER, lo cual dejaría sin especulación a través de la inflación a estos sectores. Ese podría llegar a ser el primer paso de desatar el nudo gordiano del problema del Indec.
Nosotros como GEENAP creemos que es importantísimo que el Estado cuente con las herramientas necesarias para definir políticas públicas, y en este caso muchas de estas herramientas las proporciona el Indec. Creemos que no se trata de un problema metodológico sino político, y no queremos que su cuestionamiento sea funcional a los sectores dominantes que se esconden atrás de los “sondeos privados”. Pero por sobre todo creemos, y seguimos creyendo, que el Estado debe seguir y profundizar las líneas de políticas públicas desarrolladas hasta acá: fomento a la industria y el empleo, obra pública, emprendimientos productivos, cooperativas de trabajo, mejorar la salud y educación públicas, intervenir en la economía como hace mucho no se hacía. Creemos que estas cuestiones de fondo, que cambian la materialidad de nuestros compañeros en los barrios, son mucho más constructoras de conciencia acerca de lo que implica un Proyecto Nacional, mucho más fuertes que lo que puedan decir los medios acerca del Indec. Seguimos creyendo en eso, y por eso entendemos la política oficial sobre el Indec, que ni más ni menos, permite que el Estado tenga disponible más dinero para esta políticas mencionadas que para pagarle a los tenedores de bonos mayores intereses por los mismos. Y eso, ni más ni menos, es distribución de la riqueza.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

2009-10-16T08:37:00.000-07:00

Juan santiago Fraschina, Buenos Aires económico, 11 de octubre de 2009.

El conflicto entre la empresa Kraft Foods (empresa norteamericana), ex Terrabusi, con sus trabajadores puso nuevamente en el centro del debate el tema de la inversión extranjera directa.
La economía argentina a lo largo de su historia fue receptora de inversiones externas. Durante el modelo agroexportador (1880-1930) la construcción de la infraestructura se realizó en base a la inversión foránea. En efecto, la construcción de los ferrocarriles como de los distintos servicios públicos son ejemplos de inversión externa durante el modelo agroexportador.
Incluso, en la etapa de industrialización por sustitución de importaciones (1930-1976) la argentina recibió gran cantidad de inversión desde el extranjero. Este fenómeno se puede observar sobre todo, y más allá de sus diferencias sustanciales, durante las presidencias de Arturo Frondizi (1958-1962), a partir de la aplicación del modelo denominado desarrollista, y de Ongania (1966-1970).
Sin embargo, fue durante el modelo de Convertibilidad (1991-2001) donde se verificó el mayor avance de la inversión extranjera. En otras palabras, si bien la economía argentina venía experimentando un alto grado de extranjerización, a partir del régimen convertible y las políticas neoliberales aplicadas durante la década del noventa, la presencia de empresas extranjeras alcanzó niveles inusitados.
Esta mayor presencia de empresas extranjeras en la economía argentina durante los años noventa fue un fenómeno generalizado desde el punto de vista sectorial. Es decir, la extranjerización se produjo en el sector manufacturero pero también en el sector servicios, en la minería, en el sistema bancario, en el sector agropecuario, en el sector energético y en los distintos servicios públicos.
Las causas de este abrupto crecimiento fueron varias . En primer lugar, debemos destacar los factores internacionales que jugaron un papel fundamental en el crecimiento de la inversión extranjera directa en la economía argentina durante el modelo de Convertibilidad. Durante estos años a nivel internacional se verificó un aumento de la inversión dirigida hacia los países del Tercer Mundo, debido principalmente al crecimiento de la competencia internacional que condujo a las multinacionales a buscar nuevos mercados y fuente de aprovisionamiento, a los cambios tecnológicos de la norma de consumo y de los procesos productivos impulsados por el proceso de globalización y la necesidad de instalarse por parte de las empresas extranjeras en todos los mercados principales donde estaban presentes sus mayores competidores.
Sin embargo jugaron un papel fundamental los factores internos como causantes principales de la instalación de firmas extranjeras en la economía argentina. Uno de estos factores locales fue el aprovechamiento por parte de las firmas foráneas del mercado interno, incluyendo el Mercosur. En este sentido, la conformación del Mercosur fue un factor fundamental, y muy especialmente en el sector automotor y autopartes sobre todo para las firmas de origen europeo y estadounidense, como por ejemplo, la Fiat, Renault, General Motors y Chrysler.
Pero existieron otros factores internos que complementaron al mercado interno, y que incluso en algunos casos fueron más importante para la instauración de empresas extranjeras. Entre ellos debemos destacar al programa de privatización de los servicios públicos llevado adelante durante los años noventa, principalmente debido a que el gobierno exigió como condición para hacerse cargo de las empresas estatales una cierta antigüedad en la operación del servicio, lo cual implicaba obligatoriamente la participación de las firmas extranjeras al no existir ninguna empresa nacional privada con experiencia previa en la operación de los servicios públicos privatizados.
También fue importante para el crecimiento de la inversión extranjera directa la decisión clara de estimularla, profundizando de esta forma las políticas económicas introducidas por la dictadura militar de 1976 al terminar de desmantelar las restricciones y regulaciones para la instauración de empresas extranjeras en la economía argentina, pasando del control a la promoción de la inversión extranjera directa. En efecto, en los años noventa se promulgaron una serie de leyes tendientes a profundizar el proceso de liberalización de la inversión extranjera directa. De esta manera, se eliminaron todas las restricciones para la inversión de las empresas extranjeras en la economía argentina.
Ahora bien, la pregunta central es ¿cuáles fueron las consecuencias económicas de la mayor presencia de empresas extranjeras en la economía argentina?, o de otra manera ¿la mayor inversión extranjera directa experimentada durante la década del noventa contribuyó al desarrollo nacional?
Cuando se analiza la repercusión de las empresas foráneas en la economía nacional puede describirse los siguientes resultados. En primer lugar, el incremento de la inversión extranjera directa contribuyó escasamente a la formación de capital en la economía argentina debido fundamentalmente a que predominó la inversión extranjera vía fusiones y adquisiciones en comparación con la destinada a la ampliación de la capacidad productiva.
Con respecto al comercio exterior las empresas transnacionales exhibieron una tendencia mayor que las firmas locales a experimentar déficit comerciales. Salvo las empresas transnacionales orientadas a las exportaciones, el resto de las firmas extranjeras tuvieron una tendencia a funcionar con déficit comercial.
Mientras que las empresas locales experimentaron una mayor propensión a las ventas externas que a las importaciones, todo lo contrario sucedió con las empresas transnacionales. Estas últimas tuvieron durante el modelo de Convertibilidad una mayor orientación importadora en casi todos los sectores económicos. Una de las causas fundamentales que nos permite explicar este comportamiento es la facilidad que las firmas extranjeras tuvieron para la obtención de productos importados desde otras filiales de la corporación.
En términos de la Balanza de Pagos la inversión extranjera fue de gran importancia para su financiamiento. Sin embargo, dicho efecto positivo de las inversiones extranjeras directa sobre el saldo de la cuenta de capital se contrapuso al efecto fuertemente negativo que se verificó en la cuenta corriente como consecuencia del aumento de las empresas extranjeras durante el modelo de Convertibilidad.
Este efecto negativo se debió fundamentalmente a partir del incremento de la remisión de utilidades y dividendos por parte de las empresas transnacionales insertadas en la economía argentina hacia sus casas matrices.
Este fenómeno demuestra que las empresas extranjeras tuvieron una reducida propensión a la reinversión de utilidades en la economía argentina; lo cual se encuentra estrechamente vinculado con la mayor facilidad que existía en el régimen convertible para la remisión de utilidades por parte de las filiales de las empresas transnacionales insertadas en la economía argentina.
Asimismo, debemos agregar otras vías de transferencia de utilidades que fueron sumamente significativas por parte de las empresas transnacionales, como por ejemplo, a través de pagos por licencias e insumos tecnológicos, precios de transferencias en el comercio intrafirma, entre otros métodos.
Sumando todo lo anteriormente expresado podemos extraer algunas conclusiones acerca del impacto de la inversión extranjera directa en el Balance de Pagos. En primer lugar, y en contraposición de las empresas nacionales, las firmas transnacionales presentaron durante el modelo de Convertibilidad un déficit en su balanza comercial. Por otro lado, las empresas extranjeras experimentaron durante este período un déficit en el rubro servicios reales, intereses, utilidades y dividendos. Podemos concluir entonces que las empresas transnacionales arrojaron un fuerte déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.
En conclusión, considerando la cuenta de capital la inversión extranjera directa implicó la conformación de un saldo positivo como resultado del aumento de la inversión extranjera directa. Sin embargo, en forma global el aporte de las empresas extranjeras en el Balance de Pagos fue casi nulo o incluso negativo durante el modelo de Convertibilidad debido a que los efectos positivos en la cuenta de capital como resultado del ingreso de inversión extranjera directa era compensado por el déficit generado en la cuenta corriente provocado a partir de la operatoria de las filiales de las empresas transnacionales insertadas en la economía argentina.
Por otro lado, en relación al comercio exterior las empresas extranjeras experimentaron una concentración de sus exportaciones en productos primarios, particularmente de origen agropecuario. Asimismo, dentro de los productos industriales exportados por las empresas extranjeras se destacaban los bienes basados en recursos naturales, sobre todo de nuevo los relacionados con el sector agrario . Asimismo, a partir del modelo de Convertibilidad comenzaron a ser importante las exportaciones mineras y energéticas de las empresas transnacionales fundamentalmente con la privatización de YPF a Repsol y de la iniciación de varios proyectos mineros por parte de firmas extranjeras.
Por lo tanto, al analizar las características de las exportaciones de las empresas transnacionales podemos establecer que las mismas se concentraron en productos poco sofisticados y de poco valor agregado en los cuales la economía argentina tradicionalmente tuvo ventajas comparativas. De esta forma podemos establecer que el aumento de las empresas extranjeras no contribuyeron a mejorar el perfil exportador de la economía argentina, concentrándose sus ventas en los productos primarios y bienes basados en recursos naturales; reproduciendo la orientación exportadora que tuvo la economía argentina desde el modelo agroexportador.
Por otro lado, las empresas extranjeras tuvieron una baja intensidad de los gastos en inversión y desarrollo, es decir, la intensidad de los esfuerzos innovativos por parte de las empresas foráneas fue bajo. Por lo tanto, una de las consecuencias del aumento de la inversión extranjera directa fue la creciente transnacionalización de la oferta tecnológica, tanto en la incorporación de bienes de capital como de insumos estratégicos con el objetivo de diferenciar los productos.
Es decir, y por todo lo anteriormente dicho, la mayor presencia de las empresas extranjeras durante la década del noventa profundizaron la inserción periférica de la economía argentina en el mercado internacional. Dicho de otra forma, la inversión extranjera directa se transformó en un obstáculo para el desarrollo económico y social de la Argentina.
El colonialismo mental de los economista ortodoxos se centra en dos premisas: a) la dependencia al Fondo Monetario Internacional y al sistema financiero internacional para el financiamiento y b) la importancia de la inversión extranjera directa en el desarrollo nacional.
Sin embargo, tanto el organismo financiero como las empresas foráneas sólo contribuyeron a la dependencia del país y a la consolidación de una economía proveedora de materias primas sin desarrollo nacional.
A partir del 2003 se consolidó en la Argentina un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la valorización productiva, basada fundamentalmente en el proceso de reindustrialización de la economía argentina, y la inclusión social, centrada en la generación de puestos de trabajo.
Para el desarrollo de este nuevo modelo fue fundamental el pago al Fondo Monetario Internacional para evitar las condicionalidades impuestas por el organismo que nos llevaron a la degradación económica y social. Por lo tanto, es momento de centrarnos en el otro punto necesario para el desarrollo del país: la nacionalización de la economía argentina.

Romper el colonialismo mental

2009-09-29T14:08:00.001-07:00

Juan Santiago Fraschina, Pagina 12, 28 de septiembre de 2009.

Sostener el aumento del gasto público en medio de la crisis financiera internacional ha sido uno de los aciertos más importantes del gobierno nacional. Ante el derrumbe de las potencias económicas que ha repercutido en la economía argentina sobre todo vía comercio exterior, el gobierno nacional decidió incrementar el gasto público como principal política anticiclica. En efecto, ante la caída de la demanda externa, el sostenimiento del crecimiento del mercado interno a través del aumento de las erogaciones del sector público permitieron que la crisis internacional no repercutiera fuertemente en la economía nacional.
Sin embargo, la política fiscal expansiva junto con el desaceleramiento en el crecimiento de la recaudación tributaria debido al impacto de la crisis mundial, generaron una reducción en el superávit fiscal y una nueva discusión sobre el problema del financiamiento.
Ante el deterioro del superávit primario volvieron a aparecer los neoliberales reclamando el retorno de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, poniendo nuevamente al organismo financiero en el centro de la política económica nacional.
Pero volver al Fondo es nuevamente subordinarse al mercado financiero internacional que son los mismos que llevaron a la Argentina a la peor crisis económica y social de su historia en el 2001 y que son responsables del colapso mundial actual.
Estos sectores pretenden el retorno al FMI como un instrumento para acotar el intervensionismo estatal que se viene dando desde el 2003. Como el mayor protagonismo del Estado afectó ciertos intereses económicos poderosos, como en el caso de la estatización de las AFJP, buena parte de los sectores dominantes visualizan al organismo internacional como un aliado estratégico para detener la presencia del Estado en la economía.
Estos sectores representantes del colonialismo mental sueñan con un país periférico, subordinado a los centros de poder, exportador de materias primas a los países desarrollados; para lo cual la reinserción del Fondo en nuestro país es una de las políticas principales. Según estos sectores la Argentina es un apéndice de la economía mundial y que tiene que ser regulada desde afuera.
Estos mismos sectores son, en general, los que reclaman la eliminación de las retenciones para colocar al país en una situación de vulnerabilidad financiera para tener que recurrir al financiamiento externo y por lo tanto aceptar las condiciones impuestas por el organismo internacional.
Volver al Fondo es perder nuevamente como en la década del noventa el control de la macroeconomía y por consiguiente de construir un proyecto endógeno de desarrollo económico y social. El discurso es de nuevo volver a darles señales amistosas al mercado financiero, lo cual implica aceptar las condicionalidades impuestas por el Fondo. De esta manera, el retorno al Fondo conduciría a un disciplinamiento de la economía argentina funcional a los sectores dominantes.
Ahora esas condiciones son arreglar con el Club de Paris y los holdouts. Mañana es aplicar el déficit cero, privatizar el sistema previsional, reducir el gasto público, bajar los impuestos a los sectores de altos ingresos, desregular la economía, eliminar los subsidios e imponer todas las políticas neoliberales ya conocidas.
Por eso el pago al Fondo Monetario Internacional significó una política fundamental para la construcción y consolidación de un modelo de valorización productiva con inclusión social, es decir, de un proyecto de desarrollo nacional a partir de un mayor intervensionismo estatal.
Entonces el retorno o no al Fondo Monetario Internacional no es una cuestión técnica ante la necesidad de financiamiento, si no más bien una cuestión política de volver o no a subordinar al país a los intereses de los países centrales y del sistema financiero internacional.
El país ya experimentó las recetas del Fondo. En la década del ochenta con los planes de ajuste estructural que implicaban una reducción permanente del gasto público. En la década del noventa con el Consenso de Washington que junto con la reducción de las erogaciones del Estado se adicionaron cambios estructurales como el programa de privatizaciones, la apertura comercial, la desregulación de los mercados y la flexibilización laboral.
Ambos planes terminaron en las dos crisis más profundas de la historia. En efecto, la crisis hiperinflacionaria de fines de la década del ochenta y la caída de la convertibilidad en el 2001.
Los sectores dominantes quieren imponer que las dos únicas alternativas para la Argentina sean reducir el gasto público y/o retornar al Fondo para reincorpóranos en el sistema financiero internacional. Sin embargo, existe una tercer opción: aumentar la presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos. De esta forma, se podría seguir sosteniendo el superávit fiscal al mismo tiempo que aumentar el gasto público para expandir la demanda agregada.
La disyuntiva es clara: seguir con el colonialismo mental lo cual implica volver al Fondo o profundizar el modelo de desarrollo nacional iniciado en el 2003.

La necesidad de un Banco de Desarrollo

2009-09-25T07:50:00.000-07:00

Diario Buenos Aires Económico, 22 de septiembre de 2009, por Juan Santiago Fraschina y Jose Cornejo.

Convertibilidad…

En el modelo de Convertibilidad (1991 – 2001) prevaleció el tipo de cambio bajo (un dólar costaba solo un peso) que junto con la apertura comercial tuvieron dos efectos devastadores para la economía y la sociedad argentina. Por un lado, la sobrevaluación cambiaria y la reducción de los aranceles a las importaciones generaron un “boom” importador que condujo a un déficit comercial que sólo se revertía en las fases recesivas como resultado de la caída de las compras al extranjero.

El desequilibrio comercial, la remisión de utilidades por parte de las empresas extranjeras, el pago de los servicios de la deuda externa y la privatización de los aportes jubilatorios provocaron un déficit crónico de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Básicamente, este déficit tuvo dos fuentes de financiamiento: las privatizaciones y la deuda externa. Cuando la transferencia de los servicios públicos al sector privado se consumó, la deuda externa (principalmente) pública, se transformó en el único sostén del desequilibrio. Por otro lado, el tipo de cambio bajo con apertura comercial se tradujo en un fuerte proceso de desindustrialización. La baja competitividad de la pequeña y mediana empresa obligó a varias empresas a dos caminos: la quiebra o la transformación en importadoras. En ambos casos significó el abandono de la producción nacional. Las consecuencias sociales de este proceso de desindustrialización fueron el aumento del desempleo, la caída del salario real de los trabajadores, el incremento de la pobreza y la indigencia y una mayor concentración del ingreso.

En resumen, el modelo de Convertibilidad significó privatización y aumento de la deuda externa para financiar el quiebre del aparato productivo y con ello el incremento de la exclusión social. Este modelo estalló en diciembre de 2001, donde quedó explicito su insostenibilidad económica, social y política.

…devaluación…

La salida del régimen convertible implicó durante el gobierno de Duhalde la devaluación de la moneda nacional aumentando de esta manera la competitividad de la economía argentina. La devaluación fue funcional al sector agropecuario por ser una actividad exportadora, incrementando su renta en pesos. Pero también, el aumento de los precios internacionales de los bienes primarios generó una suba de la renta agraria en divisas. Es decir, la renta del sector agropecuario creció tanto en pesos y en divisas. Pero la devaluación también benefició al sector manufacturero. A partir del tipo de cambio alto se experimentó un incipiente proceso de sustitución de importaciones en el sector industrial al aumentar su competitividad y rentabilidad.

Estos fenómenos tuvieron dos consecuencias positivas para Argentina. En primer lugar, permitieron crecimiento económico con superávit comercial. En segundo lugar, la expansión económica motorizada en gran parte por la industria se tradujo en una caída del desempleo y la pobreza. Sin embargo, el incremento del tipo de cambio (un dólar ya costaba tres pesos) generó un aumento de los precios que produjo una caída del salario real de los trabajadores.

…y desarrollo

En un sentido dialéctico, durante el gobierno de Kirchner se aplicaron distintas políticas para recuperar el poder de compra de los asalariados. Por un lado, medidas con objetivos de desacelerar el aumento de los precios internos: retenciones, precios máximos y subsidios. Por otro lado, la recuperación del salario nominal a partir del apoyo explícito a las paritarias y el incremento del salario mínimo, vital y móvil. Por lo tanto, la conjunción de la menor inflación y el incremento de las remuneraciones produjo una recuperación del salario real. Esto es clave para profundizar el modelo actual de valorización productiva con inclusión social.

Sin embargo, la competitividad no puede depender exclusivamente del tipo de cambio. Por lo tanto, el aumento de la productividad es clave para la consolidación del modelo productivo que permita avanzar contra la pobreza. En este sentido, la construcción de un Banco de Desarrollo es fundamental. El mismo, debe diferenciarse de los bancos tradicionales a partir de financiar exclusivamente la producción y no el consumo o la valorización financiera.

Para esto las características del BNDES brasileño es de suma importancia para la formación de un banco de desarrollo similar en nuestro país. Las políticas del BNDES priorizan proyectos que promueven el desarrollo económico con inclusión social estimulando los emprendimientos que crean empleo y renta a partir del desarrollo de distintos programas.

Por ejemplo, programas agropecuarios como el Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), Modernización de la Flota de Tractores Agrícolas e Implementos Asociados y Cosechadoras (MODERFROTA), Incentivo a la Irrigación y el Almacenaje (MODERINFRA), Modernización de la Agricultura y Conservación de Recursos Naturales (MODERAGRO), Siembra Comercial y Recuperación de Florestas (PROFLORA), Desarrollo Cooperativo para Agregación de Valor a la Producción Agropecuarias (PRODECOOP), Capitalización de Cooperativas Agropecuarias (PROCAP – AGRO), entre otros. Asimismo, programas industriales como por ejemplo Apoyo para el Desarrollo de la Cadena Productiva Farmacéutica (PROFARMA), Fondo para Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones (FUNTTEL), Fondo para el Desarrollo de la Industria Nacional de Software y Servicios Relacionados (PROSOFT), Apoyo a la Cadena Productiva del Audiovisual (PROCULT), Financiamiento para las Empresas de la Cadena Productiva Aeronáutica Brasileña (PROAERONAUTICA), Apoyo a la Revitalización de Empresas (REVITALIZA), entre otros. Pero por otro lado, junto con el financiamiento productivo, el BNDES brasileño desarrolla un conjunto de programas sociales para fortalecer la inclusión social. Entre ellos podemos destacar el programa de Apoyo a la Consolidación de Emprendimientos Autogestionarios (PACEA), Micro créditos, Camino de la Escuela, Financiamiento para la Adquisición de Vehículos de Transporte Escolar (PROESCOLAR) y Mejora de la Enseñanza de las Instituciones de Educación Superior (programa IES).

La reforma financiera llevada a cabo por Martínez de Hoz en 1977 fue fundamental para la constitución del modelo de valorización financiera que se tradujo en un proceso de desindustrialización, aumento de la deuda externa, la fuga de capitales, el aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia. La construcción de un banco de desarrollo nacional es imprescindible para la consolidación del nuevo modelo de desarrollo caracterizado por la valorización productiva con inclusión social.

LA MAYORÍA SATISFECHA

2009-08-19T08:15:00.000-07:00

Revista 2010, Agosto de 2009, Año 3, n°30.

La mayoría satisfecha:

En su libro “La cultura de la satisfacción”, John Kenneth Galbraith analiza cómo las ideas liberales desde su nacimiento fueron funcionales a los grandes empresarios (los “satisfechos”, según el economista norteamericano). Esto se puede ver claramente, aunque el autor no lo plantea, en la idea de la mano invisible desarrollada por Adam Smith a fines del siglo XVIII donde se muestra más cabalmente la funcionalidad del liberalismo económico para el grupo de “los satisfechos”.

