El Indec y los bonos

en revista 2010, octubre de 2009

Hablemos de un tema que está de moda: el Indec. No porque esté de moda, sino porque es sorprendente que esté de moda en uno de los contextos de inflación más baja y controlada que ha tenido nuestra convulsionada historia, historia de grandes crisis inflacionarias, crisis que implican, ni más ni menos, un brutal empobrecimiento de los sectores populares.
¿Cuál es el motivo por el cual, durante día y noche, los medios nos torturan con el tema del Indec? ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo este circo? Tenemos varios aspectos para analizar.
Empezar por el principio es siempre lo mejor. El Indec, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es el organismo estatal que se ocupa de sacar “fotos” a la realidad del país, desde varios puntos de vista. Puede medir cuánto produce la industria, cuántos argentinos hay, cuántos hogares por debajo de la línea de pobreza existen, cómo evolucionan los precios. Para calcular todas estas cosas, se realizan una serie de encuestas y relevamientos de datos y se hacen cálculos estadísticos, que no nos interesan para nada. Lo importante es que el Indec permite al Estado contar con información que es de suma importancia para ejecutar políticas públicas, de toda índole. Es el organismo recolector de datos por excelencia.
Pero más allá de que recolecta datos y, por ende, parecería ser algo “objetivo”, la realidad es que según qué datos recolecte y qué valores tengan, tanto las políticas a aplicar como los intereses que se esconden detrás de estos datos, varían. Para que nos quede más claro: es como un chico que quiere faltar al colegio y le dice a la madre que tiene fiebre…no va a querer que su mamá controle el termómetro, sino que intentara controlarlo él, ponerlo en el velador y comprobar que tiene fiebre para así faltar al colegio… Exactamente esto es lo que ocurre con el Indec. El fuerte cuestionamiento que se construyó desde los medios de comunicación, haciendo base en profesionales que han salido de la universidad pública para luego ser funcionales a un cuestionamiento de lo público, y haciendo base en cierto “progresismo” que evalúa las formas más que el contenido, tiene que ver con la discusión de quién controla y maneja el termómetro. Lo que está en juego no es ni más ni menos que la apropiación de forma privada de un organismo público, la apropiación de los sectores dominantes de un organismo que, según la información que arroje, aumenta o no sus privilegios. Antes, los sectores dominantes no requerían de esto porque controlaban el Estado en forma integral. Hoy, con un proceso popular en marcha, no les queda otra que cuestionar su funcionamiento, que no es más que cuestionar su condición de organismo público al servicio de un proceso político de transformación.
Pero ¿por qué estos sectores están tan empecinados con controlar el Indec? La respuesta es material y concreta: porque muchos de los bonos de la deuda externa, de los cuales los principales acreedores tienen que ver con los grupos económicos afines a grupos mediáticos, tienen su tasa de interés atada a la inflación. Esto quiere decir, sencillamente, que cuanta más inflación haya, más plata ganan. Así de sencillo.
Vamos a palabras conocidas de oído por todos, que no sabemos bien que significan, y que al ponerlas juntas nos pueden demostrar muchas cosas. El CER es un coeficiente que elabora el Banco Central de forma diaria, y que sirve para ajustar tasas de interés de operaciones financieras o inmobiliarias, y se basa en la inflación, por lo tanto, en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Entonces, si el IPC aumenta, por ende la inflación, el CER permitirá que se ajusten mejor los intereses de las operaciones inmobiliarias y financieras, por ejemplo. Principalmente, los bonos de deuda, por lo cual el Estado termina pagando más deuda porque aumentan los intereses a los tenedores de los bonos.
Paradójicamente, muchos de los tenedores de bonos de deuda están, a su vez, relacionados con los principales formadores de precios de la argentina. Pareciera ser que la inflación es un negocio redondo: además de quedarse con más plata por vender sus productos al mercado interno a precios internacionales, diluyendo así el salario de los trabajadores, ganan también y mucho por otra ventanilla, la de los bonos de la deuda, que a cuanta mayor inflación más dinero les remiten. Esto no es más que seguir viviendo de la bicicleta financiera, siempre a costa del empobrecimiento de los sectores populares.
Ahora pareciera que todos, absolutamente todos, morimos esperando los datos de la inflación de cada mes. Si es 0,2 o 0,4 más que el mes anterior. Todos esperamos los datos para confirmar como el gobierno “dibuja”, y creerle a “sondeos privados” que muy sospechosamente proliferan. Esperan agazapados poder reemplazar al Estado en una función tan vital como es la que cumple el Indec. El gobierno dibuja con la inflación, pero cuando dice que se desaceleró tal o cual sector de la industria, ahí si le creemos. El Indec dice la verdad cuando dice cosas malas, y miente cuando dice cosas buenas. Dice la verdad cuando se trata de cuestiones que no afectan los intereses de los sectores dominantes, miente cuando afecta dichos intereses.
La inflación, como otras muchas cuestiones del mundo de la economía, se convierte así en profecía autocumplida. Como el cuento de García Márquez “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Son tantos los intereses que se esconden detrás de la inflación, que no hay nada mejor que un pueblo a la espera de la misma para poder hacerla realidad en cualquier momento. Así se construyeron los procesos inflacionarios en la Argentina. Hoy, gracias al modelo económico que se inicio en el 2003, los sectores dominantes la tienen más difícil, principalmente porque no controlan resortes del Estado que antes si controlaban, que definen políticas públicas, y porque existe una voluntad popular que acompaña y es participe de esas definiciones. Es muy difícil, hoy, venderle al pueblo que lo privado es mejor que lo público, en parte por la propia experiencia que se vivió al respecto, en parte por los avances que este modelo económico provocó, que se acompañan con mayores niveles de conciencia al respecto.
Entonces la pregunta del millón es: ¿vale la pena el precio en credibilidad que el gobierno paga por sostener un índice de inflación, en teoría, más bajo que “el real”? La doña que va al supermercado es muy probable que se siga guiando por los precios del supermercado que por el Indec. El pueblo no ha dejado de dormir a la espera de los nuevos índices. A lo sumo, asocia que lo que dice el Indec no es lo que dice el supermercado. Y eso por supuesto que es nocivo, porque desde los medios no se plantea este problema de fondo, sino simplemente que el gobierno dibuja y miente, sin mucho sentido del porqué. Ahora bien: es una decisión totalmente soberana de este gobierno y de su modelo económico, destinar dinero del Estado a obra pública, trabajo, programas sociales y cooperativas de trabajo, por sobre pagar mayor interés a los tenedores de bonos de deuda. Y ahí está el punto central de la cuestión. Eso es lo que a los sectores dominantes les molesta, porque ahí está en discusión el rol del Estado, ese Estado que muchos de ellos tuvieron en sus manos para ajustar al pueblo y sostener sus privilegios.
Que el Estado destine más dinero a políticas públicas de inclusión y crecimiento es una definición política de este gobierno, innegociable. Es preferible no publicar datos reales acerca de la inflación que publicarlos y beneficiar a los especuladores de siempre. Y decimos no publicarlos porque es seguro que el Estado cuenta con esos datos, sólo que no los pública para no tener que ajustar a través del CER los bonos de la deuda. Es el costo a pagar por sostener definiciones políticas que no son más que perjudicar a ciertos sectores que quieren seguir especulando, y como todo enfrentamiento de intereses, no es para nada sencillo.
Hoy en día se está pensando en desatar estos bonos de deuda al CER, lo cual dejaría sin especulación a través de la inflación a estos sectores. Ese podría llegar a ser el primer paso de desatar el nudo gordiano del problema del Indec.
Nosotros como GEENAP creemos que es importantísimo que el Estado cuente con las herramientas necesarias para definir políticas públicas, y en este caso muchas de estas herramientas las proporciona el Indec. Creemos que no se trata de un problema metodológico sino político, y no queremos que su cuestionamiento sea funcional a los sectores dominantes que se esconden atrás de los “sondeos privados”. Pero por sobre todo creemos, y seguimos creyendo, que el Estado debe seguir y profundizar las líneas de políticas públicas desarrolladas hasta acá: fomento a la industria y el empleo, obra pública, emprendimientos productivos, cooperativas de trabajo, mejorar la salud y educación públicas, intervenir en la economía como hace mucho no se hacía. Creemos que estas cuestiones de fondo, que cambian la materialidad de nuestros compañeros en los barrios, son mucho más constructoras de conciencia acerca de lo que implica un Proyecto Nacional, mucho más fuertes que lo que puedan decir los medios acerca del Indec. Seguimos creyendo en eso, y por eso entendemos la política oficial sobre el Indec, que ni más ni menos, permite que el Estado tenga disponible más dinero para esta políticas mencionadas que para pagarle a los tenedores de bonos mayores intereses por los mismos. Y eso, ni más ni menos, es distribución de la riqueza.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Juan santiago Fraschina, Buenos Aires económico, 11 de octubre de 2009.

