Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Economico, Viernes 18 de diciembre de 2009
Existen varios especialistas que pronostican para el año que viene un recrudecimiento de la inflación. En el 2009 la discusión económica giró desde el aumento de precios a los efectos de la crisis financiera internacional en la economía argentina, debido a que el menor crecimiento verificado en este año por la repercusión de la crisis iniciada en Estados Unidos provocó una desaceleración en la suba de los precios.
Sin embargo, la mayoría de los pronósticos anuncian una recuperación de la economía argentina para el año 2010, volviendo a escena el debate sobre la inflación. En este contexto surge una pregunta central: ¿Cuál es la política antiinflacionaria más efectiva que debe aplicar el gobierno para evitar la caída de los ingresos reales de la población?
Para responderla es fundamental entender primero las causas centrales que en los últimos años han provocado la suba de precios. En otras palabras, para poder controlar la inflación en forma exitosa se debe entender en primer lugar el motivo que la genera. En efecto, la inflación es un fenómeno multicausal, es decir, son varias las causas que pueden desencadenar en una economía la suba generalizada de los precios. De esta forma, es imprescindible a la hora de establecer una política antiinflacionaria comprender cual de todas las causas es la más importante en la actualidad en la economía argentina.
LA VISIÓN TRADICIONAL DE LA INFLACIÓN: En este sentido, según la ortodoxia económica, son dos las causas centrales del proceso inflacionario. Por un lado, la denominada inflación por costos. Dicho de otra forma, una de las causas centrales del aumento de los precios es el incremento de los costos de los empresarios.
En este caso, los economistas ortodoxos ponen su énfasis en el aumento de los salarios de los trabajadores al traducirse en una suba de los costos que luego los empresarios trasladan a los precios. Por lo tanto, para la visión tradicional el incremento de salarios es una de las causas fundamentales que generó el aumento de los precios en los últimos años en la economía argentina.
Por otro lado, la otra causa central para estos economistas es la inflación por demanda. Esto es, que el crecimiento de la demanda genera aumento de precios. Por lo tanto, la expansión del consumo y del gasto público se traduce automáticamente, para esta visión, en un incremento en el nivel general de precios.
En resumen, para la ortodoxia económica la inflación generada sobre todo a partir de la etapa kirchnerista se debió al aumento de los salarios de los trabajadores junto con el crecimiento del consumo y del gasto público que provocaron un aumento de la demanda efectiva.
Para estos economistas, entonces, la política antiinflacionaria del gobierno debería ser la contención en el aumento de las remuneraciones y el “enfriamiento” de la economía. Es decir, para contener la inflación se debe desarticular básicamente dos de los pilares del nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003: las paritarias salariales y el incremento del gasto público.
Es importante destacar que esta visión de la inflación no es casual. La política antiinflacionaria recomendada por la ortodoxia económica es totalmente funcional a los intereses de los sectores dominantes argentinos. Para los grandes empresarios industriales que exportan y/o venden sus productos al mercado interno a los sectores medios-altos y altos y que, por lo tanto, sus ventas no dependen del consumo de los sectores populares, el estancamiento de los salarios implica una aumento en su tasa de ganancia. Para estos capitalistas la remuneración de los trabajadores es vista exclusivamente como un costo y no como un factor de demanda de sus productos. De esta manera, la reducción de salarios se traduce en forma automática en un aumento de sus beneficios.
Por otro lado, para los grandes terratenientes la reducción del consumo provoca un aumento del saldo exportable y de la renta agraria. En otras palabras, si el consumo interno se reduce, los productores de alimentos tiene más mercancías para exportar, lo cual les permite obtener gran cantidad de divisas.
Es así como entonces la política antiinflacionaria recomendada por la ortodoxia económica implicaría un aumento de la ganancia de los grandes industriales y terratenientes a partir de la contención de los salarios, la caída del consumo y la disminución del gasto público generando una reducción del mercado interno, desaparición de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, aumento de la desocupación y de la pobreza. Es decir, para la visión económica tradicional y los sectores dominantes la causa de la inflación es por culpa de los sectores populares que quieren trabajar, ganar más y consumir.
LA VISIÓN ESTRUCTURALISTA DE LA INFLACIÓN: Sin embargo, los economistas estructuralistas, que surgieron en la década del cincuenta del siglo pasado, dieron una visión completamente distinta a la visión tradicional. Según estos economistas, todo proceso de crecimiento y desarrollo como la industrialización sustitutiva presenta presiones inflacionarias. Los estructuralistas latinoamericanos argumentaron que el aumento generalizado de precios en la región se debía a rigideces estructurales del lado de la oferta.
Para este enfoque, la inflación era el resultado de la interacción de dos componentes:
- Las presiones fundamentales que generaban aumentos de precios y que se debían a rigideces estructurales.
- Los mecanismos de propagación que se encargaban de transmitir el aumento inicial de la inflación al resto de la economías.
Para el paradigma estructuralista era imprescindible atacar a las presiones fundamentales para terminar definitivamente con el problema de la inflación. Es decir, la raíz del problema inflacionario se encontraba en las presiones fundamentales y no en los mecanismos de propagación.
En este sentido, para estos economistas, existían dos presiones fundamentales que originaban el aumento en el nivel general de precios durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones: la débil productividad de la agricultura debido a la concentración de la tierra y los desequilibrios en el sector externo a partir de los “cuellos” de botella que se generaban como resultado de la importación de los productos de la industria pesada.
Es decir, según esta visión, la inflación en la industrialización sustitutiva se debía a que, en primer lugar, este nuevo modelo de acumulación al generar puestos de trabajo y aumentos salariales provocaba un incremento del consumo que no podía ser satisfecho por la baja productividad del campo. Pero al mismo tiempo, el crecimiento económico en la industrialización sustitutiva conducía a un déficit comercial debido al “boom” importador de maquinas e insumos industriales que se solucionaba con una devaluación de la moneda.
Ambos fenómenos se traducucía en un crecimiento de los precios. A partir de este momento comenzaba a funcionar los mecanismos de propagación, transfiriendo esta presión inflacionaria al resto de la economía.
Ahora bien, para atacar la inflación la solución no era, según los estructuralistas, reducir la demanda, sino más bien, eliminar las rigideces estructurales, a través de una reforma agraria que permitiera una producción intensiva de la tierra y el desarrollo de la industria pesada en la Argentina.
En efecto, debido a que el origen de la inflación era estructural, la única manera de eliminarla era superando los cuellos de botella. De esta manera, la forma de eliminar el aumento generalizado de precios era por medio de la profundización del desarrollo económico para superar las rigideces estructurales.
Para estos economistas la reducción de la demanda puede reducir la inflación. Sin embargo, esto lo logra a costa del crecimiento económico y además sin atacar la raíz del problema. Es decir, la reducción de la demanda sólo ataca los factores de propagación pero no las presiones fundamentales que generaba el aumento de los precios.
En la actualidad, a partir del proceso de reindustrialización de la economía argentina desde la etapa kirchnerista aparecieron nuevamente presiones inflacionarias. Sin embargo, y a contraposición de la visión tradicional, se debe complejizar, como los estructuralistas latinoamericanos, el análisis de las causas de la suba de los precios para poder diseñar una política antiinflacionaria exitosa. Las rigideces estructurales y la puja distributiva se encuentran en el centro de la generación de la inflación actual. Por lo tanto, el mayor desarrollo económico y social y la desconcentración económica deben ser las principales política de contención de la suba generalizada de los precios.
jueves, 11 de febrero de 2010
jueves, 17 de diciembre de 2009
Integracion latinoamericana en marcha
Ariadna Somoza Zanuy, Buenos Aires Económico, 11 de diciembre de 2009.