Según Smith la mano invisible implica la coincidencia entre el interés individual con el interés general, lo que descarta cualquier intervención del Estado en la economía. En efecto, según el economista escocés, el individuo en el mercado satisfaciendo sus propias necesidades colabora con un objetivo que no buscaba: el bien común.

Esta idea es la concepción central del liberalismo económico. De esta forma, ningún empresario podría sentirse culpable buscando maximizar sus propias ganancias porque de esta manera esta colaborando con el bienestar de la sociedad.

Incluso, plantea el autor, en plena crisis de 1929 donde se puso de manifiesto el fracaso del liberalismo económico, la intervención del Estado generó una fuerte resistencia por parte de los satisfechos. Durante la Gran Depresión mientras se generalizaba el desempleo sin subsidios, la crisis agrícola se profundizaba, crecían los ancianos sin pensión y aumentaba la explotación de las mujeres y de los niños en las fabricas; los que permanecían favorecidos se oponían a cualquier intervención del Estado.

En este contexto, Franklin D. Roosevelt fue elegido como presidente de los Estados Unidos a partir de una especie de engaño político. Al mismo tiempo que prometía cambios y reformas para conseguir la reactivación económica, aseguraba mantener un presupuesto equilibrado y un reducido gasto público con el objetivo de tranquilizar al grupo de los satisfechos.

Cuando Roosevelt experimentó el New Deal (Nuevo Acuerdo) que implicaba un fuerte incremento del intervencionismo estatal, los opulentos resistieron a través de diferentes dispositivos constitucionales. De hecho, el banquero Morgan, espantado por la acción estatal, advertía al Senado que “si se destruye la clase ociosa, se destruye la civilización” y continuó diciendo que la clase ociosa son “todos aquellos que pueden permitirse pagar una sirvienta”.

Sin embargo, sostiene Galbraith, el New Deal de Roosevelt fue fundamental para recomponer el sistema capitalista norteamericano y en este sentido proteger el bienestar de aquellos individuos que el capitalismo más favorece, esto es, de los satisfechos.

A partir de esta introducción el autor comienza a analizar lo que él denomina la “mayoría satisfecha”. Según Galbraith este sector social incluye a las personas que manejan las grandes empresas financieras e industriales y a sus asalariado medios y superiores, a los profesionales, a los empleados subalternos con ingresos garantizados, a los que poseen negocios independientes, una buena parte de los agricultores, trabajadores con oficio, ancianos con buenas jubilaciones que les permite vivir sin sobresaltos, entre otros grupos.

Es decir, la “mayoría satisfecha” es un grupo heterogéneo de personas pero que presentan una característica común: tienen garantizado en mayor o menor medida su bienestar material y consideran que el futuro se encuentra bajo su control personal.
Según Galbraith, esta mayoría satisfecha presenta cuatro características fundamentales:

1) La primer característica es su afirmación de que los que la componen están recibiendo lo que se merecen en justicia. Es decir, que los individuos que integran la mayoría satisfecha están convencidos de que lo que disfrutan es producto de su esfuerzo, su inteligencia y su virtud personal;

2) La segunda característica es su actitud hacia el tiempo. En efecto, la mayoría satisfecha posee una actitud adversa por el largo plazo. Prefieren el corto plazo en detrimento del largo plazo por una cuestión sencilla: el largo plazo puede no llegar nunca;

3) La tercera característica de los opulentos de la sociedad es su visión sumamente selectiva del papel del Estado. En líneas generales, la mayoría satisfecha visualiza al Estado como una carga. De esta forma, para los que disfrutan de una situación desahogada es imprescindible reducir o eliminar esta carga, lo cual se traduce en una reducción de los impuestos;

4) La cuarta y última característica es la tolerancia que presenta la mayoría satisfecha respecto a las grandes diferencias de ingreso. El autor plantea que aquellos que pertenecen al sector afortunado de la sociedad aunque menos acaudalados soportan los ingresos sumamente elevados de los muy ricos, por temor a que en la redistribución de la riqueza estén amenazados también sus ingresos.

En resumen, estas son las cuatros características de la mayoría satisfecha, es decir, del sector social que tiene la posibilidad de disfrutar un bienestar económico que le permite vivir con desahogo sus vidas.

A su vez, el autor plantea que existe una minoría de los satisfechos que les preocupa además de su satisfacción personal la situación de los desfavorecidos que no tienen la suerte de participar de su bienestar material.

En efecto, existe un grupo de individuos integrados por intelectuales, periodistas, disidentes profesionales que manifiestan simpatía por los marginados. Sin embargo, plantea Galbraith, no constituyen una amenaza seria para la mayoría satisfecha. Todo lo contrario, este grupo consolida la posición de los opulentos al democratizar la posición dominante de la mayoría satisfecha.

Los satisfechos argentinos
A partir del conflicto desatado con las retenciones móviles se observó en todo su esplendor el accionar de la mayoría satisfecha argentina. A lo largo de todo el conflicto se vio reflejado en todos los actores sociales que se opusieron a la medida implementada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente las entidades agrarias, las distintas características detalladas por Galbraith que presentan los sectores opulentos norteamericanos.

1) Los agricultores afirmaron que están recibiendo lo que se merecen en justicia, esto es, que la renta agraria percibida es producto de sus esfuerzos. En este sentido, se estereotipó al agricultor como el campesino que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar sus tierras y que trabaja de sol a sol.

Por lo tanto, para los agricultores no es justo que el Estado intervenga a través de las retenciones para extraerle parte de su renta con el objetivo de distribuirlo entre los menos favorecidos. Es decir, la mayoría satisfecha argentina se mostró indignada ante la intención del Estado nacional de cobrarle impuesto al núcleo sojero pues lo consideran como una usurpación de aquello que tan claramente se merecen.

En este sentido, se oculta que buena parte de la renta percibida por los agricultores es como resultado de una política económica llevada a cabo por el gobierno nacional: la devaluación de la moneda. Política económica que además fue soportada por los asalariados que a partir de la inflación vieron reducido su salario real;

2) En las entidades agrarias durante el conflicto también se notó su privilegio del corto por el largo plazo. En efecto, gran parte de su discurso en contra de las retenciones móviles era que se debía aprovechar el contexto internacional que favorecía a la Argentina a partir de los elevados precios de las materias primas.
Para las entidades agrarias esto significa venderle al mundo lo que el mundo necesita. Es decir, retomar los lineamientos generales del modelo agroexportador que implica la venta externa de productos primarios, fundamentalmente soja.
Por lo tanto, para aprovechar el contexto internacional, según los agricultores, es conveniente reducir las retenciones para así de esta manera permitirles incrementar la inversión agraria y de esta forma producir una mayor cantidad para aumentar las exportaciones.

Esto implica que el Estado no intervenga para fijar las rentabilidades relativas de la economía. Esto se traduciría en que ante el aumento abrupto de la soja a nivel internacional la rentabilidad del sector sojero es mayor a la rentabilidad de los otros sectores económicos, esto es, al resto de las actividades agrarias – ganaderas y al sector manufacturero.

Este fenómeno genera que la mayor parte de la inversión sea destinada en la economía argentina a la producción de soja desalentando de esta forma la inversión en trigo, maíz, leche, carne y productos manufacturados. Esto se traduce en dos hechos: primero, como la soja se produce casi exclusivamente para la exportación se reduciría la producción de productos agrarios – ganaderos que se destina al consumo interno y, segundo, se atentaría al modelo de industrialización al ser menos rentable la inversión en el sector manufacturero que en el sector sojero;

3) Durante todo este conflicto también se observó la visión sumamente selectiva por parte de las entidades agropecuarias del papel del Estado. Una de las cuestiones que quedó más claro es que para los agricultores el Estado en líneas generales es percibido como una carga.

Para ellos el Estado es un socio que participa de las ganancias del campo pero que desaparece en los momentos de las malas cosechas. Por lo tanto, exigen la no intervención del Estado en la economía;

4) En el conflicto por las retenciones móviles se observó también la tolerancia que muestra gran parte de la mayoría satisfecha respecto de las grandes desigualdades en la distribución del ingreso. En efecto, las entidades agropecuarias estuvieron fuertemente apoyadas por un gran sector de los afortunados que nada tenían que ver con el campo ni muchos menos les afectaba las retenciones móviles de la soja. Incluso, este apoyo se dio conociendo las rentas extraordinarias percibidas por el núcleo sojero que lideró el conflicto agrario.

Si bien detrás de este apoyo podemos encontrar un número importante de causas, uno de los factores fundamentales es la oposición a cualquier medida redistributiva implementada por el Estado nacional. Pues esta distribución es amenazante para el grueso de la mayoría satisfecha.

De esta forma, prefieren apoyar la renta extraordinario de un grupo reducido de productores con tal de no ser afectada en algún momento su renta en el proceso de distribución del ingreso. Parafraseando a Galbraith, la opulencia esplendorosa del núcleo sojero es el precio que paga el resto de la mayoría satisfecha menos opulenta para poder retener lo que es menos pero que está muy bien de todos modos.

Por tal motivo, buena parte de la mayoría satisfecha argentina salió en defensa de las entidades agropecuarias a pesar de no sentirse afectado directamente por las retenciones móviles establecidas por el gobierno nacional.

Por último, también durante el conflicto agropecuario participó esa minoría de la mayoría satisfecha preocupada por los marginados pero inofensiva para la posición dominante de los opulentos. En efecto, una parte del progresismo argentino integrado por intelectuales, periodista y políticos que escribían y hablaban permanentemente a favor de la distribución del ingreso pero que sin embargo durante este conflicto decidieron ser funcionales, por diferentes motivos, a las entidades agropecuarias.
Estos sectores son profundamente necesarios para darle un aire de democracia a la posición dominante de la mayoría satisfecha. Entre estos sectores podemos destacar a Proyecto Sur cuyo diputado Claudio Lozano a pesar de expresar su pasión por la redistribución del ingreso terminó votando, más allá de sus explicaciones, a favor de las entidades agropecuarias.

El voto de Cobos por la negativa al proyecto de retenciones móviles para la soja muestra la preponderancia cultural, económica, política y social de la mayoría satisfecha argentina. Los sectores opulentos de la sociedad afirman que gracias al voto de Cobos se pacificó el país. Pero al mismo tiempo dan una señal: esta pacificación depende de que la posición dominante de la mayoría satisfecha no se vuelva a discutir, esto es, la paz social depende de que no se insista más en la distribución del ingreso.

EL PLAN ECONÓMICO DE LOS SECTORES DOMINANTES

2009-07-27T12:58:00.000-07:00

por Juan Santiago Fraschina,
Luego de las elecciones y de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires los sectores dominantes comenzaron a profundizar el diseño de su “nuevo” plan económico. En efecto, tanto la Mesa de Enlace como la Unión Industrial Argentina redoblaron sus presiones al gobierno para la imposición de su modelo económico, coincidiendo en sus rasgos esenciales.
Uno de los pilares fundamentales del programa económico de los sectores dominantes es la devaluación de la moneda nacional. En este sentido es imprescindible discutir algunos puntos. En primer lugar, la devaluación no es mala ni buena en sí misma.
Es más, la fuerte recuperación económica que permitió la generación de puestos de trabajo a partir de la salida de la Convertibilidad fue en gran parte gracias al tipo de cambio competitivo.
Mientras que en la década del noventa el atraso cambiario generó un “boom” importador y desalentó las ventas externa que llevaron a un proceso de desindustrialización y a un consiguiente incremento de la desocupación y de la exclusión social, el crecimiento post convertibilidad a partir del tipo de cambio alto permitió una reindustrialización de la economía argentina asociado a una fuerte generación de puestos de trabajo y una reducción de la pobreza y la indigencia.
En otras palabras, el nuevo modelo de desarrollo actual caracterizado por la valorización productiva y la inclusión social se debió en gran medida al tipo de cambio competitivo como resultado de la devaluación de la moneda nacional.
Sin embargo, los efectos de la devaluación dependen de las políticas económicas que la acompañan. En tal sentido, las “recomendaciones” de los sectores dominantes es que, junto con la devaluación de la moneda nacional, se apliquen las siguientes medidas económicas:
- Reducción o eliminación de las retenciones.
- Eliminación de las paritarias.
- Fin de los precios máximos.
Las consecuencias de estas políticas económicas son claras. En primer lugar, la devaluación junto con una disminución o desaparición de las retenciones a las exportaciones provocaran el aumento de las exportaciones de los productos agrarios ganaderos generando un desabastecimiento del mercado interno que, junto con la desregulación de los precios, conduce a un proceso inflacionario de los productos de primera necesidad.
Este aumento de los precios, sumado al congelamiento del salario nominal como resultado de la eliminación de las paritarias, conduciría a una pulverización del salario real de los trabajadores. Esto es, se reduciría el poder de compra de los asalariados.
Los integrantes de la Mesa de Enlace experimentaran un aumento mayor de su renta extraordinario al incrementar sus ventas externas de sus productos, y los miembros de la Unión Industrial Argentina, que representa a los grandes industriales del país, verificaran una disminución de sus costos salariales como consecuencia de la reducción de la remuneración real de los obreros.
Pero el programa económico de los sectores dominantes continúa. A esto debemos sumarle una reducción del gasto público. Efectivamente, tanto los dueños de la tierra como de las grandes empresas coinciden que el aumento del gasto público fue en los últimos años exorbitante.
Por lo tanto, según los sectores dominantes, el aumento del gasto del Estado obligó al incremento permanente de la presión tributaria. De esta forma, si reducimos las erogaciones del sector público podemos bajar los impuestos, como por ejemplo las retenciones a las exportaciones.
Pero además, si la baja del gasto público no permite compensar la reducción de la recaudación tributaria como consecuencia de la disminución de los impuestos a los sectores dominantes, lo cual generaría un déficit fiscal, podemos recurrir al Fondo Monetario Internacional.
Es decir, cubrir el desequilibrio fiscal con un nuevo proceso de endeudamiento externos del sector público. Volver a endeudarnos para sostener un incremento aún mayor en la rentabilidad de los dueños de los campos y del capital concentrado interno.
En resumen, la devaluación de la moneda nacional, el congelamiento del salario nominal, la desregulación de los mercados, la disminución de los impuestos a los sectores altos, la reducción del gasto público y el retorno al Fondo Monetario Internacional forman parte esencial del modelo económico de los sectores dominantes.
Los resultados de este modelo son bien conocidos. Reducción del mercado domestico como consecuencia de la caída del poder de compra de los trabajadores y de la reducción del gato público generando el quiebre y desaparición de una buena parte de las pequeñas empresas provocando el aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia. Esto es, un modelo de concentración con exclusión social que predominó durante la década del noventa y el modelo de Convertibilidad.
Los perjudicados de este programa son también conocidos. Por un lado, los sectores populares que verán reducido su ingreso real. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas que dependen en gran medida del mercado interno.

Cambiar la ley

2009-07-06T10:37:00.000-07:00

por Ariadna Somoza Zanuy, 5 de Julio de 2009,Página 12 Suplemento Cash

Existe un dato en la realidad económica que no debe dejarnos dormir en paz: la Ley de Entidades Financieras que rige hoy en nuestro país data de la época de la dictadura. La misma fue sancionada en el año 1977, épocas en las que se comenzaban a implementar las medidas económicas que iban a provocar una profunda transformación en la estructura económica argentina.
El nuevo patrón de acumulación, a partir de ese entonces, pasa a estar basado en el capital financiero en reemplazo de la producción y el trabajo y, por ende, era necesario modificar los marcos normativos y legales para que tal transformación sea viable. Fue entonces cuando se sancionó la Ley 21.526, o también llamada “Ley Martínez de Hoz”. Junto con la Ley de Radiodifusión y la Ley de Granos, se completaba un paquete legal que garantizaría la implementación del modelo neoliberal y su continuidad a lo largo de los distintos gobiernos democráticos, al punto tal que recién hoy, y luego de las transformaciones económicas del kirchnerismo, podemos volver a discutir.
En términos generales, la Ley de Entidades Financieras buscó la concentración del mercado financiero en pocas manos, eliminó la posibilidad de la existencia de entidades pequeñas, además de garantizar implícitamente que el crédito esté direccionado principalmente al consumo y a la especulación financiera por sobre la inversión en el aparato productivo. Además, reglamentó el accionar de entidades cooperativas a tal punto que para existir debían cumplir prácticamente los requisitos de una entidad más, descartando su aspecto cooperativo y limitando muchísimo su campo de acción porque no podían brindar servicios que el resto de las entidades si podían brindar, como, por ejemplo, conceder créditos para la vivienda o ser entidades respaldatorias de distinto tipo de operaciones financieras.
Pero para poder entender un poco mejor cuál es el impacto de esta ley, debemos entender cuáles son las características del sistema financiero, y sus funciones dentro de la economía. Podemos decir que en el siglo pasado, a nivel mundial y especialmente en los países desarrollados y petroleros, se dió un proceso de acumulación de capital que comenzó a absorber el sistema financiero. En el primer caso, por el desarrollo de las fuerzas productivas y la productividad; en el segundo, debido a la extraordinaria renta petrolera. Esa acumulación de capital dio origen a un viraje dentro del mismo capitalismo: ahora lo que el capital productivo generaba como excedente, no lo disponía este sector, sino que se empieza a transferir hacia el sector financiero, dependiendo la industria de los bancos para poder utilizar ese capital. Así comienza a tener preeminencia el capital financiero, cobrando vida como un factor de poder económico más y fue por más, buscando utilizar ese capital en la especulación por sobre la inversión en la producción.
Esto significa, para graficar de manera simplificada, que cuando el capital industrial requiere de dinero para inversión se encuentra con un sistema financiero que define, desde la óptica de su propio beneficio, si le otorga el crédito o no, y a qué tasa de interés. Define las condiciones para ser “sujeto de crédito”, y, sobre todo, lo otorga en función de su rentabilidad: si no es un negocio rentable darle crédito a las PyMEs y sí es rentable otorgar crédito al consumo, generará más facilidades para este último y pondrá trabas para el segundo. Como siempre, los que salen perdiendo son los “pequeños” de la economía, porque también es una realidad que hoy, en la Argentina, la existencia de una economía concentrada nos muestra que es difuso el límite entre el capital industrial y el capital financiero, así como entre este último y el capital agroexportador, ya que muchos de los grupos económicos juegan en los dos bandos, según sea de su conveniencia coyuntural.
Muchos de estos grupos se beneficiaron con el modelo económico kirchnerista, aunque lloren migajas cuando Venezuela hace un acto de soberanía pero dejan hacer cuando se trata de otros países que intentan violar nuestra soberanía. El caso de Techint llorando en EEUU es el ejemplo de una burguesía antinacional. Pero un tipo de cambio competitivo, superávits fiscales gemelos, políticas activas de empleo, incentivos a la producción, reasignación de recursos via retenciones a las exportaciones, limite a las importaciones indiscriminadas, y otras muchas políticas activas son las que caracterizan al modelo económico kirchnerista, beneficiaron no solo a grupos como Techint, sino principalmente a las PyMEs, a los trabajadores y a los actores de la Economía Social, los más golpeados desde que se implementó el modelo opuesto totalmente a este, el neoliberalismo, implementado durante la última dictadura militar, en la que surgió la Ley en cuestión.
Este nuevo modelo requiere, por ende, un nuevo marco normativo que regule la actividad financiera, ya que si el Estado vuelve a tener un rol activo y protagónico en las demás esferas de la economía, es impensable que no la tenga en un sector tan importante como éste.
Pensemos lo que suele suceder cuando algún actor de la economía quiere acceder a un crédito. Para las PyMEs, para hablar de un caso de crédito para la inversión, se torna muy engorroso, ya que es inmensa la cantidad de requisitos que deben cumplir y, por lo general, no les resulta conveniente la tasa de interés que deben de pagar, que suele ser más alta que la que debe pagar un grande, porque debe pagar los costos de no tener el respaldo que tiene un grande, pero principalmente porque un sistema financiero concentrado buscara mantener la concentración de la encomia, en todos los planos. Y la Ley de Entidades Financieras es la garantía legal de esto.
Otro caso de crédito para la inversión que resulta por ahí más extraño, porque es menos visible y también más novedoso su desarrollo, es el caso de la Economía Social. Cuando actores de este sector quieren acceder a un crédito para capitalizar su emprendimiento productivo, se encuentran con una problemática similar a la de las PyMEs, e incluso más. Los requisitos parecen aún mas inalcanzables y la tasa de interés resulta ser elevada para los márgenes de ganancia que una empresa social maneja. Además, siendo la mayor parte de las mismas Cooperativas, lo ideal sería que sean entidades cooperativas las que puedan brindarles el servicio financiero, ya que ¿qué mejor que una entidad financiera cooperativa para el desarrollo de una cooperativa? Por este motivo es que, hoy en día, la mayoría de las mismas se manejan con el Banco Credicoop. Una de las cosas que no permite la Ley de Entidades Financieras vigente es, en este caso, la posibilidad de apoyo financiero a los actores de la economía social.
En el caso de crédito al consumo, sucede algo similar. Los más débiles sujetos de crédito de la economía, los pobres, suelen tener muchas dificultades para acceder al crédito, cuando no se torna prácticamente inaccesible. Acceder a un crédito de HSBC, por poner un ejemplo, es algo prácticamente inconcebible. Pero ojo, los grupos económicos financieros no se van a quedar sin ese mercado…que también puede ser rentable. Han surgido, en ese sentido, millones de pequeñas “expendedoras de crédito” con sólo mostrar un DNI y un recibo de cobro de Plan Social. Producto de esto es ver millones de compañeros de los barrios super endeudados y pagando tasas de interés exorbitantes en comparación con la que paga alguna persona que logra acceder al crédito del HSBC. Es decir que el mismo banco que pone las condiciones para que no entres, te ofrece una opción para que entres igual pero por ello… ¡deberás pagar más! Termina siendo más caro el servicio financiero para un pobre que para una persona que está en mejores condiciones de pagarlo, por lo tanto se puede decir que la tasa de interés del crédito al consumo es altamente regresiva. Esto también lo tenemos gracias a la Ley de Entidades Financieras vigente.
Esto nos debe llevar al verdadero problema, al eje de la discusión: lo financiero, como un montón de otros aspectos de la economía, no pueden quedar en manos del mercado. Algo tan importante para una sociedad como el consumo, el ahorro y la inversion no pueden estar en manos de grupos económicos e incluso trasnacionales que definen el otorgamiento del capital, que esa misma sociedad produce, según su propia rentabilidad. Sabido es que allí donde no hay rentabilidad, no hay inversión si el Estado no interviene. El ejemplo claro es la recuperación del servicio público de Aguas a través de AySA. Es impresionante lo que ha crecido el tendido de agua corriente y cloacas desde que la empresa se reestatizó, ya que ahí donde ahora llega, para Aguas Argentinas no era rentable y, por ende, no había inversión. Lo que mueve a lo público, por ende, es la idea de universalización de un servicio, en este caso, y no la rentabilidad. Una empresa estatal puede soportar perder o no ser rentable porque su objetivo es otro, y fundamentalmente social: hacer llegar algo allí donde no llega y maximizar el bienestar social.
En el caso del sistema financiero, es imprescindible para poder profundizar el modelo económico kirchnerista que esta Ley de Entidades Financieras sea modificada. Es necesaria una mayor participación del Estado en la planificación de políticas en este ámbito para contar con los elementos necesarios que permitan que esta nueva estructura económica que comienza a surgir para hacerle frente al neoliberalismo que vamos dejando atrás se consolide y siga avanzando.
En un contexto en que los países centrales han demostrado que el modelo de sistema financiero que quieren que acá sigamos a rajatabla entró totalmente en crisis, es fundamental poder dar esta discusión. No se trata ya de una discusión o un problema nacional, sino que ha tomado dimensiones mundiales, y la Argentina se encuentra, gracias al modelo económico actual, en mejores condiciones que muchos de estos países para afrontar esta crisis y ser vanguardia en la reconfiguración de un nuevo modelo de sistema financiero, basado en la planificación del Estado, la solidaridad y la búsqueda de justicia social por sobre todas las cosas. Unasur, el banco latinoamericano, es un ejemplo de ello.
En Argentina, para sostener el crecimiento económico y la inclusión social y para profundizar la distribución de la riqueza, necesitamos un sistema financiero que permita que el Estado tenga un rol activo en la definición del consumo, del ahorro y la inversión. Necesitamos que la industria tenga crédito para la inversión en tecnología y trabajo, que las cooperativas puedan capitalizarse y crecer desde sus principios solidarios, generando también muchísimos puestos de trabajo, necesitamos que quienes más consumen y ahorran paguen más tasa de interés, y no al revés, y que todos los servicios financieros sean accesibles para todos. Y esto solo lo puede garantizar el Estado. Y el primer paso para eso es eliminar la Ley de Entidades Financieras. Si, la Ley “Martínez de Hoz”.