El conflicto entre la empresa Kraft Foods (empresa norteamericana), ex Terrabusi, con sus trabajadores puso nuevamente en el centro del debate el tema de la inversión extranjera directa.
La economía argentina a lo largo de su historia fue receptora de inversiones externas. Durante el modelo agroexportador (1880-1930) la construcción de la infraestructura se realizó en base a la inversión foránea. En efecto, la construcción de los ferrocarriles como de los distintos servicios públicos son ejemplos de inversión externa durante el modelo agroexportador.
Incluso, en la etapa de industrialización por sustitución de importaciones (1930-1976) la argentina recibió gran cantidad de inversión desde el extranjero. Este fenómeno se puede observar sobre todo, y más allá de sus diferencias sustanciales, durante las presidencias de Arturo Frondizi (1958-1962), a partir de la aplicación del modelo denominado desarrollista, y de Ongania (1966-1970).
Sin embargo, fue durante el modelo de Convertibilidad (1991-2001) donde se verificó el mayor avance de la inversión extranjera. En otras palabras, si bien la economía argentina venía experimentando un alto grado de extranjerización, a partir del régimen convertible y las políticas neoliberales aplicadas durante la década del noventa, la presencia de empresas extranjeras alcanzó niveles inusitados.
Esta mayor presencia de empresas extranjeras en la economía argentina durante los años noventa fue un fenómeno generalizado desde el punto de vista sectorial. Es decir, la extranjerización se produjo en el sector manufacturero pero también en el sector servicios, en la minería, en el sistema bancario, en el sector agropecuario, en el sector energético y en los distintos servicios públicos.
Las causas de este abrupto crecimiento fueron varias . En primer lugar, debemos destacar los factores internacionales que jugaron un papel fundamental en el crecimiento de la inversión extranjera directa en la economía argentina durante el modelo de Convertibilidad. Durante estos años a nivel internacional se verificó un aumento de la inversión dirigida hacia los países del Tercer Mundo, debido principalmente al crecimiento de la competencia internacional que condujo a las multinacionales a buscar nuevos mercados y fuente de aprovisionamiento, a los cambios tecnológicos de la norma de consumo y de los procesos productivos impulsados por el proceso de globalización y la necesidad de instalarse por parte de las empresas extranjeras en todos los mercados principales donde estaban presentes sus mayores competidores.
Sin embargo jugaron un papel fundamental los factores internos como causantes principales de la instalación de firmas extranjeras en la economía argentina. Uno de estos factores locales fue el aprovechamiento por parte de las firmas foráneas del mercado interno, incluyendo el Mercosur. En este sentido, la conformación del Mercosur fue un factor fundamental, y muy especialmente en el sector automotor y autopartes sobre todo para las firmas de origen europeo y estadounidense, como por ejemplo, la Fiat, Renault, General Motors y Chrysler.
Pero existieron otros factores internos que complementaron al mercado interno, y que incluso en algunos casos fueron más importante para la instauración de empresas extranjeras. Entre ellos debemos destacar al programa de privatización de los servicios públicos llevado adelante durante los años noventa, principalmente debido a que el gobierno exigió como condición para hacerse cargo de las empresas estatales una cierta antigüedad en la operación del servicio, lo cual implicaba obligatoriamente la participación de las firmas extranjeras al no existir ninguna empresa nacional privada con experiencia previa en la operación de los servicios públicos privatizados.
También fue importante para el crecimiento de la inversión extranjera directa la decisión clara de estimularla, profundizando de esta forma las políticas económicas introducidas por la dictadura militar de 1976 al terminar de desmantelar las restricciones y regulaciones para la instauración de empresas extranjeras en la economía argentina, pasando del control a la promoción de la inversión extranjera directa. En efecto, en los años noventa se promulgaron una serie de leyes tendientes a profundizar el proceso de liberalización de la inversión extranjera directa. De esta manera, se eliminaron todas las restricciones para la inversión de las empresas extranjeras en la economía argentina.
Ahora bien, la pregunta central es ¿cuáles fueron las consecuencias económicas de la mayor presencia de empresas extranjeras en la economía argentina?, o de otra manera ¿la mayor inversión extranjera directa experimentada durante la década del noventa contribuyó al desarrollo nacional?
Cuando se analiza la repercusión de las empresas foráneas en la economía nacional puede describirse los siguientes resultados. En primer lugar, el incremento de la inversión extranjera directa contribuyó escasamente a la formación de capital en la economía argentina debido fundamentalmente a que predominó la inversión extranjera vía fusiones y adquisiciones en comparación con la destinada a la ampliación de la capacidad productiva.
Con respecto al comercio exterior las empresas transnacionales exhibieron una tendencia mayor que las firmas locales a experimentar déficit comerciales. Salvo las empresas transnacionales orientadas a las exportaciones, el resto de las firmas extranjeras tuvieron una tendencia a funcionar con déficit comercial.
Mientras que las empresas locales experimentaron una mayor propensión a las ventas externas que a las importaciones, todo lo contrario sucedió con las empresas transnacionales. Estas últimas tuvieron durante el modelo de Convertibilidad una mayor orientación importadora en casi todos los sectores económicos. Una de las causas fundamentales que nos permite explicar este comportamiento es la facilidad que las firmas extranjeras tuvieron para la obtención de productos importados desde otras filiales de la corporación.