El momento histórico que nos toca vivir es, tal vez, único, ya que estamos ante la posibilidad más real de construcción de la integración latinoamericana desde que la soñaron nuestros libertadores. Los distintos procesos populares que se están viviendo en nuestro continente conforman un clima de época y un pensar a latinoamérica revolucionándose en lo político, social, cultural y económico.
A pesar de que en cada país este proceso tiene sus características, empiezan a configurarse políticas de conjunto que poco a poco comienzan a institucionalizarse. Esta es la llamada integración regional de la que tanto hablamos, y que en materia económica tiene distintos puntos a tener en cuenta.
En primer lugar, debemos recordar que no hace muchos años la única alternativa para América Latina era el ALCA: tratado de libre comercio que nos imponía Estados Unidos como una forma de “salvarnos” y tener cómo vender nuestros productos, cómo estar insertos en el mundo, algo que tanto preocupa a nuestras elites locales. Lo que éste tratado escondía era la sumisión total ante una de las economías más poderosas del planeta, la cual era la única beneficiaria de éste tratado, ya que implicaba que latinoamérica eliminara sus trabas aduaneras para poder ser inundada de productos estadounidenses, mientras esa economía era totalmente protegida ante posibles ventas desde el Sur. Por supuesto que este intento de dominación económica trae aparejadas fuertes consecuencias políticas, sociales y culturales, y para ello no hace falta más que mirar las consecuencias en los países que han firmado Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.
Fue la lucha popular y la fuerte decisión de sus líderes la que pudo derrotar este nuevo pacto colonial, y allá por el 2005 en Mar del Plata fuimos anfitriones de esta victoria. Como vemos, hace apenas 4 años la única alternativa era el ALCA impuesta por Estados Unidos, y hoy ya tenemos una alternativa propia que está en marcha: el ALBA.
El ALBA nació como una iniciativa de Cuba y Venezuela, pero hoy en día el mismo está integrado, además, por Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A diferencia de los típicos Tratados de Libre Comercio (TLC) que propugna Estados Unidos, entre los cuales el ALCA fue el más importante, la esencia del ALBA no es meramente comercial, sino que se trata de una estrategia de integración basada en la solidaridad, el reconocimiento de las particulares étnicas, culturales y sociales y el bienestar de los pueblos por sobre la libre circulación de mercancías y mano de obra y la libertad de empresa que proponen los TLC. Se puede decir que el aspecto económico-comercial del ALBA tiene que ver más con un medio para alcanzar los objetivos anteriores que un fin en sí mismo.
Las oligarquías latinoamericanas se desgajan insistiendo en que las transacciones realizadas en el marco del ALBA son perjudiciales: por una misma transacción comercial, en Venezuela dirán que fue perjudicial para Venezuela, y en Ecuador dirán que fue perjudicial para Ecuador. En Venezuela se cansan de plantear que se está “regalando el petróleo a países amigos”, cuando en realidad se está utilizando el mismo para pagar por cuestiones tan esenciales que Venezuela no pudo desarrollar por sus mismas oligarquías locales, como ser la Soberanía Alimentaria, en la que Argentina es protagonista principal a través del INTA y el INTI. Obviamente, con un gobierno con otro proyecto político, Venezuela utilizaría, tal vez, esa fortaleza económica que le brinda el petróleo para dominar políticamente a otros países. El caso bolivariano es totalmente inverso.
Los que estas elites están cuestionando, en realidad, es que empiece a primar en América Latina otra lógica diferente a la del mercado, en la cual la cuestión meramente económica sea un anexo de una integración política fuerte de procesos que van en el mismo sentido y que deben fortalecerse eliminando las asimetrías económicas. Esto es pensarse verdaderamente como región en un proyecto de liberación latinoamericana.
Una expresión de la eliminación de estas asimetrías regionales es la propuesta del SUCRE: Sistema Único de Compensación Regional, propuesta que surgió de Ecuador a fines del 2009 y que empezará a funcionar de manera virtual el próximo año. El mismo es una nueva arquitectura financiera para la región que, como su nombre lo indica, expresa la voluntad de compensar, lo cual significa poder disminuir las diferencias económicas regionales existentes, intentando que el comercio internacional en la región sea más justo, basándose esto en el principio de solidaridad y bienestar de los pueblos. Esto significa pensar mecanismos que eliminen las diferencias en cuanto a los distintos tipos de cambios, a las distintas producciones y productividades, resaltando capacidades y oportunidades de cada país, fortaleciendo a los más débiles, buscando la cooperación monetario-financiera, creando un Banco Regional de Desarrollo para definir inversiones y otorgar créditos a los países miembros. El SUCRE consistiría, entonces, en la institucionalización de las prácticas ya desarrolladas por los distintos países, prácticas que exceden el ALBA (como el caso Argentina-Venezuela), prácticas del ALBA o prácticas del MERCOSUR.
Este último, en el marco de la existencia del ALBA y de las experiencias soberanas que se están desarrollando en latinoamérica, tendrá que darse un proceso de redefinición entre ser más parecido a un TLC (tal como su nombre lo indica, “mercado común”) en el cual las distintas elites de los distintos países que lo componen están en disputa por quién domina a quién, o dar un giro hacia algo más parecido al ALBA en cuanto a sus valores programáticos. Por supuesto que no será una tarea fácil, ya que se trata de una institución más bien formada por las oligarquías locales y escasa participación popular, pero bien es una tarea que pueden darse los pueblos y los distintos líderes para transformarlo en una herramienta al servicio de los procesos soberanos en marcha.
En el marco del MERCOSUR y por fuera del ALBA, Argentina y Brasil han sido pioneras en plantear el intercambio comercial sin el dólar como patrón. Si bien la propuesta del SUCRE es superadora en cuanto implica todo un nuevo sistema financiero y una moneda común que sea patrón, la iniciativa de estos dos países permite pensar un intercambio en las monedas locales; en un principio, por un interés económico, ya que es mucho el dinero que se ahorran dos países que no tienen el dólar como moneda el tener que comerciar sin el mismo, pero principalmente el significado es político, ya que se está poniendo en cuestión en la región al patrón dólar. ¿Qué sentido tiene que Honduras tenga que comprar dólares a EEUU para poder comprarle petróleo a Venezuela? En el medio de este perverso mecanismo, queda mucho dinero de los latinoamericanos y, sobre todo, la posibilidad de alcanzar la soberanía política de los proyectos nacionales que se perfilan hoy en Nuestra América.
La crisis internacional ayudó a poner en duda estos viejos paradigmas, a darle fuerza a los procesos latinoamericanos. Pero esta crisis demostró también lo perverso del sistema actual, en el cual las grandes potencias siguen siendo una aspiradora de divisas de países que logran recuperarse económicamente y, cuando lo hacen, se descapitalizan antes de poder desarrollarse porque los países centrales aspiran sus divisas. Este sistema tiene su terminal final en la mayor potencia, EEUU, y el “patrón dólar” que rige para todos los movimientos financieros de todo el mundo.
Esta fuga de capitales constantes hacia los países centrales, ya sea vía pago a organismos internacionales de crédito, vía remisión de divisas al exterior, vía depósitos bancarios en el exterior o colocación en forma de bonos en el tesoro norteamericano, implica ni más ni menos que los países de la región no dispongan de su propio dinero para sustentar sus proyectos nacionales soberanos. Esta dominación económica, por ende, tiene directo impacto en la dominación política. No hay posibilidad de emancipación de la región si no se construye un nuevo sistema financiero, acorde a estos cambios.
Es por ello que iniciativas como el ALBA, el SUCRE, el Banco del Sur, la reformulación del MERCOSUR, el comercio bilateral en otros términos entre países de la región, son todas partes de un nuevo paradigma que se está construyendo en latinoamérica y también en el mundo. De lo que se trata aquí es de ganar la pulseada a quienes quieren seguir pensado en términos de mercado sobre los Estados, ganancias extraordinarias, rentabilidad, libre disponibilidad de mano de obra, libre circulación de mercancías sin prever los efectos locales, liberalización total para la dominación imperial, el dólar como patrón indiscutible a nivel mundial: son aquellos que siguen proclamando, muy fuera de moda, los TLC.