La clave para un proceso de industrialización

2009-07-02T07:37:00.001-07:00

La industrialización de una economía es fundamental por varios factores. En primer lugar, los avances tecnológicos más importantes se producen en el sector manufacturero. Por lo tanto, el desarrollo económico de un país depende en gran medida de la consolidación de su aparato industrial. En segundo lugar, el proceso de industrialización permite romper con la inserción periférica en la división internacional del trabajo. En este sentido, el primer modelo económico que se implementó en la Argentina fue el agroexportador que consistía en la venta de productos primarios a los países centrales, fundamentalmente Gran Bretaña, y en la importación de bienes manufacturados. De esta forma el modelo agro exportador, que se estructuraba alrededor del liberalismo económico, implicaba la primarización de la economía argentina y la inserción periférica de nuestro país en el comercio internacional.

Ahora bien ¿qué implica ser un país periférico? Ser periférico es ser un país dependiente de los países centrales industrializados. Esto es, el crecimiento económico de los países periféricos se encuentra sujeto a la expansión de los países centrales. Pero este fenómeno no se da en el sentido inverso. En efecto, si los países subdesarrollados especializados en la producción primaria caen en una recesión económica los países centrales no se verán afectados.

Entonces, el proceso de industrialización permite la no inserción periférica en la división internacional del trabajo y por lo tanto romper con la dependencia económica de los países centrales. Por último, el sector industrial, a diferencia de las actividades primarias, genera valor agregado y por lo tanto empleo. De esta forma, el desarrollo industrial se transforma en un fenómeno clave para reducir el desempleo y con esto la pobreza y la indigencia.

En resumen, el proceso de industrialización es imprescindible para lograr un desarrollo tecnológico que permita romper con la dependencia de los países centrales y al mismo tiempo generar puestos de trabajo para la reducción de la exclusión social y el mejoramiento en la distribución del ingreso.

El caso argentino

Sin embargo, en la Argentina la consolidación del aparato industrial fue siempre un proceso conflictivo. En nuestro país todo intento de desarrollo industrial generó fuertes resistencias que condujeron a un retroceso en la consolidación del sector manufacturero argentino. Entonces surge una pregunta esencial: ¿cómo lograron los países centrales consolidar el proceso de industrialización?

Más allá de las particularidades y diferencias en el desarrollo manufacturero de los países centrales, todas las experiencias históricas tienen algo en común: la “subordinación” del sector primario al proceso de industrialización, esto es, privilegiar los intereses del sector manufacturero por sobre los intereses de las actividades primarias. El desarrollo industrial de Inglaterra y Estados Unidos son dos ejemplos claros de este fenómeno.

La ley de granos y el caso inglés:

Luego de la revolución Industrial en Inglaterra a mediados del siglo XVIII se inició una fuerte disputa entre los capitalistas y los dueños de las tierras. El conflicto entre las clases propietarias se estructuraba en torno a la ley de granos que consistía en un arancel a la importación de los productos primarios.

Por lo tanto, la ley de granos era enteramente funcional a los intereses de los terratenientes al proteger su mercado interno. Sin embrago, se contraponía a los intereses de la burguesía inglesa al encarecer el precio de los productos agrarios y de esta manera de loa alimentos, provocando un encarecimiento en el nivel de vida de los trabajadores y de los costos de los empresarios ante la necesidad de aumentarle los salarios a los obreros. En otras palabras, el proteccionismo a los productos agrarios permitía la eliminación de la competencia externa para los dueños de las tierras, lo cual se traducía en un aumento de los precios de los productos agrarios y de la renta de los terratenientes.

Al mismo tiempo, el aumento de los precios de los productos agropecuarios implicaba un proceso inflacionario en los alimentos reduciendo el salario real de los trabajadores obligando a los empresarios ingleses a otorgar aumentos salariales para compensar la suba de precios provocando un incremento de sus costos y una reducción en la tasa de ganancia y de la inversión de la burguesía industrial. Es decir, la ley de granos se traducía en un incremento de la renta de los dueños de las tierras pero en una disminución del poder de compra de los obreros y de los beneficios de los empresarios. Esto es, el proteccionismo agropecuario impuesto por la ley de granos implicaba un freno al proceso de industrialización de Inglaterra.

En 1846 el gobierno de Inglaterra decidió eliminar la ley de granos y permitir la importación de productos agropecuarios desde los países periféricos aun precio más bajo, perjudicando de esta forma a los terratenientes pero beneficiando a la clase obrera y a los industriales al reducirse el precio de los alimentos. Esta medida permitió la profundización del proceso de industrialización de Inglaterra y la consolidación de la hegemonía británica en el comercio internacional como país central en la división mundial del trabajo. Por lo tanto, el desarrollo industrial ingles requirió la “subordinación”de la actividad primarias al sector manufacturero, es decir, privilegiar la industria por sobre el sector primario.

La guerra de secesión y el caso norteamericano:

Cuando el nordeste norteamericano inició su proceso de industrialización a principios del siglo XIX, el conflicto con el Sur era inevitable. En efecto, el sur de Estados Unidos desde el período colonial se dedicaba al cultivo de algodón con manos de obra esclava para la exportación a la industria textil inglesa. Para los terratenientes propietarios de las grandes plantaciones del sur la inserción periférica de Estados Unidos en la división internacional del trabajo era funcional a sus propios intereses. Dicho de otra forma, la estructuración de la economía norteamericana como abastecedora de materia prima para Inglaterra permitía el incremento de la renta de los terratenientes del sur.

Sin embargo, esta lógica económica comenzó a interferir con el proceso de industrialización del nordeste básicamente dos cuestiones centrales:

a) La industria textil norteamericana necesitaba del algodón que los terratenientes del sur exportaban a Inglaterra.

b) Para el desarrollo industrial de Estados Unidos era imprescindible el crecimiento del mercado interno al no poder competir en el extranjero con la manufactura británica. Por lo tanto la existencia de la esclavitud impedía la expansión de la demanda interna necesaria para el proceso de industrialización del nordeste.

Este conflicto entre el Norte y el Sur condujo a mediados del siglo XIX a la guerra civil norteamericana denomina Guerra de Secesión entre el norte industrial y el sur esclavista. El triunfo del nordeste permitió la “subordinación” del Sur al proceso de industrialización. En efecto, luego de la Guerra de Secesión se produjeron dos hechos funcionales al sector manufacturero norteamericano.

Por un lado, la producción del algodón comenzó a ser utilizada para abastecer a la industria textil de Estados Unidos, bajando de esta forma el precio de la materia prima y por lo tanto el costo de los empresarios. Por otro lado, el fin de la esclavitud permitió la expansión del mercado interno y de la producción manufacturera norteamericana. ¿Qué hubiera pasado si la Guerra Civil la ganaba el Sur? Estados Unidos se hubiera consolidado como país exportador de bienes primarios a los países centrales, es decir, como país periférico dependiente de los países industriales. Sin embargo, la victoria del norte industrial y la consiguiente “subordinación” del sector primario permitieron la consolidación del proceso de industrialización del nordeste que condujo al desarrollo económico de Estados Unidos.

La Resolución 125 y el caso argentino:

A partir de la presidencia de Néstor Kirchner (iniciada el 25 de mayo de 2003), y luego de tres décadas de desindustrialización de la economía argentina como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas desde la dictadura militar de 1976, el sector manufacturero volvió a transformarse en una de las actividades centrales de la economía nacional.

Luego de la construcción fue el sector industrial la actividad que más creció desde la expansión económica post Convertibilidad. Por lo tanto, como resultado de las políticas económicas aplicadas durante la presidencia de Kirchner, de las cuales una central fue la retención a los productos agrarios, se retomó el modelo de valorización productiva abandonado a mediados de los `70 con la interrupción de la industrialización sustitutiva.

En este contexto de reindustrialización se enmarcó la resolución 125 propuesta el año pasada por la presidenta Cristina Fernández, que establecía las retenciones móviles para los bienes agropecuarios, tratando de profundizar de esta forma el desarrollo manufacturero nacional. En efecto, el resurgimiento del aparato industrial argentino se basó en gran medida, junto al tipo de cambio real competitivo, a las retenciones agrarias.

Las retenciones, como política antiinflacionaria, cumplieron dos funciones centrales en el proceso de reindustrialización. Estas fueron:

1) desacoplar los precios internos de los internacionales. Si las retenciones a los productos agropecuarios no existiesen, los terratenientes exportarían la totalidad de su producción. Se generaría así un aumento de sus rentas pero desabasteciendo el mercado interno de alimentos provocando un fuerte proceso inflacionario, lo cual provocaría una caída del poder de compra de los trabajadores, una disminución de la demanda interna y reducción de la producción industrial. El aumento de los precios de los alimentos generaría que el sector industrial se vea obligado a incrementar las remuneraciones a los trabajadores incrementando de esta forma sus costos salariales y reduciendo su tasa de ganancia y la inversión del sector manufacturero.

2) Con el dinero recaudado el Estado argentino puede subsidiar los servicios públicos disminuyendo de esta manera los costos industriales. Por lo tanto, las retenciones a los productos agropecuarios implica la “subordinación” del sector primario argentino al desarrollo industrial, es decir, el privilegiar los intereses del aparato manufacturero por sobre los intereses del sector agrario.

¿Qué pasaría si se eliminan las retenciones a los productos agropecuarios como pretenden las entidades agrarias? Lo mismo que si Inglaterra no hubiera eliminado la ley de granos y el sur norteamericano hubiera ganado la Guerra de Secesión. Pero dejemos lo contrafáctico para las elucubraciones liberales.

Los modelos que confrontan el 28 de junio, por GEENAP - Formosa

2009-06-23T15:41:00.001-07:00

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, desarrollado por el Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular - GEENAP) Le elección del día 28 de junio del corriente año no es una elección más, de esta democracia, en la que se manifiestan signos de intolerancia por parte de aquellos sectores que lucraron con las necesidades del pueblo y que son los ganadores del modelo que a sangre y fuego se instalara en el año 1.977, y se consolidara a partir del año 1991 y que condenara durante 10 años de aplicación ininterrumpida, al peor periodo de nuestra historia. Este modelo neoliberal de o de valorización financiera, consistió precisamente en desplazar de la escena, en materia de generación de la renta a la producción nacional, y a reemplazarla por la producción extranjera y por la especulación financiera. Los postulados de este modelo neoliberal fueron:

1) Apertura comercial irrestricta, eliminando todos los aranceles que obstaculizaran el ingreso de productos extranjeros, no solo de bienes de capital sino también de bienes de consumo.

2) Apertura financiera y desregulación del sistema financiero

3) Reducción del gasto público,

4) Promoción de la inversión extranjera directa.

5) Elevación de la tasa de interés.

6) Unificación del mercado de cambio y fijación de un paridad fija con el dólar (dinero pasivo)

7) Reforma del sistema previsional (AFJP)

8) Remate del patrimonio público (empresas del estado).

9) Desregulación de los mercados.

10) Etc.

El análisis de los postulados de la política económica que se aplico en el país desde el año 1.976 hasta el año 1983 y que luego se profundizara como habíamos dicho en el periodo 1991 – 2001, muestra a nuestro país como el único antecedente en el mundo en el cual se insistió en la aplicación de un modelo completamente agotado, dado los resultados que su aplicación mucho antes de estos periodos ya había producido en el mundo y en nuestro país, el modelo liberal luego aggiornado como neoliberal u ofertista. La explosión de este modelo en el año 2001, produjo efectos sociales, económicos, políticos etc. que no registran antecedentes en países normales solo en aquellos que han vivido algún conflicto armado. Entre los efectos mas perversos dejados por la aplicación del modelo liberal podemos citar.

1) Aumento de la vulnerabilidad social que implico que más del 50% de la población estuviera por debajo de la línea de pobreza.

2) El 38,9% de la población económicamente activa con gravísimos problemas de empleo (desempleados y subocupados).

3) Déficit fiscal en permanente crecimiento a pesar de las privatizaciones, a pesar de las AFJP, a pesar de los más de 110.000 millones de dólares que ingresaron en el periodo 1991- 2001 como créditos.

4) Aumento de los servicios de la deuda que de representar 4.700 millones de pesos en el año 1991 pasaron a representar en el año 2001, 14.350 millones de pesos esto es un aumento del 204% frente a una gasto publico provincial y nacional prácticamente estancados.

5) Perdidas de recursos del estado por importe de 24.000 millones de dólares por efecto de la privatización de las jubilaciones y pensiones.

6) Déficit en cuenta corriente por 90.500 millones de dólares, por efecto de las intereses, dividendos y utilidades t5rasferidas al exterior.

7) Destrucción del aparato productivo, al punto tal que mientras que en países de matriz productiva equilibrada la relación de empleo industrial respecto al total es de 1 a 3 , en nuestro país paso a ser de 1 a 16.

8) Distorsión de precios relativos generados por el retraso cambiario, que genero inversiones en el sector de bienes no transables potenciando aun más el circulo vicioso de transferencia de recursos al exterior y carencia de divisas para el desarrollo sustentables.

9) C cesación de pegos.

10) Caída del 30% de los depósitos del sistema bancario.

11) Caída acumulada del ingreso per capita entre 1999 y el 2002 del 30% sumado al aumento del desempleo.

12) Deflación de salarios.

13) Flexibilización laboral, más otras normas que precarizaron las condiciones laborales.

14) Perdida de participación del salario en la apropiacion de la renta generada por la economía

15) Aumento del endeudamiento externo llegando este ultimo en el año 2002 los 191.199 millones de dólares.

16) Aumento de la concentración económica y extranjerización masiva de empresas nacionales públicas y privadas.

Frente a estos efectos catastróficos de la aplicación del modelo liberal en su versión de valorización financiera, era necesario no solo, una nueva política económica, sino que esta se realizara en el marco teórico de los modelos nacionales que permitieron que nuestro país estuviera entre los mejores del mundo por la inclusión social del mismo y por la movilidad social que implico la creación de un clase media orgullo en todo el mundo, el único pensamiento que permitirá forjar los lineamientos económicos del modelo era el justicialista, es así que en el año 2003, se termina por instalar un nuevo modelo, el que se cimento sobre la base de las siguientes medidas:

1) Recuperación de los precios de los bienes transables, verdaderos generadores de divisas genuinas que permitirla pasas de una política monetraria de dinero pasivo a una política monetaria activa.

2) Proceso de sustitución de importaciones dado el encarecimiento de artículos que antes se importaban.

3) Retenciones a las exportaciones para desacoplar los precios internos de los internacionales y de paso colaborar en la morigeración del traslado a precios del efecto de la salida de la paridad fija (combustible, harina, aceite, carnes)

4) Subsidios a los servicios públicos lo que permitió que los precios se trasladaran a los bolsillos solo en un 15% duramente cuatro años.

5) Incorporación al beneficio de la jubilación a mas de 3.000.000 de compatriotas a pesar de no tener los aportes correspondientes.,

6) Reestructuración de la deuda pública, que implico una quita efectiva del 55% y ahorro para el pueblo argentino de 43.000 millones de dólares.

7) Cancelación de la deuda con el FMI, lo que permitió recuperar grados de libertad en materia de soberanía política y en la elaboración de la política económica.

8) Retiro del estado como demandante de fondos en el mercado financiero.

9) Recuperación de los recursos de las futuras jubilaciones, vía nacionalización de, los fondos que antes eran usados para prestar a instituciones como JP Morgan o IBM.

10) Fuerte inversión pública del estado en materia de infraestructura económica y social, en todo el territorio.

11) Coparticipación de los recursos que se derivan de la retrenciones a la soja, para destinar a la construcción en las provincias.

Esta batería de medidas inmediatamente, produjo sus efectos, elevando el bienestar del pueblo, y generando un clima de inversión más saludable, dado que nuevamente se ponía en marcha el aparto productivo y la timba financiera dejaba de ser un negocio.

Efectos del Modelo Nacional

1) Reducción de la pobreza y de la indigencia.

2) Drástica reducción del desempleo y del subempleo , llegando el primero a fines del año 2008 al 7,4% de la población económicamente activa.

3) Fuerte reactivación del sector industrial, que se manifestó en términos del aumento del uso de la capacidad instalada y del volumen físico de la producción, que se incremento en un 95%.

4) Fuerte reactivación del sector agropecuario tanto el vinculado al mercado interno como el vinculado el comercio externo , ,lo que le permitió a este sector recuperar activos que estaban al borde de los remates.

5) Aumento de la producción de vehículos de 150000 al año a casi 600000, Por año

6) Aumento de la inversión bruta interna fija (equipos y construcción) entre el 2003 – 2008 del 237%.

7) Aumento del producto del 63,2%, del consumo del 62%, de las exportaciones del 58%.

8) Aumento de las reservas internacionales, de 9.000 a 47.000 millones de dólares.

9) Superávit financiero y primario (ahorro fiscal).

10) Superávit comercial de 93.000 millones de dólares entre 2003 – 2008, como consecuencia de un aumento superior de las exportaciones que las importaciones.

11) El retiro de estado del mercado de crédito permitió la reducciones las tasas y la nueva inversión privada troco de financiera a real. aumentando la inversión privada en construcción.

12) Fuerte ingreso de divisas por el aumento del turismo extranjero .

13) Gracias al ahorro que implico la renegociación de la deuda pública se produjo un fortalecimiento del frente fiscal y externo que permitió mantener una activa política monetaria y cambiaria, con intervención en el mercado de cambios para sostener un tipo de cambio real competitivo.

14) Redistribución de recursos a provincias menos favorecidas por la alta concentración territorial de renetas que existe en la pampa húmeda, De donde proceden precisamente los que critican el mdelo nacional y que están ideológicamente vinculados al modelo del año 1976 del año 1991.

En síntesis y frente a la tremenda crisis que se cierne sobre el mundo la única garantía para que los impactos en el país sean atenuados, es la profundización del actual modelo económico, ya hemos visto y sufrido el funcionamiento del modelo liberal y del neoliberal, los apologistas de este modelo manejan los medios de comunicación masiva, y están políticamente representado por el acuerdo cívico y social, por el PRO, por el llamado peronismo disidente, etc. Y son los que pretenden, volver al modelo del golpe del 76 y de la década del 90.