En términos de la Balanza de Pagos la inversión extranjera fue de gran importancia para su financiamiento. Sin embargo, dicho efecto positivo de las inversiones extranjeras directa sobre el saldo de la cuenta de capital se contrapuso al efecto fuertemente negativo que se verificó en la cuenta corriente como consecuencia del aumento de las empresas extranjeras durante el modelo de Convertibilidad.
Este efecto negativo se debió fundamentalmente a partir del incremento de la remisión de utilidades y dividendos por parte de las empresas transnacionales insertadas en la economía argentina hacia sus casas matrices.
Este fenómeno demuestra que las empresas extranjeras tuvieron una reducida propensión a la reinversión de utilidades en la economía argentina; lo cual se encuentra estrechamente vinculado con la mayor facilidad que existía en el régimen convertible para la remisión de utilidades por parte de las filiales de las empresas transnacionales insertadas en la economía argentina.
Asimismo, debemos agregar otras vías de transferencia de utilidades que fueron sumamente significativas por parte de las empresas transnacionales, como por ejemplo, a través de pagos por licencias e insumos tecnológicos, precios de transferencias en el comercio intrafirma, entre otros métodos.
Sumando todo lo anteriormente expresado podemos extraer algunas conclusiones acerca del impacto de la inversión extranjera directa en el Balance de Pagos. En primer lugar, y en contraposición de las empresas nacionales, las firmas transnacionales presentaron durante el modelo de Convertibilidad un déficit en su balanza comercial. Por otro lado, las empresas extranjeras experimentaron durante este período un déficit en el rubro servicios reales, intereses, utilidades y dividendos. Podemos concluir entonces que las empresas transnacionales arrojaron un fuerte déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.
En conclusión, considerando la cuenta de capital la inversión extranjera directa implicó la conformación de un saldo positivo como resultado del aumento de la inversión extranjera directa. Sin embargo, en forma global el aporte de las empresas extranjeras en el Balance de Pagos fue casi nulo o incluso negativo durante el modelo de Convertibilidad debido a que los efectos positivos en la cuenta de capital como resultado del ingreso de inversión extranjera directa era compensado por el déficit generado en la cuenta corriente provocado a partir de la operatoria de las filiales de las empresas transnacionales insertadas en la economía argentina.
Por otro lado, en relación al comercio exterior las empresas extranjeras experimentaron una concentración de sus exportaciones en productos primarios, particularmente de origen agropecuario. Asimismo, dentro de los productos industriales exportados por las empresas extranjeras se destacaban los bienes basados en recursos naturales, sobre todo de nuevo los relacionados con el sector agrario . Asimismo, a partir del modelo de Convertibilidad comenzaron a ser importante las exportaciones mineras y energéticas de las empresas transnacionales fundamentalmente con la privatización de YPF a Repsol y de la iniciación de varios proyectos mineros por parte de firmas extranjeras.
Por lo tanto, al analizar las características de las exportaciones de las empresas transnacionales podemos establecer que las mismas se concentraron en productos poco sofisticados y de poco valor agregado en los cuales la economía argentina tradicionalmente tuvo ventajas comparativas. De esta forma podemos establecer que el aumento de las empresas extranjeras no contribuyeron a mejorar el perfil exportador de la economía argentina, concentrándose sus ventas en los productos primarios y bienes basados en recursos naturales; reproduciendo la orientación exportadora que tuvo la economía argentina desde el modelo agroexportador.
Por otro lado, las empresas extranjeras tuvieron una baja intensidad de los gastos en inversión y desarrollo, es decir, la intensidad de los esfuerzos innovativos por parte de las empresas foráneas fue bajo. Por lo tanto, una de las consecuencias del aumento de la inversión extranjera directa fue la creciente transnacionalización de la oferta tecnológica, tanto en la incorporación de bienes de capital como de insumos estratégicos con el objetivo de diferenciar los productos.
Es decir, y por todo lo anteriormente dicho, la mayor presencia de las empresas extranjeras durante la década del noventa profundizaron la inserción periférica de la economía argentina en el mercado internacional. Dicho de otra forma, la inversión extranjera directa se transformó en un obstáculo para el desarrollo económico y social de la Argentina.
El colonialismo mental de los economista ortodoxos se centra en dos premisas: a) la dependencia al Fondo Monetario Internacional y al sistema financiero internacional para el financiamiento y b) la importancia de la inversión extranjera directa en el desarrollo nacional.
Sin embargo, tanto el organismo financiero como las empresas foráneas sólo contribuyeron a la dependencia del país y a la consolidación de una economía proveedora de materias primas sin desarrollo nacional.
A partir del 2003 se consolidó en la Argentina un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la valorización productiva, basada fundamentalmente en el proceso de reindustrialización de la economía argentina, y la inclusión social, centrada en la generación de puestos de trabajo.
Para el desarrollo de este nuevo modelo fue fundamental el pago al Fondo Monetario Internacional para evitar las condicionalidades impuestas por el organismo que nos llevaron a la degradación económica y social. Por lo tanto, es momento de centrarnos en el otro punto necesario para el desarrollo del país: la nacionalización de la economía argentina.