Las iniciativas descriptas, que los enfrentan, a pesar de ser iniciativas aún desordenadas y poco sistémicas, conforman un incipiente proceso de institucionalización de las luchas de nuestros pueblos y la direccionalización y voluntad de los líderes de la región y, por ende, deben ser llenados de participación popular para que realmente reflejen los intereses soberanos de nuestras patrias y, principalmente, de nuestra Patria Grande.
El momento histórico que nos toca vivir es, tal vez, único, ya que estamos ante la posibilidad más real de construcción de la integración latinoamericana desde que la soñaron nuestros libertadores. Los distintos procesos populares que se están viviendo en nuestro continente conforman un clima de época y un pensar a latinoamérica revolucionándose en lo político, social, cultural y económico.
A pesar de que en cada país este proceso tiene sus características, empiezan a configurarse políticas de conjunto que poco a poco comienzan a institucionalizarse. Esta es la llamada integración regional de la que tanto hablamos, y que en materia económica tiene distintos puntos a tener en cuenta.
En primer lugar, debemos recordar que no hace muchos años la única alternativa para América Latina era el ALCA: tratado de libre comercio que nos imponía Estados Unidos como una forma de “salvarnos” y tener cómo vender nuestros productos, cómo estar insertos en el mundo, algo que tanto preocupa a nuestras elites locales. Lo que éste tratado escondía era la sumisión total ante una de las economías más poderosas del planeta, la cual era la única beneficiaria de éste tratado, ya que implicaba que latinoamérica eliminara sus trabas aduaneras para poder ser inundada de productos estadounidenses, mientras esa economía era totalmente protegida ante posibles ventas desde el Sur. Por supuesto que este intento de dominación económica trae aparejadas fuertes consecuencias políticas, sociales y culturales, y para ello no hace falta más que mirar las consecuencias en los países que han firmado Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.
Fue la lucha popular y la fuerte decisión de sus líderes la que pudo derrotar este nuevo pacto colonial, y allá por el 2005 en Mar del Plata fuimos anfitriones de esta victoria. Como vemos, hace apenas 4 años la única alternativa era el ALCA impuesta por Estados Unidos, y hoy ya tenemos una alternativa propia que está en marcha: el ALBA.
El ALBA nació como una iniciativa de Cuba y Venezuela, pero hoy en día el mismo está integrado, además, por Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A diferencia de los típicos Tratados de Libre Comercio (TLC) que propugna Estados Unidos, entre los cuales el ALCA fue el más importante, la esencia del ALBA no es meramente comercial, sino que se trata de una estrategia de integración basada en la solidaridad, el reconocimiento de las particulares étnicas, culturales y sociales y el bienestar de los pueblos por sobre la libre circulación de mercancías y mano de obra y la libertad de empresa que proponen los TLC. Se puede decir que el aspecto económico-comercial del ALBA tiene que ver más con un medio para alcanzar los objetivos anteriores que un fin en sí mismo.
Las oligarquías latinoamericanas se desgajan insistiendo en que las transacciones realizadas en el marco del ALBA son perjudiciales: por una misma transacción comercial, en Venezuela dirán que fue perjudicial para Venezuela, y en Ecuador dirán que fue perjudicial para Ecuador. En Venezuela se cansan de plantear que se está “regalando el petróleo a países amigos”, cuando en realidad se está utilizando el mismo para pagar por cuestiones tan esenciales que Venezuela no pudo desarrollar por sus mismas oligarquías locales, como ser la Soberanía Alimentaria, en la que Argentina es protagonista principal a través del INTA y el INTI. Obviamente, con un gobierno con otro proyecto político, Venezuela utilizaría, tal vez, esa fortaleza económica que le brinda el petróleo para dominar políticamente a otros países. El caso bolivariano es totalmente inverso.
Los que estas elites están cuestionando, en realidad, es que empiece a primar en América Latina otra lógica diferente a la del mercado, en la cual la cuestión meramente económica sea un anexo de una integración política fuerte de procesos que van en el mismo sentido y que deben fortalecerse eliminando las asimetrías económicas. Esto es pensarse verdaderamente como región en un proyecto de liberación latinoamericana.
Una expresión de la eliminación de estas asimetrías regionales es la propuesta del SUCRE: Sistema Único de Compensación Regional, propuesta que surgió de Ecuador a fines del 2009 y que empezará a funcionar de manera virtual el próximo año. El mismo es una nueva arquitectura financiera para la región que, como su nombre lo indica, expresa la voluntad de compensar, lo cual significa poder disminuir las diferencias económicas regionales existentes, intentando que el comercio internacional en la región sea más justo, basándose esto en el principio de solidaridad y bienestar de los pueblos. Esto significa pensar mecanismos que eliminen las diferencias en cuanto a los distintos tipos de cambios, a las distintas producciones y productividades, resaltando capacidades y oportunidades de cada país, fortaleciendo a los más débiles, buscando la cooperación monetario-financiera, creando un Banco Regional de Desarrollo para definir inversiones y otorgar créditos a los países miembros. El SUCRE consistiría, entonces, en la institucionalización de las prácticas ya desarrolladas por los distintos países, prácticas que exceden el ALBA (como el caso Argentina-Venezuela), prácticas del ALBA o prácticas del MERCOSUR.
Este último, en el marco de la existencia del ALBA y de las experiencias soberanas que se están desarrollando en latinoamérica, tendrá que darse un proceso de redefinición entre ser más parecido a un TLC (tal como su nombre lo indica, “mercado común”) en el cual las distintas elites de los distintos países que lo componen están en disputa por quién domina a quién, o dar un giro hacia algo más parecido al ALBA en cuanto a sus valores programáticos. Por supuesto que no será una tarea fácil, ya que se trata de una institución más bien formada por las oligarquías locales y escasa participación popular, pero bien es una tarea que pueden darse los pueblos y los distintos líderes para transformarlo en una herramienta al servicio de los procesos soberanos en marcha.
En el marco del MERCOSUR y por fuera del ALBA, Argentina y Brasil han sido pioneras en plantear el intercambio comercial sin el dólar como patrón. Si bien la propuesta del SUCRE es superadora en cuanto implica todo un nuevo sistema financiero y una moneda común que sea patrón, la iniciativa de estos dos países permite pensar un intercambio en las monedas locales; en un principio, por un interés económico, ya que es mucho el dinero que se ahorran dos países que no tienen el dólar como moneda el tener que comerciar sin el mismo, pero principalmente el significado es político, ya que se está poniendo en cuestión en la región al patrón dólar. ¿Qué sentido tiene que Honduras tenga que comprar dólares a EEUU para poder comprarle petróleo a Venezuela? En el medio de este perverso mecanismo, queda mucho dinero de los latinoamericanos y, sobre todo, la posibilidad de alcanzar la soberanía política de los proyectos nacionales que se perfilan hoy en Nuestra América.
La crisis internacional ayudó a poner en duda estos viejos paradigmas, a darle fuerza a los procesos latinoamericanos. Pero esta crisis demostró también lo perverso del sistema actual, en el cual las grandes potencias siguen siendo una aspiradora de divisas de países que logran recuperarse económicamente y, cuando lo hacen, se descapitalizan antes de poder desarrollarse porque los países centrales aspiran sus divisas. Este sistema tiene su terminal final en la mayor potencia, EEUU, y el “patrón dólar” que rige para todos los movimientos financieros de todo el mundo.
Esta fuga de capitales constantes hacia los países centrales, ya sea vía pago a organismos internacionales de crédito, vía remisión de divisas al exterior, vía depósitos bancarios en el exterior o colocación en forma de bonos en el tesoro norteamericano, implica ni más ni menos que los países de la región no dispongan de su propio dinero para sustentar sus proyectos nacionales soberanos. Esta dominación económica, por ende, tiene directo impacto en la dominación política. No hay posibilidad de emancipación de la región si no se construye un nuevo sistema financiero, acorde a estos cambios.