FMI O BANCO DEL SUR

2009-06-12T13:23:00.000-07:00

por Juan Santiago Fraschina
Pagina 12, 7 de junio de 2009, Suplemento Cash

Luego del fracaso del paradigma neoliberal en América Latina impuesto por el Fondo Monetario Internacional en representación de los países centrales, se produjo el surgimiento de gobiernos críticos a la visión monetarista de la economía.
En este sentido, surgieron en la región distintos gobiernos opuestos a los programas de ajuste, privatización, desregulación de los mercados y la apertura comercial. Entre ellos podemos mencionar el caso de Lula Da Silva en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Correa en Ecuador, entre otros.
En la Argentina, este descontento con las políticas neoliberales se materializó a partir del gobierno de Néstor Kirchner donde la intervención del Estado junto con la integración regional se transformaron en las dos premisas fundamentales para el desarrollo de un nuevo modelo de valorización productiva donde la industria manufacturera volvió a transformarse en uno de los sectores económicos más importante de la economía argentina y donde la creación de trabajo se consolidó como la política central en la inclusión social.
A tal efecto, tanto el gobierno de Kirchner como el resto de los gobiernos latinoamericanos decididos a romper con la tradición neoliberal comenzaron la tarea de construir una nueva arquitectura financiera que le diera más independencia económica a los gobierno de la región.
Esta nueva arquitectura financiera que implica librarse de las condicionalidades impuestas por los organismo internacionales se materializó en dos medidas íntimamente relacionadas: por un lado, el pago al Fondo Monetario Internacional y, por otro lado, la constitución del Banco del Sur.
El Fondo Monetario Internacional se creó una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). En efecto, en julio de 1944, cuando se acercaba el fin de la guerra, se concretó el llamado Tratado de Bretton Woods entre los gobiernos aliados, quienes sabiendo del triunfo comenzaron a trazar los diferentes mecanismos para la reconstrucción de las distintas economías y el comercio internacional una vez finalizada la guerra.
Se estableció, entre otras cosas, la constitución de distintos organismos internacionales con el objetivo de ordenar la economía y las finanzas internacionales para la posguerra. Una de estas instituciones fue el Fondo Monetario Internacional.
De esta forma, el 1º de mayo de 1947 el Fondo Monetario Internacional dio comienzo formalmente a sus operaciones. En el articulo I del Convenio Constitutivo del organismo internacional se establecieron los distintos objetivos para la creación del mismo:

Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de un instituto permanente que sirviera como mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales.
Facilitar la expansión y el comercio equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales, y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivos primordiales de política económica.
Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantuvieran regímenes ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas.
Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realizaran entre los países miembros, y eliminar las restricciones cambiarias que dificultasen la expansión del comercio mundial.
Infundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales del Fondo, dándoles así oportunidad de que corrigieran los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional e internacional.
De acuerdo con lo que antecede, acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros.
Es decir, guiándonos por estos enunciados el objetivo fundamental del Fondo Monetario Internacional debía ser lograr un desarrollo equilibrado de las distintas economías y del comercio internacional, colaborando incluso con el crecimiento de los países subdesarrollado.
Sin embargo, el resultado de la actuación del organismo internacional fue otro. En efecto, el accionar del Fondo Monetario Internacional terminó siendo funcional a los países desarrollados en detrimento de los países en desarrollo.
En particular en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional fue totalmente funcional a los distintos sectores dominantes locales y extranjeros y en contra de los intereses sobre todo de los sectores populares pero también de la clase media. La intervención del Fondo Monetario Internacional ha condicionado el desarrollo del país a los intereses de las grandes multinacionales y de los sectores dominantes internos.
La pregunta inmediata entonces que uno se tiene que hacer es ¿cómo el Fondo Monetario Internacional condicionó el desarrollo económico y social de la Argentina?. O de otra manera ¿cómo el accionar del organismo internacional terminó beneficiando a los sectores dominantes internos y externos y perjudicando a los sectores populares y la clase media argentina? Para responder estas preguntas es fundamental entender como funciona el organismo internacional.
Una de las funciones centrales que comenzó a tener el Fondo Monetario Internacional fue la de conceder fondos a los distintos países, sobre todo los subdesarrollados que son los que tienen menos posibilidades de acceso al financiamiento externo.
Cuando el organismo internacional otorga un respaldo financiero al gobierno argentino, como a cualquier otro gobierno, este último debe comprometerse a adoptar una serie de medidas de política económica con el objetivo central de garantizar el cumplimiento en el pago de la deuda externa. Ese compromiso del gobierno nacional se conoce como “condicionalidad”.
El Fondo Monetario Internacional exige la presentación de una “carta de intención” o también denominada como “memorando de política económica y financiera”, en la cual el gobierno nacional describe las medidas que implementará durante el período de acuerdo como contrapartida al respaldo financiero otorgado por el organismo internacional.
La función del Fondo Monetario Internacional es, por lo tanto, la aprobación del memorándums mandado por el gobierno nacional a cambio de ayuda financiera. Posteriormente, el organismo internacional se encarga de controlar y fiscalizar la aplicación de las distintas políticas económicas detalladas en el memorándums.
De esta forma, el Fondo Monetario Internacional fue imponiendo a los países subdesarrollados, y particularmente a la Argentina, los distintos paquetes económicos que terminaron beneficiando a los sectores dominantes y perjudicando a los sectores más humilde de la población. Efectivamente, las políticas económicas exigidas por el organismo internacional generaron un aumento abrupto del desempleo, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso.
En este sentido, cuando se analiza la trayectoria seguida por la economía argentina desde mediados de la década del setenta hasta el 2001 se vislumbra claramente el objetivo a largo plazo del Fondo Monetario Internacional en representación de los sectores dominantes nacionales y extranjeros.
El camino comenzó con la reforma financiera introducida por Martínez de Hoz que implicaba, entre otras cosas, la prohibición al Banco Central para financiar los déficits públicos. A partir de esta medida, se generó la necesidad por parte del Estado nacional de endeudarse para financiar sus desequilibrios fiscales.
Como resultado de la escasez de capitales domésticos, el Estado nacional debió recurrir a la deuda externa, colocando bonos en el mercado financiero internacional. Una vez que el proceso de endeudamiento se encontraba en marcha, la prioridad pasó a ser el de alimentarlo al mismo tiempo que cobrar intereses y comisiones.
A partir de este momento, comenzó a ser fundamental obligar al Estado la aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar el pago de los servicios de la deuda. El Fondo Monetario Internacional se transformó en la institución imprescindible para vigilar, fiscalizar y garantizar el pago de la deuda externa por parte del Estado argentino.
De esta forma, los distintos paquetes del organismo internacional exigidos a la Argentina como contrapartida de ayuda financiera se centraron desde la reducción del gasto público que no corresponde al pago de la deuda externa a transformaciones estructurales como el programa de privatizaciones.
En la década del ochenta el Fondo Monetario Internacional impuso los programas de ajuste estructural aplicados por el gobierno de Alfonsín con el objetivo central de reducir el gasto público para pagar la deuda externa. Por su parte, en la década del noventa el organismo estableció el Consenso de Washington llevado a cabo por el gobierno de Menem y que implicaba, entre otras cosas, la transferencia de las empresas públicas al sector privado, la eliminación del proteccionismo al mercado interno y la desregulación de los mercados.
El resultado de estos programas para la economía argentina fue el crecimiento de la deuda externa y la fuga de capitales, la extranjerización de la economía argentina, la desindustrialización y el aumento de la exclusión social.
Por lo tanto, este organismo internacional a partir de la década del ochenta, y utilizando como condicionante el fuerte endeudamiento externo generado durante la dictadura militar, ha intervenido en forma creciente en la aplicación de diferentes políticas económicas funcionales a los sectores dominantes, internos y externos, en detrimento de los sectores medios y populares a cambio de la posibilidad de acceder al financiamiento externo.
Con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia se inició un nuevo modelo de desarrollo distinto al que se venía aplicando desde mediados de la década del setenta en consonancia con los programas del Fondo Monetario Internacional y de los intereses de los países centrales.
No sólo el sector productivo volvió a ser el centro de la economía argentina, sino además el sector manufacturero fue una de las actividades económicas que más creció. En efecto, después de la construcción el sector industrial fue la actividad económica que más se expandió durante la etapa kirchnerista.
En este sentido, a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia se consolidó nuevamente un modelo de valorización productiva, siendo la industria uno de los sectores centrales de la economía argentina. De esta forma, con el nuevo modelo económico se terminó con el modelo de valorización financiera iniciado con la dictadura militar de 1976, donde el sector especulativo – financiero era el eje ordenador de la economía argentina.
Junto con el proceso de reindustrialización, el segundo rasgo fundamental de la etapa kirchnerista es la generación de puestos de trabajo. Esto es, el trabajo, como dijimos, se transformó en la política social fundamental. Por lo tanto, el modelo de valorización productiva, y particularmente el crecimiento del sector manufacturero, se tradujo en una fuerte reducción del desempleo y subempleo, lo cual implicó una disminución abrupta de la pobreza y la indigencia.
También dentro de las políticas sociales centrales del nuevo modelo de desarrollo se encuentra el tema de la previsión social. A partir de la presidencia de Kirchner se produjo aumentos constantes de las jubilaciones.
Asimismo, otro rasgo central de la etapa kirchnerista es el aumento de la solidez de la economía argentina. La consolidación de los superávit gemelos, es decir, tanto el fiscal como el comercial, sumado al aumento de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitieron un mayor grado de autonomía y de solidez de la economía.
Es importante destacar con respecto al superávit fiscal que el mismo se consiguió al mismo tiempo que se aumentaba el gasto público. Es decir, el equilibrio fiscal en la etapa kirchnerista no se logró a partir de un ajuste fiscal permanente, sino que por el contrario la clave fue el aumento constante de la recaudación tributaria, lo cual permitía incrementar el gasto público al mismo tiempo que sostener un superávit en las cuentas públicas.
Por otro lado, durante el nuevo modelo de desarrollo se produjo una tendencia hacia la mayor progresividad del sistema tributario. El aumento de las retenciones a las exportaciones permitió que se reduzca la participación del IVA en la recaudación total. Por lo tanto, en la actualidad, y a diferencia de la década del noventa, existe un mayor aporte de los sectores de altos ingresos en el sostenimiento del gasto público.
Con respecto a la mayor solidez de la economía argentina debemos sumarle el proceso de desendeudamiento en términos del producto que se produjo durante el nuevo modelo de desarrollo. Esto se debió a la reestructuración exitosa de la deuda pública que implicó una quita de capital e intereses y al pago de la deuda contraída en años anteriores con el Fondo Monetario Internacional.
Este rasgo de la economía permite afrontar con más fortalezas las recurrentes crisis económicas a nivel internacional. En la década del noventa cualquier crisis (México, Rusia, Brasil, los tigres Asiáticos) se traducían en una abrupta crisis económica y social en la Argentina. Esto se debía fundamentalmente a la fuerte dependencia del sistema financiero internacional durante la década del noventa que implicaba un crecimiento permanente de la deuda externa pública, sumado al déficit fiscal y comercial que se experimentaba durante este período.
En la actualidad a partir de la mayor solidez de la economía argentina, la crisis “mundial” desatada en la economía norteamericana y que se trasladó a la mayoría de los países desarrollada no se tradujo en una hecatombe económica y social. En medio de una de las mayores crisis que se produjo en los países centrales la economía argentina esta experimentando solamente un proceso de desaceleración de su producto, pero no una abrupta caída como se producía en la década del noventa.
Es cierto que mayor solidez no significa invulnerabilidad. Las crisis mundiales siguen repercutiendo en nuestra economía. Sin embargo, no con el nivel de profundidad que repercutían en la década del noventa.
En resumen, los tres rasgos centrales de la economía kirchneristas son: un modelo de valorización productiva donde el sector manufacturero es el centro de la economía argentina siendo la generación de puestos de trabajo y el aumento de las jubilaciones la mayor política social para eliminar la pobreza y la indigencia, sostenido por una mayor solidez de la economía argentina que permite transitar las crisis “mundiales” sin que se traduzca en una hecatombe económica y social.
Estas características estructurales de la economía kirchnerista se sostienen a partir de dos premisas fundamentales: una fuerte intervención estatal y un aumento en la integración regional.
En este nuevo modelo económico la construcción de una nueva arquitectura financiera para la economía argentina era fundamental.
Para tal efecto, a fines de 2005 el gobierno de Néstor Kirchner decidió cancelar anticipadamente la deuda total de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El pago, que se realizó con reservas de libre disponibilidad del Banco Central, representó 9.810 millones de dólares que en ese momento significaba el 36,6% de las reservas del Banco Central.
Es importante destacar que esta misma medida fue adoptada por el gobierno de Brasil encabezado por Lula Da Silva que, con anterioridad al gobierno argentino, también canceló anticipadamente con reservas del Banco Central de Brasil su deuda con el organismo internacional que era de 15.500 millones de dólares.
Pero al pago al Fondo Monetario Internacional no debe ser analizado en forma aislada. En forma paralela, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó, junto a otros gobiernos de América Latina, la conformación del Banco del Sur.
El objetivo central de la creación del Banco del Sur es la constitución de una banca subregional para contrarrestar el poder de la banca internacional en general y de la banca multilateral de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
En este sentido, la constitución del Banco del Sur se inscribe en la construcción de una nueva arquitectura financiera regional y la búsqueda de nuevas modalidades de financiamiento al desarrollo de los países de América del Sur. Esto se debe a que en el financiamiento a proyectos de desarrollo realizados por la banca multilateral continúan las mismas presiones llevadas a cabo con anterioridad por el Fondo Monetario Internacional enmarcados en el paradigma monetaristas y neoliberal.
Por lo tanto, la conformación del Banco del Sur tiende a buscar la protección de los países de la región de la globalización financiera al mismo tiempo que busca evitar la intromisión de los organismos internacionales a través de la política de condicionalidad en los asuntos internos de los países latinoamericanos.
De esta forma, el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Kirchner significa algo más que el proceso de desendeudamiento del Estado Nacional. Efectivamente, significa liberarse de una institución que a través de sus exigencias, en sintonía con los grupos dominantes, era un impedimento para el desarrollo social y económico del país.
En contraposición a lo realizado por el kirchnerismos, desde la oposición existe fuertes presiones para que la Argentina vuelva al Fondo Monetario Internacional. En efecto, economistas como Prat Gay de la Coalición Cívica proponen la reducción de las retenciones al agro y el bache financiero que esto genera al Estado cubrirlo con deuda externa tomada en el organismo internacional.
La disyuntiva es clara. O volvemos al Fondo Monetario Internacional para que a través de sus condicionalidades nos imponga nuevamente los programas económicos que generan desinductrialización y exclusión social, o consolidamos el Banco de Sur para fortalecer el modelo de valorización productiva con inclusión social iniciado en el 2003.

Recomponer competitividad

2009-05-19T08:16:00.000-07:00

Pagina 12, 18 de marzo de 2009, Sección Debate.
El tipo de cambio real competitivo ha sido uno de los instrumentos más importante para la instauración del nuevo modelo de valorización productiva con inclusión social. Sin embargo, en la actualidad, y frente a las consecuencias de la crisis mundial, es necesario recomponer la competitividad del tipo de cambio.
En la década del noventa durante el modelo de Convertibilidad prevaleció la economía política del retraso cambiario que estimulaba las importaciones, sobre todo de bienes industriales, y desalentaba las exportaciones.
Este fenómeno se tradujo en dos consecuencias negativas para la economía argentina:
1) Al generar que las importaciones superaran en forma permanente a las ventas externas se tendía a una balanza comercial deficitaria que junto al pago de intereses de la deuda externa y la remisión de utilidades de las empresas extranjeras condujeron a un déficit constante de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Para financiarlo se recurrió a la deuda externa pública.
2) El “boom” importador de bienes manufacturados provocó un fuerte proceso de desindustrialización de la economía argentina. Asimismo, la destrucción de la industria nacional al no poder competir con los productos extranjeros generó un aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia junto con una primarización de la producción.
Es decir, el retraso cambiario característico del modelo de Convertibilidad implicó un aumento del endeudamiento externo al mismo tiempo que se incrementaba el proceso de desindustrialización y la exclusión social.
Con la salida del régimen de Convertibilidad y la devaluación de la moneda nacional, el tipo de cambio real competitivo incentivó la sustitución de importaciones y promovió el crecimiento de las exportaciones. Esto trajo los siguientes beneficios para la economía argentina:
- Un superávit comercial que junto con la reestructuración de la deuda externa pública permitieron un sostenido superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual posibilitó el incremento constante de las reservas del Banco Central.
- Un mejor nivel de producción y empleo como resultado de la reconstrucción de la industria nacional.
- Una diversificación productiva como consecuencia del proceso de reindustrialización de la economía argentina.
Sin embargo, con la crisis internacional desatada en Estados Unidos, y que terminó repercutiendo en el resto de los países, el tipo de cambio real volvió al centro del debate. La inflación interna sumado a la devaluación de Brasil, la caída de cierto precios internacionales debido a la recesión internacional erosionaron la competitividad de la economía nacional A esto debemos agregarle la necesidad de países como China de colocar sus excedentes de producción en economías como la Argentina.
Un nuevo “boom” de las importaciones provocaría un retroceso en el modelo de valorización productiva con inclusión social. En efecto, el retorno a la importación masiva de productos industriales atentaría con el proceso de reindustrialización que esta experimentado la Argentina. Las consecuencias del quiebre de la industria nacional son conocidas: aumento del desempleo, caída del salario de los trabajadores, incremento de la pobreza y la indigencia, es decir, exclusión social con concentración del ingreso.
Por lo tanto, se necesita de una devaluación del tipo de cambio nominal para recuperar la competitividad del tipo de cambio real. Sin embargo, la devaluación debe ser complementada con uno de los pilares del nuevo modelo de desarrollo: una mayor intervención estatal.
La política de control de precios, retenciones a los productos agropecuarios, compensaciones, aumento de los salarios y las jubilaciones junto con un mayor control de cambio y de la fuga de capitales deben profundizarse con la devaluación de la moneda nacional.
En otras palabras, se debe evitar a través de la mayor intervención estatal caer en una devaluación tradicional que implica la caída del salario real como consecuencia del aumento de precios que genera la devaluación y que luego se traduce en aumento de la pobreza, caída de la demanda interna, reducción de la producción e incremento de la desocupación.
Esta visión se contrapone a la postura “devaluacionista” de los sectores dominantes. En efecto, mientras que las entidades agrarias propugnan por una devaluación con reducción de las retenciones, la UIA aspira a una devaluación sin paritarias.
Por otro lado, a través de un mayor control de cambio y una mayor regulación de la cuenta de capital de la balanza de pagos se debe evitar la perdida de depósitos del sistema bancario argentina para la compra de dólares y la salida de capitales al extranjero.
De la recuperación del tipo de cambio real junto con la mayor intervención del Estado en la economía depende, entre otras cosas, la consolidación del modelo de valorización productiva con inclusión social.

POLITICAS OFERTISTAS VS POLÍTICAS DE DEMANDA

2009-05-19T08:14:00.000-07:00

Según el postulado neoclásico “toda oferta genera su propia demanda”. Para esta escuela la economía es motorizada por la oferta y por lo tanto todos los esfuerzos del Estado deben estar vinculados a fomentar la oferta de bienes.

Asimismo, los neoclásicos entienden que es imposible que exista sobreproducción debido a que cualquier aumento de la oferta se traduce automáticamente en un incremento proporcional de la demanda. De esta forma, deben diseñarse permanentemente políticas ofertistas sin preocuparse de la demanda. Un ejemplo en este sentido puede ser la reducción de los impuestos a las ganancias de los empresarios para así de esta manera se incrementa la inversión y con esto la oferta de bienes.

Sin embargo, esta lógica condujo a la crisis más profunda del capitalismo. En efecto, la crisis de 1929 fue una crisis de “sobreproducción relativa”. De sobreproducción porque durante la década del veinte en Estados Unidos se produjo un abrupto crecimiento de la oferta que no fue acompañado por la demanda, lo cual generó un exceso de oferta de mercancías. Y relativa, porque no es que la gente no demandaba porque tenia sus necesidades satisfechas, sino más bien debido a que no tenían los ingresos necesarios para hacerlo.

De esta forma, la crisis de 1929 mostró claramente que no toda oferta genera su propia demanda, y que además el capitalismo tiende a producir excesos de oferta, lo cual para los neoclásicos era imposible.

La sobreproducción en el capitalismo se traduce en crisis debido a que genera una caída de precios, es decir, un proceso deflacionario que produce una disminución de la tasa de ganancia de los empresarios con la consiguiente caída de la inversión, aumento del desempleo y reducción de los salarios de los trabajadores.

En este contexto surgió la llamada teoría keynesiana. Según Keynes, a diferencia de los neoclásicos, el motor de la economía es la demanda. De esta manera, si se incrementa la demanda efectiva el empresario venderá más mercancía y por lo tanto incrementará la inversión y la oferta de mercancías.

El propio Keynes recomendaba para salir de la crisis de 1929 un conjunto de políticas económicas que condujeran al crecimiento de la demanda para estimular nuevamente la expansión económica y de esta manera reconstruir el círculo virtuoso de la producción. Además – detalle nada menor- Keynes señala que el encargado de aumentar la demanda es fundamentalmente el Estado.

En este sentido, una de las políticas económicas fundamentales recomendadas por Keynes era conseguir una distribución progresiva del ingreso. Es decir, el Estado debía cobrarle, según el economista ingles, impuestos a las clases altas para luego inyectar ese dinero a través del gasto público en los sectores bajos. Como estos últimos tienen necesidades bajas insatisfechas presentan una “propensión marginal a consumir” alta, a diferencia de los sectores de altos ingresos que poseen una “propensión al ahorro” elevada. Por lo tanto, cualquier aumento de los ingresos de los sectores bajos se traduce automáticamente en un incremento del consumo y por lo tanto de la demanda.

Asimismo, la obra pública era, según Keynes, una política imprescindible para poder incrementar la demanda y de esta forma poder salir de la crisis de 1929. La construcción de viviendas por parte del Estado, por ejemplo, genera un efecto multiplicador que se desparrama al resto de la economía estimulando de esta manera al sistema productivo y a la generación de puestos de trabajo.

En Estados Unidos, el keynesianismo aplicado se denominó “New Deal” (Nuevo Acuerdo), y permitió a los norteamericanos la recuperación luego del cataclismo. En efecto, luego de los intentos fallidos por parte del presidente republicano Hoover que intentó salir de la crisis dejando funcionar libremente al mercado en concordancia con las recomendaciones neoclásicas; el presidente Roosevelt aplicó a partir de 1933 un conjunto de medidas desde el Estado que se tradujo en un aumento de la demanda, lo cual permitió la reconstrucción del aparato productivo norteamericano.

En Argentina se aplicó el denominado Plan Pinedo (en 1933) durante la presidencia de Justo que también implicó un incremento de la demanda.

En los ochenta, el debate volvió al centro de la escena. Con Reagan en Estados Unidos y asesorado por el economista Laffer volvieron las políticas ofertistas basada en la Ley de Say. Justamente, según Laffer, el gran problema que tenía Estados Unidos eran los elevados impuestos, por lo cual el economistas recomendaba reducir el impuesto a las ganancias para alentar la inversión privada.

Ronald Reagan redujo efectivamente el impuesto a las ganancias. Sin embargo, no sólo no se logró una expansión de la economía sino que además permitió profundizar el desfinanciamiento del Estado y una fuerte concentración del ingreso. Es decir, la política de Reagan fue enteramente funcional a los sectores dominantes norteamericanos.

De nuevo, el problema no era que los empresarios de Estados Unidos no tenían dinero para invertir. No invertían justamente porque no había demanda. Por lo tanto, a pesar de la reducción del impuesto a la ganancia, los empresarios no aumentaron la inversión porque no tenían a quien venderle la producción.

En la Argentina el debate entre políticas ofertistas y de demanda también formó parte de la agenda pública en diferentes momentos de nuestra historia reciente. Cuando el gobierno de la Alianza asumió la presidencia en 1999, la economía argentina estaba atravesando una crisis que se había iniciado a mediados de 1998.

El ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, tenía su propio diagnóstico de la crisis. Según el ministro el gran problema de la economía argentina era el déficit fiscal. En efecto, según Machinea, el déficit del sector público generaba que el Estado nacional debía endeudarse en el sistema financiero local, lo cual se traducía en un aumento de la demanda de crédito y por lo tanto en elevadas tasas de interés.

Según Machinea había que eliminar el déficit fiscal para así evitar que el Estado nacional compita en el crédito con el sector privado generando de esta manera un disminución de la tasa de interés, un aumento del crédito para los empresarios y un incremento de la inversión permitiendo así reactivar a la economía argentina.

Con este objetivo el ministro Machinea llevó a cabo dos políticas: un aumento de los impuestos a los asalariados (la tablita de Machinea) y una reducción de las jubilaciones y los salarios del sector público.

De esta forma, según el ministro de economía, aumentaría la recaudación que unido a la reducción del gasto público permitirían eliminar el déficit fiscal. Sin embargo, la única consecuencia fue una reducción de la demanda, lo cual se tradujo en una profundización de la crisis económica.

Con la asunción de Cavallo como ministro de Economía de la Alianza el diagnóstico fue el mismo: el problema de la Argentina era por falta de políticas ofertistas. Para lo cual Cavallo lanzó los planes de competitividad que consistían en una reducción de los impuestos a los empresarios. Al igual que en el gobierno de Reagan, no sólo no generó un crecimiento de la economía sino que además se tradujo en un desfinanciamiento del Estado.

Estas políticas nos condujeron a la peor crisis de la economía argentina en el 2001 que implicó la salida anticipada del gobierno de la Alianza. En efecto, el problema de la economía argentina no era la oferta, sino que lo que no crecía era la demanda lo cual profundizaba la crisis económica y social.

En la actualidad, ante los “coletazos” de la crisis “mundial”, la discusión entre las políticas del lado de la demanda y del lado de la oferta recuperó la centralidad.

Según Lilita Carrio las políticas que deben aplicarse son la eliminación total de las retenciones a los productos agropecuarios y recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional (F.M.I.). Para la líder de la Coalición Cívica con la eliminación de los derechos a las exportaciones aumentaría la inversión agropecuaria estimulando de esta manera a la economía argentina. Y a través del endeudamiento con el organismo internacional se podría cubrir el déficit fiscal que generaría la caída de la recaudación tributaria.