Romper el colonialismo mental

Juan Santiago Fraschina, Pagina 12, 28 de septiembre de 2009.

Sostener el aumento del gasto público en medio de la crisis financiera internacional ha sido uno de los aciertos más importantes del gobierno nacional. Ante el derrumbe de las potencias económicas que ha repercutido en la economía argentina sobre todo vía comercio exterior, el gobierno nacional decidió incrementar el gasto público como principal política anticiclica. En efecto, ante la caída de la demanda externa, el sostenimiento del crecimiento del mercado interno a través del aumento de las erogaciones del sector público permitieron que la crisis internacional no repercutiera fuertemente en la economía nacional.
Sin embargo, la política fiscal expansiva junto con el desaceleramiento en el crecimiento de la recaudación tributaria debido al impacto de la crisis mundial, generaron una reducción en el superávit fiscal y una nueva discusión sobre el problema del financiamiento.
Ante el deterioro del superávit primario volvieron a aparecer los neoliberales reclamando el retorno de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, poniendo nuevamente al organismo financiero en el centro de la política económica nacional.
Pero volver al Fondo es nuevamente subordinarse al mercado financiero internacional que son los mismos que llevaron a la Argentina a la peor crisis económica y social de su historia en el 2001 y que son responsables del colapso mundial actual.
Estos sectores pretenden el retorno al FMI como un instrumento para acotar el intervensionismo estatal que se viene dando desde el 2003. Como el mayor protagonismo del Estado afectó ciertos intereses económicos poderosos, como en el caso de la estatización de las AFJP, buena parte de los sectores dominantes visualizan al organismo internacional como un aliado estratégico para detener la presencia del Estado en la economía.
Estos sectores representantes del colonialismo mental sueñan con un país periférico, subordinado a los centros de poder, exportador de materias primas a los países desarrollados; para lo cual la reinserción del Fondo en nuestro país es una de las políticas principales. Según estos sectores la Argentina es un apéndice de la economía mundial y que tiene que ser regulada desde afuera.
Estos mismos sectores son, en general, los que reclaman la eliminación de las retenciones para colocar al país en una situación de vulnerabilidad financiera para tener que recurrir al financiamiento externo y por lo tanto aceptar las condiciones impuestas por el organismo internacional.
Volver al Fondo es perder nuevamente como en la década del noventa el control de la macroeconomía y por consiguiente de construir un proyecto endógeno de desarrollo económico y social. El discurso es de nuevo volver a darles señales amistosas al mercado financiero, lo cual implica aceptar las condicionalidades impuestas por el Fondo. De esta manera, el retorno al Fondo conduciría a un disciplinamiento de la economía argentina funcional a los sectores dominantes.
Ahora esas condiciones son arreglar con el Club de Paris y los holdouts. Mañana es aplicar el déficit cero, privatizar el sistema previsional, reducir el gasto público, bajar los impuestos a los sectores de altos ingresos, desregular la economía, eliminar los subsidios e imponer todas las políticas neoliberales ya conocidas.
Por eso el pago al Fondo Monetario Internacional significó una política fundamental para la construcción y consolidación de un modelo de valorización productiva con inclusión social, es decir, de un proyecto de desarrollo nacional a partir de un mayor intervensionismo estatal.
Entonces el retorno o no al Fondo Monetario Internacional no es una cuestión técnica ante la necesidad de financiamiento, si no más bien una cuestión política de volver o no a subordinar al país a los intereses de los países centrales y del sistema financiero internacional.
El país ya experimentó las recetas del Fondo. En la década del ochenta con los planes de ajuste estructural que implicaban una reducción permanente del gasto público. En la década del noventa con el Consenso de Washington que junto con la reducción de las erogaciones del Estado se adicionaron cambios estructurales como el programa de privatizaciones, la apertura comercial, la desregulación de los mercados y la flexibilización laboral.
Ambos planes terminaron en las dos crisis más profundas de la historia. En efecto, la crisis hiperinflacionaria de fines de la década del ochenta y la caída de la convertibilidad en el 2001.
Los sectores dominantes quieren imponer que las dos únicas alternativas para la Argentina sean reducir el gasto público y/o retornar al Fondo para reincorpóranos en el sistema financiero internacional. Sin embargo, existe una tercer opción: aumentar la presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos. De esta forma, se podría seguir sosteniendo el superávit fiscal al mismo tiempo que aumentar el gasto público para expandir la demanda agregada.
La disyuntiva es clara: seguir con el colonialismo mental lo cual implica volver al Fondo o profundizar el modelo de desarrollo nacional iniciado en el 2003.

La necesidad de un Banco de Desarrollo

Diario Buenos Aires Económico, 22 de septiembre de 2009, por Juan Santiago Fraschina y Jose Cornejo.


Convertibilidad…

En el modelo de Convertibilidad (1991 – 2001) prevaleció el tipo de cambio bajo (un dólar costaba solo un peso) que junto con la apertura comercial tuvieron dos efectos devastadores para la economía y la sociedad argentina. Por un lado, la sobrevaluación cambiaria y la reducción de los aranceles a las importaciones generaron un “boom” importador que condujo a un déficit comercial que sólo se revertía en las fases recesivas como resultado de la caída de las compras al extranjero.

El desequilibrio comercial, la remisión de utilidades por parte de las empresas extranjeras, el pago de los servicios de la deuda externa y la privatización de los aportes jubilatorios provocaron un déficit crónico de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Básicamente, este déficit tuvo dos fuentes de financiamiento: las privatizaciones y la deuda externa. Cuando la transferencia de los servicios públicos al sector privado se consumó, la deuda externa (principalmente) pública, se transformó en el único sostén del desequilibrio. Por otro lado, el tipo de cambio bajo con apertura comercial se tradujo en un fuerte proceso de desindustrialización. La baja competitividad de la pequeña y mediana empresa obligó a varias empresas a dos caminos: la quiebra o la transformación en importadoras. En ambos casos significó el abandono de la producción nacional. Las consecuencias sociales de este proceso de desindustrialización fueron el aumento del desempleo, la caída del salario real de los trabajadores, el incremento de la pobreza y la indigencia y una mayor concentración del ingreso.

En resumen, el modelo de Convertibilidad significó privatización y aumento de la deuda externa para financiar el quiebre del aparato productivo y con ello el incremento de la exclusión social. Este modelo estalló en diciembre de 2001, donde quedó explicito su insostenibilidad económica, social y política.

…devaluación…

La salida del régimen convertible implicó durante el gobierno de Duhalde la devaluación de la moneda nacional aumentando de esta manera la competitividad de la economía argentina. La devaluación fue funcional al sector agropecuario por ser una actividad exportadora, incrementando su renta en pesos. Pero también, el aumento de los precios internacionales de los bienes primarios generó una suba de la renta agraria en divisas. Es decir, la renta del sector agropecuario creció tanto en pesos y en divisas. Pero la devaluación también benefició al sector manufacturero. A partir del tipo de cambio alto se experimentó un incipiente proceso de sustitución de importaciones en el sector industrial al aumentar su competitividad y rentabilidad.

Estos fenómenos tuvieron dos consecuencias positivas para Argentina. En primer lugar, permitieron crecimiento económico con superávit comercial. En segundo lugar, la expansión económica motorizada en gran parte por la industria se tradujo en una caída del desempleo y la pobreza. Sin embargo, el incremento del tipo de cambio (un dólar ya costaba tres pesos) generó un aumento de los precios que produjo una caída del salario real de los trabajadores.

…y desarrollo

En un sentido dialéctico, durante el gobierno de Kirchner se aplicaron distintas políticas para recuperar el poder de compra de los asalariados. Por un lado, medidas con objetivos de desacelerar el aumento de los precios internos: retenciones, precios máximos y subsidios. Por otro lado, la recuperación del salario nominal a partir del apoyo explícito a las paritarias y el incremento del salario mínimo, vital y móvil. Por lo tanto, la conjunción de la menor inflación y el incremento de las remuneraciones produjo una recuperación del salario real. Esto es clave para profundizar el modelo actual de valorización productiva con inclusión social.

Sin embargo, la competitividad no puede depender exclusivamente del tipo de cambio. Por lo tanto, el aumento de la productividad es clave para la consolidación del modelo productivo que permita avanzar contra la pobreza. En este sentido, la construcción de un Banco de Desarrollo es fundamental. El mismo, debe diferenciarse de los bancos tradicionales a partir de financiar exclusivamente la producción y no el consumo o la valorización financiera.

Para esto las características del BNDES brasileño es de suma importancia para la formación de un banco de desarrollo similar en nuestro país. Las políticas del BNDES priorizan proyectos que promueven el desarrollo económico con inclusión social estimulando los emprendimientos que crean empleo y renta a partir del desarrollo de distintos programas.

