por Ariadna Somoza Zanuy
Buenos Aires Economico, 13 de enero de 2010
El conflicto que golpea nuestra cotidianidad en este enero inusual es el llamado conflicto por el Banco Central o el “efecto Redrado”. Por cierto, este conflicto es manejado desde los medios como un conflicto “de formas”, “jurídico” o basado en una persona: Redrado.
Pero el problema es mucho más profundo que ese planteo. Los que se está discutiendo realmente es en qué se utilizan los recursos que las políticas macroeconómicas aplicadas por este gobierno consiguieron. Mientras la política era acumular reservas todo iba bien, y las contradicciones internas del gobierno no se expresaban. Hoy, ante la necesidad de esos recursos ya sea para pagar compromisos de deuda o seguir financiando el gasto público, surge una discusión que es plenamente distributiva: si ante los vencimientos de la deuda externa del 2010 se recorta el gasto público o se sigue pidiendo deuda. Aunque parezca una tontería, veamos cuales son las diferencias de ambos caminos y porque el gobierno toma un tercero.
Seguir contrayendo deuda para pagar deuda, además de ser un perverso mecanismo económico de nunca acabar, tiene una profunda implicancia acerca de la independencia a la hora de poder plantear políticas económicas soberanas. Hasta hace poco tiempo parecía irreal pensar un plan económico sin el visto bueno del FMI y hoy, luego de la histórica renegociación del 2005, esto ya es moneda corriente. Más allá de los beneficios económicos a corto plazo, como pagar menos cantidad de dinero, implicó consecuencias político-económicas en el mediano plazo, que es la exitosa implementación de un programa económico que permitió el crecimiento a elevados niveles luego de una de las más profundas crisis económicas que sufrió nuestro país.
Por otro lado, reducir el gasto público es la salida ortodoxa por excelencia. Aquellos que achicaron el Estado en los ‘90 lo hicieron desde esta concepción, principalmente porque lo ven como “gasto” y no como inversión o redistribución progresiva. Si consideramos al gasto público como inversión del Estado nos encontramos, por un lado, con que el Estado invierte en infraestructura para el país que queda instalada y, por el otro, que para montar esa infraestructura se requiere mano de obra, lo cual dinamiza la economía. Lo mismo ocurre con el dinero que se destina a planes sociales, que no es otra cosa que el Estado direccionando recursos a los sectores que más los necesitan.
El gobierno, ante los vencimientos de deuda externa, eligió utilizar los recursos hasta acá ahorrados como forma de no tomar ninguno de estos caminos que implicarían un desaceleramiento de la economía, la falta de independencia para continuar con el modelo económico y un freno en la distribución de la riqueza.
Ante esta decisión del gobierno, el poder económico decidió no quedarse de brazos cruzados. Ese dinero que el Estado se ahorra por la reducción de intereses de deuda es dinero que a un sector de la economía no le llega: son los sectores concentrados de la especulación financiera, tanto locales como internacionales. La “supuesta” autonomía del Banco Central del Estado o gobierno encubre, en realidad, una relación y dependencia muy estrecha entre esa entidad y el poder económico local o foráneo. Esto es importante, porque nos tiene que quedar claro que lo que está ocurriendo aquí no es otra cosa que un conflicto de intereses y no un problema de determinadas figuras, ni un problema legal sobre las atribuciones de la presidenta o del Banco.
Es por ello que este conflicto nos debe abrir las puertas a discutir lo importante: cómo se genera riqueza y cómo se la distribuye. Esa es la discusión de fondo, la discusión que la restauración conservadora no quiere dar de frente y disfraza de farsas judiciales. Para poder continuar con un modelo económico soberano que apueste a la producción y al trabajo debemos, entre otras cosas, lograr modificar la Carta Orgánica neoliberal del Banco Central, que se presenta, a la vista de los acontecimientos, como un obstáculo para tener los recursos a disposición de las medidas de política económica que se toman desde el gobierno.
sábado, 20 de febrero de 2010
Martín Redrado, Neoliberalismo y el BCRA: Serás lo que has sido
por Exequiel Cunibertti
Buenos Aires Económico, 14 de enero de 2010
La nueva figura mediática del verano es Martín Redrado, el presidente del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA), quien asumió su cargo en 2004, luego de mandato de Alfonso Prat Gay en la misma entidad. Si bien Redrado ha cumplido sus funciones de manera eficiente, y llegó a este cargo luego de desempeñar una tarea irreprochable en la Secretaría de Comercio, un conflicto estalló alrededor de su persona. El mismo proviene de una decisión del gobierno nacional, que a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010/09 establece la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Tiene como fin saldar hasta 6.600 millones de dólares de la Deuda Eterna, mediante la utilización del excedente de reservas con las que cuenta el BCRA. Estos fondos se acumularon a partir de políticas de Estado que provocaron una continuidad de superávits gemelos, tanto comerciales como fiscales.
Ahora bien, ¿quién es presidente del BCRA? Egresado de la Universidad de Harvard, Master en Administración y especialista en Finanzas y Economía Internacional, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, del Comité de Mercados Emergentes de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, Secretario de Estado en la órbita del Ministerio de Educación y Secretario de Comercio hasta septiembre de 2004. Su carrera comienza fuera del país, como integrante del equipo de Jeffrey Sachs, en la conformación del “Programa de Estabilización Boliviano”.
¿Quién fue Jeffrey Sachs? Un economista de gran renombre internacional, ejerció funciones de asesor económico en America Latina, África, Asia, y Europa del Este durante los 80 y 90. Como es evidente, su función fue la de profundizar el modelo neoliberal a través de ajustes estructurales, que provocaron sucesivas crisis económicas alrededor de todo el mundo. Las asesorías de Sachs revelaron éxitos cortoplacistas y fracasos estructurales para los países que lo aplicaron. Los casos son realmente reveladores: la Argentina del 89 con su espiral hiperinflacionaria, Bolivia de 1985, la Venezuela pre-Chávez, Polonia durante Lech Walesa, y Rusia de Boris Yeltsin, entre los casos mas relevantes. ¿Cual es su especialidad? Combatir la inflación mediante políticas de shocks económicos.
El neoliberalismo originario de Friedman y Von Hayek tenía un común denominador: su aplicación en gobiernos dictatoriales, como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y algunos de Asia. Sachs le otorgó a esta corriente ideológica un tinte "democrático", modificó la ecuación Neoliberalismo = Dictadura; abrió el abanico de su aplicación a naciones comandadas por gobiernos elegidos por el voto del pueblo. Ahora bien, se debe reconocer que la doctrina del shock fue "eficaz" para el tratamiento de procesos inflacionarios, empero sus costos sociales fueron altísimos. Basta considerar que la gran mayoría de los países asesorados - al cabo de una década - se vieron sumergidos en crisis económicas y sociales de lo más profundas que tuvieron en su historia: Efecto Caipirinha, Vodka, Tango, Sake y demás calificativos.
Veamos solo un caso: Bolivia 1985, proceso electoral. Sachs, como asesor económico del ex dictador Banzer, formuló el plan económico de estabilización boliviano. La disputa electoral finalizó empatada entre Banzer y el ex presidente Paz Estenssoro, un dirigente popular. A puertas cerradas se pactó que Paz asumiría el gobierno, pero las políticas económicas serian las formuladas por Sachs. Como consecuencia, se eliminaron subsidios a la comida y el control de precios, se ajustó el gasto público y se produjo un aumento del 300% del precio del petróleo. Los costes sociales fueron pagados por los sectores populares: retroceso real de la distribución de la riqueza, aumento descomunal del desempleo, propagación de la pobreza, baja sustancial en todos los indicadores sociales. El pueblo boliviano se vio obligado a emigrar masivamente hacia la siembra de coca. El neoliberalismo no solo no soluciona las necesidades de los individuos, sino que ha traído graves consecuencias económicas y sociales en todo el mundo. En síntesis: el grupo que Redrado integró en Bolivia tuvo un desempeño poco feliz.
Pero desde 2002, Redrado ha modificado sus posiciones ideológicas llevando a cabo políticas públicas que acompañaron el proyecto nacional y popular, y esto ha quedado demostrado en su gestión post Convertibilidad. El mismo Redrado fue el ejecutor de una política clave para el modelo económico, la intervención monetaria para frenar las variaciones del dólar (flotación controlada), la implementación en 2005 de un plan de pago de deuda que conllevó una quita de un 75% sobre los montos adeudados. Ha mantenido una política monetaria y cambiaria sin grietas durante su gestión. ¿Qué otro Presidente del BCRA se mantuvo en sus funciones durante mas de 5 años? El único caso es Bosch, que ejerció ese cargo de 1935 a 1945. El desempeño de Redrado tiene motivos para considerarse eficiente.
Entonces, ¿por qué, a partir de una decisión gubernamental para reducir nuevamente la deuda heredada (en otro contexto internacional), Redrado retoma la ortodoxia de su formación académica?
Es usual que ante situaciones criticas los funcionarios y los profesionales en general, apelen a lo aprendido durante su proceso formatorio, dado que son los conocimientos base que poseen. El espectro de una educación en ciencias económicas, y en otras carreras, que permitan ampliar el marco de análisis para los modelos de desarrollo de un país es fundamental, y debe ser parte de la agenda política 2010, una profunda reforma de la ley de educación superior, que modifique tanto los contenidos, programáticas, como así también el funcionamiento del ámbito universitario nacional. Pero mas allá de este tema, que excede el presente ensayo, el eje central de análisis es la agobiante deuda externa que soporta el país. Esto sumado a un agravante que no podemos dejar de mencionar: otro ex presidente del BCRA y ex Ministro de Economía se encargó de transformar la deuda privada en deuda pública, beneficiando a un grupo de empresarios en detrimento del bienestar general. Este funcionario es Domingo Cavallo, admirador de Sachs, y propulsor del modelo de Convertibilidad a la que, denominó "terapia de shock".
Si un presidente del BCRA puede estatizar deuda privada por 30 mil millones de dólares (sí, ¡diez ceros!) al principio de los 80, ¿por qué ahora no puede avalar una política de Estado que tiene como fin reducir una carga que pesa sobre los habitantes de la Nación? ¿Qué presiones recaen sobre el funcionario que provocan que no pueda repetir aquello que ya ejecutó en 2005? ¿Es lógica la facultad de ente autárquico que desempeña el BCRA? ¿Puede un gobierno desarrollar y profundizar un modelo económico, sin tener una política monetaria que lo acompañe?
Si Argentina se encuentra desandando el camino que transito a partir de la década del 70, es menester se revise profundamente, tanto la Ley de Entidades Financieras, como así también la Carta Orgánica del BCRA, de manera que los funcionarios a cargo no estén sometidos a ningún tipo de presiones, que excedan los propósitos del desarrollo nacional. El Banco Central debe ser una herramienta del Estado, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos que fijen políticas monetarias que promuevan el modelo productivo nacional.
Buenos Aires Económico, 14 de enero de 2010
La nueva figura mediática del verano es Martín Redrado, el presidente del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA), quien asumió su cargo en 2004, luego de mandato de Alfonso Prat Gay en la misma entidad. Si bien Redrado ha cumplido sus funciones de manera eficiente, y llegó a este cargo luego de desempeñar una tarea irreprochable en la Secretaría de Comercio, un conflicto estalló alrededor de su persona. El mismo proviene de una decisión del gobierno nacional, que a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010/09 establece la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Tiene como fin saldar hasta 6.600 millones de dólares de la Deuda Eterna, mediante la utilización del excedente de reservas con las que cuenta el BCRA. Estos fondos se acumularon a partir de políticas de Estado que provocaron una continuidad de superávits gemelos, tanto comerciales como fiscales.
Ahora bien, ¿quién es presidente del BCRA? Egresado de la Universidad de Harvard, Master en Administración y especialista en Finanzas y Economía Internacional, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, del Comité de Mercados Emergentes de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, Secretario de Estado en la órbita del Ministerio de Educación y Secretario de Comercio hasta septiembre de 2004. Su carrera comienza fuera del país, como integrante del equipo de Jeffrey Sachs, en la conformación del “Programa de Estabilización Boliviano”.