Es por ello que iniciativas como el ALBA, el SUCRE, el Banco del Sur, la reformulación del MERCOSUR, el comercio bilateral en otros términos entre países de la región, son todas partes de un nuevo paradigma que se está construyendo en latinoamérica y también en el mundo. De lo que se trata aquí es de ganar la pulseada a quienes quieren seguir pensado en términos de mercado sobre los Estados, ganancias extraordinarias, rentabilidad, libre disponibilidad de mano de obra, libre circulación de mercancías sin prever los efectos locales, liberalización total para la dominación imperial, el dólar como patrón indiscutible a nivel mundial: son aquellos que siguen proclamando, muy fuera de moda, los TLC.
Las iniciativas descriptas, que los enfrentan, a pesar de ser iniciativas aún desordenadas y poco sistémicas, conforman un incipiente proceso de institucionalización de las luchas de nuestros pueblos y la direccionalización y voluntad de los líderes de la región y, por ende, deben ser llenados de participación popular para que realmente reflejen los intereses soberanos de nuestras patrias y, principalmente, de nuestra Patria Grande.
viernes, 27 de noviembre de 2009
El estructuralimso latinoamericano clásico
Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Económico, 27 de noviembre de 2009.
El estructuralismo latinoamericano clásico, que se consolidó en la década del cincuenta y sesenta a partir de las discusiones mantenidas con la ortodoxia económica representada por el Fondo Monetario Internacional, estuvo fuertemente asociado a la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 1948 por las Naciones Unidas.
En efecto, uno de los estructuralistas latinoamericanos más reconocidos fue el primer director de la CEPAL: Raúl Prebisch. Por lo tanto, las tesis estructuralistas estuvieron esencialmente asociadas a los escritos de la CEPAL.
La visión estructuralista comienza criticando a la corriente convencional sobre el papel del comercio internacional. Según la teoría neoclásica, basada en la idea de ventajas comparativas de David Ricardo, el libre comercio conduciría a reducir la desigualdad entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
Sin embargo, para la corriente estructuralista la libertad de comercio condujo, en contraposición a lo pensado por la visión ortodoxa, a la consolidación de la división internacional del trabajo, fundada sobre la explotación de ventajas comparativas estáticas, condenando a la región Latinoamericana a una especialización empobreciente basada en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados.
En este sentido, para el paradigma estructuralista, la tradicional división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador era una de las causas centrales para explicar la condición de subdesarrollo de la región latinoamericana.
Para demostrar esta tesis el análisis estructuralista desarrolló la teoría centro – periferia. Según el paradigma estructuralista la economía mundial esta compuesta por dos polos: el centro y la periferia.
Por un lado, los países centrales que presentan economías homogéneas y diversificada y donde el sector económico más importante es el industrial. Por otro lado, los países periféricos caracterizados por economía heterogéneas y escasamente diversificadas. Con heterogéneas se refieren a la existencia de una estructura productiva divergente, en la cual se presenta un sector primario – exportador con una elevada productividad junto al resto de la economía sumergida en producciones de subsistencia. Con escasamente diversificada se refieren a la especialización por parte de las economías periféricas en la producción y exportación de productos primarios con pocos efectos de encadenamientos con el resto de los sectores productivos.
De esta forma, según el estructuralismo, la división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador condujo a una doble heterogeneidad estructural que perjudicaba a los países periféricos. Por un lado, a una heterogeneidad a nivel nacional en la estructura económica de los países periféricos. Por otro lado, a una heterogeneidad internacional en la cual los países periféricos se especializaron en la producción de bienes primarios mientras que los países centrales se volcaron hacia el desarrollo de las actividades industriales.
En esta línea se encuentra la teoría estructuralista del deterioro de los términos de intercambio. Según esta teoría en el largo plazo la tradicional división internacional del trabajo que generó un sistema internacional asimétrico se traduce en un mayor distanciamiento de la periferia con respecto a los países centrales, produciendo de esta forma que el libre comercio sea más ventajoso para los países desarrollados.
Para la visión estructuralista este fenómeno se debe fundamentalmente al progreso técnico. En efecto, los avances tecnológicos se producen generalmente en el sector manufacturero. Por lo tanto, si los países desarrollados se especializan en la producción de bienes industriales logran monopolizar los frutos del progreso técnico, generando un deterioro secular de los términos de intercambio en detrimento de los países periféricos especializados en la producción de bienes primarios caracterizada por escasos cambios tecnológicos.
Por lo tanto, la pregunta que surgió para los estructuralistas fue: ¿cómo destruir este sistema internacional que condujo a una especialización empobreciente a los países latinoamericanos?. Para esto la visión estructuralista proponía la industrialización de la región para superar el subdesarrollo latinoamericano.
Para estos economistas el proceso de industrialización de América Latina debía cumplir una doble función. En primer lugar, reducir el desequilibrio externo con los países centrales. En efecto, la industrialización permitiría reducir la brecha tecnológica con respecto a los países desarrollados que era la base de la diferencia estructural entre el centro y la periferia.
En segundo lugar, el desarrollo del sector manufacturero permitiría reducir los desequilibrios internos al posibilitar mejorar la distribución del ingreso al disminuir la desocupación y con esto la pobreza y la indigencia.
En otras palabras, el proceso de industrialización reduciría la heterogeneidad internacional y nacional que había generado la tradicional división internacional del trabajo. El desarrollo industrial conduciría a consolidar economías con estructuras más diversificadas y homogéneas que permitiría al mismo tiempo reducir la desigualdad existente con los países desarrollados.
De esta forma, para la visión estructuralista la única manera para superar el subdesarrollo de los países latinoamericanos era transformar estructuralmente sus economías. Esto es, transformar las economías agroexportadoras en economías industriales.
Pero entonces la otra pregunta que surge es: ¿cómo pueden las economías latinoamericanas experimentar un proceso de industrialización?. Para los estructuralistas este objetivo se lograba básicamente a través de dos fenómenos: una fuerte intervención estatal y la integración regional.
En la función del Estado el estructuralismo latinoamericano se diferenció nuevamente de la visión ortodoxa sustentada en el liberalismo económico. Los estructuralistas poseían una visión positiva del Estado.
En otras palabras, para estos economistas era fundamental la intervención del Estado en la economía. El libre juego del mercado condujo a las economías de América Latina hacia el modelo agroexportador que se tradujo en un desequilibrio internacional al alejarnos del nivel de desarrollo de los países centrales y a un desequilibrio interno al consolidarse una economía fuertemente heterogénea.
Por lo tanto, para poder generar una transformación estructural de las economías de la región a partir del proceso de industrialización era fundamental la intervención del Estado. Para estos economistas entonces el Estado debía realizar un conjunto de medidas para direccionar el proceso de industrialización, es decir, promover al desarrollo manufacturero a través de un programa planificado.
De esta forma, las principales funciones del Estado debían ser la de acelerar la acumulación del capital intensificando la sustitución de importaciones a través de diferentes medidas como el proteccionismo; construir la infraestructura necesaria para el proceso de industrialización; orientar los recursos financieros hacia la inversión productiva; estimular la inversión privada y promover el desarrollo tecnológico.
Incluso, para la visión estructuralista la intervención estatal en los países latinoamericanos debía ser más sustancial que en los países desarrollados. Efectivamente, en los países periféricos la fuerte intervención del Estado era fundamental para lograr una transformación estructural de las economía periféricas, objetivo que en los países centrales no era necesario.