Por ejemplo, programas agropecuarios como el Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), Modernización de la Flota de Tractores Agrícolas e Implementos Asociados y Cosechadoras (MODERFROTA), Incentivo a la Irrigación y el Almacenaje (MODERINFRA), Modernización de la Agricultura y Conservación de Recursos Naturales (MODERAGRO), Siembra Comercial y Recuperación de Florestas (PROFLORA), Desarrollo Cooperativo para Agregación de Valor a la Producción Agropecuarias (PRODECOOP), Capitalización de Cooperativas Agropecuarias (PROCAP – AGRO), entre otros. Asimismo, programas industriales como por ejemplo Apoyo para el Desarrollo de la Cadena Productiva Farmacéutica (PROFARMA), Fondo para Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones (FUNTTEL), Fondo para el Desarrollo de la Industria Nacional de Software y Servicios Relacionados (PROSOFT), Apoyo a la Cadena Productiva del Audiovisual (PROCULT), Financiamiento para las Empresas de la Cadena Productiva Aeronáutica Brasileña (PROAERONAUTICA), Apoyo a la Revitalización de Empresas (REVITALIZA), entre otros. Pero por otro lado, junto con el financiamiento productivo, el BNDES brasileño desarrolla un conjunto de programas sociales para fortalecer la inclusión social. Entre ellos podemos destacar el programa de Apoyo a la Consolidación de Emprendimientos Autogestionarios (PACEA), Micro créditos, Camino de la Escuela, Financiamiento para la Adquisición de Vehículos de Transporte Escolar (PROESCOLAR) y Mejora de la Enseñanza de las Instituciones de Educación Superior (programa IES).

La reforma financiera llevada a cabo por Martínez de Hoz en 1977 fue fundamental para la constitución del modelo de valorización financiera que se tradujo en un proceso de desindustrialización, aumento de la deuda externa, la fuga de capitales, el aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia. La construcción de un banco de desarrollo nacional es imprescindible para la consolidación del nuevo modelo de desarrollo caracterizado por la valorización productiva con inclusión social.

LA MAYORÍA SATISFECHA

Revista 2010, Agosto de 2009, Año 3, n°30.

La mayoría satisfecha:

En su libro “La cultura de la satisfacción”, John Kenneth Galbraith analiza cómo las ideas liberales desde su nacimiento fueron funcionales a los grandes empresarios (los “satisfechos”, según el economista norteamericano). Esto se puede ver claramente, aunque el autor no lo plantea, en la idea de la mano invisible desarrollada por Adam Smith a fines del siglo XVIII donde se muestra más cabalmente la funcionalidad del liberalismo económico para el grupo de “los satisfechos”.

Según Smith la mano invisible implica la coincidencia entre el interés individual con el interés general, lo que descarta cualquier intervención del Estado en la economía. En efecto, según el economista escocés, el individuo en el mercado satisfaciendo sus propias necesidades colabora con un objetivo que no buscaba: el bien común.

Esta idea es la concepción central del liberalismo económico. De esta forma, ningún empresario podría sentirse culpable buscando maximizar sus propias ganancias porque de esta manera esta colaborando con el bienestar de la sociedad.

Incluso, plantea el autor, en plena crisis de 1929 donde se puso de manifiesto el fracaso del liberalismo económico, la intervención del Estado generó una fuerte resistencia por parte de los satisfechos. Durante la Gran Depresión mientras se generalizaba el desempleo sin subsidios, la crisis agrícola se profundizaba, crecían los ancianos sin pensión y aumentaba la explotación de las mujeres y de los niños en las fabricas; los que permanecían favorecidos se oponían a cualquier intervención del Estado.

En este contexto, Franklin D. Roosevelt fue elegido como presidente de los Estados Unidos a partir de una especie de engaño político. Al mismo tiempo que prometía cambios y reformas para conseguir la reactivación económica, aseguraba mantener un presupuesto equilibrado y un reducido gasto público con el objetivo de tranquilizar al grupo de los satisfechos.

Cuando Roosevelt experimentó el New Deal (Nuevo Acuerdo) que implicaba un fuerte incremento del intervencionismo estatal, los opulentos resistieron a través de diferentes dispositivos constitucionales. De hecho, el banquero Morgan, espantado por la acción estatal, advertía al Senado que “si se destruye la clase ociosa, se destruye la civilización” y continuó diciendo que la clase ociosa son “todos aquellos que pueden permitirse pagar una sirvienta”.

Sin embargo, sostiene Galbraith, el New Deal de Roosevelt fue fundamental para recomponer el sistema capitalista norteamericano y en este sentido proteger el bienestar de aquellos individuos que el capitalismo más favorece, esto es, de los satisfechos.

A partir de esta introducción el autor comienza a analizar lo que él denomina la “mayoría satisfecha”. Según Galbraith este sector social incluye a las personas que manejan las grandes empresas financieras e industriales y a sus asalariado medios y superiores, a los profesionales, a los empleados subalternos con ingresos garantizados, a los que poseen negocios independientes, una buena parte de los agricultores, trabajadores con oficio, ancianos con buenas jubilaciones que les permite vivir sin sobresaltos, entre otros grupos.

Es decir, la “mayoría satisfecha” es un grupo heterogéneo de personas pero que presentan una característica común: tienen garantizado en mayor o menor medida su bienestar material y consideran que el futuro se encuentra bajo su control personal.
Según Galbraith, esta mayoría satisfecha presenta cuatro características fundamentales:

1) La primer característica es su afirmación de que los que la componen están recibiendo lo que se merecen en justicia. Es decir, que los individuos que integran la mayoría satisfecha están convencidos de que lo que disfrutan es producto de su esfuerzo, su inteligencia y su virtud personal;

2) La segunda característica es su actitud hacia el tiempo. En efecto, la mayoría satisfecha posee una actitud adversa por el largo plazo. Prefieren el corto plazo en detrimento del largo plazo por una cuestión sencilla: el largo plazo puede no llegar nunca;

3) La tercera característica de los opulentos de la sociedad es su visión sumamente selectiva del papel del Estado. En líneas generales, la mayoría satisfecha visualiza al Estado como una carga. De esta forma, para los que disfrutan de una situación desahogada es imprescindible reducir o eliminar esta carga, lo cual se traduce en una reducción de los impuestos;

4) La cuarta y última característica es la tolerancia que presenta la mayoría satisfecha respecto a las grandes diferencias de ingreso. El autor plantea que aquellos que pertenecen al sector afortunado de la sociedad aunque menos acaudalados soportan los ingresos sumamente elevados de los muy ricos, por temor a que en la redistribución de la riqueza estén amenazados también sus ingresos.

En resumen, estas son las cuatros características de la mayoría satisfecha, es decir, del sector social que tiene la posibilidad de disfrutar un bienestar económico que le permite vivir con desahogo sus vidas.