¿Quién fue Jeffrey Sachs? Un economista de gran renombre internacional, ejerció funciones de asesor económico en America Latina, África, Asia, y Europa del Este durante los 80 y 90. Como es evidente, su función fue la de profundizar el modelo neoliberal a través de ajustes estructurales, que provocaron sucesivas crisis económicas alrededor de todo el mundo. Las asesorías de Sachs revelaron éxitos cortoplacistas y fracasos estructurales para los países que lo aplicaron. Los casos son realmente reveladores: la Argentina del 89 con su espiral hiperinflacionaria, Bolivia de 1985, la Venezuela pre-Chávez, Polonia durante Lech Walesa, y Rusia de Boris Yeltsin, entre los casos mas relevantes. ¿Cual es su especialidad? Combatir la inflación mediante políticas de shocks económicos.
El neoliberalismo originario de Friedman y Von Hayek tenía un común denominador: su aplicación en gobiernos dictatoriales, como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y algunos de Asia. Sachs le otorgó a esta corriente ideológica un tinte "democrático", modificó la ecuación Neoliberalismo = Dictadura; abrió el abanico de su aplicación a naciones comandadas por gobiernos elegidos por el voto del pueblo. Ahora bien, se debe reconocer que la doctrina del shock fue "eficaz" para el tratamiento de procesos inflacionarios, empero sus costos sociales fueron altísimos. Basta considerar que la gran mayoría de los países asesorados - al cabo de una década - se vieron sumergidos en crisis económicas y sociales de lo más profundas que tuvieron en su historia: Efecto Caipirinha, Vodka, Tango, Sake y demás calificativos.
Veamos solo un caso: Bolivia 1985, proceso electoral. Sachs, como asesor económico del ex dictador Banzer, formuló el plan económico de estabilización boliviano. La disputa electoral finalizó empatada entre Banzer y el ex presidente Paz Estenssoro, un dirigente popular. A puertas cerradas se pactó que Paz asumiría el gobierno, pero las políticas económicas serian las formuladas por Sachs. Como consecuencia, se eliminaron subsidios a la comida y el control de precios, se ajustó el gasto público y se produjo un aumento del 300% del precio del petróleo. Los costes sociales fueron pagados por los sectores populares: retroceso real de la distribución de la riqueza, aumento descomunal del desempleo, propagación de la pobreza, baja sustancial en todos los indicadores sociales. El pueblo boliviano se vio obligado a emigrar masivamente hacia la siembra de coca. El neoliberalismo no solo no soluciona las necesidades de los individuos, sino que ha traído graves consecuencias económicas y sociales en todo el mundo. En síntesis: el grupo que Redrado integró en Bolivia tuvo un desempeño poco feliz.
Pero desde 2002, Redrado ha modificado sus posiciones ideológicas llevando a cabo políticas públicas que acompañaron el proyecto nacional y popular, y esto ha quedado demostrado en su gestión post Convertibilidad. El mismo Redrado fue el ejecutor de una política clave para el modelo económico, la intervención monetaria para frenar las variaciones del dólar (flotación controlada), la implementación en 2005 de un plan de pago de deuda que conllevó una quita de un 75% sobre los montos adeudados. Ha mantenido una política monetaria y cambiaria sin grietas durante su gestión. ¿Qué otro Presidente del BCRA se mantuvo en sus funciones durante mas de 5 años? El único caso es Bosch, que ejerció ese cargo de 1935 a 1945. El desempeño de Redrado tiene motivos para considerarse eficiente.
Entonces, ¿por qué, a partir de una decisión gubernamental para reducir nuevamente la deuda heredada (en otro contexto internacional), Redrado retoma la ortodoxia de su formación académica?
Es usual que ante situaciones criticas los funcionarios y los profesionales en general, apelen a lo aprendido durante su proceso formatorio, dado que son los conocimientos base que poseen. El espectro de una educación en ciencias económicas, y en otras carreras, que permitan ampliar el marco de análisis para los modelos de desarrollo de un país es fundamental, y debe ser parte de la agenda política 2010, una profunda reforma de la ley de educación superior, que modifique tanto los contenidos, programáticas, como así también el funcionamiento del ámbito universitario nacional. Pero mas allá de este tema, que excede el presente ensayo, el eje central de análisis es la agobiante deuda externa que soporta el país. Esto sumado a un agravante que no podemos dejar de mencionar: otro ex presidente del BCRA y ex Ministro de Economía se encargó de transformar la deuda privada en deuda pública, beneficiando a un grupo de empresarios en detrimento del bienestar general. Este funcionario es Domingo Cavallo, admirador de Sachs, y propulsor del modelo de Convertibilidad a la que, denominó "terapia de shock".
Si un presidente del BCRA puede estatizar deuda privada por 30 mil millones de dólares (sí, ¡diez ceros!) al principio de los 80, ¿por qué ahora no puede avalar una política de Estado que tiene como fin reducir una carga que pesa sobre los habitantes de la Nación? ¿Qué presiones recaen sobre el funcionario que provocan que no pueda repetir aquello que ya ejecutó en 2005? ¿Es lógica la facultad de ente autárquico que desempeña el BCRA? ¿Puede un gobierno desarrollar y profundizar un modelo económico, sin tener una política monetaria que lo acompañe?
Si Argentina se encuentra desandando el camino que transito a partir de la década del 70, es menester se revise profundamente, tanto la Ley de Entidades Financieras, como así también la Carta Orgánica del BCRA, de manera que los funcionarios a cargo no estén sometidos a ningún tipo de presiones, que excedan los propósitos del desarrollo nacional. El Banco Central debe ser una herramienta del Estado, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos que fijen políticas monetarias que promuevan el modelo productivo nacional.
jueves, 11 de febrero de 2010
La economia del miedo
Exequiel Cunibertti, Buenos Aires Economico, Viernes 15 de enero de 2010
En un mundo capitalista para cada fenómeno existen determinados intereses que suelen ser respaldados económica, financiera y políticamente. En este sentido, se puede analizar cómo las editoriales de la mayoría de los medios masivos de comunicación están a la orden de ciertos intereses. De esta forma, si analizamos la agenda marcada por los grandes medios concentrados durante este año encontraremos una consonancia respecto a determinados intereses particulares.
Durante el primer semestre aparecieron en todos los medios masivos de comunicación como centro de pánico y de temor del ciudadano enfermedades como el Dengue y la Gripe A. Desde julio olvidamos por completo las enfermedades, y la escena mediática fue ganada por la política como resultado de las elecciones legislativas y por el “desinterés” del gobierno ante las necesidades de ciertos sectores de la economía, particularmente el agropecuario. Por último, las tapas se ocuparon de dos hechos fundamentales en la segunda parte del año: el “absoluto rechazo” al gobierno en las últimas elecciones y el nuevo congreso que se constituyó como resultado de la misma y el “intento de control K” de los medios como resultado de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales.
Sin embargo, a lo largo de todo el año y variando el nivel de intensidad existió un invitado particular de la escena mediática: la inseguridad. De esta forma, por todos los noticieros y en la tapa de los diarios más masivos aparecieron casi en forma permanente hechos delictivos como robos, secuestros, violaciones y muertos. A fin de año se sumaron frases a la escena distintas frases que “corroboraban” la escala de inseguridad “reflejada” en los grandes medios de comunicación: “Nos están matando a todos”, “Si no se reprime es un caos”, “esto ya es Colombia”.
La pregunta central que surge entones es: ¿por qué la inseguridad es tan importante para los medios masivos de comunicación? Una posible respuesta es que efectivamente la Argentina ya es Colombia y los niveles de inseguridad por lo tanto son intolerables. En este sentido, lo único que estarían haciendo los medios concentrados de comunicación es reflejando la realidad.
Efectos del neoliberalismo: A partir de los inicios de la década del setenta comienzan a imponerse los principios del Neoliberalismo de Friedrich Von Hayek y Milton Friedman, los cuales expresaban en líneas generales que el Estado sólo debía encargarse de asegurar el marco jurídico para que de esta manera se cumplan los contratos entre los agentes privados de la economía, garantizándose así la libertad económica.
Neoliberalismo mediante se inicia un proceso expansivo de desigualdad social donde se polariza la sociedad y se caracteriza por la existencia de un pequeño núcleo de personas que concentra la riqueza y una mayoría que logra sobrevivir con esfuerzo y mucha suerte. Por lo tanto, el Estado Benefactor es “pulverizado” por el Neoliberalismo, generando un despegue de la inseguridad a nivel global.
En la Argentina la imposición del neoliberalismo y sus consecuencias se produjo a partir del golpe de Estado de 1976 y se legitimó y profundizó con los sucesivos gobiernos democráticos hasta el 2003.
Ahora bien, cabe preguntarnos ¿Argentina presenta la misma situación de inseguridad que Colombia?. Veamos las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas que presentó su último informe sobre las victimas por homicidio medido cada 100.000 habitantes. Nos dirigimos a la sección “América Latina” y allí buscamos la República Argentina. Para nuestra sorpresa lo que hallamos poco tiene que ver con la realidad presentada por los noticieros y titulares de los diarios. Mientras que la cantidad de homicidios en el país es de 5,5 personas cada 100.000 habitantes, en Colombia los casos ascienden a 61,1. Según la ONU, entonces, la Argentina no es Colombia.
Siguiendo con los datos: en el caso de Brasil es de 30,8 casos cada 100.000 habitantes, Bolivia 5,3; Chile 5,5; Ecuador 18,5; Guayana Francesa 19,2; Paraguay 17,8; Perú 5,7; Surinam 11,8; Uruguay 6,0 y Venezuela 37,0. Veamos América del Norte: México 11,3; Canadá 2,0 y Estados Unidos, la potencia mundial y referente en materia de seguridad para amplios sectores de la sociedad argentina, 5,9 casos cada 100.000 habitantes.
El negocio del miedo: Por lo dicho anteriormente podemos afirmar que si bien la inseguridad existe los números nacionales se alejan de realidades regionales mucho más difíciles. Incluso la situación de la Argentina se encuentra mucho mejor en tema de inseguridad que la mayoría de los países de América. Entonces volvamos a la pregunta original ¿por qué la inseguridad es tan importante para los medios masivos de comunicación? Existen fuertes intereses económicos detrás de la imposición de la inseguridad como principal tópico de la agenda pública.
Por ejemplo, en el año 1999 la inseguridad generó ingresos por 1.000 millones de pesos convertibles a dólares, incluyendo la venta de rejas, alarmas, custodios y cámaras de seguridad. Desde 1995 a 1999, donde muchos sectores productivos se encontraban estancados y al borde de la desaparición, el negocio de la inseguridad aumentó un 22,2%.
Asimismo, se verificó un fuerte crecimiento del mercado laboral de la seguridad privada. Mientras que en 1989 existían 30 mil vigiladores, en 1997 ascendían a 70 mil, es decir, que durante este período se experimento una expansión del 133% en la mano de obra empleada en la seguridad privada.
En la actualidad la seguridad privada mueve 10 mil millones de pesos. Al analizarse los datos de crecimiento del negocio de la seguridad privada existió un pico en el período 2001-2003 donde se expandió un 7,9%. Es decir, mientras que el país se hundía en su más profunda crisis, el negocio de la seguridad privada vivía sus años dorados.
En el 2009 el mercado laboral que ostenta este negocio reúne a 200.000 vigiladores privados, de los cuales un 25% se encuentra trabajando en “negro” con sueldo que rondan los $6,25 la hora promedio y una jornada laboral de 10 horas diarias.
Un verdadero negocio en expansión y sin riesgo siempre y cuando la inseguridad sea la noticia más importante para los medios de comunicación.
Detrás de este fenomenal negocio se encuentran las empresas de Seguridad Privada nucleadas en la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI), asociada a la Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP). En octubre de 2009 se celebró el “VII Congreso de FEPASEP-Seguridad Privada-Factor de Unión”. El cierre lo dio el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, mandatario que permitió la instalación de siete bases militares norteamericanas en Latinoamérica, y a quien la CAESI le entregó un presente expresándole “que el recuerdo alcanzaba también a la gran mayoría del pueblo argentino, que lo tiene asumido como un verdadero ejemplo de líder de la democracia latinoamericana”.