De nuevo, para Carrio, al igual que para los neoclásicos en medio de la crisis de 1929 y para Reagan en la década del ochenta, la solución para la economía argentina para evitar el contagio de la crisis internacional son las políticas ofertistas.

Sin embargo, y recurriendo a la historia económica mundial y nacional, lo único que generaría este tipo de políticas es un estancamiento de la economía junto con una concentración del ingreso y una aumento del endeudamiento del Estado para beneficiar únicamente al sector agrario.

En cambio el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en contraposición a lo realizado durante el gobierno de la Alianza, implementa un conjunto de políticas de demanda con el objetivo de evitar la desaceleración de la economía argentina.

El actual gobierno reduce los impuestos a los asalariados con la eliminación de la tablita de Machinea, y no a los empresarios, y lleva a cabo una política de crédito “blando” para alentar al consumo. Junto con esto, en lugar de reducir el gasto público, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó un plan estratégico de obras públicas y realizó un pago extraordinario para los jubilados.

Sólo el crecimiento de la demanda podrá evitar un mayor contagio de la crisis internacional. Por lo tanto, sólo las políticas de demanda, como las que esta aplicando el gobierno, son las mediadas adecuadas para evitar un mayor derrame de la crisis “mundial” a nuestra economía.

NUEVO LOCKOUT PATRONAL DE LAS ENTIDADES AGRARIAS: disputa de dos modelos económicos

2009-04-06T07:45:00.000-07:00

Por Juan Santiago Fraschina
Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)

Página 12, Suplemento Cash, Domingo 5 de abril, de 2009

Ante una nueva ofensiva de las entidades patronales del campo surgen algunas preguntas interesantes. En primer lugar ¿el nuevo lockout patronal se debe a la desaparición de la rentabilidad debido a la caída de los precios internacionales de los productos agrarios como consecuencia de la crisis mundial?. La respuesta es no. Es cierto que se produjo una caída en el precio de los productos primarios, fundamentalmente de la soja. Sin embargo, los precios internacionales siguen siendo en términos históricos elevados.
El precio internacional de los bienes agropecuarios se encontraba sumamente elevado por dos causas centrales. Por un lado, el aumento de la demanda como resultado del crecimiento de Asia, fundamentalmente China y la India. Por otro lado, debido a causas especulativas, esto es, enormes masas dinerarias que estaban dando vuelta por el mundo se volcaron a la especulación de los productos primarios con el objetivo de obtener una rentabilidad en el corto plazo.
Con la crisis económica desatada en Estados Unidos y que pone en duda la misma globalización financiera despareció una de las causas que generaron el aumento internacional del precio de los productos agropecuarios, es decir, la causa especulativa. Sin embargo, todavía perdura la otra causa debido a que el crecimiento de China y la India todavía no se detuvo y esto implica que la demanda de bienes agrarios a nivel mundial siga siendo sumamente alta.
Por lo tanto, si bien los precios de la soja, maíz y trigo se redujeron, todavía siguen siendo elevados en comparación a otros períodos históricos, y principalmente en comparación a la década del noventa. Por lo tanto, la rentabilidad del “campo” sigue siendo alta.
Entonces surge la segunda pregunta ¿por qué las entidades agrarias retoman la ofensiva contra el gobierno? La respuesta es que van por el modelo económico. En efecto, el conflicto agrario denota la disputa de dos modelos económicos que en algunas aspecto son contradictorios. Ahora entonces la tercer pregunta importantes es ¿cuáles son esos dos modelo en disputa?
Para explicar esto es necesarios introducir un concepto central en este debate: el saldo exportable. Esto es, de la producción interna el monto destinado a las exportaciones. Este saldo exportable depende del nivel de producción y del consumo interno. Ahora bien, en el corto plazo el aumento del saldo exportable depende casi con exclusividad del consumo interno. En otras palabras, cuanto mayor es el consumo interno menor es el saldo exportable, y viceversa.
¿Qué le conviene a las entidades agrarias? Efectivamente, que el saldo exportable sea lo mas grande posible así de esta manera poder exportar la mayor cantidad de bienes y obtener la mayor rentabilidad posible. De esta forma, para las entidades agrarias el consumo interno se transforma en un problema.
Por tales causas, los terratenientes dueños de las tierras históricamente en la Argentina se opusieron a todo intento de industrialización de la economía argentina. Esto se debe a que la industria genera puestos de trabajo, los puestos de trabajo generan que la gente tenga plata y esto produce que el consumo interno aumente y al incrementarse el consumo interno se reduce el saldo exportable.
¿Qué significa entonces esto? Que todo intento de industrialización es contraproducente para los dueños y productores del campo al atentar contra su renta extraordinaria al tener que destinar una producción creciente al mercado interno. Por lo tanto, para las entidades agrarias el desempleo, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso son funcionales a sus propios intereses debido a que restringen el consumo popular y esto aumenta el saldo exportable e incrementa de esta forma su rentabilidad.
Con el gobierno de Kirchner en el 2003 se inició en la Argentina un nuevo modelo económico caracterizado por la valorización productiva donde el sector manufacturero se volvió a transforma en uno de los sectores económico centrales y donde la creación de puestos de trabajo se transformó en el centro de la política social.
Este modelo sin embargo es contraproducente para las entidades agrarias. Este modelo económico instaurado por el gobierno de Kirchner significó el aumento del consumo de los sectores populares, lo cual generó una reducción del saldo exportable de bienes primarios al tener que destinar una producción creciente de productos al mercado interno para el consumo de los Argentinos.
De esta forma surge otra pregunta ¿qué modelo económico prefieren entonces las entidades agrarias? En este sentido, la historia argentina es demostrativa de los intereses de los terratenientes. El modelo agroexportador que se desarrolló en la Argentina entre 1880 – 1930 se estructuró alrededor de las exportaciones de productos primarios a los países del centro y la importación de productos industriales. Durante este modelo los dueños de las tierras se oponían a todo intento de industrialización de la economía argentina debido a que atentaba contra la renta extraordinaria obtenida por los dueños de la tierra al aumentar el consumo interno y reducir de esta forma el saldo exportable.
Hoy las entidades agrarias añoran ese modelo. ¿Cuál sería el país ideal para los dueños de la tierra? Simple: un país sin industria, con desempleo y pobreza, lo cual implicaría un incremento abrupto del saldo exportable al reducirse el consumo de los sectores populares, todo lo cual generaría un aumento aun mayor de su renta extraordinaria.
Por lo tanto, en la actualidad estos son los dos modelos económicos en disputa.
a) Por un lado, las entidades agrarias que proponen, implícita o explícitamente, el retorno del modelo agroexportador. Es decir, estructurar a la economía argentina como exportadora de productos primarios, lo cual implica la inserción periférica de nuestra economía en el comercio internacional y el liberalismo económico como filosofía para restringir la intervención estatal.
Sin embargo, la libertad de comercio conducirá a la consolidación de la división internacional del trabajo, fundada sobre la explotación de ventajas comparativas estáticas, condenando a la Argentina a una especialización empobreciente basada en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados.
Es decir, el libre comercio generara un aumento del subdesarrollo de la economía nacional, caracterizada por una economía heterogéneas y escasamente diversificadas. Con heterogéneas nos referimos a la existencia de una estructura productiva divergente, en la cual se presenta un sector primario – exportador con una elevada productividad junto al resto de la economía sumergida en producciones de subsistencia. Con escasamente diversificada nos referimos a la especialización en la producción y exportación de productos primarios con pocos efectos de encadenamientos con el resto de los sectores productivos.
De esta forma, la división internacional del trabajo que caracteriza al modelo agroexportador conduce a una doble heterogeneidad estructural que perjudica a los países periféricos. Por un lado, a una heterogeneidad a nivel nacional en la estructura económica. Por otro lado, a una heterogeneidad internacional en la cual la Argentina se especializara en la producción de bienes primarios mientras que los países centrales se volcaron hacia el desarrollo de las actividades industriales.
Esta tradicional división internacional del trabajo genera un sistema internacional asimétrico que se traduce en un mayor distanciamiento de la periferia con respecto a los países centrales, produciendo de esta forma que el libre comercio sea más ventajoso para los países desarrollados.
b) Del otro lado se plantea la necesidad de profundizar el proceso de industrialización a partir de una fuerte intervención del Estado y una integración latinoamericana como vehículo del desarrollo industrial.
El proceso de industrialización de la economía argentina debe cumplir una doble función. En primer lugar, reducir el desequilibrio externo con los países centrales. En efecto, la industrialización permitirá reducir la brecha con respecto a los países desarrollados.
En segundo lugar, el desarrollo del sector manufacturero permite reducir los desequilibrios internos al posibilitar mejorar la distribución del ingreso al disminuir la desocupación y con esto la pobreza y la indigencia.
En otras palabras, el proceso de industrialización reduciría la heterogeneidad internacional y nacional que había generó la tradicional división internacional del trabajo. El desarrollo industrial conduciría a consolidar una economía con estructura más diversificadas y homogénea que permitiría al mismo tiempo reducir la desigualdad existente con los países desarrollados.
Este objetivo se debe lograr básicamente a través de dos fenómenos: una fuerte intervención estatal y la integración regional.
Para la industrialización de la Argentina es fundamental la intervención del Estado en la economía. En efecto, el libre juego del mercado condujo a la economía Argentina hacia el modelo agroexportador que se tradujo en un desequilibrio internacional al alejarnos del nivel de desarrollo de los países centrales y a un desequilibrio interno al consolidarse una economía fuertemente heterogénea. Por lo tanto, para poder generar una transformación estructural de las economía nacional a partir del proceso de industrialización es fundamental la intervención del Estado.
En este sentido, el Estado debe realizar un conjunto de medidas para direccionar el proceso de industrialización, es decir, promover al desarrollo manufacturero a través de un programa planificado.
De esta forma, las principales funciones del Estado debe ser la de acelerar la acumulación del capital intensificando la sustitución de importaciones a través de diferentes medidas como el proteccionismo; construir la infraestructura necesaria para el proceso de industrialización; orientar los recursos financieros hacia la inversión productiva; estimular la inversión privada y promover el desarrollo tecnológico.
Incluso, la intervención estatal en los países periféricos como la Argentina debe ser más sustancial que en los países desarrollados. Efectivamente, en los países periféricos la fuerte intervención del Estado es fundamental para lograr una transformación estructural de las economía periféricas, objetivo que en los países centrales no es necesario.
Junto a la intervención del Estado es imprescindible para el desarrollo industrial de la Argentina la integración latinoamericana. Pues a la incipiente industria nacional le resulta casi imposible competir con el sector manufacturero de los países desarrollados. Por lo tanto, la integración latinoamericana permitirá la ampliación de los mercados para la industria Argentina.
De esta forma, la integración económica de la región haría viable la utilización de tecnologías que exigen una gran escala de producción por razones de rentabilidad. En otras palabras, la integración de América Latina daría las condiciones necesarias para que el sector manufacturero se transforme definitivamente en el motor del desarrollo de la economía argentina.
Por otro lado, la conformación de un bloque latinoamericano es fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista estratégico al permitir ofrecer una mayor oposición a los intereses de los países desarrollados.
De la correlación de fuerzas depende la imposición de alguno de los dos modelos. Y de la imposición de algunos de los dos modelos depende el futuro del país. O retomamos al modelo agroexportador que nos conducirá nuevamente a una heterogeneidad internacional y nacional o profundizamos el proceso de industrialización para lograr un mayor desarrollo económico y social.

EL MODELO ECONÓMICO DE LA DICTADURA MILITAR

2009-03-23T13:17:00.001-07:00

A partir de la dictadura militar iniciada en 1976 se produjo la ruptura de la industrialización sustitutiva que se había iniciado en 1930 en la Argentina. En efecto, desde 1930 hasta 1976 se desarrolló en la Argentina el modelo de industrialización por sustitución de importaciones; en el cual las distintas políticas económicas, más allá de sus particularidades y diferencias, tenían en líneas generales como objetivo central incrementar el proceso de industrialización del país.
En otras palabras, la industrialización en este modelo de acumulación constituyó el propósito común y permanente de las políticas económicas, siendo la protección arancelaria, el privilegio fiscal y el crédito subsidiado los principales instrumentos de políticas para dicho fin. De esta manera, desde 1930 hasta 1976 se generó un mecanismo de transferencia de recursos hacia el sector industrial.
Una de las características más destacable de este modelo era la importancia del mercado interno como destinatario de los productos industriales producidos en el país; poniendo, de esta manera, un limite a la concentración económica, al ser el salario de los trabajadores la principal fuente de demanda de las mercancías.
Es decir, como gran parte del empresariado local producía para el mercado interno, el salario era visualizado por la mayoría de los capitalistas como un factor de demanda de sus productos. Por lo tanto, no existían incentivos de los sectores dominantes para reducir las remuneraciones de la clase obrera.
De esta forma, se constituyó lo que se denomino la “sociedad del empate” en la distribución del Producto Bruto Interno entre el capital y el trabajo; llegando a 1975 donde el 45% del producto era apropiado por los asalariados, mientras que el 55% restante se traducía en beneficio para los empresarios.
Sin embargo, es importante destacar que los sectores dominantes no eran homogéneos durante este modelo de acumulación. Por un lado, se encontraban las empresas transnacionales que daban más importancia al salario como un costo en lugar de visualizarlo como un componente de la demanda interna, debido a que los productos fabricados por estas firmas estaban destinados principalmente hacia los sectores de mayores ingresos de la población argentina y/o hacia los mercados externos.
Por otro lado, se encontraban las empresas locales que, a diferencia del capital extranjero, daban importancia al salario principalmente como fuente de demanda debido a que los bienes fabricados por ellos estaban en su mayoría destinados al mercado interno y particularmente hacia los sectores medios y bajos. Es decir, sus productos eran de consumo básico y masivo.
Esta disputa de la clase dominante condujo durante la industrialización sustitutiva a la conformación de una alianza policlasista entre los empresarios locales y la clase trabajadora. Dicha alianza aspiraba a generar un desarrollo acelerado y controlado por los sectores nacionales. De tal manera, la principal línea de disputa en este modelo de acumulación se estableció entre los sectores nacionales integrados por los capitalistas locales y los trabajadores, por un lado, y el capital extranjero, por el otro.
Por último, se encontraba el sector agropecuario, básicamente la oligarquía agropecuaria pampeana, enfrentado a todos los sectores restantes como resultado de la permanente transferencia de recursos en la industrialización sustitutiva desde el campo hacia los sectores urbanos y particularmente hacia la rama industrial.
Con la dictadura militar de 1976 se interrumpe el modelo de industrialización sustitutiva y se construyó un nuevo modelo de acumulación: el sistema de valorización financiera. Este nuevo modelo produjo profundas modificaciones de la situación imperante en la Argentina hasta ese momento.
En otras palabras, a partir de 1976 se generó un corte en la historia argentina que llevó a cambios políticos, económicos y sociales. En particular, las políticas económicas implementadas por la dictadura militar provocaron una transformación radical del esquema de funcionamiento de la economía argentina vigente desde 1930, es decir, de la industrialización por sustitución de importaciones.
El programa económico aplicado por la dictadura militar produjo una reversión completa de las políticas implementadas en la industrialización sustitutiva, condenando los instrumentos utilizados en este modelo y proponiéndose como objetivos la apertura de la economía, la libre operación de los mercados de capitales, la desregulación de los diferentes mercados y un proceso de privatizaciones; dando por terminado la industrialización como objetivo de las políticas económicas.
Algunas de las consecuencias más importantes del nuevo modelo de acumulación fueron: a) la concentración del ingreso, b) el crecimiento de la deuda externa, c) el incremento de la fuga de capitales, d) la desindustrialización de la economía argentina y e) un aumento de la pauperización social. Revirtiendo, de esta manera, algunos de los rasgos más positivos que había logrado la economía argentina durante la industrialización sustitutiva.

Concentración del ingreso:
Con respecto a la concentración del ingreso, el proceso de valorización financiera no requería la expansión del consumo de los trabajadores al perder importancia para la mayoría de los capitalistas el mercado interno. De esta manera, el salario pasó a ser visualizado como un costo para la mayoría de los empresarios en lugar de ser percibido como un factor de demanda como en el modelo de acumulación anterior.
La nueva línea de contradicción que introdujo este modelo se estableció entre el capital concentrado en su conjunto, integrado principalmente por los conglomerados extranjeros y los grupos económicos locales, y los trabajadores; donde el primer grupo comenzó a presionar para la reducción del salario real y la concentración del ingreso.
Este objetivo del capital concentrado sería logrado en el primer año de la dictadura militar a través de la aplicación de tres medidas económicas: a) congelamiento salarial, b) eliminación del control de precios de las mercancías y c) una fuerte devaluación de la moneda nacional. La consecuencia inmediata de estas tres políticas económicas fue una caída abrupta del salario real de los trabajadores, como resultado del proceso inflacionario que se desató como consecuencia de las dos últimas medidas unido al congelamiento del salario nominal.
De esta forma, se generó una importante transferencia de recursos de los asalariados al capital. La clase trabajadora pasó de apropiarse el 45% del Producto Bruto Interno en 1975 a solamente el 28% en 1977; en forma paralela el capitalista que se apropiaba del 55% del producto en 1975 pasó a participar del 72% del mismo en 1977. Por lo tanto, se destruyó la “sociedad del empate” que había caracterizado a la industrialización sustitutiva.
Asimismo se produjo la ruptura de la alianza policlasista entre los sectores nacionales, es decir, entre la clase trabajadora y los grupos económicos locales. Estos últimos se aliaron al capital extranjero, debido a que el salario, como dijimos, se había transformado en un costo para el conjunto del capital concentrado.
De esta manera, a partir de la dictadura militar se verificó un cambio estructural regresivo en la distribución del ingreso, rompiendo con uno de los rasgos centrales que había caracterizado a la sociedad argentina durante el modelo de industrialización sustitutiva.

Crecimiento de la deuda externa:
Otra modificación importante introducida por el gobierno militar en la economía argentina fue la reforma financiera realizada en 1977. Durante la industrialización sustitutiva una de las funciones principales del Banco Central de la República Argentina era regular el sistema financiero, lo cual implicaba, entre otras cosas, regular la tasa de interés de la economía.
La reforma financiera introducida por la dictadura militar implicó la desregulación del sistema financiero y, por lo tanto, la liberalización de la tasa de interés. Es decir, la tasa de interés de la economía pasaba a ser fijada por el mercado.
Por otro lado, la reforma financiera prohibía al Banco Central financiar los déficit públicos como sucedía durante la industrialización sustitutiva. De esta manera, a partir de dicha reforma el déficit del Estado empezó a ser financiado en gran parte en el mercado financiero local. Este resultado, junto con la liberalización de la tasa de interés, produjo que la tasa de interés interna empezara a subir, incluso estableciéndose por encima de la tasa de interés internacional.
Este proceso se unió con otra política económica llevada a cabo por la dictadura: la liberalización de la cuenta de capital de la balanza de pagos; permitiendo que el sector privado, específicamente los grandes grupos económicos, pudieran pedir prestado dinero en el extranjero y fugarlo libremente.
Todas estas modificaciones posibilitaron que el capital concentrado interno se endeudara en el exterior a una tasa de interés relativamente más baja para colocarla en el sistema financiero local a una tasa de interés más elevada, es decir, valorizaban financieramente en el mercado interno la masa dineraria que pedían prestada en el extranjero. De esta manera, comenzó a generarse el gran incremento de la deuda externa privada argentina, motorizada por el capital concentrado interno.
Por último, con posterioridad a la crisis financiera argentina de 1981 y el estallido de la crisis mexicana al declarar la moratoria de su deuda externa en 1982, se estatizó la deuda externa privada. De esta manera, la deuda externa del sector privado, es decir, la deuda de los grandes grupos económicos, se transfirió al sector público.
Es así como el endeudamiento externo pasó de 8.280 millones de dólares en 1976 a 45.087 millones de dólares en 1983.

Aumento de la fuga de capitales:
Junto con la deuda externa se incrementó notablemente durante la dictadura militar la fuga de capitales al extranjero como contrapartida de dicho endeudamiento, permitido también por la liberalización de la cuenta de capital de la balanza de pagos.
El incremento de la fuga de capitales fue la contracara del espectacular aumento de la deuda externa al operar ésta como una masa de capital liquido que se valorizaba en el sistema financiero interno debido al diferencial entre la tasa de interés local, a las cuales colocaban los fondos las grandes empresas, respecto de la tasa de interés de los mercados financieros internacionales, a las que se endeudaban, generando una renta financiera que luego fue colocada en el extranjero por el capital concentrado interno.
Todo esto confirmaba la estrecha relación entre la fuga de capitales y el proceso de endeudamiento externo durante el nuevo modelo de acumulación. La coincidente expansión de ambas variables no respondió a un hecho casual, sino más bien que fueron la expresión de un mismo fenómeno que consistió en el funcionamiento del endeudamiento externo en el marco de un nuevo patrón de acumulación basado en la valorización financiera, en el cual se instaló una etapa de fuerte endeudamiento externo seguido por la fuga de capitales. Es por este motivo que el período de mayor crecimiento de la deuda externa coincidió con el momento en que se generó la mayor cantidad de dinero fugado al exterior.