A su vez, el autor plantea que existe una minoría de los satisfechos que les preocupa además de su satisfacción personal la situación de los desfavorecidos que no tienen la suerte de participar de su bienestar material.

En efecto, existe un grupo de individuos integrados por intelectuales, periodistas, disidentes profesionales que manifiestan simpatía por los marginados. Sin embargo, plantea Galbraith, no constituyen una amenaza seria para la mayoría satisfecha. Todo lo contrario, este grupo consolida la posición de los opulentos al democratizar la posición dominante de la mayoría satisfecha.

Los satisfechos argentinos
A partir del conflicto desatado con las retenciones móviles se observó en todo su esplendor el accionar de la mayoría satisfecha argentina. A lo largo de todo el conflicto se vio reflejado en todos los actores sociales que se opusieron a la medida implementada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente las entidades agrarias, las distintas características detalladas por Galbraith que presentan los sectores opulentos norteamericanos.

1) Los agricultores afirmaron que están recibiendo lo que se merecen en justicia, esto es, que la renta agraria percibida es producto de sus esfuerzos. En este sentido, se estereotipó al agricultor como el campesino que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar sus tierras y que trabaja de sol a sol.

Por lo tanto, para los agricultores no es justo que el Estado intervenga a través de las retenciones para extraerle parte de su renta con el objetivo de distribuirlo entre los menos favorecidos. Es decir, la mayoría satisfecha argentina se mostró indignada ante la intención del Estado nacional de cobrarle impuesto al núcleo sojero pues lo consideran como una usurpación de aquello que tan claramente se merecen.

En este sentido, se oculta que buena parte de la renta percibida por los agricultores es como resultado de una política económica llevada a cabo por el gobierno nacional: la devaluación de la moneda. Política económica que además fue soportada por los asalariados que a partir de la inflación vieron reducido su salario real;

2) En las entidades agrarias durante el conflicto también se notó su privilegio del corto por el largo plazo. En efecto, gran parte de su discurso en contra de las retenciones móviles era que se debía aprovechar el contexto internacional que favorecía a la Argentina a partir de los elevados precios de las materias primas.
Para las entidades agrarias esto significa venderle al mundo lo que el mundo necesita. Es decir, retomar los lineamientos generales del modelo agroexportador que implica la venta externa de productos primarios, fundamentalmente soja.
Por lo tanto, para aprovechar el contexto internacional, según los agricultores, es conveniente reducir las retenciones para así de esta manera permitirles incrementar la inversión agraria y de esta forma producir una mayor cantidad para aumentar las exportaciones.

Esto implica que el Estado no intervenga para fijar las rentabilidades relativas de la economía. Esto se traduciría en que ante el aumento abrupto de la soja a nivel internacional la rentabilidad del sector sojero es mayor a la rentabilidad de los otros sectores económicos, esto es, al resto de las actividades agrarias – ganaderas y al sector manufacturero.

Este fenómeno genera que la mayor parte de la inversión sea destinada en la economía argentina a la producción de soja desalentando de esta forma la inversión en trigo, maíz, leche, carne y productos manufacturados. Esto se traduce en dos hechos: primero, como la soja se produce casi exclusivamente para la exportación se reduciría la producción de productos agrarios – ganaderos que se destina al consumo interno y, segundo, se atentaría al modelo de industrialización al ser menos rentable la inversión en el sector manufacturero que en el sector sojero;

3) Durante todo este conflicto también se observó la visión sumamente selectiva por parte de las entidades agropecuarias del papel del Estado. Una de las cuestiones que quedó más claro es que para los agricultores el Estado en líneas generales es percibido como una carga.

Para ellos el Estado es un socio que participa de las ganancias del campo pero que desaparece en los momentos de las malas cosechas. Por lo tanto, exigen la no intervención del Estado en la economía;

4) En el conflicto por las retenciones móviles se observó también la tolerancia que muestra gran parte de la mayoría satisfecha respecto de las grandes desigualdades en la distribución del ingreso. En efecto, las entidades agropecuarias estuvieron fuertemente apoyadas por un gran sector de los afortunados que nada tenían que ver con el campo ni muchos menos les afectaba las retenciones móviles de la soja. Incluso, este apoyo se dio conociendo las rentas extraordinarias percibidas por el núcleo sojero que lideró el conflicto agrario.

Si bien detrás de este apoyo podemos encontrar un número importante de causas, uno de los factores fundamentales es la oposición a cualquier medida redistributiva implementada por el Estado nacional. Pues esta distribución es amenazante para el grueso de la mayoría satisfecha.

De esta forma, prefieren apoyar la renta extraordinario de un grupo reducido de productores con tal de no ser afectada en algún momento su renta en el proceso de distribución del ingreso. Parafraseando a Galbraith, la opulencia esplendorosa del núcleo sojero es el precio que paga el resto de la mayoría satisfecha menos opulenta para poder retener lo que es menos pero que está muy bien de todos modos.

Por tal motivo, buena parte de la mayoría satisfecha argentina salió en defensa de las entidades agropecuarias a pesar de no sentirse afectado directamente por las retenciones móviles establecidas por el gobierno nacional.

Por último, también durante el conflicto agropecuario participó esa minoría de la mayoría satisfecha preocupada por los marginados pero inofensiva para la posición dominante de los opulentos. En efecto, una parte del progresismo argentino integrado por intelectuales, periodista y políticos que escribían y hablaban permanentemente a favor de la distribución del ingreso pero que sin embargo durante este conflicto decidieron ser funcionales, por diferentes motivos, a las entidades agropecuarias.
Estos sectores son profundamente necesarios para darle un aire de democracia a la posición dominante de la mayoría satisfecha. Entre estos sectores podemos destacar a Proyecto Sur cuyo diputado Claudio Lozano a pesar de expresar su pasión por la redistribución del ingreso terminó votando, más allá de sus explicaciones, a favor de las entidades agropecuarias.

El voto de Cobos por la negativa al proyecto de retenciones móviles para la soja muestra la preponderancia cultural, económica, política y social de la mayoría satisfecha argentina. Los sectores opulentos de la sociedad afirman que gracias al voto de Cobos se pacificó el país. Pero al mismo tiempo dan una señal: esta pacificación depende de que la posición dominante de la mayoría satisfecha no se vuelva a discutir, esto es, la paz social depende de que no se insista más en la distribución del ingreso.