Junto a la intervención del Estado era imprescindible para el desarrollo industrial de la región, según los estructuralistas, la integración latinoamericana. Pues a la incipiente industria de América Latina le resultaría al principio casi imposible competir con el sector manufacturero de los países desarrollados. Por lo tanto, la integración latinoamericana permitiría la ampliación de los mercados para la industria de América Latina.
De esta forma, la integración económica de la región haría viable la utilización de tecnologías que exigen una gran escala de producción por razones de rentabilidad. En otras palabras, la integración de América Latina daría las condiciones necesarias para que el sector manufacturero se transforme definitivamente en el motor del desarrollo de la región.
Por otro lado, para los estructuralistas la conformación de un bloque latinoamericano era fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista estratégico al permitir ofrecer una mayor oposición a los intereses de los países desarrollados.
La economía kirchnerista
Durante el crecimiento económico experimentado durante la etapa kirchnerista por la economía argentina se verifica un liderazgo de la construcción y de la industria manufacturera entre los sectores productores de bienes. En efecto, los dos sectores de mayor crecimiento fueron la construcción y el sector industrial. De esta forma, a partir del gobierno de Kirchner se produjo un cierto proceso de reindustrialización de la economía argentina, rompiendo de esta manera con el proceso de desindustrialización que se produjo a partir del modelo neoliberal de valorización financiera instaurado por la dictadura militar de 1976.
El inicio de este proceso de valorización productiva se produjo a partir de dos rasgos esenciales reintroducidos por el gobierno de Kirchner: una fuerte intervención estatal y la integración latinoamericana.
Con respecto a la intervención del Estado su puede visualizar en dos aspectos. Por un lado, a partir de un incremento sustancial en el gasto público en general y en la inversión pública en particular. Por otro lado, el aumento del intervensionismo estatal se produjo en el intento del Estado Nacional en la regulación de la economía, como por ejemplo en la fijación de precios máximos para contener la inflación.
Pero también la consolidación de la integración latinoamericana fue uno de los pilares centrales de la etapa kirchnerista con el objetivo central de profundizar el proceso de industrialización de la economía argentina. En este sentido, podemos destacar desde el fortalecimiento del MERCOSUR, la negativa para la conformación del ALCA, la creación del Banco del Sur y la conformación de Unasur, entre otros procesos.
A partir de la resolución 125 que establecía, entre otras cosas, las retenciones móviles a la soja, volvió a la Argentina la disputa entre los dos modelos económicos. Por un lado, las entidades agrarias que proponen, implícita o explícitamente, el retorno del modelo agroexportador. Es decir, estructurar a la economía argentina como exportadora de productos primarios, lo cual implica la inserción periférica de nuestra economía en el comercio internacional y el liberalismo económico como filosofía para restringir la intervención estatal.
Del otro lado, se plantea la necesidad de profundizar el proceso de industrialización a partir de una fuerte intervención del Estado y una integración latinoamericana como vehículo del desarrollo industrial como proponían los estructuralistas latinoamericanos.
El estructuralismo latinoamericano clásico, que se consolidó en la década del cincuenta y sesenta a partir de las discusiones mantenidas con la ortodoxia económica representada por el Fondo Monetario Internacional, estuvo fuertemente asociado a la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 1948 por las Naciones Unidas.
En efecto, uno de los estructuralistas latinoamericanos más reconocidos fue el primer director de la CEPAL: Raúl Prebisch. Por lo tanto, las tesis estructuralistas estuvieron esencialmente asociadas a los escritos de la CEPAL.
La visión estructuralista comienza criticando a la corriente convencional sobre el papel del comercio internacional. Según la teoría neoclásica, basada en la idea de ventajas comparativas de David Ricardo, el libre comercio conduciría a reducir la desigualdad entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
Sin embargo, para la corriente estructuralista la libertad de comercio condujo, en contraposición a lo pensado por la visión ortodoxa, a la consolidación de la división internacional del trabajo, fundada sobre la explotación de ventajas comparativas estáticas, condenando a la región Latinoamericana a una especialización empobreciente basada en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados.
En este sentido, para el paradigma estructuralista, la tradicional división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador era una de las causas centrales para explicar la condición de subdesarrollo de la región latinoamericana.
Para demostrar esta tesis el análisis estructuralista desarrolló la teoría centro – periferia. Según el paradigma estructuralista la economía mundial esta compuesta por dos polos: el centro y la periferia.
Por un lado, los países centrales que presentan economías homogéneas y diversificada y donde el sector económico más importante es el industrial. Por otro lado, los países periféricos caracterizados por economía heterogéneas y escasamente diversificadas. Con heterogéneas se refieren a la existencia de una estructura productiva divergente, en la cual se presenta un sector primario – exportador con una elevada productividad junto al resto de la economía sumergida en producciones de subsistencia. Con escasamente diversificada se refieren a la especialización por parte de las economías periféricas en la producción y exportación de productos primarios con pocos efectos de encadenamientos con el resto de los sectores productivos.
De esta forma, según el estructuralismo, la división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador condujo a una doble heterogeneidad estructural que perjudicaba a los países periféricos. Por un lado, a una heterogeneidad a nivel nacional en la estructura económica de los países periféricos. Por otro lado, a una heterogeneidad internacional en la cual los países periféricos se especializaron en la producción de bienes primarios mientras que los países centrales se volcaron hacia el desarrollo de las actividades industriales.
En esta línea se encuentra la teoría estructuralista del deterioro de los términos de intercambio. Según esta teoría en el largo plazo la tradicional división internacional del trabajo que generó un sistema internacional asimétrico se traduce en un mayor distanciamiento de la periferia con respecto a los países centrales, produciendo de esta forma que el libre comercio sea más ventajoso para los países desarrollados.
Para la visión estructuralista este fenómeno se debe fundamentalmente al progreso técnico. En efecto, los avances tecnológicos se producen generalmente en el sector manufacturero. Por lo tanto, si los países desarrollados se especializan en la producción de bienes industriales logran monopolizar los frutos del progreso técnico, generando un deterioro secular de los términos de intercambio en detrimento de los países periféricos especializados en la producción de bienes primarios caracterizada por escasos cambios tecnológicos.
Por lo tanto, la pregunta que surgió para los estructuralistas fue: ¿cómo destruir este sistema internacional que condujo a una especialización empobreciente a los países latinoamericanos?. Para esto la visión estructuralista proponía la industrialización de la región para superar el subdesarrollo latinoamericano.
Para estos economistas el proceso de industrialización de América Latina debía cumplir una doble función. En primer lugar, reducir el desequilibrio externo con los países centrales. En efecto, la industrialización permitiría reducir la brecha tecnológica con respecto a los países desarrollados que era la base de la diferencia estructural entre el centro y la periferia.
En segundo lugar, el desarrollo del sector manufacturero permitiría reducir los desequilibrios internos al posibilitar mejorar la distribución del ingreso al disminuir la desocupación y con esto la pobreza y la indigencia.
En otras palabras, el proceso de industrialización reduciría la heterogeneidad internacional y nacional que había generado la tradicional división internacional del trabajo. El desarrollo industrial conduciría a consolidar economías con estructuras más diversificadas y homogéneas que permitiría al mismo tiempo reducir la desigualdad existente con los países desarrollados.
De esta forma, para la visión estructuralista la única manera para superar el subdesarrollo de los países latinoamericanos era transformar estructuralmente sus economías. Esto es, transformar las economías agroexportadoras en economías industriales.
Pero entonces la otra pregunta que surge es: ¿cómo pueden las economías latinoamericanas experimentar un proceso de industrialización?. Para los estructuralistas este objetivo se lograba básicamente a través de dos fenómenos: una fuerte intervención estatal y la integración regional.
En la función del Estado el estructuralismo latinoamericano se diferenció nuevamente de la visión ortodoxa sustentada en el liberalismo económico. Los estructuralistas poseían una visión positiva del Estado.