Proceso de desindustrialización:
La industria nacional llegó a 1976 en las mejores condiciones de su historia. Esta situación se sustentaba en los siguientes datos: a) acumulaba varias décadas de crecimiento continuo, sólo interrumpida por crisis coyunturales, b) se encontraba en un proceso de expansión que la había llevado hacia 1974 al uso de toda su capacidad instalada, c) se lanzaban los nuevos proyectos de expansión de las ramas básicas y d) las exportaciones de productos manufacturados habían alcanzado su nivel más elevado hacia 1974.
Sin embargo, la instauración del modelo de valorización financiera por parte de la dictadura militar tuvo como uno de sus principales resultados un proceso de desindustrialización de la economía argentina, generado por diferentes causas.
En principio, el atraso cambiario, estimulado por el gobierno militar con el objetivo de atraer al capital financiero internacional, unido a la apertura económica realizada por esta dictadura, provocó un incremento importante de las importaciones.
La dictadura militar utilizó diferentes medidas para favorecer las importaciones de bienes, destacándose la reducción de tarifas arancelarias y la eliminación de diferentes barreras no arancelarias, con el argumento de controlar los precios internos para evitar los procesos inflacionarios y mejorar la calidad de los productos fabricados en la economía argentina.
Este importante aumento de las importaciones generó el quiebre de numerosas industrias locales que se veían en la imposibilidad de competir con los bienes extranjeros o, de manera alternativa, se convirtieron en importadoras de los productos que antes fabricaban localmente.
Por otro lado, el atraso cambiario tuvo como consecuencia la disminución de las exportaciones de bienes manufacturados que comenzaron a retraerse fuertemente a partir de fines de 1977.
Una segunda causa que estimuló el proceso de desindustrialización fueron las elevadas tasas de interés cobradas por el sistema bancario local luego de la reforma financiera, repercutiendo de manera negativa sobre el sector industrial.
Los costos financieros llegaron a niveles tan elevados que terminaron siendo más importantes que los salarios en la estructura de costos de las empresas. Las elevadas tasas de interés eran pagadas por los industriales a través de la toma de nuevos créditos, lo cual fue generando un continuo incremento de las deudas de las distintas empresas.
Este endeudamiento creciente llevó a las industrias a encarar diferentes estrategias: a) algunas para poder sobrevivir optaron por la venta de activos fijos, reducir costos y achicar sus estructuras para poder pagar sus compromisos, b) otras industrias, en cambio, optaron por esperar una refinanciación de dicha deuda, pero como nunca se produjo terminaron quebrando al no poder pagar la deuda contraída.
La tercer causa que condujo al proceso de desindustrialización tiene que ver con el cambio en el comportamiento microeconómico de las grandes empresas.
En efecto, algunas industrias se beneficiaron como consecuencia del nuevo funcionamiento del sistema financiero. Estas eran generalmente grandes industrias y obtenían ventajas por dos mecanismos: a) disponían de dinero y, por lo tanto, se transformaron en prestamistas; b) pedían dinero en el extranjero a una baja tasa de interés y lo colocaban, como dijimos, en el sistema financiero local que pagaba una elevada tasa de interés y, de esta manera, con una operación financiera dichas empresas obtenían grandes montos de ganancias.
Es decir, en ambos casos, estas empresas, como resultado del nuevo contexto macroeconómico a partir de la instauración del modelo de valorización financiera, se convirtieron en el corto plazo en financistas o especuladores, dejando de lado su función de empresas productoras de bienes. En otras palabras, esas industrias se transformaron en agentes financieros y dejaron de utilizar las empresas como herramienta productiva.
Este resultado se debió a que los beneficios obtenidos en el sistema financiero eran superiores a los conseguidos en el sistema productivo. Para estas empresas la fabrica era un importante activo utilizado como garantía para tomar nuevos créditos y utilizarlos para valorizarlos financieramente. Incuso comenzó a existir operaciones de compra-venta de fabricas con el único objetivo de utilizarlas como garantía de nuevos créditos, y no con el objetivo de incrementar su producción.
Como cuarta causa del proceso de desindustrialización podemos mencionar la caída de la demanda local como consecuencia de la disminución del consumo al caer el salario real de los trabajadores, generando una reducción de las ventas realizadas por el sector industrial.
Además, los sectores altos de la población argentina, que vieron mejorado de manera notable sus ingresos debido a las políticas económicas implementadas por la dictadura militar, orientaron su demanda a los bienes importados o a los servicios, a costa de la oferta industrial local.
El resultado de la unión de todos estos factores fue un fuerte proceso de desindustrialización de la economía argentina. Dicho fenómeno se puede verificar en las cifras del producto industrial que representó en 1982 un 20% por debajo de 1974.

Aumento de la pauperización social:
A la caída abrupta del salario real de los trabajadores, y el consecuente incremento de la concentración del ingreso, debemos agregarle otros fenómenos que generaron durante el gobierno militar una pauperización creciente de la situación social.
Si bien durante la dictadura militar no se produjo un aumento de la desocupación y subocupación, esto se debió al crecimiento de la informalidad que actuó como “refugio” de aquellos que perdían sus puestos de trabajo. En efecto, durante este período se expandieron los trabajadores marginales, es decir, personas con baja calificación o instrucción formal que carecían de un puestos de trabajo estable en el sector formal y que por lo tanto se volcaron a ciertas actividades de baja productividad y reducidos salarios como por ejemplo vendedores ambulantes, lustrabotas, limpiadores de vehículos, entre otras.
De esta manera, a partir de la dictadura militar se inició un proceso de ajuste del mercado de trabajo típico de los países subdesarrollados, esto es, la falta de oportunidades en el sector formal del mercado laboral provocó que muchos trabajadores recurrieran a actividades en el sector informal para generar algún tipo de ingresos.
Por otro lado, también se expandieron durante este período los trabajos precarios. Efectivamente, salvo en el sector de establecimientos financieros y seguros, servicios prestados a las empresas y bienes inmuebles y el resto del sector terciario donde disminuyeron la cantidad de trabajos precarios y en el sector transporte y almacenamiento donde se mantuvo constante; en el resto de los sectores económicos la cantidad de trabajadores precarios aumentó durante el gobierno de la dictadura militar.
La conjunción de todos estos fenómenos provocó que durante el gobierno militar creciera en forma abrupta el nivel de pobreza. Por lo tanto, durante el gobierno militar se experimentó una movilidad social descendente, verificada en un proceso de pauperización absoluta de la clase obrera y de pauperización relativa de la clase media; lo cual implicó la ruptura con la movilidad social ascendente que caracterizaba a la industrialización por sustitución de importaciones.

Es importante destacar dos cuestiones fundamentales. Por un lado, este nuevo modelo económico fue impuesto por la dictadura militar a través del terrorismo de Estado que implicó la desarticulación de todo tipo de oposición popular. Por otro lado, este modelo rentístico – financiero fue legitimado y profundizado, en concordancia con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, por los sucesivos gobiernos democráticos entre 1983 y el 2003.
A partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de los Argentinos el 25 de mayo de 2003 se volvió a un modelo de valorización productiva, en el cual el sector manufacturero retomó su centralidad en la economía, con inclusión social, reflejado en la recomposición del mercado de trabajo a partir de la disminución del desempleo lo cual produjo una reducción de la pobreza y la indigencia.

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES EN EL GRAN BUENOS AIRES DEL MODELO DE CONVERTIBILIDAD

2009-03-12T09:27:00.000-07:00

Luego de la crisis hiperinflacionaria desatada a fines de la década del ochenta y que obligó a la salida anticipada del Dr. Raúl Alfonsín de la presidencia argentina, asumió el 8 de julio de 1989 el Dr. Carlos Saúl Menem.
Las políticas iniciada por el gobierno de Menem a principio de la década del noventa formaron parte de la aplicación de un shock institucional neoliberal que generó profundas transformaciones estructurales en la economía y la sociedad argentina. Este programa neoliberal se enmarcó en el denominado Consenso de Washington.
En efecto, hacia fines de los años ochenta y principios de los noventa el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional produjeron, a partir de los fundamentos neoliberales, un conjunto de propuestas de política económica que fueron sistematizadas bajo la denominación del Consenso de Washington; estableciendo un conjunto de instrumentos de políticas destinadas a resolver los problemas de inestabilidad de las economías latinoamericanas.
Este conjunto de políticas neoliberales recomendadas por los organismos internacionales a las economías Latinoamericanas se circunscribían a la idea general que los mercados son más eficientes y justos que las intervenciones del Estado a la hora de distribuir la riqueza de un país y generar un crecimiento económico.
Retoman, de esta manera, la idea central desarrollada por Adam Smith de la “mano Invisible”: cada individuo buscando su propio beneficio logra colaborar con algo que él no buscaba, es decir, contribuye con el bienestar general. Los neoliberales a este fenómeno lo denominan efecto “derrame”, lo cual implica que al realizarse todas las reformas estructurales recomendadas en el Consenso de Washington generarían un importante crecimiento económico que terminarían beneficiando a toda la población como resultado del “derrame” de la riqueza a los sectores más vulnerable de la sociedad. En este sentido, para Adam Smith y los neoliberales, el interés individual coincide con el interés general y, por lo tanto, no existe la necesidad de una institución que represente la voluntad general, como por ejemplo el Estado.
Las políticas neoliberales fueron impulsadas con especial énfasis en la Argentina a partir del gobierno de Menem en los primeros años de la década del noventa, retomando los ejes estratégicos del gobierno militar de 1976 y las recomendaciones del Consenso de Washington.
En este sentido, una de las políticas centrales del gobierno de Menem fue el modelo de Convertibilidad que duró desde 1991 al 2001 y que se sustentaba en los siguientes aspectos fundamentales:
a) La existencia de un tipo de cambio fijo, es decir, la convertibilidad automática de la moneda nacional respecto del dólar norteamericano dispuesto por una ley del Congreso Nacional.
b) El conjunto de reservas dispuestas por el Banco Central de la República Argentina debía ser equivalente por lo menos al 100% de la base monetaria, lo cual garantizaba el total respaldo del circulante monetario.
c) La prohibición de la actualización monetaria e indexación de los precios y de las deudas luego de abril de 1991.
Con este régimen económico se buscaba, por un lado, prohibir la emisión monetaria por parte del Banco Central para financiar al sector público y, por el otro lado, evitar la devaluación de la moneda nacional por parte del gobierno. Ambos aspectos tendían a lograr el objetivo explícito del modelo de Convertibilidad que era detener el incremento de precios generalizados, particularmente la hiperinflación desatada a fines de la década del ochenta.
Este Plan de Convertibilidad fue complementado con un conjunto de políticas neoliberales que abarcaron el programa de privatizaciones, la desregulación de los mercados, la flexibilización del mercado de trabajo y la apertura comercial.

En términos de largo plazo el régimen de Convertibilidad fue una profundización del modelo económica instaurado a partir de la última dictadura militar y legitimado durante el gobierno de Alfonsín.
Las consecuencias económicas más destacables del régimen convertible fueron un fuerte crecimiento de la deuda externa, la fuga de capitales, la concentración de capital, una creciente extranjerización de la economía argentina y un abrupto proceso de desindustrialización. Asimismo esto produjo un aumento de la desocupación, la subocupación, el trabajo en “negro”, la pobreza y la indigencia que se tradujo en un aumento de la exclusión social.
Esta desarticulación social que generó el modelo de Convertibilidad, si bien fue un fenómeno generalizado, se verificó estrepitosamente en el Gran Buenos Aires. Con respecto al mercado de trabajo mientras que el desempleo en el área metropolitana aumentó del 5,3% al 19,0% entre 1991 y el 2001, el subempleo y el trabajo no registrado creció del 7,0% al 16,5% y del 30,6% al 37,8%, respectivamente.
Esta regresividad del mercado laboral del Gran Buenos Aires implicó un fuerte aumento de la pobreza y la indigencia. En efecto, mientras que la pobreza aumentó en el área metropolitana entre 1991 y el 2001 del 16,2% al 25,5% de los hogares y del 21,5% al 35,4% de las personas, la indigencia creció del 2,2% al 8,3% de los hogares y del 3,0% al 12,2% de las personas durante el mismo período.
Es decir, las consecuencias sociales en el Gran Buenos Aires del régimen convertible y de las políticas neoliberales aplicadas por Menem demuestran el fracaso rotundo del “efecto derrame” y de la concepción neoliberal que propugna por el libre funcionamiento del mercado y la no intervención del Estado.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL FIN DE LA CONVERTIBILIDAD

2009-02-20T09:39:00.000-08:00

La crisis del modelo de Convertibilidad se produjo como resultado de la conjunción de problemas propios del régimen con otros exógenos al modelo pero que se influenciaron mutuamente.
En efecto, en el Plan de Convertibilidad se necesitaba un ingreso superior a la salida de divisas para sostener el crecimiento en el largo plazo. Sin embargo, este requisito para el sostenimiento de la paridad cambiaria se fue debilitando a lo largo de la década del noventa tanto por cuestiones internas del régimen de Convertibilidad como por la existencia de distintos shocks externos negativos.
En primer lugar, como resultado del tipo de cambio nominal fijo y la inflación de los primeros años de la Convertibilidad como resabio del proceso hiperinflacionario se produjo una apreciación del tipo de cambio real. A partir de la apreciación del tipo de cambio real junto con la reducción de los aranceles a las importaciones y el crecimiento económico, las importaciones comenzaron a crecer rápidamente. Esta situación generaba un déficit comercial, que se revertía únicamente en los períodos recesivos; siendo una de las causas principales del déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos experimentada durante el modelo de Convertibilidad.
Este déficit comercial sumado al aumento del pago de la deuda externa en concepto de intereses y amortizaciones y el crecimiento de la remisión de utilidades como resultado del aumento de la inversión extranjera directa condujeron a un déficit crónico en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Por otro lado, como consecuencia de la consolidación del modelo de valorización financiera durante el régimen convertible se expandió fuertemente la fuga de capitales al extranjero, lo cual implicaba otra salida de divisas de la economía argentina.
De esta manera, el déficit estructural de la cuenta corriente que se experimentó durante este modelo sumado al fuerte crecimiento de la fuga de capitales generó una necesidad permanente de divisas para el sostenimiento del Plan de Convertibilidad. Esto provocó que la economía argentina fuera durante este período altamente vulnerable a los cambios abruptos en el mercado internacional de capitales.
Por su parte, con respecto a la cuenta de capital de la balanza de pagos, la inversión extranjera directa si bien durante el régimen convertible creció enormemente, se caracterizaba en su gran mayoría por la compra de empresas ya existentes, como por ejemplo las empresas públicas privatizadas. Por lo tanto, no representaba una entrada indefinida de divisas. Además, como señalamos anteriormente, la inversión extranjera directa generó una creciente salida de divisas en concepto de utilidades y dividendos.
De esta forma, el régimen convertible dependía del endeudamiento externo para poder equilibrar el Balance de Pagos y generar el ingreso de divisas que se necesitaba. Sin embargo, el crecimiento permanente de la deuda externa, sobre todo pública, implicaba también un aumento sostenido de intereses; lo cual al mismo tiempo conducía a un nuevo aumento del endeudamiento externo.
Asimismo esta necesidad era cada vez más imperiosa debido al peso creciente que tenían la creciente fuga de capitales, el pago de los servicios de la deuda externa y el porcentaje elevado de la repatriación de utilidades y dividendos por parte de las empresas extranjeras.
Por otro lado, durante este período se verificó un efecto negativo sobre las cuentas fiscales. En efecto, el déficit fiscal fue una de las características más sobresalientes del modelo de Convertibilidad, sobre todo a partir de la creación de las AFJP.
De esta forma, la economía argentina a partir de la crisis final del Plan de Convertibilidad experimentaba un doble déficit. Por un lado, el déficit de la cuenta corriente que generaba el aumento del endeudamiento externo del Estado para introducir las divisas necesarias para el sostenimiento del régimen cambiario. Por otro lado, el déficit fiscal que provocaba el incremento de la deuda pública y que implicaba una necesidad creciente de financiamiento para el sector estatal.
Asimismo, a partir de la sucesión de shocks externos negativos, iniciado con la devaluación asiática y seguido por el default ruso en 1998 y la devaluación de Brasil en 1999, se produjo el racionamiento de fondos prestables a los países en desarrollo, que en la economía argentina se agravó debido a los problemas macroeconómicos que atravesaba a fines de la década del noventa.
Este desequilibrio macroeconómico y el contexto internacional adverso condujo a una lógica explosiva para la economía argentina. Esto es, el aumento de la deuda pública generaba un incremento de los servicios de la deuda que era cubierto con un mayor endeudamiento. Sin embargo, esta dinámica provocaba un incremento del riesgo país y por lo tanto de los intereses que el sector público debía pagar por la deuda contraída, lo cual obligaba a una necesidad mayor de endeudamiento público, al mismo tiempo que se producía una contracción de los capitales internacionales para los países subdesarrollados en general y para la economía argentina en particular.
En un contexto de una macroeconomía inestable se produjo a lo largo del 2001 una “corrida” de depósitos bancarios ante el temor de los ahorristas. Este pánico aceleró y profundizó el desenlace de la crisis económica.
Debido a este drenaje de depósitos se instaló el denominado “corralito” adoptado en noviembre de 2001, es decir, la restricción al retiro de dinero por parte del público, lo cual explicitaba el colapso bancario producto de la crisis económica que generó la salida del modelo de Convertibilidad.
Por otro lado, en términos de largo plazo el régimen de Convertibilidad fue una profundización del modelo económica instaurado a partir de la última dictadura militar y legitimado durante el gobierno de Alfonsín.
En este sentido, las consecuencias económicas y sociales más importante de las políticas económicas aplicadas en la década del noventa fueron:
- La desindustrialización de la economía argentina y el aumento de la simplificación productiva
- Primarización de las exportaciones y el auge importador de bienes industriales
- El aumento de la concentración económica
- El aumento de la deuda externa y la fuga de capitales
- La persistencia del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública
- El aumento de la extranjerización de la economía argentina
- El incremento de la exclusión social
Con la devaluación de la moneda nacional, y de esta forma la caída del régimen convertible, la economía argentina experimentó, sobre todo con el gobierno de Kirchner, importantes cambios con respecto al modelo económico instaurado durante la década del noventa.
En primer lugar, el crecimiento económico no se sustenta en el endeudamiento público como sucedía en el modelo de Convertibilidad, pues a partir de la economía post devaluación el aumento del Producto Bruto Interno se produce al mismo tiempo que la deuda externa pública se reduce.
Asimismo, las reservas del Banco Central aumentan junto con la constitución de un fondo anticiclico generado a partir del superávit fiscal conseguido durante este período; aumentando de esta manera la solidez de la economía argentina al evitar la posibilidad de una corrida bancaria y contar con los recursos necesarios ante una desaceleración del crecimiento económico. Estas características permiten a la economía argentina presentar una menor vulnerabilidad a los cambios en los mercados internacionales de capitales.
Por otro lado, en lugar de existir un Estadio ausente, en la economía post convertibilidad el sector público incrementó sustancialmente el gasto público; y sobre todo el asociado a la inversión pública para la reconstrucción de la infraestructura necesaria para sostener un crecimiento económico en el largo plazo.
Al mismo tiempo, este aumento del Producto Bruto Interno es acompañado por una recuperación del sector industrial, revirtiendo de esta forma la continua reducción de la participación de la producción manufacturera que se venía produciendo durante los últimos años.
Por ultimo, y no menos importante, este crecimiento económico, y a diferencia de los sucedido durante el modelo de Convertibilidad, genera una recomposición de la situación social; verificada en la reducción del desempleo, la subocupación, el trabajo en “negro”, la sobreocupación, la pobreza, la indigencia y el mejoramiento en la distribución del ingreso.
En resumen, el régimen convertible instaurado a principios de la década del noventa durante el gobierno del Dr. Carlos Menem y ratificado durante el gobierno de la Alianza era insostenible. Insostenible económicamente debido a que se sustentaba en el aumento de la deuda pública externa. Insostenible socialmente debido a que se traducía en un aumento del desempleo, subempleo, trabajos no registrados, pobreza e indigencia.
En cambio, la economía post devaluación es sustentable desde el punto de vista económico y social. Desde el punto de vista económico en la actualidad la economía argentina ha experimentado seis años de crecimiento ininterrumpido superando en pesos al nivel del producto pico alcanzado en el año 1998. Pero además mientras que en 1998 la economía argentina marchaba hacia el colapso, el crecimiento post devaluación es acompañado por un superávit fiscal y comercial junto al aumento constante de las reservas del Banco Central. En otras palabras, el crecimiento económico post Convertibilidad no se sostiene, como dijimos, en el endeudamiento externo público, lo cual lo transforma en un crecimiento sustentable desde el punto de vista económico.
Pero también es sustentable desde el punto de vista social. En efecto, y a diferencia de los sucedido en el Plan de Convertibilidad, a partir del crecimiento post devaluación se inició una fuerte reducción del desempleo, subempleo, pobreza e indigencia y una leve disminución del trabajo en “negro”.

Soja y burbuja financiera

2009-01-30T06:38:00.001-08:00

Dentro de esa capacidad de transformación constante que caracteriza al sistema capitalista, desde los inicios de 1970 hasta el presente se desarrolla la etapa de la “globalización”. En esa etapa, cuya denominación correcta es “capitalismo monopolista transnacional (en adelante CMT)”, la Nación se presenta como un obstáculo para los monopolios y su carrera por una mayor concentración.

El CMT se caracteriza fundamentalmente por:
• La supremacía casi absoluta del capital financiero por sobre el conjunto del capital global;
• La constitución de un poder político transnacional que se expresa en instituciones supranacionales;
• La imposición del “pensamiento único”, por medio de la dictadura de los medios masivos de comunicación transnacionales;
• El impulso a las ramas de la ciencia y la técnica que favorecen el incremento de la ganancia monopolista;
• La liquidación de las regulaciones nacionales.

En ese contexto, la deuda externa de los países dependientes se vuelve la expresión de la especulación financiera, a la vez que un efectivo instrumento de dominación, como lo son también el otorgamiento del crédito, el intercambio desigual, el proteccionismo de los países desarrollados, etc.

A partir de mediados de los ‘90, la innovación tecnológica aumentó la productividad en EE.UU. y en el resto del planeta, lo que generó una burbuja bursátil en Wall Street, la cual estalló a fines del 2000 generando una recesión mundial. Los países desarrollados trataron de combatir la crisis fomentando el crédito mediante la baja de las tasas de interés.

Se generaron así flujos que se dirigieron hacia el negocio inmobiliario, produciéndose una burbuja que en su condición de tal tuvo destino efímero. Es lo que ha ocurrido recientemente en los EE.UU., expandiéndose por el mundo, y agudizando la especulación financiera en la búsqueda de nuevos espacios rentables.

Paralelamente, se produce el aumento de los precios de las materias primas originada fundamentalmente por dos causas:

1. La enorme demanda de alimentos (por parte de, principalmente, China y India);
2. La producción de biocombustibles, ante el posible agotamiento del petróleo y el gas.

Así las cosas, cada país productor, entre ellos Argentina, deberá decidir cuántas toneladas destinará a la alimentación de la propia población, a la exportación y a la generación de biocombustibles. En consecuencia, el actual escenario genera a países productores como el nuestro enormes oportunidades y también riesgos.

En el caso argentino, el sector agropecuario ha experimentado enormes transformaciones en los últimos 15 años, generadas por la innovación tecnológica, lo que ha reducido enormemente los costos de producción.

El desguace del Estado propio del neoliberalismo, con la desaparición del crédito público y de los servicios de extensión del INTA, provocaron la marginación, desaparición, o cesión en arrendamiento de las tierras del pequeño y mediano productor tradicional, en beneficio de los “fondos de siembra”. Estos fondos son entidades eminentemente especulativas que se dirigen a los rubros más rentables en el corto plazo. Siempre en la búsqueda de la maximización del beneficio, se caracterizan por la extrema volatilidad que aseguran mediante el uso del menor capital fijo posible, lo que les permite remitir ganancias hacia los países desarrollados.

Todo esto ha producido un cambio en la estructura económica y social del campo argentino, que se refleja también en los intereses defendidos por las patronales del sector, como se ha visto con motivo de la discusión por el aumento de las retenciones móviles. En este nuevo escenario nacional, con un telón de fondo signado por la omnipresencia del CMT, se desarrolla la desigual lucha política y social de nuestro Pueblo, que lleva ya casi dos siglos, para decidir su propio destino.