Por lo tanto, la inseguridad existe aquí y en todo el mundo. Es consecuencias, en buena medida, de la desigualdad y la marginación social. Su incrementó (o retroceso) ésta en sintonía con el desmantelamiento (o la reconstrucción) del Estado de Bienestar.
Muchos de los chicos de 15 años que en la actualidad salen a delinquir son los mismos chicos que en el año 2001 tenían 7 años y veían a sus padres desempleados, desprotegidos por el Estado y marginados de la sociedad.
¿Qué hizo el gobierno nacional para reducir el crecimiento de la inseguridad? Desde el año 2003 se redujo el desempleo, la pobreza, la indigencia, se crearon cooperativas de trabajo, se redujo el trabajo no registrado, se incluyeron 4 millones de nuevos jubilados, se brindo la asignación universal por hijo, es decir, se llevaron a cabo distintas políticas públicas que permitieron un mayor grado de igualdad e inclusión social. Revertir en gran parte las condiciones de vida que nos dejó el neoliberalismo permitió que, según los datos de la ONU, la Argentina es uno de los países con mayor grado de seguridad de América. Sin embargo, mientras la inseguridad genere negocio, la Argentina para los medios concentrados de comunicación seguirá siendo Colombia.
En un mundo capitalista para cada fenómeno existen determinados intereses que suelen ser respaldados económica, financiera y políticamente. En este sentido, se puede analizar cómo las editoriales de la mayoría de los medios masivos de comunicación están a la orden de ciertos intereses. De esta forma, si analizamos la agenda marcada por los grandes medios concentrados durante este año encontraremos una consonancia respecto a determinados intereses particulares.
Durante el primer semestre aparecieron en todos los medios masivos de comunicación como centro de pánico y de temor del ciudadano enfermedades como el Dengue y la Gripe A. Desde julio olvidamos por completo las enfermedades, y la escena mediática fue ganada por la política como resultado de las elecciones legislativas y por el “desinterés” del gobierno ante las necesidades de ciertos sectores de la economía, particularmente el agropecuario. Por último, las tapas se ocuparon de dos hechos fundamentales en la segunda parte del año: el “absoluto rechazo” al gobierno en las últimas elecciones y el nuevo congreso que se constituyó como resultado de la misma y el “intento de control K” de los medios como resultado de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales.
Sin embargo, a lo largo de todo el año y variando el nivel de intensidad existió un invitado particular de la escena mediática: la inseguridad. De esta forma, por todos los noticieros y en la tapa de los diarios más masivos aparecieron casi en forma permanente hechos delictivos como robos, secuestros, violaciones y muertos. A fin de año se sumaron frases a la escena distintas frases que “corroboraban” la escala de inseguridad “reflejada” en los grandes medios de comunicación: “Nos están matando a todos”, “Si no se reprime es un caos”, “esto ya es Colombia”.
La pregunta central que surge entones es: ¿por qué la inseguridad es tan importante para los medios masivos de comunicación? Una posible respuesta es que efectivamente la Argentina ya es Colombia y los niveles de inseguridad por lo tanto son intolerables. En este sentido, lo único que estarían haciendo los medios concentrados de comunicación es reflejando la realidad.
Efectos del neoliberalismo: A partir de los inicios de la década del setenta comienzan a imponerse los principios del Neoliberalismo de Friedrich Von Hayek y Milton Friedman, los cuales expresaban en líneas generales que el Estado sólo debía encargarse de asegurar el marco jurídico para que de esta manera se cumplan los contratos entre los agentes privados de la economía, garantizándose así la libertad económica.
Neoliberalismo mediante se inicia un proceso expansivo de desigualdad social donde se polariza la sociedad y se caracteriza por la existencia de un pequeño núcleo de personas que concentra la riqueza y una mayoría que logra sobrevivir con esfuerzo y mucha suerte. Por lo tanto, el Estado Benefactor es “pulverizado” por el Neoliberalismo, generando un despegue de la inseguridad a nivel global.
En la Argentina la imposición del neoliberalismo y sus consecuencias se produjo a partir del golpe de Estado de 1976 y se legitimó y profundizó con los sucesivos gobiernos democráticos hasta el 2003.
Ahora bien, cabe preguntarnos ¿Argentina presenta la misma situación de inseguridad que Colombia?. Veamos las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas que presentó su último informe sobre las victimas por homicidio medido cada 100.000 habitantes. Nos dirigimos a la sección “América Latina” y allí buscamos la República Argentina. Para nuestra sorpresa lo que hallamos poco tiene que ver con la realidad presentada por los noticieros y titulares de los diarios. Mientras que la cantidad de homicidios en el país es de 5,5 personas cada 100.000 habitantes, en Colombia los casos ascienden a 61,1. Según la ONU, entonces, la Argentina no es Colombia.
Siguiendo con los datos: en el caso de Brasil es de 30,8 casos cada 100.000 habitantes, Bolivia 5,3; Chile 5,5; Ecuador 18,5; Guayana Francesa 19,2; Paraguay 17,8; Perú 5,7; Surinam 11,8; Uruguay 6,0 y Venezuela 37,0. Veamos América del Norte: México 11,3; Canadá 2,0 y Estados Unidos, la potencia mundial y referente en materia de seguridad para amplios sectores de la sociedad argentina, 5,9 casos cada 100.000 habitantes.
El negocio del miedo: Por lo dicho anteriormente podemos afirmar que si bien la inseguridad existe los números nacionales se alejan de realidades regionales mucho más difíciles. Incluso la situación de la Argentina se encuentra mucho mejor en tema de inseguridad que la mayoría de los países de América. Entonces volvamos a la pregunta original ¿por qué la inseguridad es tan importante para los medios masivos de comunicación? Existen fuertes intereses económicos detrás de la imposición de la inseguridad como principal tópico de la agenda pública.
Por ejemplo, en el año 1999 la inseguridad generó ingresos por 1.000 millones de pesos convertibles a dólares, incluyendo la venta de rejas, alarmas, custodios y cámaras de seguridad. Desde 1995 a 1999, donde muchos sectores productivos se encontraban estancados y al borde de la desaparición, el negocio de la inseguridad aumentó un 22,2%.
Asimismo, se verificó un fuerte crecimiento del mercado laboral de la seguridad privada. Mientras que en 1989 existían 30 mil vigiladores, en 1997 ascendían a 70 mil, es decir, que durante este período se experimento una expansión del 133% en la mano de obra empleada en la seguridad privada.
En la actualidad la seguridad privada mueve 10 mil millones de pesos. Al analizarse los datos de crecimiento del negocio de la seguridad privada existió un pico en el período 2001-2003 donde se expandió un 7,9%. Es decir, mientras que el país se hundía en su más profunda crisis, el negocio de la seguridad privada vivía sus años dorados.
En el 2009 el mercado laboral que ostenta este negocio reúne a 200.000 vigiladores privados, de los cuales un 25% se encuentra trabajando en “negro” con sueldo que rondan los $6,25 la hora promedio y una jornada laboral de 10 horas diarias.
Un verdadero negocio en expansión y sin riesgo siempre y cuando la inseguridad sea la noticia más importante para los medios de comunicación.
Detrás de este fenomenal negocio se encuentran las empresas de Seguridad Privada nucleadas en la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI), asociada a la Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP). En octubre de 2009 se celebró el “VII Congreso de FEPASEP-Seguridad Privada-Factor de Unión”. El cierre lo dio el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, mandatario que permitió la instalación de siete bases militares norteamericanas en Latinoamérica, y a quien la CAESI le entregó un presente expresándole “que el recuerdo alcanzaba también a la gran mayoría del pueblo argentino, que lo tiene asumido como un verdadero ejemplo de líder de la democracia latinoamericana”.
Por lo tanto, la inseguridad existe aquí y en todo el mundo. Es consecuencias, en buena medida, de la desigualdad y la marginación social. Su incrementó (o retroceso) ésta en sintonía con el desmantelamiento (o la reconstrucción) del Estado de Bienestar.
Muchos de los chicos de 15 años que en la actualidad salen a delinquir son los mismos chicos que en el año 2001 tenían 7 años y veían a sus padres desempleados, desprotegidos por el Estado y marginados de la sociedad.
¿Qué hizo el gobierno nacional para reducir el crecimiento de la inseguridad? Desde el año 2003 se redujo el desempleo, la pobreza, la indigencia, se crearon cooperativas de trabajo, se redujo el trabajo no registrado, se incluyeron 4 millones de nuevos jubilados, se brindo la asignación universal por hijo, es decir, se llevaron a cabo distintas políticas públicas que permitieron un mayor grado de igualdad e inclusión social. Revertir en gran parte las condiciones de vida que nos dejó el neoliberalismo permitió que, según los datos de la ONU, la Argentina es uno de los países con mayor grado de seguridad de América. Sin embargo, mientras la inseguridad genere negocio, la Argentina para los medios concentrados de comunicación seguirá siendo Colombia.
El Fondo del Bicentenario
Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Economico, Viernes 8 de enero de 2010
El gobierno nacional tenía básicamente dos formas para financiar los distintos vencimientos de deuda externa del 2010. Por un lado, redireccionar los recursos públicos al pago de la deuda externa. Es decir, utilizar parte de recursos fiscales que se hubieran utilizados para financiar por ejemplo obras de infraestructura para hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. En otras palabras, reducir el gasto público para aumentar el superávit primario, y con ese mayor ahorro comprar los dólares necesarios para pagar la deuda externa. Esta alternativa hubiera implicado una disminución de la demanda agregada con la consiguiente caída del mercado interno, quiebre de pequeñas y medianas empresas, aumento del desempleo y pobreza.
Por otro lado, recurrir a la deuda externa aceptando de esta forma tasas de interés extremadamente elevadas, lo cual generaría nuevamente un circulo vicioso de endeudamiento externo. Este camino nos hubiera conducido nuevamente a la dependencia del sistema financiero internacional y del Fondo Monetario perdiendo nuestra soberanía macroeconómica.
Ambos caminos fueron los elegidos en la década del ochenta por Alfonsín y en la década del noventa durante la Convertibilidad. Ambas décadas terminaron con las dos peores crisis de la historia económica y social de la Argentina. En efecto, los años ochenta finalizaron con la crisis hiperinflacionaria y los noventa con la crisis del régimen convertible en el 2001.
Sin embargo, y a contraposición de los sucedido en las décadas anteriores, el gobierno nacional anunció la creación del Fondo del Bicentenario compuesto por 6.569 millones de dólares con reservas del Banco Central de la República Argentina para pagar la deuda externa del 2010. En este sentido, la creación del Fondo es una demostración más desde el 2003 de sostener políticas expansivas que fortalezcan la reindustrialización con inclusión social a partir de la independencia económica.
El aumento de las reservas: Para esto, uno de los pilares centrales del modelo que se desarrolló a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia fue el fuerte aumento de las reservas del Banco Central, que crecieron de 11.048 a 47.946 millones de dólares entre mayo de 2003 y diciembre de 2009. Dicho de otra forma, las reservas se expandieron un 334% durante el nuevo modelo de acumulación.
Este incremento fue fundamental en un doble sentido. Por un lado, para darle mayor sustentabilidad al crecimiento económico al permitir al Banco Central manejar el tipo de cambio. Dicho de otra forma, a partir del crecimiento de las reservas se aleja la posibilidad de producirse una corrida cambiaria.
¿Qué hubiera pasada si en medio de la crisis internacional desatada este año el Banco Central de la República Argentina no hubiera tenido una gran cantidad de reservas? Ante cualquier incertidumbre en la Argentina se produce una “corrida” hacia el dólar. Si el Banco Central no tiene los dólares suficientes, la compra de dólares se traduce en una devaluación permanente de la moneda nacional seguida de un proceso inflacionario que deteriora el salario real de los trabajadores, genera aumento de desempleo e indigencia.
De esta forma, sin la expansión de las reservas del Banco Central, hoy estaríamos hablando de una fenomenal crisis económica y social como consecuencia del incremento de la incertidumbre a partir de la crisis financiera internacional. Por lo tanto, el crecimiento de las reservas es una de las herramientas centrales del nuevo modelo de desarrollo que genera que el tipo de cambio sea maneja por el Banco Central y no por el mercado, lo cual se traduce en una aumento de la sostenibilidad de la expansión del producto. Esto es fundamental teniendo en cuenta que las crisis repercuten en mayor medida en los sectores populares por vía del aumento del desempleo, la pobreza, la indigencia y la caída de las remuneraciones.