En otras palabras, para estos economistas era fundamental la intervención del Estado en la economía. El libre juego del mercado condujo a las economías de América Latina hacia el modelo agroexportador que se tradujo en un desequilibrio internacional al alejarnos del nivel de desarrollo de los países centrales y a un desequilibrio interno al consolidarse una economía fuertemente heterogénea.
Por lo tanto, para poder generar una transformación estructural de las economías de la región a partir del proceso de industrialización era fundamental la intervención del Estado. Para estos economistas entonces el Estado debía realizar un conjunto de medidas para direccionar el proceso de industrialización, es decir, promover al desarrollo manufacturero a través de un programa planificado.
De esta forma, las principales funciones del Estado debían ser la de acelerar la acumulación del capital intensificando la sustitución de importaciones a través de diferentes medidas como el proteccionismo; construir la infraestructura necesaria para el proceso de industrialización; orientar los recursos financieros hacia la inversión productiva; estimular la inversión privada y promover el desarrollo tecnológico.
Incluso, para la visión estructuralista la intervención estatal en los países latinoamericanos debía ser más sustancial que en los países desarrollados. Efectivamente, en los países periféricos la fuerte intervención del Estado era fundamental para lograr una transformación estructural de las economía periféricas, objetivo que en los países centrales no era necesario.
Junto a la intervención del Estado era imprescindible para el desarrollo industrial de la región, según los estructuralistas, la integración latinoamericana. Pues a la incipiente industria de América Latina le resultaría al principio casi imposible competir con el sector manufacturero de los países desarrollados. Por lo tanto, la integración latinoamericana permitiría la ampliación de los mercados para la industria de América Latina.
De esta forma, la integración económica de la región haría viable la utilización de tecnologías que exigen una gran escala de producción por razones de rentabilidad. En otras palabras, la integración de América Latina daría las condiciones necesarias para que el sector manufacturero se transforme definitivamente en el motor del desarrollo de la región.
Por otro lado, para los estructuralistas la conformación de un bloque latinoamericano era fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista estratégico al permitir ofrecer una mayor oposición a los intereses de los países desarrollados.
La economía kirchnerista
Durante el crecimiento económico experimentado durante la etapa kirchnerista por la economía argentina se verifica un liderazgo de la construcción y de la industria manufacturera entre los sectores productores de bienes. En efecto, los dos sectores de mayor crecimiento fueron la construcción y el sector industrial. De esta forma, a partir del gobierno de Kirchner se produjo un cierto proceso de reindustrialización de la economía argentina, rompiendo de esta manera con el proceso de desindustrialización que se produjo a partir del modelo neoliberal de valorización financiera instaurado por la dictadura militar de 1976.
El inicio de este proceso de valorización productiva se produjo a partir de dos rasgos esenciales reintroducidos por el gobierno de Kirchner: una fuerte intervención estatal y la integración latinoamericana.
Con respecto a la intervención del Estado su puede visualizar en dos aspectos. Por un lado, a partir de un incremento sustancial en el gasto público en general y en la inversión pública en particular. Por otro lado, el aumento del intervensionismo estatal se produjo en el intento del Estado Nacional en la regulación de la economía, como por ejemplo en la fijación de precios máximos para contener la inflación.
Pero también la consolidación de la integración latinoamericana fue uno de los pilares centrales de la etapa kirchnerista con el objetivo central de profundizar el proceso de industrialización de la economía argentina. En este sentido, podemos destacar desde el fortalecimiento del MERCOSUR, la negativa para la conformación del ALCA, la creación del Banco del Sur y la conformación de Unasur, entre otros procesos.
A partir de la resolución 125 que establecía, entre otras cosas, las retenciones móviles a la soja, volvió a la Argentina la disputa entre los dos modelos económicos. Por un lado, las entidades agrarias que proponen, implícita o explícitamente, el retorno del modelo agroexportador. Es decir, estructurar a la economía argentina como exportadora de productos primarios, lo cual implica la inserción periférica de nuestra economía en el comercio internacional y el liberalismo económico como filosofía para restringir la intervención estatal.
Del otro lado, se plantea la necesidad de profundizar el proceso de industrialización a partir de una fuerte intervención del Estado y una integración latinoamericana como vehículo del desarrollo industrial como proponían los estructuralistas latinoamericanos.
¿SÓLO DÓLAR ALTO?
Juan Santiago Fraschina pagina 12 suplemento económico cash 22 de noviembre de 2009.
Existe un grupo de economista “heterodoxos” que hablan del nuevo modelo de desarrollo impuesto desde el 2003 como la economía del dólar alto en forma despectiva, tratando de marcar que la única política o la política mas importante es la devaluación de la moneda nacional. Para este grupo de economistas, el modelo actual representa, más allá de algunos pequeños cambios, una continuidad del modelo rentístico-financiero-neoliberal iniciado con la dictadura militar del 1976 a partir de las políticas de Martínez de Hoz y legitimado y profundizado durante los gobierno democráticos posteriores.
El primer punto para señalar de esta visión es la relativización de la importancia de mantener un tipo de cambio competitivo. En un país como la Argentina donde culturalmente existe un fuerte apoyo al dólar bajo, es fundamental que el gobierno haya podido sostener un dólar alto.
En efecto, el modelo de Convertibilidad caracterizado por un tipo de cambio bajo las consecuencias económicas y sociales fueron desastrosas. En primer lugar, generó un “boom” importador, lo cual se tradujo en el quiebre de una gran cantidad de industria y en la profundización del proceso de industrialización. Este rasgos del modelo anterior implicó el aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia.
En segundo lugar, el tipo de cambio bajo que provocó un fuerte incremento de las compras al extranjero implicó una balanza comercial deficitaria al importar más de lo que exportábamos. Este déficit se financió fundamentalmente a través de las privatizaciones y la deuda externa pública. En resumen, la sobrevaluación cambiaria que fue un rasgo esencial del régimen convertible consolidó un modelo de desindustrialización unido a una incrementó de la exclusión social financiado por la venta de las empresas públicas y el endeudamiento externo del sector público.
Por lo tanto, haber conseguido sostener un tipo de cambio alto, que se tradujo en un cierto proceso de sustitución de importaciones y reindustrialización del país con el consiguiente generación de puestos de trabajo, reducción del desempleo y la pobreza, en un país con fuertes tendencias al apoyo del tipo de cambio bajo es un éxito de política económica.
Pero además es la política industrial central de la Argentina. La vigencia de un dólar alto no debe ser la única política en apoyo al aparato manufacturero. En efecto, debe ser acompañada de un conjunto de políticas económicas que acompañen al proceso de reindustrialización, como por ejemplo, una política crediciticia y de promoción pro industrial.
Sin embargo, si esta políticas complementarias se llevarán a cabo en un contexto de tipo de cambio bajo serían inútiles. Por lo tanto, y más allá de reconocer la ausencia de algunas políticas importantes, el sostenimiento del dólar alto es fundamental para cualquier intento de poder consolidar un proceso de reindustrialización de la economía argentina.
Ahora bien, el error de esta visión de economistas “heterodoxos” no es sólo el tema de relativizar la importancia del tipo de cambio alto, si no además el de considerar que la única política pro industrial desde el 2003 haya sido el dólar alto.
Junto con el tipo de cambio competitivo se llevó a cabo un conjunto de políticas fundamentales, con mayor o menos éxito, a favor del sector manufacturero. Por ejemplo, la política de subsidios. El subsidio a los servicios públicos para mantener el precio bajo permite reducir el costo de los industriales, al pagar menos gas y electricidad de los que deberían pagar si esos subsidios no existiría.
Pero también el subsidio al transporte público en definitiva termina beneficiando al sector industrial. En efecto, subsidiar las empresas de colectivos y el tren es abaratar el precio de la mano de obra de los industriales. Pues si el gobierno decide quitarle el subsidio al transporte, lo cual se traduciría en un incremento del boleto de colectivo y del tren, el empresaria tendría que aumentar los salarios de sus trabajadores.