EL PLAN ECONÓMICO DE LOS SECTORES DOMINANTES

por Juan Santiago Fraschina,
Luego de las elecciones y de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires los sectores dominantes comenzaron a profundizar el diseño de su “nuevo” plan económico. En efecto, tanto la Mesa de Enlace como la Unión Industrial Argentina redoblaron sus presiones al gobierno para la imposición de su modelo económico, coincidiendo en sus rasgos esenciales.
Uno de los pilares fundamentales del programa económico de los sectores dominantes es la devaluación de la moneda nacional. En este sentido es imprescindible discutir algunos puntos. En primer lugar, la devaluación no es mala ni buena en sí misma.
Es más, la fuerte recuperación económica que permitió la generación de puestos de trabajo a partir de la salida de la Convertibilidad fue en gran parte gracias al tipo de cambio competitivo.
Mientras que en la década del noventa el atraso cambiario generó un “boom” importador y desalentó las ventas externa que llevaron a un proceso de desindustrialización y a un consiguiente incremento de la desocupación y de la exclusión social, el crecimiento post convertibilidad a partir del tipo de cambio alto permitió una reindustrialización de la economía argentina asociado a una fuerte generación de puestos de trabajo y una reducción de la pobreza y la indigencia.
En otras palabras, el nuevo modelo de desarrollo actual caracterizado por la valorización productiva y la inclusión social se debió en gran medida al tipo de cambio competitivo como resultado de la devaluación de la moneda nacional.
Sin embargo, los efectos de la devaluación dependen de las políticas económicas que la acompañan. En tal sentido, las “recomendaciones” de los sectores dominantes es que, junto con la devaluación de la moneda nacional, se apliquen las siguientes medidas económicas:
- Reducción o eliminación de las retenciones.
- Eliminación de las paritarias.
- Fin de los precios máximos.
Las consecuencias de estas políticas económicas son claras. En primer lugar, la devaluación junto con una disminución o desaparición de las retenciones a las exportaciones provocaran el aumento de las exportaciones de los productos agrarios ganaderos generando un desabastecimiento del mercado interno que, junto con la desregulación de los precios, conduce a un proceso inflacionario de los productos de primera necesidad.
Este aumento de los precios, sumado al congelamiento del salario nominal como resultado de la eliminación de las paritarias, conduciría a una pulverización del salario real de los trabajadores. Esto es, se reduciría el poder de compra de los asalariados.
Los integrantes de la Mesa de Enlace experimentaran un aumento mayor de su renta extraordinario al incrementar sus ventas externas de sus productos, y los miembros de la Unión Industrial Argentina, que representa a los grandes industriales del país, verificaran una disminución de sus costos salariales como consecuencia de la reducción de la remuneración real de los obreros.
Pero el programa económico de los sectores dominantes continúa. A esto debemos sumarle una reducción del gasto público. Efectivamente, tanto los dueños de la tierra como de las grandes empresas coinciden que el aumento del gasto público fue en los últimos años exorbitante.
Por lo tanto, según los sectores dominantes, el aumento del gasto del Estado obligó al incremento permanente de la presión tributaria. De esta forma, si reducimos las erogaciones del sector público podemos bajar los impuestos, como por ejemplo las retenciones a las exportaciones.
Pero además, si la baja del gasto público no permite compensar la reducción de la recaudación tributaria como consecuencia de la disminución de los impuestos a los sectores dominantes, lo cual generaría un déficit fiscal, podemos recurrir al Fondo Monetario Internacional.
Es decir, cubrir el desequilibrio fiscal con un nuevo proceso de endeudamiento externos del sector público. Volver a endeudarnos para sostener un incremento aún mayor en la rentabilidad de los dueños de los campos y del capital concentrado interno.
En resumen, la devaluación de la moneda nacional, el congelamiento del salario nominal, la desregulación de los mercados, la disminución de los impuestos a los sectores altos, la reducción del gasto público y el retorno al Fondo Monetario Internacional forman parte esencial del modelo económico de los sectores dominantes.
Los resultados de este modelo son bien conocidos. Reducción del mercado domestico como consecuencia de la caída del poder de compra de los trabajadores y de la reducción del gato público generando el quiebre y desaparición de una buena parte de las pequeñas empresas provocando el aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia. Esto es, un modelo de concentración con exclusión social que predominó durante la década del noventa y el modelo de Convertibilidad.
Los perjudicados de este programa son también conocidos. Por un lado, los sectores populares que verán reducido su ingreso real. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas que dependen en gran medida del mercado interno.