Por otro lado, la expansión de reservas permite incrementar la independencia económica. Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Critina Fernández de Kirchner se están haciendo cargo de una de las peores herencias del modelo rentístico-financiero-neoliberal impuesto a mediados de la década del setenta y profundizados por los sucesivos gobiernos democráticos hasta el 2003: la deuda externa.
Con el nuevo modelo de desarrollo basado en la reindustrialización del país se encaró un proceso de desendeudamiento externo que implicó la reestructuración de la deuda externa, que se tradujo en una fuerte quita de capital y reducción de intereses, y el pago al Fondo Monetario Internacional.
Parte de la reducción de la deuda externa se produjo con el ahorro fiscal generado a partir del superávit del sector público. Pero otra parte, como por ejemplo el desembolso al organismo internacional, se produjo con reservas del Banco Central.
De nuevo ¿qué hubiera pasado si el Banco Central no hubiera contado con estas reservas? La respuesta de nuevo es sencilla: no se hubiera profundizado el proceso de desendeudamiento que caracteriza al nuevo modelo de desarrollo.
Pero además el FMI hubiera seguido imponiendo las famosas condicionalidades que se hubieran traducido como en la década del ochenta y del noventa en políticas ortodoxas de ajuste fiscal, caída de la demanda, desindustrialización de la economía, reducción del salario, aumento de la pobreza, indigencia y concentración del ingreso.
De esta manera, si el Banco central no hubiera experimentado el fuerte crecimiento de las reservas, el avance del nuevo modelo de acumulación hubiera estado fuertemente condicionado por la especulación y el sistema financiero internacional.
El Fondo del Bicentenario: En este contexto, la creación del Fondo del Bicentenario es una demostración más de las fortalezas de la economía argentina a partir de 2003 y de la independencia económico. Permite, por un lado, avanzar con el proceso de desendeudamiento sin tener que recurrir en desventaja al sistema financiero internacional al mismo tiempo que seguir sosteniendo el incremento del gasto público para fortalecer el mercado interno.
Por otro lado, se traduce en una profundización del proceso de reindustrialización y la generación de puestos de trabajo, pues el Fondo al reducir la incertidumbre y generar certezas macroeconómicas implicará un aumento de la inversión como consecuencia de la reducción de la tasa de interés.
Pero además como son reservas de libre disponibilidad, es decir, reservas superiores a las necesarias para cubrir la base monetaria al tipo de cambio actual, el Banco Central puede seguir manejando el tipo de cambio sin que exista un peligro de corrida cambiaria. En la actualidad el crecimiento de las reservas fue tan significativo que tenemos reservas afectadas a respaldar hasta el 100% de la base monetaria y reservas de libre disponibilidad. En este sentido, son las reservas de libre disponibilidad las que se utilizan, así como cuando se le pago al FMI, para la constitución del Fondo del Bicentenario.
Las mismas criticas se le realizaron al gobierno de Kirchner cuando decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional con reservas del Banco Central: que la utilización de reservas generaría un incremento de la incertidumbre y un corrida cambiaria insostenible para el Banco Central.
Sin embargo, cuando se analiza restroespectivamente la medida se puede observas el error de dicho pronostico. No sólo que no se produjo una “corrida bancaria”, sino que además el Banco Central pudo recuperar rápidamente el monto de las reservas utilizadas. En efecto, antes del pago al Fondo las reservas del Banco Central eran de 28.078 millones de dólares. Luego del pago al Fondo (03/01/06) las reservas del Banco Central pasaron a 18.580 millones de dólares. Rápidamente el Banco Central recuperó el nivel de reservas, siendo el 02/10/06 de 28.084 millones de dólares, lo cual significa que solamente se requirió 10 meses para recomponer el nivel de reservas anterior al pago al Fondo Monetario Internacional.
En la actualidad (28/12/09) las reservas son de 47.946 millones de dólares, lo cual significa que desde el pago al FMI las reservas volvieron a crecer un 158%. Es cierto que el contexto macroeconómico actual no es el mismo que en el 2006, sin embargo en el 2010 con pronostico de crecimiento económico, aumento de las exportaciones, superávit comercial y de cuenta corriente, expansión de la inversión, reducción de la fuga de capitales; el Banco Central estará en condiciones de recuperar gran parte de la reservas utilizadas para el Fondo del Bicentenario.
Por último, surgieron diversas criticas marcando que existen mejores destinos para las reservas del Banco Central, como por ejemplo para eliminar la deuda social. Sin embargo, los problemas sociales en la Argentina no se eliminan con la inyección de una masa dineraria en un solo momento. Los problemas sociales dependen del modelo económico existente, pues no son problemas estáticos sino más bien dinámicos.
Por lo tanto, la constitución del Fondo del Bicentenario con reservas del Banco Central permite sostener la independencia económica para mantener la soberanía política para profundizar el modelo de reindustrialización con inclusión social que nos conduzca a la justicia social.
El gobierno nacional tenía básicamente dos formas para financiar los distintos vencimientos de deuda externa del 2010. Por un lado, redireccionar los recursos públicos al pago de la deuda externa. Es decir, utilizar parte de recursos fiscales que se hubieran utilizados para financiar por ejemplo obras de infraestructura para hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. En otras palabras, reducir el gasto público para aumentar el superávit primario, y con ese mayor ahorro comprar los dólares necesarios para pagar la deuda externa. Esta alternativa hubiera implicado una disminución de la demanda agregada con la consiguiente caída del mercado interno, quiebre de pequeñas y medianas empresas, aumento del desempleo y pobreza.
Por otro lado, recurrir a la deuda externa aceptando de esta forma tasas de interés extremadamente elevadas, lo cual generaría nuevamente un circulo vicioso de endeudamiento externo. Este camino nos hubiera conducido nuevamente a la dependencia del sistema financiero internacional y del Fondo Monetario perdiendo nuestra soberanía macroeconómica.
Ambos caminos fueron los elegidos en la década del ochenta por Alfonsín y en la década del noventa durante la Convertibilidad. Ambas décadas terminaron con las dos peores crisis de la historia económica y social de la Argentina. En efecto, los años ochenta finalizaron con la crisis hiperinflacionaria y los noventa con la crisis del régimen convertible en el 2001.
Sin embargo, y a contraposición de los sucedido en las décadas anteriores, el gobierno nacional anunció la creación del Fondo del Bicentenario compuesto por 6.569 millones de dólares con reservas del Banco Central de la República Argentina para pagar la deuda externa del 2010. En este sentido, la creación del Fondo es una demostración más desde el 2003 de sostener políticas expansivas que fortalezcan la reindustrialización con inclusión social a partir de la independencia económica.
El aumento de las reservas: Para esto, uno de los pilares centrales del modelo que se desarrolló a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia fue el fuerte aumento de las reservas del Banco Central, que crecieron de 11.048 a 47.946 millones de dólares entre mayo de 2003 y diciembre de 2009. Dicho de otra forma, las reservas se expandieron un 334% durante el nuevo modelo de acumulación.
Este incremento fue fundamental en un doble sentido. Por un lado, para darle mayor sustentabilidad al crecimiento económico al permitir al Banco Central manejar el tipo de cambio. Dicho de otra forma, a partir del crecimiento de las reservas se aleja la posibilidad de producirse una corrida cambiaria.
¿Qué hubiera pasada si en medio de la crisis internacional desatada este año el Banco Central de la República Argentina no hubiera tenido una gran cantidad de reservas? Ante cualquier incertidumbre en la Argentina se produce una “corrida” hacia el dólar. Si el Banco Central no tiene los dólares suficientes, la compra de dólares se traduce en una devaluación permanente de la moneda nacional seguida de un proceso inflacionario que deteriora el salario real de los trabajadores, genera aumento de desempleo e indigencia.
De esta forma, sin la expansión de las reservas del Banco Central, hoy estaríamos hablando de una fenomenal crisis económica y social como consecuencia del incremento de la incertidumbre a partir de la crisis financiera internacional. Por lo tanto, el crecimiento de las reservas es una de las herramientas centrales del nuevo modelo de desarrollo que genera que el tipo de cambio sea maneja por el Banco Central y no por el mercado, lo cual se traduce en una aumento de la sostenibilidad de la expansión del producto. Esto es fundamental teniendo en cuenta que las crisis repercuten en mayor medida en los sectores populares por vía del aumento del desempleo, la pobreza, la indigencia y la caída de las remuneraciones.
Por otro lado, la expansión de reservas permite incrementar la independencia económica. Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Critina Fernández de Kirchner se están haciendo cargo de una de las peores herencias del modelo rentístico-financiero-neoliberal impuesto a mediados de la década del setenta y profundizados por los sucesivos gobiernos democráticos hasta el 2003: la deuda externa.
Con el nuevo modelo de desarrollo basado en la reindustrialización del país se encaró un proceso de desendeudamiento externo que implicó la reestructuración de la deuda externa, que se tradujo en una fuerte quita de capital y reducción de intereses, y el pago al Fondo Monetario Internacional.
Parte de la reducción de la deuda externa se produjo con el ahorro fiscal generado a partir del superávit del sector público. Pero otra parte, como por ejemplo el desembolso al organismo internacional, se produjo con reservas del Banco Central.
De nuevo ¿qué hubiera pasado si el Banco Central no hubiera contado con estas reservas? La respuesta de nuevo es sencilla: no se hubiera profundizado el proceso de desendeudamiento que caracteriza al nuevo modelo de desarrollo.
Pero además el FMI hubiera seguido imponiendo las famosas condicionalidades que se hubieran traducido como en la década del ochenta y del noventa en políticas ortodoxas de ajuste fiscal, caída de la demanda, desindustrialización de la economía, reducción del salario, aumento de la pobreza, indigencia y concentración del ingreso.
De esta manera, si el Banco central no hubiera experimentado el fuerte crecimiento de las reservas, el avance del nuevo modelo de acumulación hubiera estado fuertemente condicionado por la especulación y el sistema financiero internacional.
El Fondo del Bicentenario: En este contexto, la creación del Fondo del Bicentenario es una demostración más de las fortalezas de la economía argentina a partir de 2003 y de la independencia económico. Permite, por un lado, avanzar con el proceso de desendeudamiento sin tener que recurrir en desventaja al sistema financiero internacional al mismo tiempo que seguir sosteniendo el incremento del gasto público para fortalecer el mercado interno.
Por otro lado, se traduce en una profundización del proceso de reindustrialización y la generación de puestos de trabajo, pues el Fondo al reducir la incertidumbre y generar certezas macroeconómicas implicará un aumento de la inversión como consecuencia de la reducción de la tasa de interés.
Pero además como son reservas de libre disponibilidad, es decir, reservas superiores a las necesarias para cubrir la base monetaria al tipo de cambio actual, el Banco Central puede seguir manejando el tipo de cambio sin que exista un peligro de corrida cambiaria. En la actualidad el crecimiento de las reservas fue tan significativo que tenemos reservas afectadas a respaldar hasta el 100% de la base monetaria y reservas de libre disponibilidad. En este sentido, son las reservas de libre disponibilidad las que se utilizan, así como cuando se le pago al FMI, para la constitución del Fondo del Bicentenario.
Las mismas criticas se le realizaron al gobierno de Kirchner cuando decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional con reservas del Banco Central: que la utilización de reservas generaría un incremento de la incertidumbre y un corrida cambiaria insostenible para el Banco Central.
Sin embargo, cuando se analiza restroespectivamente la medida se puede observas el error de dicho pronostico. No sólo que no se produjo una “corrida bancaria”, sino que además el Banco Central pudo recuperar rápidamente el monto de las reservas utilizadas. En efecto, antes del pago al Fondo las reservas del Banco Central eran de 28.078 millones de dólares. Luego del pago al Fondo (03/01/06) las reservas del Banco Central pasaron a 18.580 millones de dólares. Rápidamente el Banco Central recuperó el nivel de reservas, siendo el 02/10/06 de 28.084 millones de dólares, lo cual significa que solamente se requirió 10 meses para recomponer el nivel de reservas anterior al pago al Fondo Monetario Internacional.