Por lo tanto, la política de subsidia del nuevo modelo de desarrollo implica una reducción de los costos industriales. De nuevo, en un país donde culturalmente existe un repudió al subsidio, sostener esta política es un éxito en defensa del sector industrial.
Pero también el robustecimiento del mercado interno llevado a cabo desde el 2003 es una política industrial central. La mayor parte del sector manufacturero argentino, especialmente la pequeña y mediana empresas, se sostiene de sus ventas al mercado interno.
Existen dos políticas fundamentales que permitieron desde el 2003 la expansión del mercado interno. Por un lado, el incremento en forma permanente del gasto público. Por otro lado, la revitalización de las paritarias que implicaron un aumento del salario de los trabajadores, que junto con la reducción del desempleo se tradujo en un aumento del consumo de los sectores populares.
En un país en el cual el gasto público es visto en forma negativa y el aumento de los salarios de los trabajadores es visualizado como un reclamo desmedido de la clase obrera, sostener estas dos políticas para expandir el mercado interno es un éxito de política económica.
El fortalecimiento de la integración latinoamericana es una política pro industrial. En efecto, mientras que el sector agropecuario, al ser una actividad altamente competitiva, exporta principalmente a los países centrales, el sector industrial argentino exporta a los países latinoamericanos. Por eso es que la consolidación de la integración latinoamericano que permite al sector manufacturero poder incrementar sus exportaciones es una política pro industrial central.
En un país en el cual culturalmente existe una tradición que la Argentina debe tener relaciones carnales con los países centrales sostener y profundización la integración económica con los países de la región es un éxito de política económica.
Las retenciones es otra política pro industrial fundamental. En efecto, las retenciones permiten, por un lado, desacoplar los precios internos de los internacionales reduciendo de esta manera el aumento de los precios. Pero por otro lado, las retenciones permiten incrementar la recaudación del Estado para poder llevar a cabo la política de subsidios.
¿Qué pasaría si se eliminan las retenciones a los productos agropecuarios? Primero, aumentarían drásticamente las exportaciones de los productos del campo desabasteciendo al mercado internos generando de esta forma un aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Esto llevaría al aumento de los salarios nominales generando un aumento de los costos laborales para el industrial argentino. Segundo, al eliminar las retenciones se reduce la recaudación del estado, lo cual obligaría a eliminar los subsidios con el consiguiente aumento del gas, electricidad y transporte público provocando de nuevo un incremento de los costos industriales.
En un contexto con el aumento de la ofensiva de las entidades agrarias después de la resolución 125, sostener la política de retenciones es un éxito de política pro industrial.
Por último, conseguir un crecimiento sostenido y sustentable es fundamental para estimular la inversión en la industria. Conseguir un superávit gemelo, es decir, tanto comercial como fiscal, más un proceso de desendeudamiento externo sumado a un incremento de las reservas del Banco Central permitieron darle sustentabilidad a la expansión económica.
La reducción de la incertidumbre permite el aumento de la inversión productiva. En el modelo anterior donde los ciclos económicos eran muy acentuados debido a los vulnerabilidad económica, la incertidumbre era uno de los factores centrales para el aumento de la propensión hacia la inversión especulativa.
Por lo tanto, consolidar una economía menos vulnerable permite reducir las fluctuaciones del producto y al mismo tiempo poder hacer política anticiclica para amortiguar los efectos de las crisis internacionales. Esta mayor solidez de la economía nacional que reduce la volatilidad es un logro esencial para incentivar a la inversión productiva en general y la industrial en particular.
¿Esto implica que todo esta bien en la economía Argentina? ¿Lo dicho anteriormente sugiere que no es necesario ninguna otra política económica para profundizar el proceso de industrialización? La respuesta es no. Existen características de la economía actual que reprodujeron y profundizaron ciertos rasgos del modelo neoliberal y que se deben modificar. Por otro lado, existen otro conjunto de políticas económicas que se pueden deben llevar a cabo para fomentar aún más al sector industrial. Esa nos es la discusión.
La discusión central con los economistas “heterodoxos” críticos es la relativización de todo los que se hizo en materia de política económica desde el 2003 para romper con el modelo rentístico financiero instaurado a partir de mediados de la década del setenta.
¿Habrá que esperar hasta el 2011 cuando gane la oposición para que estos economistas “heterodoxos” puedan valorar todo lo que se esta haciendo desde el 2003 aún sabiendo lo que falta? Espero que no sea demasiado tarde.
Existe un grupo de economista “heterodoxos” que hablan del nuevo modelo de desarrollo impuesto desde el 2003 como la economía del dólar alto en forma despectiva, tratando de marcar que la única política o la política mas importante es la devaluación de la moneda nacional. Para este grupo de economistas, el modelo actual representa, más allá de algunos pequeños cambios, una continuidad del modelo rentístico-financiero-neoliberal iniciado con la dictadura militar del 1976 a partir de las políticas de Martínez de Hoz y legitimado y profundizado durante los gobierno democráticos posteriores.
El primer punto para señalar de esta visión es la relativización de la importancia de mantener un tipo de cambio competitivo. En un país como la Argentina donde culturalmente existe un fuerte apoyo al dólar bajo, es fundamental que el gobierno haya podido sostener un dólar alto.
En efecto, el modelo de Convertibilidad caracterizado por un tipo de cambio bajo las consecuencias económicas y sociales fueron desastrosas. En primer lugar, generó un “boom” importador, lo cual se tradujo en el quiebre de una gran cantidad de industria y en la profundización del proceso de industrialización. Este rasgos del modelo anterior implicó el aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia.
En segundo lugar, el tipo de cambio bajo que provocó un fuerte incremento de las compras al extranjero implicó una balanza comercial deficitaria al importar más de lo que exportábamos. Este déficit se financió fundamentalmente a través de las privatizaciones y la deuda externa pública. En resumen, la sobrevaluación cambiaria que fue un rasgo esencial del régimen convertible consolidó un modelo de desindustrialización unido a una incrementó de la exclusión social financiado por la venta de las empresas públicas y el endeudamiento externo del sector público.
Por lo tanto, haber conseguido sostener un tipo de cambio alto, que se tradujo en un cierto proceso de sustitución de importaciones y reindustrialización del país con el consiguiente generación de puestos de trabajo, reducción del desempleo y la pobreza, en un país con fuertes tendencias al apoyo del tipo de cambio bajo es un éxito de política económica.
Pero además es la política industrial central de la Argentina. La vigencia de un dólar alto no debe ser la única política en apoyo al aparato manufacturero. En efecto, debe ser acompañada de un conjunto de políticas económicas que acompañen al proceso de reindustrialización, como por ejemplo, una política crediciticia y de promoción pro industrial.
Sin embargo, si esta políticas complementarias se llevarán a cabo en un contexto de tipo de cambio bajo serían inútiles. Por lo tanto, y más allá de reconocer la ausencia de algunas políticas importantes, el sostenimiento del dólar alto es fundamental para cualquier intento de poder consolidar un proceso de reindustrialización de la economía argentina.
Ahora bien, el error de esta visión de economistas “heterodoxos” no es sólo el tema de relativizar la importancia del tipo de cambio alto, si no además el de considerar que la única política pro industrial desde el 2003 haya sido el dólar alto.
Junto con el tipo de cambio competitivo se llevó a cabo un conjunto de políticas fundamentales, con mayor o menos éxito, a favor del sector manufacturero. Por ejemplo, la política de subsidios. El subsidio a los servicios públicos para mantener el precio bajo permite reducir el costo de los industriales, al pagar menos gas y electricidad de los que deberían pagar si esos subsidios no existiría.