EL MODELO ECONÓMICO KIRCHNERISTA

2008-12-30T11:49:00.001-08:00

Con el kirchnerismos no sólo el sector productivo volvió a ser el centro de la economía argentina, sino además el sector manufacturero fue uno de las actividades económicas que más creció. En efecto, después de la construcción el sector industrial fue la actividad económica que más se expandió durante la etapa kirchnerista.
En este sentido, a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia se consolidó nuevamente un modelo de valorización productiva, siendo la industria uno de los sectores centrales de la economía argentina. De esta forma, con el kirchnerismo se terminó con el modelo de valorización financiera iniciado con la dictadura militar de 1976, donde el sector especulativo – financiero era el eje ordenador de la economía argentina.
Junto con el proceso de reindustrialización, el segundo rasgo fundamental de la etapa kirchnerista es la generación de puestos de trabajo. Esto es, para el paradigma kirchnerista el trabajo se transformó en la política social fundamental.
Por lo tanto, el modelo de valorización productiva, y particularmente el crecimiento del sector manufacturero, se tradujo en una fuerte reducción del desempleo y subempleo, lo cual implicó un disminución abrupta de la pobreza y la indigencia.
También dentro de las políticas sociales centrales de la etapa kirchnerista se encuentra el tema de la previsión social. A partir de la presidencia de Kirchner se produjo aumentos constantes de las jubilaciones.
Asimismo, otro rasgo central de la etapa kirchnerista es el aumento de la solidez de la economía argentina. La consolidación de los superávit gemelos, es decir, tanto el fiscal como el comercial, sumado al aumento de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitieron un mayor grado de autonomía y de solidez de la economía.
Es importante destacar con respecto al superávit fiscal que el mismo se consiguió al mismo tiempo que se aumentaba el gasto público. Es decir, el equilibrio fiscal en la etapa kirchnerista no se logró a partir de un ajuste fiscal permanente, sino que por el contrario la clave fue el aumento constante de la recaudación tributaria, lo cual permitía incrementar el gasto público al mismo tiempo que sostener un superávit en las cuentas públicas.
En este sentido, el superávit fiscal no es una medida ortodoxa en sí misma. Esto más bien depende de la forma en que se consigue. Si el superávit fiscal se logra a partir de una reducción permanente del gasto del Estado estamos entonces ante una medida de carácter ortodoxa. En cambio, si el superávit fiscal se consigue como en la etapa kirchnerista a partir de una mayor recaudación de impuestos permitiendo además incrementar el gasto público estamos entonces en presencia de una medida heterodoxa.
Por otro lado, durante la etapa kirchnerista se produjo una tendencia hacia la mayor progresividad del sistema tributario. El aumento de las retenciones a las exportaciones permitió que se reduzca la participación del IVA en la recaudación total. Por lo tanto, en la actualidad, y a diferencia de la década del noventa, existe un mayor aporte de los sectores de altos ingresos en el sostenimiento del gasto público.
Con respecto a la mayor solidez de la economía argentina debemos sumarle el proceso de desendeudamiento en términos del producto que se produjo durante el kirchnerismo. Esto se debió a la reestructuración exitosa de la deuda pública que implicó una quita de capital e intereses y al pago de la deuda contraída en años anteriores con el Fondo Monetario Internacional.
Este rasgo de la economía permite afrontar con más fortalezas las recurrentes crisis económicas a nivel internacional. En la década del noventa cualquier crisis (México, Rusia, Brasil, los tigres Asiáticos) se traducían en una abrupta crisis económica y social en la Argentina. Esto se debía fundamentalmente a la fuerte dependencia del sistema financiero internacional durante la década del noventa que implicaba un crecimiento permanente de la deuda externa pública, sumado al déficit fiscal y comercial que se experimentaba durante este período.
En la actualidad a partir de la mayor solidez de la economía argentina, la crisis “mundial” desatada en la economía norteamericana y que se trasladó a la mayoría de los países desarrollada no se tradujo en una hecatombe económica y social. En medio de una de las mayores crisis que se produjo en los países centrales la economía argentina esta experimentando solamente un proceso de desaceleración de su producto, pero no una abrupta caída como se producía en la década del noventa.
Es cierto que mayor solidez no significa invulnerabilidad. Las crisis mundiales siguen repercutiendo en nuestra economía. Sin embargo no con el nivel de profundidad que repercutían en la década del noventa.
Por lo tanto es importante profundizar el grado de solidez de la economía argentina para así de esta manera evitar que las crisis mundiales repercutan fuertemente en la economía y la sociedad argentina. Teniendo en cuenta además que las crisis repercuten en mayor medida, por no decir en su totalidad, en los sectores populares de bajos ingresos.
En resumen, los tres rasgos centrales de la economía kirchneristas son: un modelo de valorización productiva donde el sector manufacturero es el centro de la economía argentina siendo la generación de puestos de trabajo y el aumento de las jubilaciones la mayor política social para eliminar la pobreza y la indigencia, sostenido por una mayor solidez de la economía argentina que permite transitar las crisis “mundiales” sin que se traduzca en una hecatombe económica y social.
Estas características estructurales de la economía kirchnerista se sostienen a partir de dos premisas fundamentales. Por un lado, una fuerte intervención del Estado. Este intervensionismo estatal se verifica en dos niveles.
En primer lugar, un aumento sostenido de la inversión pública. En efecto, durante la etapa kirchnerista la inversión publica creció en forma sostenida transformándose en un complemento necesario de la inversión privada. En segundo lugar, el mayor intervensionismo estatal se experimentó en el aumento de la regulación del sector público en la economía privada, como por ejemplo a través de la regulación de los precios.
La segunda premisa fundamental es la integración latinoamericana. En este sentido durante el kirchnerismo se produjeron grandes avances como el fortalecimiento del MERCOSUR, la eliminación total del ALCA, la creación de UNASUR y la aparición del Banco del Sur.
Esta aumento de la integración regional es fundamental en dos sentidos. Por un lado, es importante para profundizar el proceso de industrialización de la economía argentina debido a que las exportaciones de productos fabriles son principalmente dentro del MERCOSUR. Por otro lado, como una medida geopolítica contrarrestando los intereses de los países centrales en nuestras economías. El ejemplo más claro en este punto fue el apoyo al presidente Boliviano Evo Morales ante el intento de golpe de las clases altas bolivianas con ayuda de la embajada norteamericana.
De la profundización de este modelo económico y social depende el futuro de la economía y la sociedad argentina.

POLITICAS OFERTISTAS VS POLÍTICAS DE DEMANDA

2008-12-22T08:57:00.001-08:00

Según la ley neoclásica “toda oferta genera su propia demanda”. Es decir, para la escuela neoclásica basada en este ley de Say la economía es motorizada por la oferta y por lo tanto todos los esfuerzos del gobierno deben estar en aumentar la oferta de bienes.
Asimismo, según esta ley es imposible que exista sobreproducción debido a que cualquier aumento de la oferta se traduce automáticamente para los neoclásicos en un incremento proporcional de la demanda. De esta forma, el gobierno debe realizar permanentemente políticas ofertistas sin preocuparse en el incremento de la demanda. Por ejemplo, una política ofertista central es reducir los impuestos a las ganancias de los empresarios para así de esta manera se incrementa la inversión y con esto la oferta de bienes.
Sin embargo, esta lógica condujo a la crisis más profunda del capitalismo. En efecto, la crisis de 1929 fue una crisis de sobreproducción relativa. De sobreproducción porque durante la década del veinte en Estados Unidos se produjo un abrupto crecimiento de la oferta que no fue acompañado por la demanda, lo cual generó un exceso de oferta de mercancías. Y relativa porque no es que la gente no demandaba porque tenia sus necesidades satisfechas, sino más bien debido a que no tenían los ingresos necesarios para hacerlo.
De esta forma, la crisis de 1929 desarticuló la ley de Say mostrando claramente que no toda oferta genera su propia demanda, y que además el capitalismo tiende a producir excesos de oferta, lo cual para los neoclásicos era imposible.
La sobreproducción en el capitalismo se traduce en crisis debido a que genera una caída de precios, es decir, un proceso deflacionario que produce una disminución de la tasa de ganancia de los empresarios con la consiguiente caída de la inversión, aumento del desempleo y reducción de los salarios de los trabajadores.
En este contexto surgió la llamada teoría keynesiana. Según Keynes, a diferencia de los neoclásicos, el motor de la economía es la demanda. Es decir, en vez de que un incremento de la oferta genera un aumento de la demanda, para Keynes es la demanda lo que genera un incremento de la oferta.
En otras palabras, si se incrementa la demanda efectiva el empresario venderá más mercancía y por lo tanto incrementara la inversión y la oferta de mercancía. Por lo tanto, según la lógica keynesiana el gobierno se debe centrar en llevar a cabo políticas de demanda, sobre todo en un contexto de crisis económica.
De esta forma, Keynes recomendaba para salir de la crisis de 1929 un conjunto de políticas económicas que condujeran al crecimiento de la demanda para estimular nuevamente la expansión económica y poder salir de esta manera de la crisis más profunda por la cual había atravesado el capitalismo. Pero además, para Keynes, el encargado de aumentar la demanda es fundamentalmente el Estado actuando como complemento del sector privado.
En Estados Unidos el encargado de aumentar la demanda y permitir a los Norteamericanos comenzar a salir de la crisis fue el New Deal o Nuevo Acuerdo aplicado por Roosevelt en 1933. En Argentina se aplicó el denominado Plan Pinedo en 1933 durante la presidencia de Justo que también implicó un incremento de la demanda.
En la actualidad este debate vuelve al centro de la escena. Con Reagan en Estados Unidos, y asesorado por el economista Laffer, volvieron las políticas ofertistas basadas en la Ley de Say. Justamente, según Laffer, el gran problema que tenía Estados Unidos eran los elevados impuestos, por lo cual el economistas recomendaba reducir el impuesto a las ganancias para así de esta manera el empresario aumentaba la inversión y esto permitiría la reactivación de la economía Norteamericana.
Ronald Reagan redujo efectivamente el impuesto a las ganancias y no sólo que no logró una expansión de la economía de Estados Unidos sino que además generó un desfinanciamiento del Estado y una fuerte concentración del ingreso. Es decir, que la política de Reagan fue enteramente funcional a los sectores dominantes norteamericanos sin lograr además un crecimiento económico.
De nuevo, el problema no era que los empresarios de Estados Unidos no tenía dinero para invertir. No invertían justamente porque no había demanda. Por lo tanto, a pesar de la reducción del impuesto a la ganancia, los empresarios no aumentaron la inversión porque no tenía a quien venderle las mercancías que producían.
En la Argentina el debate entre políticas ofertistas y políticas de demanda también es actual. Cuando el gobierno de la Alianza asumió la presidencia en 1999, la economía argentina estaba atravesando una crisis que se había iniciado a mediados de 1998.
El ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, tenía su propia diagnostico de la crisis. Según el ministro, el gran problema de la economía argentina era el déficit fiscal. En efecto, según Machinea, el déficit del sector público generaba que el Estado nacional debía endeudarse en el sistema financiero local, lo cual se traducía en un aumento de la demanda de crédito y por lo tanto en elevadas tasas de interés.
Justamente, estas elevadas tasas de interés generaban que los empresarios no tomen crédito y por lo tanto no inviertan. Es decir, según Machinea, el problema era un tema de oferta y no de demanda.
Por lo tanto, la solución según el ministro de Economía era eliminar el déficit fiscal para así de esta forma evitar que el Estado nacional compita en el crédito con el sector privado generando de esta manera un disminución de la tasa de interés, un aumento del crédito para los empresarios y un incremento de la inversión permitiendo de esta manera reactivar a la economía argentina.
Con este objetivo el ministro Machinea llevo a cabo dos políticas: un aumento de los impuestos a los asalariados (la tablita de Machinea) y una reducción de las jubilaciones y los salarios del sector público.
De esta forma, según el ministro de economía, aumentaría la recaudación que unido a la reducción del gasto publico permitirían eliminar el déficit fiscal. Sin embargo, la única consecuencia que esto generó fue una reducción de la demanda, lo cual se tradujo en una profundización de la crisis económica.
De nuevo, con la asunción de Cavallo como ministro de Economía de la Alianza el diagnostico fue el mismo. Según el nuevo ministro de Economía el problema de la Argentina era por falta de políticas ofertistas. Para lo cual Cavallo lanzó los planes de competitividad que consistían en una reducción de los impuesto a los empresarios. Al igual que en el gobierno de Reagan, no sólo no generó un crecimiento de la economía sino que además se tradujo en un desfinanciamiento del Estado.
Estas políticas nos condujeron a la peor crisis de la economía argentina en el 2001 que implicó la salida anticipada del gobierno de la Alianza. En efecto, el problema de la economía argentina no era la oferta sino que lo que no crecía era la demanda lo cual profundizaba la crisis económica y social.
En la actualidad, ante los “coletazos” de la crisis “mundial” el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en contraposición a lo realizado durante el gobierno de la Alianza, implementa un conjunto de políticas de demanda con el objetivo de evitar la desaceleración de la economía argentina.
El actual gobierno reduce los impuestos a los asalariados con la eliminación de la tablita de Machinea, y no a los empresarios, y lleva a cabo una política de crédito “blando” para alentar al consumo. Junto con esto, en lugar de reducir el gasto público, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó un plan estratégico de obras públicas y realizó un pago extraordinario para los jubilados.
Sólo el crecimiento de la demanda podrán evitar un mayor contagio de la crisis internacional. Por lo tanto, sólo las políticas de demanda, como las que esta aplicando el gobierno, son las mediadas adecuadas para evitar un mayor derrame de la crisis “mundial” a nuestra economía.

¿UN PLAN B PARA AFRONTAR LA CRISIS “MUNDIAL”?

2008-11-28T07:28:00.000-08:00

La primer cuestión que debe analizarse es la misma idea de crisis mundial. Esto es, periodistas, intelectuales y políticos denominan a la actual crisis desatada en Estados Unidos como mundial. Sin embargo, detrás de la idea de que estamos atravesando una crisis mundial se esconde implícita o explícitamente un preconcepto.

En efecto, cuando en un país o región periférica se desata una crisis nunca se la denomina como mundial. Por ejemplo, la crisis de la deuda iniciada en 1982 cuando México declaró en forma unilateral el default de su deuda externa y que terminó arrasando a toda la región latinoamericana nadie la denomino como crisis mundial. Por el contrario, se la conoce como la crisis de la deuda de los países latinoamericanos.

En la actualidad, la crisis se desató en Estados Unidos afectando en forma inmediata, debido a su fuerte relación comercial y financiera, a los países europeos. Es decir, la crisis se inició en los países centrales. Tanto Estados Unidos, como España y Alemania, confirmaron que en estos últimos trimestres sus economías entraron en recesión. En cambio, las economías latinoamericanas en general y la economía argentina en particular, si bien presentan síntomas de desaceleración en sus respectivos crecimientos, siguen creciendo a pesar de la recesión de los países centrales. Pero más allá de esta evolución favorable de gran parte de las economías de América Latina la mayor parte de los analistas denominan a la crisis actual como mundial.

¿Cuál es entonces el preconcepto que se encuentra detrás de esta idea? Que las crisis de los países periféricos no se derraman hacia los países centrales y por lo tanto no se pueden denominar como crisis mundial, pero que las crisis desatadas en los países del centro se contagian automáticamente a todo el mundo. Sin embargo, ninguna de las dos ideas es cierta.

Por ejemplo, la crisis de la deuda a partir del default mexicano no se traslado a los países centrales por la rápida acción del FMI. Efectivamente, el organismo internacional a partir de la crisis de la deuda comenzó a actuar como intermediario entre los acreedores externos y los países endeudados, prestándoles dinero a cambio de los paquetes económicos impuestos por el FMI. El objetivo principal del organismo internacional en representación de los países centrales fue que las economías periféricas endeudadas pagaran los compromisos contraídos en los años anteriores.

¿Qué hubiera pasado si detrás de México, Brasil, Argentina y otras economía periféricas hubieran declarado el default de su deuda externa? En otras palabras, ¿qué hubiera sucedido si el FMI no hubiera actuado rápidamente para garantizar el cumplimiento en el pago de la deuda por parte de las economía periféricas?

La respuesta es sencilla: se hubiera producido una crisis en el sistema financiero internacional lo cual hubiera generado que la crisis de la deuda se trasladara inmediatamente a los países centrales. Por lo tanto, una primera conclusión que se puede extraer es que no es cierto que las crisis generadas en la periferia no se trasladan al centro, sino que la rápida acción de los países centrales es lo que evita el contagio de las crisis.

Esta conclusión nos permite analizar el otro punto: que las crisis desatadas en el centro se trasladan en forma automática a la periferia. Esta idea de inevitabilidad del contagio deriva en una conclusión: los países periféricos no pueden hacer nada para evitar el contagio de las crisis de los países centrales.

Por eso ante esta incertidumbre lo que debemos tener en claro es que esto es una crisis de los países centrales pero no es una crisis mundial debido a que gran parte de las economías latinoamericanas, entre otras, siguen creciendo. Por otro lado, no es inevitable que las crisis del centro se trasladen en forma automática a los países periféricos.

El contagio o no de la crisis del centro a los países periféricos dependerá de los que realicen nuestros gobiernos para evitar el contagio. Así como los gobiernos de los países centrales actuaron rápidamente en la crisis de la deuda para evitar el contagio, en la actualidad los gobierno de los países latinoamericanos deben actuar con la misma rapidez para evitar el traslado de la crisis de los países centrales a nuestras economías.

Pero entonces surge una pregunta central ¿qué deben hacer los gobiernos de los países latinoamericanos en general y de la Argentina en particular para evitar el contagio de la crisis de los países centrales?

El crecimiento del producto depende del aumento de la demanda. A su vez, la demanda puede ser externa y/o interna. Ante la crisis de las economías centrales es inevitable que la demanda externa se contraiga. Por lo tanto, la única forma de evitar el contagio es haciendo crecer la demanda interna.

Por otro lado, es esperable que en un contexto de incertidumbre no sea el sector privado el que motorice el aumento de la demanda interna. Por lo tanto, debe ser el aumento de la inversión pública lo que debe permitir aumentar la demanda interna para sostener el crecimiento económico. De nuevo, el papel del Estado es central para evitar el contagio de la crisis del centro en nuestras economías.

En este sentido, la Argentina no necesita un Plan B para seguir creciendo. Lo que necesita la economía argentina es profundizar el Plan A iniciado en el 2003 con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, donde la intervención del Estado se transformó nuevamente en uno de los pilares centrales para el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo.

De esta forma, el fin de las AFJP es una medida central que permitirá la utilización de esos recursos no para la especulación financiera que no genera incremento de la demanda sino más bien para direccionar esa masa dineraria hacia la inversión productiva y la inversión pública para así de esta manera posibilitar el crecimiento de la demanda interna y permitir que la crisis de los países centrales no se transforme en una crisis mundial.

EL FIN DE LAS AFJP ¿EL PRIMER CAMBIO ESTRUCTURAL KIRCHNERISTA?

2008-11-10T10:38:00.000-08:00

Con la finalización de las AFJP y el retorno al sistema jubilatorio de reparto un grupo de economistas de izquierda, encabezados por el diputado Claudio Lozano, esgrimieron que no sólo están de acuerdo con la medida tomada por la presidenta Cristina de Kirchner sino que además consideran que este fue el primer cambio estructural que se produjo en la economía argentina desde la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia el 25 de mayo de 2003.
Esto significa, por lo tanto, que los restantes cambios que se produjeron en la era kirchnerista, según estos economistas, fueron simplemente “maquillajes” del modelo económico existente durante la década del noventa.
En este sentido, cuando se analiza la lógica y característica de un modelo económico para entender su composición estructural es fundamental comprender hacia donde se dirige el excedente económico generado en esa economía.
Los fisiócratas, que era una escuela económica francesa que existió desde mediados del siglo XVIII a fines del siglo XVIII, introdujeron el concepto de producto neto que era la diferencia entre el valor de la producción final y el valor de la inversión inicial. Es decir, el concepto de producto neto es el concepto de excedente generado por una economía.
Según esta escuela francesa la única actividad capaz de generar producto neto, esto es, excedente, era la agricultura. Por lo tanto, si Francia quería convertirse en un país más rico tenía que lograr que todo el excedente generado por la economía Francesa debía volcarse a la agricultura.
Con este objetivo los fisiócratas recomendaban el liberalismo económico como política de crecimiento, debido a que si se dejaba funcionar libremente al mercado la riqueza de Francia iría en forma automática al sector agrario, lo cual generaría un incremento de la inversión agraria y de esta forma un aumento del producto neto; permitiendo que Francia sea un país más desarrollado.
Fueron Adam Smith y David Ricardo los primeros economistas en darse cuenta que para lograr un crecimiento sostenido de la economía el excedente tiene que ser volcado hacia el sector industrial.
Por ejemplo, David Ricardo se enfrentó drásticamente al sostenimiento de la ley de grano que existía en Inglaterra debido a que protegía la importación de productos agropecuario, protegiendo de esta manera el negocio de los terratenientes. Por lo tanto, según el economista, si la ley de grano continuaba el excedente de Inglaterra se destinaría en gran parte al sector agrario.
En cambio, con la eliminación de la ley de grano se permitiría la importación de productos agropecuarios a un precio más barato, lo cual permitiría reducir los costos industriales provocando de esta manera que el excedente de Inglaterra se volcara en forma masiva al sector manufacturero. En 1946 se elimina la ley de grano e Inglaterra se transformó definitivamente en la potencia industrial a nivel mundial.
En la actualidad algunos economistas comenzaron a diferenciar entre el concepto de crecimiento y desarrollo. Según estos economistas, crecimiento es el aumento del producto bruto interno y desarrollo económico incluye al crecimiento económico pero es más abarcativo.
En efecto, para que exista desarrollo tiene que verificarse, por ejemplo, un proceso de distribución del ingreso. Pero también, según estos economistas, para que se experimente un desarrollo debe producirse un cambio sustancial en su estructura económica. En otras palabras, el desarrollo implica un cambio estructural de la economía, lo cual significa pasar de una economía agraria a una economía industrial.
Por lo tanto, según estos autores, el proceso de industrialización es una cambio estructural necesario para transitar el camino del desarrollo económico. De esta forma, un cambio estructural requiere que la mayor parte del excedente de la economía se vuelque al sector manufacturero.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003, la economía argentina venía experimentando un modelo de valorización financiera, donde la mayor parte del excedente de la economía argentina se destinaba al sector especulativo –financiero y donde la renta financiera era el centro de la economía argentina.
Este modelo de valorización financiera fue instaurado durante la dictadura militar de 1976 cuando Martinez de Hoz, ministro de economía, introdujo la reforma financiera en 1977. A partir de dicha reforma el sector financiero se transformó en el ordenador de la economía argentina. Es decir, el excedente de la economía argentina comenzó a volcarse masivamente al sector financiero – especulativo.
Este modelo rentístico – financiero fue legitimado por Alfonsín y profundizado por Menem y De La Rua con la Convertibilidad. Justamente la creación de las AFJP en 1994 durante el gobierno de Menem respondía a la consolidación y profundización de la valorización financiera como lógica de funcionamiento de la economía argentina. Efectivamente, la creación de las AFJP permitía destinar una cantidad de recursos importantes para la obtención de rentas financiera.
Las consecuencias del modelo de valorización financiera impuesto por el Fondo Monetario Internacional fue no sólo el aumento de la deuda externa y la fuga de capitales sino además un fuerte proceso de desindustrialización de la economía argentina con el consiguiente incremento de la desocupación y la pobreza.
A partir del kirchnerismo el sector productor se transformó nuevamente en el centro de la economía argentina. Pero además uno de los sectores que más creció durante la era kirchnerista después de la construcción fue el sector manufacturero.
Por lo tanto, a partir del gobierno de Kirchner se cambio de un modelo de valorización financiera a un modelo de valorización productiva. En otras palabras, a partir del crecimiento económico experimentado durante la era kirchnerista el excedente de la economía argentina volvió a destinares a los sectores productores de bienes, fundamentalmente el industrial, y no en el sector financiero – especulativo.
En este sentido, la instauración de un modelo de valorización productiva, que se tradujo en una abrupta reducción de desempleo y pobreza, fue el primer y más profundo cambio estructural del gobierno de Kirchner.
De esta manera, el fin de las AFJP sólo se puede entender en este nuevo contexto de la economía argentina. Así como la consolidación del modelo de valorización financiera requirió de la creación de las AFJP, la profundización del modelo de valorización productiva requiere del fin de las mismas.
Por lo tanto, terminar con las AFJP no fue el primer cambio estructural de la era kirchnerista. El fin de las AFJP fue otro cambio estructural dentro del principal cambio estructural del gobierno de Kirchner: la creación de un modelo de valorización productiva en el cual el excedente de la economía argentina comenzó a destinarse a la producción de bienes y particularmente productos industriales.