En la actualidad (28/12/09) las reservas son de 47.946 millones de dólares, lo cual significa que desde el pago al FMI las reservas volvieron a crecer un 158%. Es cierto que el contexto macroeconómico actual no es el mismo que en el 2006, sin embargo en el 2010 con pronostico de crecimiento económico, aumento de las exportaciones, superávit comercial y de cuenta corriente, expansión de la inversión, reducción de la fuga de capitales; el Banco Central estará en condiciones de recuperar gran parte de la reservas utilizadas para el Fondo del Bicentenario.
Por último, surgieron diversas criticas marcando que existen mejores destinos para las reservas del Banco Central, como por ejemplo para eliminar la deuda social. Sin embargo, los problemas sociales en la Argentina no se eliminan con la inyección de una masa dineraria en un solo momento. Los problemas sociales dependen del modelo económico existente, pues no son problemas estáticos sino más bien dinámicos.
Por lo tanto, la constitución del Fondo del Bicentenario con reservas del Banco Central permite sostener la independencia económica para mantener la soberanía política para profundizar el modelo de reindustrialización con inclusión social que nos conduzca a la justicia social.
Por una nueva ley de entidades financiera: timba o produccion
Revista 2010, Diciembre de 2009, Año 3 Nº34
Discutir la Ley de Entidades Financieras implica discutir dos modelos de país. Por un lado, un país donde reine la timba financiera, como plantea el neoliberalismo, o un país donde reine la producción, como se comenzó a perfilar en el modelo post devaluación.
Tras ambos modelos hay dos concepciones bien distintas, casi filosóficas, que parten de una pregunta: ¿Hace falta el trabajo humano para generar riqueza? La respuesta voluntariamente errada a esta pequeña y gran pregunta es la que produjo que millones de compatriotas sean privados de su derecho a trabajar, ya que una de las premisas del neoliberalismo consiste en que el capital puede generar más capital en sí mismo y, por ende, ¿para qué tomarse el trabajo de abrir una fabrica y generar empleo si puedo tener mayores ganancias con tan sólo poner el capital en el sistema financiero y así tener ganancias extraordinarias mediante los intereses?
Este paradigma sobre el Trabajo y la Riqueza, sustento filosófico del neoliberalismo, se puso en crisis con la actual crisis internacional, aunque no está totalmente derrotado. En Argentina, el modelo neoliberal que se instaló con la última dictadura militar buscó el sustento jurídico para poder cumplir con estos principios en la Ley de Entidades Financieras.
La misma, a grandes rasgos, permitió la apertura indiscriminada al capital financiero internacional (que estaba disponible y en búsqueda de destinos propicios en ese momento), la concentración del mercado financiero y la consecuente destrucción de las pequeñas entidades y, por sobre todas las cosas, la pérdida de control del Estado en el direccionamiento del sistema financiero.
Esta última cuestión es, para nosotros, la más importante, y nos pone en la discusión acerca del rol del Estado en la economía. Discutir esto a la luz del nuevo modelo económico que comenzó en el 2003 implica tener en cuenta varias cuestiones que muestran las contradicciones que genera el sostenimiento de esta ley.
Por un lado, se avanzó en un proceso de revalorización productiva a partir de un incipiente proceso de reindustrialización. El mito del “viento de cola” se cae instantáneamente al ver los números que nos indican que si los precios internacionales de la soja se hubiesen mantenido como en los 90, muy poco hubiese variado el crecimiento económico, ya que el mismo se sustenta, fundamentalmente, en la construcción (empleadora de mano de obra intensiva) y en la industria manufacturera. Y esto se debe a una definición política que busca revalorizar el trabajo como fuente de la riqueza de las sociedades, yendo de este modo en sentido contrario a lo planteado por el paradigma neoliberal.
Sin embargo, en el ámbito financiero, el Estado aún no tiene capacidad de direccionar hacia donde destinar esa riqueza que la sociedad produce, ese capital. Esto implica que es el mismo sistema financiero el que, movido por la lógica de la rentabilidad, direcciona el capital hacia lo que le genere más ganancia, que son el consumo y la timba financiera.
Las implicancias que esto acarrea son terribles. Por un lado, los créditos al consumo dinamizan la economía en el corto plazo, ya que permite a distintos sectores sociales aumentar su consumo, dinamizando así el mercado interno, pero no consolida el aparto productivo como sí lo hace la inversión.
Si observamos su impacto en el consumo vemos un mecanismo bastante perverso: quienes más consumen y, por ende, tienen mayor poder adquisitivo, menor tasa de interés pagan, lo que significa que obtener un crédito les sale más barato. Y esto se logra de esta manera: las mismas entidades financieras que fijan los límites de acceso al crédito son las que luego abren sucursales de “crédito fácil”, en las cuales se puede obtener un crédito con la sola presentación de DNI y recibo de sueldo o de un plan social. A cambio de este “favor”, la financiera le cobra más caro el crédito, obviamente, teniendo así a los sectores populares atados a créditos con tasa de interés altísima por comprar ropa para el hijo en su cumpleaños y teniendo sectores medios y altos pagando créditos por heladeras o autos a tasa de interés tan baja que cuando lo terminaron de pagar, en definitiva, les salió más barato que si lo hubiesen comprado en efectivo ahorrando el dinero. Este es un circulo perverso en el que la tasa de interés es altamente regresiva, ya que los que menos gastan y tienen más pagan, y afecta fuertemente a la vida cotidiana de nuestros compañeros más necesitados. Esto pasa, ni más ni menos, por la vigencia de la Ley de Entidades Financieras.
Sin embargo, quienes consumen no son los únicos afectados. Algo similar ocurre con las PyMEs, ya que a la hora de acceder al crédito, cuanto más grande sea la firma más respaldo tiene y, por ende, más posibilidades de acceder al mismo tienen. Y ni hablar de las nuevas cooperativas de trabajo que surgieron al sol de las políticas de economía social desarrolladas desde el 2003, que comienzan sus actividades subsidiadas por el Estado pero luego no tienen posibilidad de acceder al crédito para poder capitalizarse y crecer.
Esto nos muestra cómo el direccionamiento del capital al sistema productivo no puede estar en manos del mercado, ya que si el mismo no lo considera una actividad rentable, dispondrá mucho más capital al consumo o al sistema financiero, como ya hemos observado. Hasta hoy, los únicos esfuerzos del Estado en ese sentido han sido las políticas de crédito de la banca pública, que es lo único en lo que puede tener injerencia hoy. Pero esto, obviamente, no alcanza, ya que la estructura del sistema financiero no ha sido modificada.
Observamos, entonces, que el sistema financiero no está a la altura de las necesidades que el nuevo modelo económico de valorización productiva tiene. Si han crecido la producción, las PyMEs y las cooperativas, se necesita de un sistema financiero acorde a estas transformaciones. Para ello es imprescindible que el Estado pueda definir cuáles son las prioridades para la utilización del capital disponible, ya que al Estado no lo mueven las leyes de la rentabilidad y la ganancia extraordinaria, sino la de universalización de derechos para alcanzar la justicia social.
Es por ello que planteamos la necesidad de un cambio estructural en el sistema financiero que sólo se puede lograr cambiando la Ley de Entidades Financieras que permita, entre otras cosas, que la banca pública y los pequeños y medianos bancos nacionales, así como las cooperativas de créditos, tengan mayor participación en la economía. Permitiría, además, profundizar el proceso de reindustrialización privilegiando los créditos productivos, direccionándolos a las PyMEs y cooperativas, aportando a la desconcentración de la economía argentina, haciendo que nuestra economía sea mas nacional privilegiando a las firmas locales, promoviendo que la misma sea más federal a partir de una desconcentración territorial del sistema bancario, construyendo, de esta forma, una distribución de la riqueza más justa.
Para nosotros es muy importante poder plantear esto en términos de reforma estructural, ya que si bien hoy en día está en discusión el tema de la Ley de Entidades Financieras, hay sectores que plantean que la transformación reside en gravar la extraordinaria renta financiera. Por supuesto que esto también es importante, ya que permite, por sobre todo, la posibilidad por parte del Estado de apropiarse y redireccionar esos recursos a otros sectores de la economía y la sociedad. El problema es que esta medida no cambia la estructura misma del sistema financiero y las dificultades que esto conlleva, como ya hemos observado, con lo cual seguiremos teniendo un aparato productivo, PyMEs y cooperativas sin posibilidad de invertir y crecer, lo cual significa quedarse sin posibilidades de generar más trabajo, bastión de este modelo económico.
Necesitamos que el sistema financiero no entre en contradicción con este nuevo modelo económico que busca cambiar el paradigma neoliberal apostando a la producción y al empleo, y por eso creemos que la lucha y la militancia debe ser por transformar la Ley de Entidades Financieras, la cual ya tiene una característica común con la Ley de Medios: ambas son leyes de la dictadura. Hagamos que tenga otra característica común: que también sea derrotada, como ésta, a fuerza de militancia y organización.
Discutir la Ley de Entidades Financieras implica discutir dos modelos de país. Por un lado, un país donde reine la timba financiera, como plantea el neoliberalismo, o un país donde reine la producción, como se comenzó a perfilar en el modelo post devaluación.
Tras ambos modelos hay dos concepciones bien distintas, casi filosóficas, que parten de una pregunta: ¿Hace falta el trabajo humano para generar riqueza? La respuesta voluntariamente errada a esta pequeña y gran pregunta es la que produjo que millones de compatriotas sean privados de su derecho a trabajar, ya que una de las premisas del neoliberalismo consiste en que el capital puede generar más capital en sí mismo y, por ende, ¿para qué tomarse el trabajo de abrir una fabrica y generar empleo si puedo tener mayores ganancias con tan sólo poner el capital en el sistema financiero y así tener ganancias extraordinarias mediante los intereses?
Este paradigma sobre el Trabajo y la Riqueza, sustento filosófico del neoliberalismo, se puso en crisis con la actual crisis internacional, aunque no está totalmente derrotado. En Argentina, el modelo neoliberal que se instaló con la última dictadura militar buscó el sustento jurídico para poder cumplir con estos principios en la Ley de Entidades Financieras.
La misma, a grandes rasgos, permitió la apertura indiscriminada al capital financiero internacional (que estaba disponible y en búsqueda de destinos propicios en ese momento), la concentración del mercado financiero y la consecuente destrucción de las pequeñas entidades y, por sobre todas las cosas, la pérdida de control del Estado en el direccionamiento del sistema financiero.
Esta última cuestión es, para nosotros, la más importante, y nos pone en la discusión acerca del rol del Estado en la economía. Discutir esto a la luz del nuevo modelo económico que comenzó en el 2003 implica tener en cuenta varias cuestiones que muestran las contradicciones que genera el sostenimiento de esta ley.
Por un lado, se avanzó en un proceso de revalorización productiva a partir de un incipiente proceso de reindustrialización. El mito del “viento de cola” se cae instantáneamente al ver los números que nos indican que si los precios internacionales de la soja se hubiesen mantenido como en los 90, muy poco hubiese variado el crecimiento económico, ya que el mismo se sustenta, fundamentalmente, en la construcción (empleadora de mano de obra intensiva) y en la industria manufacturera. Y esto se debe a una definición política que busca revalorizar el trabajo como fuente de la riqueza de las sociedades, yendo de este modo en sentido contrario a lo planteado por el paradigma neoliberal.
Sin embargo, en el ámbito financiero, el Estado aún no tiene capacidad de direccionar hacia donde destinar esa riqueza que la sociedad produce, ese capital. Esto implica que es el mismo sistema financiero el que, movido por la lógica de la rentabilidad, direcciona el capital hacia lo que le genere más ganancia, que son el consumo y la timba financiera.
Las implicancias que esto acarrea son terribles. Por un lado, los créditos al consumo dinamizan la economía en el corto plazo, ya que permite a distintos sectores sociales aumentar su consumo, dinamizando así el mercado interno, pero no consolida el aparto productivo como sí lo hace la inversión.