Cambiar la ley

por Ariadna Somoza Zanuy, 5 de Julio de 2009,Página 12 Suplemento Cash

Existe un dato en la realidad económica que no debe dejarnos dormir en paz: la Ley de Entidades Financieras que rige hoy en nuestro país data de la época de la dictadura. La misma fue sancionada en el año 1977, épocas en las que se comenzaban a implementar las medidas económicas que iban a provocar una profunda transformación en la estructura económica argentina.
El nuevo patrón de acumulación, a partir de ese entonces, pasa a estar basado en el capital financiero en reemplazo de la producción y el trabajo y, por ende, era necesario modificar los marcos normativos y legales para que tal transformación sea viable. Fue entonces cuando se sancionó la Ley 21.526, o también llamada “Ley Martínez de Hoz”. Junto con la Ley de Radiodifusión y la Ley de Granos, se completaba un paquete legal que garantizaría la implementación del modelo neoliberal y su continuidad a lo largo de los distintos gobiernos democráticos, al punto tal que recién hoy, y luego de las transformaciones económicas del kirchnerismo, podemos volver a discutir.
En términos generales, la Ley de Entidades Financieras buscó la concentración del mercado financiero en pocas manos, eliminó la posibilidad de la existencia de entidades pequeñas, además de garantizar implícitamente que el crédito esté direccionado principalmente al consumo y a la especulación financiera por sobre la inversión en el aparato productivo. Además, reglamentó el accionar de entidades cooperativas a tal punto que para existir debían cumplir prácticamente los requisitos de una entidad más, descartando su aspecto cooperativo y limitando muchísimo su campo de acción porque no podían brindar servicios que el resto de las entidades si podían brindar, como, por ejemplo, conceder créditos para la vivienda o ser entidades respaldatorias de distinto tipo de operaciones financieras.
Pero para poder entender un poco mejor cuál es el impacto de esta ley, debemos entender cuáles son las características del sistema financiero, y sus funciones dentro de la economía. Podemos decir que en el siglo pasado, a nivel mundial y especialmente en los países desarrollados y petroleros, se dió un proceso de acumulación de capital que comenzó a absorber el sistema financiero. En el primer caso, por el desarrollo de las fuerzas productivas y la productividad; en el segundo, debido a la extraordinaria renta petrolera. Esa acumulación de capital dio origen a un viraje dentro del mismo capitalismo: ahora lo que el capital productivo generaba como excedente, no lo disponía este sector, sino que se empieza a transferir hacia el sector financiero, dependiendo la industria de los bancos para poder utilizar ese capital. Así comienza a tener preeminencia el capital financiero, cobrando vida como un factor de poder económico más y fue por más, buscando utilizar ese capital en la especulación por sobre la inversión en la producción.
Esto significa, para graficar de manera simplificada, que cuando el capital industrial requiere de dinero para inversión se encuentra con un sistema financiero que define, desde la óptica de su propio beneficio, si le otorga el crédito o no, y a qué tasa de interés. Define las condiciones para ser “sujeto de crédito”, y, sobre todo, lo otorga en función de su rentabilidad: si no es un negocio rentable darle crédito a las PyMEs y sí es rentable otorgar crédito al consumo, generará más facilidades para este último y pondrá trabas para el segundo. Como siempre, los que salen perdiendo son los “pequeños” de la economía, porque también es una realidad que hoy, en la Argentina, la existencia de una economía concentrada nos muestra que es difuso el límite entre el capital industrial y el capital financiero, así como entre este último y el capital agroexportador, ya que muchos de los grupos económicos juegan en los dos bandos, según sea de su conveniencia coyuntural.
Muchos de estos grupos se beneficiaron con el modelo económico kirchnerista, aunque lloren migajas cuando Venezuela hace un acto de soberanía pero dejan hacer cuando se trata de otros países que intentan violar nuestra soberanía. El caso de Techint llorando en EEUU es el ejemplo de una burguesía antinacional. Pero un tipo de cambio competitivo, superávits fiscales gemelos, políticas activas de empleo, incentivos a la producción, reasignación de recursos via retenciones a las exportaciones, limite a las importaciones indiscriminadas, y otras muchas políticas activas son las que caracterizan al modelo económico kirchnerista, beneficiaron no solo a grupos como Techint, sino principalmente a las PyMEs, a los trabajadores y a los actores de la Economía Social, los más golpeados desde que se implementó el modelo opuesto totalmente a este, el neoliberalismo, implementado durante la última dictadura militar, en la que surgió la Ley en cuestión.
Este nuevo modelo requiere, por ende, un nuevo marco normativo que regule la actividad financiera, ya que si el Estado vuelve a tener un rol activo y protagónico en las demás esferas de la economía, es impensable que no la tenga en un sector tan importante como éste.
Pensemos lo que suele suceder cuando algún actor de la economía quiere acceder a un crédito. Para las PyMEs, para hablar de un caso de crédito para la inversión, se torna muy engorroso, ya que es inmensa la cantidad de requisitos que deben cumplir y, por lo general, no les resulta conveniente la tasa de interés que deben de pagar, que suele ser más alta que la que debe pagar un grande, porque debe pagar los costos de no tener el respaldo que tiene un grande, pero principalmente porque un sistema financiero concentrado buscara mantener la concentración de la encomia, en todos los planos. Y la Ley de Entidades Financieras es la garantía legal de esto.
Otro caso de crédito para la inversión que resulta por ahí más extraño, porque es menos visible y también más novedoso su desarrollo, es el caso de la Economía Social. Cuando actores de este sector quieren acceder a un crédito para capitalizar su emprendimiento productivo, se encuentran con una problemática similar a la de las PyMEs, e incluso más. Los requisitos parecen aún mas inalcanzables y la tasa de interés resulta ser elevada para los márgenes de ganancia que una empresa social maneja. Además, siendo la mayor parte de las mismas Cooperativas, lo ideal sería que sean entidades cooperativas las que puedan brindarles el servicio financiero, ya que ¿qué mejor que una entidad financiera cooperativa para el desarrollo de una cooperativa? Por este motivo es que, hoy en día, la mayoría de las mismas se manejan con el Banco Credicoop. Una de las cosas que no permite la Ley de Entidades Financieras vigente es, en este caso, la posibilidad de apoyo financiero a los actores de la economía social.
En el caso de crédito al consumo, sucede algo similar. Los más débiles sujetos de crédito de la economía, los pobres, suelen tener muchas dificultades para acceder al crédito, cuando no se torna prácticamente inaccesible. Acceder a un crédito de HSBC, por poner un ejemplo, es algo prácticamente inconcebible. Pero ojo, los grupos económicos financieros no se van a quedar sin ese mercado…que también puede ser rentable. Han surgido, en ese sentido, millones de pequeñas “expendedoras de crédito” con sólo mostrar un DNI y un recibo de cobro de Plan Social. Producto de esto es ver millones de compañeros de los barrios super endeudados y pagando tasas de interés exorbitantes en comparación con la que paga alguna persona que logra acceder al crédito del HSBC. Es decir que el mismo banco que pone las condiciones para que no entres, te ofrece una opción para que entres igual pero por ello… ¡deberás pagar más! Termina siendo más caro el servicio financiero para un pobre que para una persona que está en mejores condiciones de pagarlo, por lo tanto se puede decir que la tasa de interés del crédito al consumo es altamente regresiva. Esto también lo tenemos gracias a la Ley de Entidades Financieras vigente.
Esto nos debe llevar al verdadero problema, al eje de la discusión: lo financiero, como un montón de otros aspectos de la economía, no pueden quedar en manos del mercado. Algo tan importante para una sociedad como el consumo, el ahorro y la inversion no pueden estar en manos de grupos económicos e incluso trasnacionales que definen el otorgamiento del capital, que esa misma sociedad produce, según su propia rentabilidad. Sabido es que allí donde no hay rentabilidad, no hay inversión si el Estado no interviene. El ejemplo claro es la recuperación del servicio público de Aguas a través de AySA. Es impresionante lo que ha crecido el tendido de agua corriente y cloacas desde que la empresa se reestatizó, ya que ahí donde ahora llega, para Aguas Argentinas no era rentable y, por ende, no había inversión. Lo que mueve a lo público, por ende, es la idea de universalización de un servicio, en este caso, y no la rentabilidad. Una empresa estatal puede soportar perder o no ser rentable porque su objetivo es otro, y fundamentalmente social: hacer llegar algo allí donde no llega y maximizar el bienestar social.
En el caso del sistema financiero, es imprescindible para poder profundizar el modelo económico kirchnerista que esta Ley de Entidades Financieras sea modificada. Es necesaria una mayor participación del Estado en la planificación de políticas en este ámbito para contar con los elementos necesarios que permitan que esta nueva estructura económica que comienza a surgir para hacerle frente al neoliberalismo que vamos dejando atrás se consolide y siga avanzando.
En un contexto en que los países centrales han demostrado que el modelo de sistema financiero que quieren que acá sigamos a rajatabla entró totalmente en crisis, es fundamental poder dar esta discusión. No se trata ya de una discusión o un problema nacional, sino que ha tomado dimensiones mundiales, y la Argentina se encuentra, gracias al modelo económico actual, en mejores condiciones que muchos de estos países para afrontar esta crisis y ser vanguardia en la reconfiguración de un nuevo modelo de sistema financiero, basado en la planificación del Estado, la solidaridad y la búsqueda de justicia social por sobre todas las cosas. Unasur, el banco latinoamericano, es un ejemplo de ello.
En Argentina, para sostener el crecimiento económico y la inclusión social y para profundizar la distribución de la riqueza, necesitamos un sistema financiero que permita que el Estado tenga un rol activo en la definición del consumo, del ahorro y la inversión. Necesitamos que la industria tenga crédito para la inversión en tecnología y trabajo, que las cooperativas puedan capitalizarse y crecer desde sus principios solidarios, generando también muchísimos puestos de trabajo, necesitamos que quienes más consumen y ahorran paguen más tasa de interés, y no al revés, y que todos los servicios financieros sean accesibles para todos. Y esto solo lo puede garantizar el Estado. Y el primer paso para eso es eliminar la Ley de Entidades Financieras. Si, la Ley “Martínez de Hoz”.