EL FIN DE LAS AFJP

2008-11-04T04:38:00.000-08:00

Cuando Martinez de Hoz instauró durante la dictadura militar de 1976 el modelo de valorización financiera tenía una cosa en claro: si el Estado no distribuye el ingreso es el mercado el que lo hace.

Para la conformación del modelo rentístico financiero era fundamental el debilitamiento del Estado. Durante la dictadura militar el crecimiento de la deuda externa cumplió dos papeles centrales para la consolidación de la valorización financiera. Por un lado, la deuda pública externa actuó como condicionante estructural para la intervención del Estado en la economía. Incluso, gran parte de las políticas públicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional que implicaron el debilitamiento del Estado eran a cambio de un financiamiento de la deuda externa contraía por el Estado Nacional.

Por otro lado, el endeudamiento externo fue el motor de la valorización financiera por parte de los sectores dominantes. La “bicicleta financiera” que se instauró durante la dictadura militar consistía en que los grupos económicos locales, nacionales y extranjeros, se endeudaran en el sistema financiero internacional a una tasa de interés reducida y después lo colocaban en el sistema financiero local a una tasa de interés elevada, lo cual les permitía obtener una renta financiera que luego era fugada al extranjero.

En este sentido, el modelo de valorización financiera fue motorizado durante la dictadura militar por la deuda externa privada. Es importante destacar que en 1982 Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la República Argentina estatizó la deuda externa privada. En otras palabras, socializó los costos de la “bicicleta financiera” pero dejo en manos de los grupos económicos la renta financiera que habían fugado al extranjero.

Este nuevo modelo económico instaurado por la dictadura militar tuvo por lo tanto como resultado un abrupto crecimiento de la deuda externa que pasó de aproximadamente 8.000 a 46.000 millones de dólares entre 1976 y 1983, siendo la deuda externa pública la de mayor envergadura como consecuencia de la estatización de la deuda externa privada.

A partir del retorno a la democracia el endeudamiento público se transformó en el principal condicionante del Estado para aplicar políticas de carácter autónomas y para poder intervenir en la economía. Es decir, los sectores dominantes de la Argentina eran de esta forma los que regulaban la economía e imponían sus políticas económicas al Estado, siendo el Fondo Monetario Internacional su principal organismo de presión.

Esta característica de la economía argentina post dictadura se vislumbró claramente con el gobierno de Menem. En la década del noventa el organismo internacional impuso a los distintos países subdesarrollados el denominado Consenso de Washington. Este consenso significaba la profundización de las políticas neoliberales, las cuales permitieron la consolidación del modelo de valorización financiera.

Las políticas “recomendadas” por el Fondo Monetario Internacional y aplicadas por el gobierno de Menem implicaban entre otras cosas la privatización de los servicios públicos, la desregulación de los mercados, la apertura comercial y la flexibilización del mercado de trabajo.

Es importante destacar que las consecuencias de este modelo económico instaurado por la dictadura militar y profundizado por los gobierno democráticos entre 1983 y el 2003 implicaron entre otras consecuencias la desindustrialización de la economía argentina, el aumento de la deuda externa y la fuga de capitales, la extranjerización de la economía, la concentración del capital y la marginación social a partir del crecimiento de la desocupación, pobreza, indigencia y de la concentración del ingreso.

En este contexto la creación de las AFJP fue una de las transformaciones centrales para la consolidación de la valorización financiera como eje ordenador de la economía argentina por varios motivos.

La creación de las AFJP tuvo como resultado principal el abrupto crecimiento de la deuda pública. Efectivamente, al crearse las AFJP gran cantidad de los aportantes pasaron al régimen de capitalización desfinanciando de esta manera al régimen estatal. Es decir, el régimen de reparto siguió pagando a los jubilados pero sin recibir el financiamiento necesario para hacer frente a estas erogaciones.

El régimen estatal previsional funciona de la siguiente manera: los trabajadores activos financian a los jubilados con sus aportes, lo cual se denomina solidaridad intrageneracional. Sin embargo, a partir de la creación de las AFJP este sistema quedó desequilibrado debido a la perdida de una gran cantidad de aportantes al mismo tiempo que se mantenía el pago de las jubilaciones.

Este desequilibrio fue cubierto con gasto público lo cual generó un fuerte déficit fiscal durante el modelo de Convertibilidad. Al mismo tiempo este déficit fiscal fue financiado a través del endeudamiento público.

Por otro lado parte del endeudamiento público fue interno. Esto es, el Estado financió su desequilibrio fiscal en el sistema financiero local, lo cual provocó un aumento del crédito interno y el consiguiente incremento de la tasa de interés interna.

A partir del aumento de la tasa de interés local, al igual que en la dictadura militar, se inició nuevamente la valorización financiera. En efecto, como la tasa de interés interna se ubicó por arriba de la tasa de interés internacional los sectores dominantes comenzaron a endeudarse nuevamente en el extranjero para colocar esa masa dineraria en el sistema financiero interno a una tasa de interés mayor. Luego esa renta financiera la fugaban al extranjero. Este modelo rentístico financiero además era garantizado por la Convertibilidad al asegurarles un tipo de cambio fijo entre el dólar y la moneda nacional.

Junto con esto la creación de las AFJP implicó una transferencia fenomenal de recursos a los bancos para que participaran activamente de este modelo de valorización financiera y obtuvieran de esta manera no sólo fuerte ganancias en términos de comisiones sino también a partir de obtener grandes beneficios en la especulación financiera.

En resumen, la creación de las AFJP significó una de las transformaciones estructurales más importante en la consolidación del régimen rentístico financiero que implicó la marginación creciente de individuos a favor de los sectores dominantes nacionales y extranjeros.

De esta forma, la estatización de las AFJP, al igual que el pago al Fondo Monetario Internacional, significa un paso más de los que se dieron a partir del 25 de mayo de 2003 para la consolidación de un nuevo modelo de valorización productiva con inclusión social y distribución del ingreso.

El gobierno de Cristina de Kirchner con esta medida demuestra una vez más que en lugar de optar por la derechización de sus medidas a partir de la resolución 125 profundiza el modelo iniciado por Néstor Kirchner, siendo la intervención del Estado para la distribución del ingreso y la regulación de la economía uno de los pilares centrales.

NUEVO LOCKOUT PATRONAL DE LAS ENTIDADES AGRARIAS: disputa de dos modelos económicos

2008-10-17T10:29:00.000-07:00

Ante una nueva ofensiva de las entidades patronales del campo surgen algunas preguntas interesantes. En primer lugar ¿el nuevo lockout patronal se debe a la desaparición de la rentabilidad debido a la caída del precio internacional de las materias primas como consecuencia de la crisis mundial?. La respuesta es no. Es cierto que se produjo una caída en el precio de las materias primas, fundamentalmente de la soja. Sin embargo, el precio internacional sigue siendo en términos históricos elevados.

El precio internacional de las materias primas se encontraba sumamente elevado por dos causas centrales. Por un lado, el aumento de la demanda como resultado del crecimiento de Asia fundamentalmente China y la India. Por otro lado, debido a causas especulativas, esto es, enormes masas dinerarias que estaban dando vuelta por el mundo se volcaron a la especulación de las materias primas con el objetivo de obtener una rentabilidad en el corto plazo.

Con la crisis económica desatada en Estados Unidos y que pone en duda la misma globalización financiera despareció una de las causas que generaron el aumento internacional del precio de las materias primas, es decir, la causa especulativa. Sin embargo, todavía perdura la otra causa debido a que el crecimiento de China y la India todavía no se detuvo y esto implica que la demanda de productos agrarios a nivel mundial siga siendo sumamente alto. Por lo tanto, si bien el precio de la soja, maíz y trigo se redujo, todavía siguen siendo elevado en comparación a otros períodos históricos, y principalmente en comparación a la década del noventa. Por lo tanto, la rentabilidad del “campo” sigue siendo alta.

Entonces surge la segunda pregunta ¿por qué las entidades agrarias retoman la ofensiva contra el gobierno? La respuesta es que van por el modelo económico. En efecto, el conflicto agrario denota la disputa de dos modelos económicos que en algún aspecto son contradictorios. Ahora entonces la tercera pregunta importante es ¿cuáles son esos dos modelos en disputa?

Para explicar esto es necesarios introducir un concepto central en este debate: el saldo exportable. Esto es, de la producción interna el monto destinado a las exportaciones. Este saldo exportable depende del nivel de producción y del consumo interno. Ahora bien, en el corto plazo el aumento del saldo exportable depende casi con exclusividad del consumo interno. En otras palabras, cuanto mayor es el consumo interno menor es el saldo exportable y viceversa.

¿Qué le conviene a las entidades agrarias? Efectivamente, que el saldo exportable sea lo mas grande posible así de esta manera poder exportar la mayor cantidad de bienes y obtener la mayor rentabilidad posible. De esta forma, para las entidades agrarias el consumo interno se transforma en un problema.

Por tales causas, los terratenientes dueños de las tierras históricamente en la Argentina se opusieron a todo intento de industrialización de la economía argentina. Esto se debe a que la industria genera puestos de trabajo, los puestos de trabajo generan que la gente tenga plata y esto produce que el consumo interno aumente y al incrementarse el consumo interno se reduce el saldo exportable.

¿Qué significa entonces esto? Que todo intento de industrialización es contraproducente para los dueños y productores del campo al atentar contra su renta extraordinaria al tener que destinar una producción creciente al mercado interno. Por lo tanto, para las entidades agrarias el desempleo, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso son funcionales a sus propios intereses debido a que restringen el consumo popular y esto aumenta el saldo exportable e incrementa de esta forma su rentabilidad.

Con el gobierno de Kirchner en el 2003 se inició en la Argentina un nuevo modelo económico caracterizado por la valorización productiva donde el sector manufacturero se volvió a transforma en uno de los sectores económico centrales y donde la creación de puestos de trabajo se transformó en el centro de la política social. Este nuevo modelo económico se sustenta en dos premisas fundamentales: por un lado, una fuerte intervención del Estado para regular la economía y favorecer de esta manera el proceso de reindustrialización y, por otro lado, una política de integración latinoamericana.

Este modelo sin embargo es contraproducente para las entidades agrarias. En efecto, este modelo económico instaurado por el gobierno de Kirchner significó el aumento del consumo de los sectores populares, lo cual generó una reducción del saldo exportable de materia prima al tener que destinar una producción creciente de productos al mercado interno para el consumo de los argentinos.

De esta forma surge otra pregunta ¿qué modelo económico prefieren entonces las entidades agrarias? En este sentido, la historia argentina es demostrativa de los intereses de los terratenientes. El modelo agroexportador que se desarrolló en la Argentina entre 1880 – 1930 se estructuró alrededor de las exportaciones de productos primarios a los países del centro y la importación de productos industriales. Durante este modelo los dueños de las tierras se oponían a todo intento de industrialización de la economía argentina debido a que atentaba contra la renta extraordinaria obtenida por los dueños de la tierra al aumentar el consumo interno y reducir de esta forma el saldo exportable.

Hoy las entidades agrarias añoran ese modelo. ¿Cuál sería el país ideal para los dueños de la tierra? Simple: un país sin industria, con desempleo y pobreza, lo cual implicaría un incremento abrupto del saldo exportable al reducirse el consumo de los sectores populares, todo lo cual generaría un aumento aun mayor de su renta extraordinaria.

En la actualidad estos son los dos modelos económicos en disputa. De la correlación de fuerza depende que algunos de los dos modelos se impongan. Entones surge la última pregunta ¿de qué lado estas?

LA CRISIS MUNDIAL Y LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

2008-09-22T06:59:00.000-07:00

La crisis iniciada en el 2007 en los Estados Unidos se enmarca en el contexto de la globalización financiera iniciada en la década del setenta como correlato de las políticas neoliberales.
En efecto, en los años setenta el sistema financiero internacional pasó de la escasez de dólares que había caracterizado al sistema capitalista durante el período de posguerra a una abundancia de dólares como consecuencia de los déficit comerciales y la salida de capitales de los Estados Unidos.
Por un lado, el déficit comercial norteamericano se debió fundamentalmente a la perdida de competitividad de la economía de los Estados Unidos con respecto a las economías europeas y la japonesa y en menor medida frente al avance en la industrialización de algunos países periféricos, sobre todo los denominados tigres asiáticos como Corea del Sur y China.
Por otro lado, la salida de capitales de los Estados Unidos fue producto de las inversiones llevadas a cabo por las corporaciones norteamericanas en el exterior. A lo cual le debemos agregar que gran parte de las ganancias generadas por estas inversiones no retornaron a los Estados Unidos, sino más bien permanecieron en el mercado financiero internacional.
Otro factor que generó un incremento de la liquidez mundial y que por lo tanto constituyó un fuerte estimulo para el desarrollo del capital financiero fue el aumento de los precios del petróleo. Los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidieron a partir de 1973 incrementar el precio del insumo.
Esto provocó una gran afluencia de dólares hacia los países productores de petróleo pero que sin embargo al ser en su gran mayoría economías subdesarrolladas no tenían la capacidad de absorberlos en el corto plazo. De esta forma, estos países comenzaron a depositar gran parte de esta masa dineraria en los distintos bancos extranjeros de los países desarrollados dando origen a los denominados petrodólares.
En este contexto de abundancia de dólares en el sistema financiero internacional, en marzo de 1973 se abandonó definitivamente los tipos de cambios fijos para adoptar los tipos de cambios flexibles, desapareciendo de esta manera los acuerdo de Bretton Woods que habían caracterizado a la economía capitalista luego de la Segunda Guerra Mundial.
Todo esto condujo a la inestabilidad permanente de los tipos de cambio generando un contexto de incertidumbre en el cual la especulación cambiaria se transformó en uno de los rasgos estructurales de la nueva etapa del capitalismo.
También se eliminaron las distintas regulaciones del mundo financiero internacional que existían en las economías de posguerra y se liberalizó de esta manera la acción de los operadores financieros, sobre todo a partir de la apertura de los países desarrollados a los movimiento de capital de corto plazo. Es decir, mientras que el escenario de tipo de cambio flexible dio lugar a generosas oportunidades para la especulación cambiaria, la liberalización y desregulación financiera permitió el estimulo al capital financiero en general.
En resumen, el poder financiero aprovechó la crisis del sistema monetario internacional de comienzos de los años setenta y la abundancia de liquidez para presionar y lograr que los distintos gobiernos apliquen la liberalización del mercado financiero. Es así como en tres décadas el capital mutó de un sistema monetario con controles cambiarios y de movimiento de capital, a un mercado en el cual el capital financiero opera con total libertad y en el cual las empresas que llevan a cabo las distintas operaciones financieras son las que obtienen la mayor tasa de ganancia.
Ahora bien, una de las características más sobresaliente de la actual globalización financiera es que se encuentra marcada por una serie de shocks y crisis financieras que se fueron incrementando a medida que la mundialización financiera avanzaba.
Esta multiplicidad de shocks financieros demuestra la “fragilidad financiera” y el “riesgo sistémico” existente en esta nueva configuración del capitalismo conocida como globalización. En otras palabras, la globalización financiera se caracteriza por una fragilidad sistémica que se explicita en las sucesivas crisis financieras que azotan en estas últimas décadas a la economía mundial.
En este contexto se produjo en el 2007 la crisis originada por las hipotecas subprime que ha desencadenado una tormenta que algunos se atreven a comparar con la Depresión de 1929. Esta crisis comenzó en 1998 cuando se aplicó una innovación financiera que terminó con los monopolios de los bancos en la concesión de préstamos hipotecarios para adquirir propiedades inmobiliarias. La innovación consistió en abrir el negocio a todo tipo de inversiones externas e internas que, a través de la Bolsa de Valores, financiaban con su dinero nuevos préstamos hipotecarios. Es decir, un nuevo negocio para el capital financiero internacional.
Esto provocó una nueva burbuja financiera que explotó en el 2007 conduciendo a una nueva crisis mundial. Pues al incrementarse la cantidad de inversiones especulativas en los prestamos hipotecarios se produjo un crecimiento de las inversiones cada vez más riesgosas. Esta crisis que comenzó en el sistema financiero se traslada a la economía real de Estados Unidos al reducirse el crédito, lo cual genera una contracción en el nivel de producción y un aumento de la desocupación.
En esta situación la pregunta central que surge es ¿cómo repercutirá esta nueva crisis mundial en la economía Argentina?. El primer dato llamativo es que mientras que la crisis se inició en el 2007 la economía argentina sigue en un sendero de crecimiento económico. De esta forma la pregunta inmediata es ¿por qué la economía argentina frente a una crisis mundial sigue creciendo?.
Las crisis se propagan al resto de los países básicamente por dos vías: por el sistema financiero internacional y/o por el comercio exterior. Con respecto a la primer vía la economía argentina se encuentra prácticamente inmune. En efecto, a partir del default declarado después de la caída del régimen convertible el sistema financiero internacional se cerró para la economía argentina, lo cual significa que el crecimiento económico iniciado a partir de mediados del 2002 se produjo con ahorro interno. Este fenómeno genera una menor dependencia de la economía nacional ante los vaivenes de la economía internacional.
Por lo tanto, la posibilidad de contagio se puede llegar a producir por vía del comercio exterior. Esto significa que la única posibilidad que la crisis mundial se traslade a la economía argentina es que ante la propagación de la crisis a la economía real se produzca una caída de la demanda de los productos exportados por la Argentina generando una reducción de los precios internacionales. Esto se traduciría en un menor nivel de exportación y por lo tanto en una reducción del superávit comercial. Por otro lado, al caer las exportaciones también se produciría una caída de la recaudación tributaria vía reducción de las retenciones.
Sin embargo, es importante destacar dos cosas. Primero, para que estos suceda la crisis tendría que transformarse en una gran depresión de largo plazo. Segundo, si esto sucede la economía argentina se encuentra en buenas condiciones para afrontarla debido a las altas reservas que posee el Banco Central, el proceso de desendeudamiento que se inició a partir de 2003 (medido en porcentaje del PBI y de las exportaciones) y por los superávit fiscal pasados. De esta forma, si la crisis mundial no se traduce en una gran depresión lo máximo que podría sucederle a la economía argentina es una desaceleración de su ritmo de crecimiento.
También surge una segunda pregunta interesante ¿qué hubiera pasado si esta crisis se hubiera desatado durante el modelo de Convertibilidad?. Esta respuesta se puede responder con un solo ejemplo. En 1994 se produjo la devaluación mexicana como resultado de una crisis económica que venia atravesando el país. ¿Qué pasó en la Argentina?. Una crisis fenomenal conocida como la crisis del “efecto tequila”.
Esto se debió a la fragilidad económica de la Argentina durante el modelo de Convertibilidad caracterizado por el déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Pero además el modelo de Convertibilidad era altamente dependiente de la deuda externa. Por lo tanto, cualquier vaivén del mercado internacional se traducía en una crisis económica y social en la Argentina.
De esta forma, si esta crisis en un país periférico generó un derrumbe de la economía argentina durante el régimen de Convertibilidad ¿qué hubiera generado la crisis económica que se esta produciendo en la economía más importante del mundo y que se esta trasladando al resto de los países desarrollados?. La respuesta es sencilla: un colapso económico y social.
Esto es así debido a que el régimen convertible instaurado a principios de la década del noventa durante el gobierno del Dr. Carlos Menem y ratificado durante el gobierno de la Alianza era insostenible. Insostenible económicamente debido a que se sustentaba en el aumento de la deuda pública externa. Insostenible socialmente debido a que se traducía en un aumento del desempleo, subempleo, trabajos no registrados, pobreza e indigencia.
En cambio, la economía post devaluación es sustentable desde el punto de vista económico y social. Desde el punto de vista económico en la actualidad la economía argentina ha experimentado cinco años de crecimiento ininterrumpido superando en pesos al nivel del producto pico alcanzado en el año 1998. Pero además mientras que en 1998 la economía argentina marchaba hacia el colapso, el crecimiento post devaluación es acompañado por un superávit fiscal y comercial junto al aumento constante de las reservas del Banco Central. En otras palabras, el crecimiento económico post Convertibilidad no se sostiene en el endeudamiento externo público, lo cual lo transforma en un crecimiento sustentable desde el punto de vista económico.
Pero también es sustentable desde el punto de vista social. En efecto, y a diferencia de los sucedido en el Plan de Convertibilidad, a partir del crecimiento post devaluación se inició una fuerte reducción del desempleo, subempleo, pobreza e indigencia y una leve disminución del trabajo en “negro”.
Entonces la pregunta que surge, sobre todo en un contexto marcado por una eminente crisis norteamericana, es ¿si la economía actual por ser sustentable es invulnerable?. La respuesta es no. Por su puesto que si se produce una depresión mundial de largo plazo que produzca una caída abrupta de los precios internacionales de las materia primas indefectiblemente generara resultados negativos sobre la economía argentina.
Pero la pregunta siguiente entonces es ¿qué economía en el mundo es totalmente invulnerable en un contexto de globalización como el actual? Ninguna. Por su puesto que existen economías más sólidas que otras para enfrentar una crisis mundial. En la economía argentina el primer paso hacia una economía sólida ya se dio a partir de 2003: la construcción de un modelo sustentable desde el punto de vista económico y social.
La Argentina no tiene la capacidad para transformar la globalización financiera en un mercado mundial más estable. Pero si tiene la capacidad para que las crisis recurrentes que se generan a nivel internacional repercutan con la menor intensidad posible en la economía y la sociedad argentina. Eso se logra generando una economía menos dependiente de los vaivenes internacionales, lo cual viene sucediendo desde el 2003.