Si observamos su impacto en el consumo vemos un mecanismo bastante perverso: quienes más consumen y, por ende, tienen mayor poder adquisitivo, menor tasa de interés pagan, lo que significa que obtener un crédito les sale más barato. Y esto se logra de esta manera: las mismas entidades financieras que fijan los límites de acceso al crédito son las que luego abren sucursales de “crédito fácil”, en las cuales se puede obtener un crédito con la sola presentación de DNI y recibo de sueldo o de un plan social. A cambio de este “favor”, la financiera le cobra más caro el crédito, obviamente, teniendo así a los sectores populares atados a créditos con tasa de interés altísima por comprar ropa para el hijo en su cumpleaños y teniendo sectores medios y altos pagando créditos por heladeras o autos a tasa de interés tan baja que cuando lo terminaron de pagar, en definitiva, les salió más barato que si lo hubiesen comprado en efectivo ahorrando el dinero. Este es un circulo perverso en el que la tasa de interés es altamente regresiva, ya que los que menos gastan y tienen más pagan, y afecta fuertemente a la vida cotidiana de nuestros compañeros más necesitados. Esto pasa, ni más ni menos, por la vigencia de la Ley de Entidades Financieras.
Sin embargo, quienes consumen no son los únicos afectados. Algo similar ocurre con las PyMEs, ya que a la hora de acceder al crédito, cuanto más grande sea la firma más respaldo tiene y, por ende, más posibilidades de acceder al mismo tienen. Y ni hablar de las nuevas cooperativas de trabajo que surgieron al sol de las políticas de economía social desarrolladas desde el 2003, que comienzan sus actividades subsidiadas por el Estado pero luego no tienen posibilidad de acceder al crédito para poder capitalizarse y crecer.
Esto nos muestra cómo el direccionamiento del capital al sistema productivo no puede estar en manos del mercado, ya que si el mismo no lo considera una actividad rentable, dispondrá mucho más capital al consumo o al sistema financiero, como ya hemos observado. Hasta hoy, los únicos esfuerzos del Estado en ese sentido han sido las políticas de crédito de la banca pública, que es lo único en lo que puede tener injerencia hoy. Pero esto, obviamente, no alcanza, ya que la estructura del sistema financiero no ha sido modificada.
Observamos, entonces, que el sistema financiero no está a la altura de las necesidades que el nuevo modelo económico de valorización productiva tiene. Si han crecido la producción, las PyMEs y las cooperativas, se necesita de un sistema financiero acorde a estas transformaciones. Para ello es imprescindible que el Estado pueda definir cuáles son las prioridades para la utilización del capital disponible, ya que al Estado no lo mueven las leyes de la rentabilidad y la ganancia extraordinaria, sino la de universalización de derechos para alcanzar la justicia social.
Es por ello que planteamos la necesidad de un cambio estructural en el sistema financiero que sólo se puede lograr cambiando la Ley de Entidades Financieras que permita, entre otras cosas, que la banca pública y los pequeños y medianos bancos nacionales, así como las cooperativas de créditos, tengan mayor participación en la economía. Permitiría, además, profundizar el proceso de reindustrialización privilegiando los créditos productivos, direccionándolos a las PyMEs y cooperativas, aportando a la desconcentración de la economía argentina, haciendo que nuestra economía sea mas nacional privilegiando a las firmas locales, promoviendo que la misma sea más federal a partir de una desconcentración territorial del sistema bancario, construyendo, de esta forma, una distribución de la riqueza más justa.
Para nosotros es muy importante poder plantear esto en términos de reforma estructural, ya que si bien hoy en día está en discusión el tema de la Ley de Entidades Financieras, hay sectores que plantean que la transformación reside en gravar la extraordinaria renta financiera. Por supuesto que esto también es importante, ya que permite, por sobre todo, la posibilidad por parte del Estado de apropiarse y redireccionar esos recursos a otros sectores de la economía y la sociedad. El problema es que esta medida no cambia la estructura misma del sistema financiero y las dificultades que esto conlleva, como ya hemos observado, con lo cual seguiremos teniendo un aparato productivo, PyMEs y cooperativas sin posibilidad de invertir y crecer, lo cual significa quedarse sin posibilidades de generar más trabajo, bastión de este modelo económico.
Necesitamos que el sistema financiero no entre en contradicción con este nuevo modelo económico que busca cambiar el paradigma neoliberal apostando a la producción y al empleo, y por eso creemos que la lucha y la militancia debe ser por transformar la Ley de Entidades Financieras, la cual ya tiene una característica común con la Ley de Medios: ambas son leyes de la dictadura. Hagamos que tenga otra característica común: que también sea derrotada, como ésta, a fuerza de militancia y organización.
El debate sobre la inflacìon
Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Economico, Viernes 18 de diciembre de 2009
Existen varios especialistas que pronostican para el año que viene un recrudecimiento de la inflación. En el 2009 la discusión económica giró desde el aumento de precios a los efectos de la crisis financiera internacional en la economía argentina, debido a que el menor crecimiento verificado en este año por la repercusión de la crisis iniciada en Estados Unidos provocó una desaceleración en la suba de los precios.
Sin embargo, la mayoría de los pronósticos anuncian una recuperación de la economía argentina para el año 2010, volviendo a escena el debate sobre la inflación. En este contexto surge una pregunta central: ¿Cuál es la política antiinflacionaria más efectiva que debe aplicar el gobierno para evitar la caída de los ingresos reales de la población?
Para responderla es fundamental entender primero las causas centrales que en los últimos años han provocado la suba de precios. En otras palabras, para poder controlar la inflación en forma exitosa se debe entender en primer lugar el motivo que la genera. En efecto, la inflación es un fenómeno multicausal, es decir, son varias las causas que pueden desencadenar en una economía la suba generalizada de los precios. De esta forma, es imprescindible a la hora de establecer una política antiinflacionaria comprender cual de todas las causas es la más importante en la actualidad en la economía argentina.
LA VISIÓN TRADICIONAL DE LA INFLACIÓN: En este sentido, según la ortodoxia económica, son dos las causas centrales del proceso inflacionario. Por un lado, la denominada inflación por costos. Dicho de otra forma, una de las causas centrales del aumento de los precios es el incremento de los costos de los empresarios.
En este caso, los economistas ortodoxos ponen su énfasis en el aumento de los salarios de los trabajadores al traducirse en una suba de los costos que luego los empresarios trasladan a los precios. Por lo tanto, para la visión tradicional el incremento de salarios es una de las causas fundamentales que generó el aumento de los precios en los últimos años en la economía argentina.
Por otro lado, la otra causa central para estos economistas es la inflación por demanda. Esto es, que el crecimiento de la demanda genera aumento de precios. Por lo tanto, la expansión del consumo y del gasto público se traduce automáticamente, para esta visión, en un incremento en el nivel general de precios.
En resumen, para la ortodoxia económica la inflación generada sobre todo a partir de la etapa kirchnerista se debió al aumento de los salarios de los trabajadores junto con el crecimiento del consumo y del gasto público que provocaron un aumento de la demanda efectiva.
Para estos economistas, entonces, la política antiinflacionaria del gobierno debería ser la contención en el aumento de las remuneraciones y el “enfriamiento” de la economía. Es decir, para contener la inflación se debe desarticular básicamente dos de los pilares del nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003: las paritarias salariales y el incremento del gasto público.
Es importante destacar que esta visión de la inflación no es casual. La política antiinflacionaria recomendada por la ortodoxia económica es totalmente funcional a los intereses de los sectores dominantes argentinos. Para los grandes empresarios industriales que exportan y/o venden sus productos al mercado interno a los sectores medios-altos y altos y que, por lo tanto, sus ventas no dependen del consumo de los sectores populares, el estancamiento de los salarios implica una aumento en su tasa de ganancia. Para estos capitalistas la remuneración de los trabajadores es vista exclusivamente como un costo y no como un factor de demanda de sus productos. De esta manera, la reducción de salarios se traduce en forma automática en un aumento de sus beneficios.
Por otro lado, para los grandes terratenientes la reducción del consumo provoca un aumento del saldo exportable y de la renta agraria. En otras palabras, si el consumo interno se reduce, los productores de alimentos tiene más mercancías para exportar, lo cual les permite obtener gran cantidad de divisas.
Es así como entonces la política antiinflacionaria recomendada por la ortodoxia económica implicaría un aumento de la ganancia de los grandes industriales y terratenientes a partir de la contención de los salarios, la caída del consumo y la disminución del gasto público generando una reducción del mercado interno, desaparición de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, aumento de la desocupación y de la pobreza. Es decir, para la visión económica tradicional y los sectores dominantes la causa de la inflación es por culpa de los sectores populares que quieren trabajar, ganar más y consumir.
LA VISIÓN ESTRUCTURALISTA DE LA INFLACIÓN: Sin embargo, los economistas estructuralistas, que surgieron en la década del cincuenta del siglo pasado, dieron una visión completamente distinta a la visión tradicional. Según estos economistas, todo proceso de crecimiento y desarrollo como la industrialización sustitutiva presenta presiones inflacionarias. Los estructuralistas latinoamericanos argumentaron que el aumento generalizado de precios en la región se debía a rigideces estructurales del lado de la oferta.
Para este enfoque, la inflación era el resultado de la interacción de dos componentes:
- Las presiones fundamentales que generaban aumentos de precios y que se debían a rigideces estructurales.
- Los mecanismos de propagación que se encargaban de transmitir el aumento inicial de la inflación al resto de la economías.
Para el paradigma estructuralista era imprescindible atacar a las presiones fundamentales para terminar definitivamente con el problema de la inflación. Es decir, la raíz del problema inflacionario se encontraba en las presiones fundamentales y no en los mecanismos de propagación.
En este sentido, para estos economistas, existían dos presiones fundamentales que originaban el aumento en el nivel general de precios durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones: la débil productividad de la agricultura debido a la concentración de la tierra y los desequilibrios en el sector externo a partir de los “cuellos” de botella que se generaban como resultado de la importación de los productos de la industria pesada.
Es decir, según esta visión, la inflación en la industrialización sustitutiva se debía a que, en primer lugar, este nuevo modelo de acumulación al generar puestos de trabajo y aumentos salariales provocaba un incremento del consumo que no podía ser satisfecho por la baja productividad del campo. Pero al mismo tiempo, el crecimiento económico en la industrialización sustitutiva conducía a un déficit comercial debido al “boom” importador de maquinas e insumos industriales que se solucionaba con una devaluación de la moneda.
Ambos fenómenos se traducucía en un crecimiento de los precios. A partir de este momento comenzaba a funcionar los mecanismos de propagación, transfiriendo esta presión inflacionaria al resto de la economía.
Ahora bien, para atacar la inflación la solución no era, según los estructuralistas, reducir la demanda, sino más bien, eliminar las rigideces estructurales, a través de una reforma agraria que permitiera una producción intensiva de la tierra y el desarrollo de la industria pesada en la Argentina.
En efecto, debido a que el origen de la inflación era estructural, la única manera de eliminarla era superando los cuellos de botella. De esta manera, la forma de eliminar el aumento generalizado de precios era por medio de la profundización del desarrollo económico para superar las rigideces estructurales.
Para estos economistas la reducción de la demanda puede reducir la inflación. Sin embargo, esto lo logra a costa del crecimiento económico y además sin atacar la raíz del problema. Es decir, la reducción de la demanda sólo ataca los factores de propagación pero no las presiones fundamentales que generaba el aumento de los precios.
En la actualidad, a partir del proceso de reindustrialización de la economía argentina desde la etapa kirchnerista aparecieron nuevamente presiones inflacionarias. Sin embargo, y a contraposición de la visión tradicional, se debe complejizar, como los estructuralistas latinoamericanos, el análisis de las causas de la suba de los precios para poder diseñar una política antiinflacionaria exitosa. Las rigideces estructurales y la puja distributiva se encuentran en el centro de la generación de la inflación actual. Por lo tanto, el mayor desarrollo económico y social y la desconcentración económica deben ser las principales política de contención de la suba generalizada de los precios.
Existen varios especialistas que pronostican para el año que viene un recrudecimiento de la inflación. En el 2009 la discusión económica giró desde el aumento de precios a los efectos de la crisis financiera internacional en la economía argentina, debido a que el menor crecimiento verificado en este año por la repercusión de la crisis iniciada en Estados Unidos provocó una desaceleración en la suba de los precios.
Sin embargo, la mayoría de los pronósticos anuncian una recuperación de la economía argentina para el año 2010, volviendo a escena el debate sobre la inflación. En este contexto surge una pregunta central: ¿Cuál es la política antiinflacionaria más efectiva que debe aplicar el gobierno para evitar la caída de los ingresos reales de la población?
Para responderla es fundamental entender primero las causas centrales que en los últimos años han provocado la suba de precios. En otras palabras, para poder controlar la inflación en forma exitosa se debe entender en primer lugar el motivo que la genera. En efecto, la inflación es un fenómeno multicausal, es decir, son varias las causas que pueden desencadenar en una economía la suba generalizada de los precios. De esta forma, es imprescindible a la hora de establecer una política antiinflacionaria comprender cual de todas las causas es la más importante en la actualidad en la economía argentina.
LA VISIÓN TRADICIONAL DE LA INFLACIÓN: En este sentido, según la ortodoxia económica, son dos las causas centrales del proceso inflacionario. Por un lado, la denominada inflación por costos. Dicho de otra forma, una de las causas centrales del aumento de los precios es el incremento de los costos de los empresarios.
En este caso, los economistas ortodoxos ponen su énfasis en el aumento de los salarios de los trabajadores al traducirse en una suba de los costos que luego los empresarios trasladan a los precios. Por lo tanto, para la visión tradicional el incremento de salarios es una de las causas fundamentales que generó el aumento de los precios en los últimos años en la economía argentina.
Por otro lado, la otra causa central para estos economistas es la inflación por demanda. Esto es, que el crecimiento de la demanda genera aumento de precios. Por lo tanto, la expansión del consumo y del gasto público se traduce automáticamente, para esta visión, en un incremento en el nivel general de precios.
En resumen, para la ortodoxia económica la inflación generada sobre todo a partir de la etapa kirchnerista se debió al aumento de los salarios de los trabajadores junto con el crecimiento del consumo y del gasto público que provocaron un aumento de la demanda efectiva.
Para estos economistas, entonces, la política antiinflacionaria del gobierno debería ser la contención en el aumento de las remuneraciones y el “enfriamiento” de la economía. Es decir, para contener la inflación se debe desarticular básicamente dos de los pilares del nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003: las paritarias salariales y el incremento del gasto público.
Es importante destacar que esta visión de la inflación no es casual. La política antiinflacionaria recomendada por la ortodoxia económica es totalmente funcional a los intereses de los sectores dominantes argentinos. Para los grandes empresarios industriales que exportan y/o venden sus productos al mercado interno a los sectores medios-altos y altos y que, por lo tanto, sus ventas no dependen del consumo de los sectores populares, el estancamiento de los salarios implica una aumento en su tasa de ganancia. Para estos capitalistas la remuneración de los trabajadores es vista exclusivamente como un costo y no como un factor de demanda de sus productos. De esta manera, la reducción de salarios se traduce en forma automática en un aumento de sus beneficios.
Por otro lado, para los grandes terratenientes la reducción del consumo provoca un aumento del saldo exportable y de la renta agraria. En otras palabras, si el consumo interno se reduce, los productores de alimentos tiene más mercancías para exportar, lo cual les permite obtener gran cantidad de divisas.
Es así como entonces la política antiinflacionaria recomendada por la ortodoxia económica implicaría un aumento de la ganancia de los grandes industriales y terratenientes a partir de la contención de los salarios, la caída del consumo y la disminución del gasto público generando una reducción del mercado interno, desaparición de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, aumento de la desocupación y de la pobreza. Es decir, para la visión económica tradicional y los sectores dominantes la causa de la inflación es por culpa de los sectores populares que quieren trabajar, ganar más y consumir.
LA VISIÓN ESTRUCTURALISTA DE LA INFLACIÓN: Sin embargo, los economistas estructuralistas, que surgieron en la década del cincuenta del siglo pasado, dieron una visión completamente distinta a la visión tradicional. Según estos economistas, todo proceso de crecimiento y desarrollo como la industrialización sustitutiva presenta presiones inflacionarias. Los estructuralistas latinoamericanos argumentaron que el aumento generalizado de precios en la región se debía a rigideces estructurales del lado de la oferta.
Para este enfoque, la inflación era el resultado de la interacción de dos componentes:
- Las presiones fundamentales que generaban aumentos de precios y que se debían a rigideces estructurales.
- Los mecanismos de propagación que se encargaban de transmitir el aumento inicial de la inflación al resto de la economías.
Para el paradigma estructuralista era imprescindible atacar a las presiones fundamentales para terminar definitivamente con el problema de la inflación. Es decir, la raíz del problema inflacionario se encontraba en las presiones fundamentales y no en los mecanismos de propagación.
En este sentido, para estos economistas, existían dos presiones fundamentales que originaban el aumento en el nivel general de precios durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones: la débil productividad de la agricultura debido a la concentración de la tierra y los desequilibrios en el sector externo a partir de los “cuellos” de botella que se generaban como resultado de la importación de los productos de la industria pesada.
Es decir, según esta visión, la inflación en la industrialización sustitutiva se debía a que, en primer lugar, este nuevo modelo de acumulación al generar puestos de trabajo y aumentos salariales provocaba un incremento del consumo que no podía ser satisfecho por la baja productividad del campo. Pero al mismo tiempo, el crecimiento económico en la industrialización sustitutiva conducía a un déficit comercial debido al “boom” importador de maquinas e insumos industriales que se solucionaba con una devaluación de la moneda.
Ambos fenómenos se traducucía en un crecimiento de los precios. A partir de este momento comenzaba a funcionar los mecanismos de propagación, transfiriendo esta presión inflacionaria al resto de la economía.
Ahora bien, para atacar la inflación la solución no era, según los estructuralistas, reducir la demanda, sino más bien, eliminar las rigideces estructurales, a través de una reforma agraria que permitiera una producción intensiva de la tierra y el desarrollo de la industria pesada en la Argentina.
En efecto, debido a que el origen de la inflación era estructural, la única manera de eliminarla era superando los cuellos de botella. De esta manera, la forma de eliminar el aumento generalizado de precios era por medio de la profundización del desarrollo económico para superar las rigideces estructurales.
Para estos economistas la reducción de la demanda puede reducir la inflación. Sin embargo, esto lo logra a costa del crecimiento económico y además sin atacar la raíz del problema. Es decir, la reducción de la demanda sólo ataca los factores de propagación pero no las presiones fundamentales que generaba el aumento de los precios.
En la actualidad, a partir del proceso de reindustrialización de la economía argentina desde la etapa kirchnerista aparecieron nuevamente presiones inflacionarias. Sin embargo, y a contraposición de la visión tradicional, se debe complejizar, como los estructuralistas latinoamericanos, el análisis de las causas de la suba de los precios para poder diseñar una política antiinflacionaria exitosa. Las rigideces estructurales y la puja distributiva se encuentran en el centro de la generación de la inflación actual. Por lo tanto, el mayor desarrollo económico y social y la desconcentración económica deben ser las principales política de contención de la suba generalizada de los precios.
jueves, 17 de diciembre de 2009
Integracion latinoamericana en marcha
Ariadna Somoza Zanuy, Buenos Aires Económico, 11 de diciembre de 2009.
El momento histórico que nos toca vivir es, tal vez, único, ya que estamos ante la posibilidad más real de construcción de la integración latinoamericana desde que la soñaron nuestros libertadores. Los distintos procesos populares que se están viviendo en nuestro continente conforman un clima de época y un pensar a latinoamérica revolucionándose en lo político, social, cultural y económico.
A pesar de que en cada país este proceso tiene sus características, empiezan a configurarse políticas de conjunto que poco a poco comienzan a institucionalizarse. Esta es la llamada integración regional de la que tanto hablamos, y que en materia económica tiene distintos puntos a tener en cuenta.
En primer lugar, debemos recordar que no hace muchos años la única alternativa para América Latina era el ALCA: tratado de libre comercio que nos imponía Estados Unidos como una forma de “salvarnos” y tener cómo vender nuestros productos, cómo estar insertos en el mundo, algo que tanto preocupa a nuestras elites locales. Lo que éste tratado escondía era la sumisión total ante una de las economías más poderosas del planeta, la cual era la única beneficiaria de éste tratado, ya que implicaba que latinoamérica eliminara sus trabas aduaneras para poder ser inundada de productos estadounidenses, mientras esa economía era totalmente protegida ante posibles ventas desde el Sur. Por supuesto que este intento de dominación económica trae aparejadas fuertes consecuencias políticas, sociales y culturales, y para ello no hace falta más que mirar las consecuencias en los países que han firmado Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.
Fue la lucha popular y la fuerte decisión de sus líderes la que pudo derrotar este nuevo pacto colonial, y allá por el 2005 en Mar del Plata fuimos anfitriones de esta victoria. Como vemos, hace apenas 4 años la única alternativa era el ALCA impuesta por Estados Unidos, y hoy ya tenemos una alternativa propia que está en marcha: el ALBA.
El ALBA nació como una iniciativa de Cuba y Venezuela, pero hoy en día el mismo está integrado, además, por Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A diferencia de los típicos Tratados de Libre Comercio (TLC) que propugna Estados Unidos, entre los cuales el ALCA fue el más importante, la esencia del ALBA no es meramente comercial, sino que se trata de una estrategia de integración basada en la solidaridad, el reconocimiento de las particulares étnicas, culturales y sociales y el bienestar de los pueblos por sobre la libre circulación de mercancías y mano de obra y la libertad de empresa que proponen los TLC. Se puede decir que el aspecto económico-comercial del ALBA tiene que ver más con un medio para alcanzar los objetivos anteriores que un fin en sí mismo.
Las oligarquías latinoamericanas se desgajan insistiendo en que las transacciones realizadas en el marco del ALBA son perjudiciales: por una misma transacción comercial, en Venezuela dirán que fue perjudicial para Venezuela, y en Ecuador dirán que fue perjudicial para Ecuador. En Venezuela se cansan de plantear que se está “regalando el petróleo a países amigos”, cuando en realidad se está utilizando el mismo para pagar por cuestiones tan esenciales que Venezuela no pudo desarrollar por sus mismas oligarquías locales, como ser la Soberanía Alimentaria, en la que Argentina es protagonista principal a través del INTA y el INTI. Obviamente, con un gobierno con otro proyecto político, Venezuela utilizaría, tal vez, esa fortaleza económica que le brinda el petróleo para dominar políticamente a otros países. El caso bolivariano es totalmente inverso.
Los que estas elites están cuestionando, en realidad, es que empiece a primar en América Latina otra lógica diferente a la del mercado, en la cual la cuestión meramente económica sea un anexo de una integración política fuerte de procesos que van en el mismo sentido y que deben fortalecerse eliminando las asimetrías económicas. Esto es pensarse verdaderamente como región en un proyecto de liberación latinoamericana.
Una expresión de la eliminación de estas asimetrías regionales es la propuesta del SUCRE: Sistema Único de Compensación Regional, propuesta que surgió de Ecuador a fines del 2009 y que empezará a funcionar de manera virtual el próximo año. El mismo es una nueva arquitectura financiera para la región que, como su nombre lo indica, expresa la voluntad de compensar, lo cual significa poder disminuir las diferencias económicas regionales existentes, intentando que el comercio internacional en la región sea más justo, basándose esto en el principio de solidaridad y bienestar de los pueblos. Esto significa pensar mecanismos que eliminen las diferencias en cuanto a los distintos tipos de cambios, a las distintas producciones y productividades, resaltando capacidades y oportunidades de cada país, fortaleciendo a los más débiles, buscando la cooperación monetario-financiera, creando un Banco Regional de Desarrollo para definir inversiones y otorgar créditos a los países miembros. El SUCRE consistiría, entonces, en la institucionalización de las prácticas ya desarrolladas por los distintos países, prácticas que exceden el ALBA (como el caso Argentina-Venezuela), prácticas del ALBA o prácticas del MERCOSUR.
Este último, en el marco de la existencia del ALBA y de las experiencias soberanas que se están desarrollando en latinoamérica, tendrá que darse un proceso de redefinición entre ser más parecido a un TLC (tal como su nombre lo indica, “mercado común”) en el cual las distintas elites de los distintos países que lo componen están en disputa por quién domina a quién, o dar un giro hacia algo más parecido al ALBA en cuanto a sus valores programáticos. Por supuesto que no será una tarea fácil, ya que se trata de una institución más bien formada por las oligarquías locales y escasa participación popular, pero bien es una tarea que pueden darse los pueblos y los distintos líderes para transformarlo en una herramienta al servicio de los procesos soberanos en marcha.
En el marco del MERCOSUR y por fuera del ALBA, Argentina y Brasil han sido pioneras en plantear el intercambio comercial sin el dólar como patrón. Si bien la propuesta del SUCRE es superadora en cuanto implica todo un nuevo sistema financiero y una moneda común que sea patrón, la iniciativa de estos dos países permite pensar un intercambio en las monedas locales; en un principio, por un interés económico, ya que es mucho el dinero que se ahorran dos países que no tienen el dólar como moneda el tener que comerciar sin el mismo, pero principalmente el significado es político, ya que se está poniendo en cuestión en la región al patrón dólar. ¿Qué sentido tiene que Honduras tenga que comprar dólares a EEUU para poder comprarle petróleo a Venezuela? En el medio de este perverso mecanismo, queda mucho dinero de los latinoamericanos y, sobre todo, la posibilidad de alcanzar la soberanía política de los proyectos nacionales que se perfilan hoy en Nuestra América.
La crisis internacional ayudó a poner en duda estos viejos paradigmas, a darle fuerza a los procesos latinoamericanos. Pero esta crisis demostró también lo perverso del sistema actual, en el cual las grandes potencias siguen siendo una aspiradora de divisas de países que logran recuperarse económicamente y, cuando lo hacen, se descapitalizan antes de poder desarrollarse porque los países centrales aspiran sus divisas. Este sistema tiene su terminal final en la mayor potencia, EEUU, y el “patrón dólar” que rige para todos los movimientos financieros de todo el mundo.
Esta fuga de capitales constantes hacia los países centrales, ya sea vía pago a organismos internacionales de crédito, vía remisión de divisas al exterior, vía depósitos bancarios en el exterior o colocación en forma de bonos en el tesoro norteamericano, implica ni más ni menos que los países de la región no dispongan de su propio dinero para sustentar sus proyectos nacionales soberanos. Esta dominación económica, por ende, tiene directo impacto en la dominación política. No hay posibilidad de emancipación de la región si no se construye un nuevo sistema financiero, acorde a estos cambios.
Es por ello que iniciativas como el ALBA, el SUCRE, el Banco del Sur, la reformulación del MERCOSUR, el comercio bilateral en otros términos entre países de la región, son todas partes de un nuevo paradigma que se está construyendo en latinoamérica y también en el mundo. De lo que se trata aquí es de ganar la pulseada a quienes quieren seguir pensado en términos de mercado sobre los Estados, ganancias extraordinarias, rentabilidad, libre disponibilidad de mano de obra, libre circulación de mercancías sin prever los efectos locales, liberalización total para la dominación imperial, el dólar como patrón indiscutible a nivel mundial: son aquellos que siguen proclamando, muy fuera de moda, los TLC.
Las iniciativas descriptas, que los enfrentan, a pesar de ser iniciativas aún desordenadas y poco sistémicas, conforman un incipiente proceso de institucionalización de las luchas de nuestros pueblos y la direccionalización y voluntad de los líderes de la región y, por ende, deben ser llenados de participación popular para que realmente reflejen los intereses soberanos de nuestras patrias y, principalmente, de nuestra Patria Grande.
El momento histórico que nos toca vivir es, tal vez, único, ya que estamos ante la posibilidad más real de construcción de la integración latinoamericana desde que la soñaron nuestros libertadores. Los distintos procesos populares que se están viviendo en nuestro continente conforman un clima de época y un pensar a latinoamérica revolucionándose en lo político, social, cultural y económico.
A pesar de que en cada país este proceso tiene sus características, empiezan a configurarse políticas de conjunto que poco a poco comienzan a institucionalizarse. Esta es la llamada integración regional de la que tanto hablamos, y que en materia económica tiene distintos puntos a tener en cuenta.
En primer lugar, debemos recordar que no hace muchos años la única alternativa para América Latina era el ALCA: tratado de libre comercio que nos imponía Estados Unidos como una forma de “salvarnos” y tener cómo vender nuestros productos, cómo estar insertos en el mundo, algo que tanto preocupa a nuestras elites locales. Lo que éste tratado escondía era la sumisión total ante una de las economías más poderosas del planeta, la cual era la única beneficiaria de éste tratado, ya que implicaba que latinoamérica eliminara sus trabas aduaneras para poder ser inundada de productos estadounidenses, mientras esa economía era totalmente protegida ante posibles ventas desde el Sur. Por supuesto que este intento de dominación económica trae aparejadas fuertes consecuencias políticas, sociales y culturales, y para ello no hace falta más que mirar las consecuencias en los países que han firmado Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.
Fue la lucha popular y la fuerte decisión de sus líderes la que pudo derrotar este nuevo pacto colonial, y allá por el 2005 en Mar del Plata fuimos anfitriones de esta victoria. Como vemos, hace apenas 4 años la única alternativa era el ALCA impuesta por Estados Unidos, y hoy ya tenemos una alternativa propia que está en marcha: el ALBA.
El ALBA nació como una iniciativa de Cuba y Venezuela, pero hoy en día el mismo está integrado, además, por Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A diferencia de los típicos Tratados de Libre Comercio (TLC) que propugna Estados Unidos, entre los cuales el ALCA fue el más importante, la esencia del ALBA no es meramente comercial, sino que se trata de una estrategia de integración basada en la solidaridad, el reconocimiento de las particulares étnicas, culturales y sociales y el bienestar de los pueblos por sobre la libre circulación de mercancías y mano de obra y la libertad de empresa que proponen los TLC. Se puede decir que el aspecto económico-comercial del ALBA tiene que ver más con un medio para alcanzar los objetivos anteriores que un fin en sí mismo.
Las oligarquías latinoamericanas se desgajan insistiendo en que las transacciones realizadas en el marco del ALBA son perjudiciales: por una misma transacción comercial, en Venezuela dirán que fue perjudicial para Venezuela, y en Ecuador dirán que fue perjudicial para Ecuador. En Venezuela se cansan de plantear que se está “regalando el petróleo a países amigos”, cuando en realidad se está utilizando el mismo para pagar por cuestiones tan esenciales que Venezuela no pudo desarrollar por sus mismas oligarquías locales, como ser la Soberanía Alimentaria, en la que Argentina es protagonista principal a través del INTA y el INTI. Obviamente, con un gobierno con otro proyecto político, Venezuela utilizaría, tal vez, esa fortaleza económica que le brinda el petróleo para dominar políticamente a otros países. El caso bolivariano es totalmente inverso.
Los que estas elites están cuestionando, en realidad, es que empiece a primar en América Latina otra lógica diferente a la del mercado, en la cual la cuestión meramente económica sea un anexo de una integración política fuerte de procesos que van en el mismo sentido y que deben fortalecerse eliminando las asimetrías económicas. Esto es pensarse verdaderamente como región en un proyecto de liberación latinoamericana.
Una expresión de la eliminación de estas asimetrías regionales es la propuesta del SUCRE: Sistema Único de Compensación Regional, propuesta que surgió de Ecuador a fines del 2009 y que empezará a funcionar de manera virtual el próximo año. El mismo es una nueva arquitectura financiera para la región que, como su nombre lo indica, expresa la voluntad de compensar, lo cual significa poder disminuir las diferencias económicas regionales existentes, intentando que el comercio internacional en la región sea más justo, basándose esto en el principio de solidaridad y bienestar de los pueblos. Esto significa pensar mecanismos que eliminen las diferencias en cuanto a los distintos tipos de cambios, a las distintas producciones y productividades, resaltando capacidades y oportunidades de cada país, fortaleciendo a los más débiles, buscando la cooperación monetario-financiera, creando un Banco Regional de Desarrollo para definir inversiones y otorgar créditos a los países miembros. El SUCRE consistiría, entonces, en la institucionalización de las prácticas ya desarrolladas por los distintos países, prácticas que exceden el ALBA (como el caso Argentina-Venezuela), prácticas del ALBA o prácticas del MERCOSUR.
Este último, en el marco de la existencia del ALBA y de las experiencias soberanas que se están desarrollando en latinoamérica, tendrá que darse un proceso de redefinición entre ser más parecido a un TLC (tal como su nombre lo indica, “mercado común”) en el cual las distintas elites de los distintos países que lo componen están en disputa por quién domina a quién, o dar un giro hacia algo más parecido al ALBA en cuanto a sus valores programáticos. Por supuesto que no será una tarea fácil, ya que se trata de una institución más bien formada por las oligarquías locales y escasa participación popular, pero bien es una tarea que pueden darse los pueblos y los distintos líderes para transformarlo en una herramienta al servicio de los procesos soberanos en marcha.
En el marco del MERCOSUR y por fuera del ALBA, Argentina y Brasil han sido pioneras en plantear el intercambio comercial sin el dólar como patrón. Si bien la propuesta del SUCRE es superadora en cuanto implica todo un nuevo sistema financiero y una moneda común que sea patrón, la iniciativa de estos dos países permite pensar un intercambio en las monedas locales; en un principio, por un interés económico, ya que es mucho el dinero que se ahorran dos países que no tienen el dólar como moneda el tener que comerciar sin el mismo, pero principalmente el significado es político, ya que se está poniendo en cuestión en la región al patrón dólar. ¿Qué sentido tiene que Honduras tenga que comprar dólares a EEUU para poder comprarle petróleo a Venezuela? En el medio de este perverso mecanismo, queda mucho dinero de los latinoamericanos y, sobre todo, la posibilidad de alcanzar la soberanía política de los proyectos nacionales que se perfilan hoy en Nuestra América.
La crisis internacional ayudó a poner en duda estos viejos paradigmas, a darle fuerza a los procesos latinoamericanos. Pero esta crisis demostró también lo perverso del sistema actual, en el cual las grandes potencias siguen siendo una aspiradora de divisas de países que logran recuperarse económicamente y, cuando lo hacen, se descapitalizan antes de poder desarrollarse porque los países centrales aspiran sus divisas. Este sistema tiene su terminal final en la mayor potencia, EEUU, y el “patrón dólar” que rige para todos los movimientos financieros de todo el mundo.
Esta fuga de capitales constantes hacia los países centrales, ya sea vía pago a organismos internacionales de crédito, vía remisión de divisas al exterior, vía depósitos bancarios en el exterior o colocación en forma de bonos en el tesoro norteamericano, implica ni más ni menos que los países de la región no dispongan de su propio dinero para sustentar sus proyectos nacionales soberanos. Esta dominación económica, por ende, tiene directo impacto en la dominación política. No hay posibilidad de emancipación de la región si no se construye un nuevo sistema financiero, acorde a estos cambios.
Es por ello que iniciativas como el ALBA, el SUCRE, el Banco del Sur, la reformulación del MERCOSUR, el comercio bilateral en otros términos entre países de la región, son todas partes de un nuevo paradigma que se está construyendo en latinoamérica y también en el mundo. De lo que se trata aquí es de ganar la pulseada a quienes quieren seguir pensado en términos de mercado sobre los Estados, ganancias extraordinarias, rentabilidad, libre disponibilidad de mano de obra, libre circulación de mercancías sin prever los efectos locales, liberalización total para la dominación imperial, el dólar como patrón indiscutible a nivel mundial: son aquellos que siguen proclamando, muy fuera de moda, los TLC.
Las iniciativas descriptas, que los enfrentan, a pesar de ser iniciativas aún desordenadas y poco sistémicas, conforman un incipiente proceso de institucionalización de las luchas de nuestros pueblos y la direccionalización y voluntad de los líderes de la región y, por ende, deben ser llenados de participación popular para que realmente reflejen los intereses soberanos de nuestras patrias y, principalmente, de nuestra Patria Grande.
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