Pero también el subsidio al transporte público en definitiva termina beneficiando al sector industrial. En efecto, subsidiar las empresas de colectivos y el tren es abaratar el precio de la mano de obra de los industriales. Pues si el gobierno decide quitarle el subsidio al transporte, lo cual se traduciría en un incremento del boleto de colectivo y del tren, el empresaria tendría que aumentar los salarios de sus trabajadores.
Por lo tanto, la política de subsidia del nuevo modelo de desarrollo implica una reducción de los costos industriales. De nuevo, en un país donde culturalmente existe un repudió al subsidio, sostener esta política es un éxito en defensa del sector industrial.
Pero también el robustecimiento del mercado interno llevado a cabo desde el 2003 es una política industrial central. La mayor parte del sector manufacturero argentino, especialmente la pequeña y mediana empresas, se sostiene de sus ventas al mercado interno.
Existen dos políticas fundamentales que permitieron desde el 2003 la expansión del mercado interno. Por un lado, el incremento en forma permanente del gasto público. Por otro lado, la revitalización de las paritarias que implicaron un aumento del salario de los trabajadores, que junto con la reducción del desempleo se tradujo en un aumento del consumo de los sectores populares.
En un país en el cual el gasto público es visto en forma negativa y el aumento de los salarios de los trabajadores es visualizado como un reclamo desmedido de la clase obrera, sostener estas dos políticas para expandir el mercado interno es un éxito de política económica.
El fortalecimiento de la integración latinoamericana es una política pro industrial. En efecto, mientras que el sector agropecuario, al ser una actividad altamente competitiva, exporta principalmente a los países centrales, el sector industrial argentino exporta a los países latinoamericanos. Por eso es que la consolidación de la integración latinoamericano que permite al sector manufacturero poder incrementar sus exportaciones es una política pro industrial central.
En un país en el cual culturalmente existe una tradición que la Argentina debe tener relaciones carnales con los países centrales sostener y profundización la integración económica con los países de la región es un éxito de política económica.
Las retenciones es otra política pro industrial fundamental. En efecto, las retenciones permiten, por un lado, desacoplar los precios internos de los internacionales reduciendo de esta manera el aumento de los precios. Pero por otro lado, las retenciones permiten incrementar la recaudación del Estado para poder llevar a cabo la política de subsidios.
¿Qué pasaría si se eliminan las retenciones a los productos agropecuarios? Primero, aumentarían drásticamente las exportaciones de los productos del campo desabasteciendo al mercado internos generando de esta forma un aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Esto llevaría al aumento de los salarios nominales generando un aumento de los costos laborales para el industrial argentino. Segundo, al eliminar las retenciones se reduce la recaudación del estado, lo cual obligaría a eliminar los subsidios con el consiguiente aumento del gas, electricidad y transporte público provocando de nuevo un incremento de los costos industriales.
En un contexto con el aumento de la ofensiva de las entidades agrarias después de la resolución 125, sostener la política de retenciones es un éxito de política pro industrial.
Por último, conseguir un crecimiento sostenido y sustentable es fundamental para estimular la inversión en la industria. Conseguir un superávit gemelo, es decir, tanto comercial como fiscal, más un proceso de desendeudamiento externo sumado a un incremento de las reservas del Banco Central permitieron darle sustentabilidad a la expansión económica.
La reducción de la incertidumbre permite el aumento de la inversión productiva. En el modelo anterior donde los ciclos económicos eran muy acentuados debido a los vulnerabilidad económica, la incertidumbre era uno de los factores centrales para el aumento de la propensión hacia la inversión especulativa.
Por lo tanto, consolidar una economía menos vulnerable permite reducir las fluctuaciones del producto y al mismo tiempo poder hacer política anticiclica para amortiguar los efectos de las crisis internacionales. Esta mayor solidez de la economía nacional que reduce la volatilidad es un logro esencial para incentivar a la inversión productiva en general y la industrial en particular.
¿Esto implica que todo esta bien en la economía Argentina? ¿Lo dicho anteriormente sugiere que no es necesario ninguna otra política económica para profundizar el proceso de industrialización? La respuesta es no. Existen características de la economía actual que reprodujeron y profundizaron ciertos rasgos del modelo neoliberal y que se deben modificar. Por otro lado, existen otro conjunto de políticas económicas que se pueden deben llevar a cabo para fomentar aún más al sector industrial. Esa nos es la discusión.
La discusión central con los economistas “heterodoxos” críticos es la relativización de todo los que se hizo en materia de política económica desde el 2003 para romper con el modelo rentístico financiero instaurado a partir de mediados de la década del setenta.
¿Habrá que esperar hasta el 2011 cuando gane la oposición para que estos economistas “heterodoxos” puedan valorar todo lo que se esta haciendo desde el 2003 aún sabiendo lo que falta? Espero que no sea demasiado tarde.
LA EXTRANJERIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO
Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Económico, 20 de noviembre de 2009.
El sistema bancario argentino presenta distintas características que fue adquiriendo particularmente a partir de la reforma financiera introducida por Martínez de Hoz en 1977 en plena dictadura militar, entre ellas podemos destacar la privatización del sistema bancario y la concentración tanto en términos de la cantidad de bancos existentes como en la localización regional.
En este sentido, en las últimas décadas los grandes perdedores fueron los bancos públicos y las pequeñas y medianas entidades financieras a favor de los grandes bancos privados que casi monopolizaron el sistema financiera nacional.
Sin embargo, una tercer característica importante que adquirió el sistema bancario argentino fue su fuerte proceso de extranjerización. En efecto, los bancos extranjeros en los últimos años verificaron un aumento considerable en la economía argentina. Este proceso que se inició a mediados de la década del setenta se profundizó con el modelo de Convertibilidad en los años noventa.
Mientras que los depósitos de los banco extranjeros pasaron de representar del 17,0% de los depósitos totales en diciembre de 1990 al 52,4% en diciembre de 2001, los créditos de los mismos se incrementaron del 5,0% al 49,3% durante el mismo período.
Entre las causas que promovieron la fuerte extranjerización del sistema bancario argentino podemos mencionar en primer lugar las facilidades que se otorgaron durante este período para la constitución de “conglomerados financieros” alrededor de los bancos internacionales, como por ejemplo, fondos de pensión, fondos mutuos y compañías de seguro.
A esto debemos sumarle el proceso de desregulación del sistema financiero que se llevó a cabo durante la década del noventa junto al mayor acceso al financiamiento internacional que se verificó durante estos años. En efecto, las autoridades monetarias eliminaron las funciones de prestamistas de ultima instancia y estimularon la inversión extranjera directa en el sistema bancario con el objetivo de trasladar la función de prestamista de ultima instancia a las casas matrices de los bancos extranjeros. Es decir, se esperaba que las casas centrales de los bancos internacionales respondieran ante un incumplimiento de las obligaciones de las filiales locales para evitar la perdida de reputación de la entidad financiera.
Asimismo, se eliminó el régimen de seguro de deposito reemplazándolo por la imagen de solvencia de la banca internacional para lograr la confianza de los ahorristas. En otras palabras, se estimuló la extranjerización del sistema bancario por parte de las autoridades monetarias argentinas con la idea de lograr una mayor estabilidad del sistema financiero en su conjunto a partir de la contribución de los bancos extranjeros.
Por tal motivo, durante el modelo de Convertibilidad se aplicaron regulaciones permisivas con el objetivo de lograr incrementar el ingreso de nuevos bancos extranjeros a la economía argentina, por la vía de la instalación de nuevas entidades o la adquisición de bancos ya existente. Por ejemplo, en algunos casos se financió con fondos del sector público, mediante el Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, la compra de bancos locales por parte de entidades financieras extranjeras.
La extranjerización del sistema bancario tuvo algunas consecuencias favorables para el sistema financiero argentino. Entre ellas podemos destacar que gracias a la contribución de los bancos extranjeros se produjo un aumento en los volúmenes intermediados, es decir, se verificó una importante expansión de los activos financieros en pesos y dólares como proporción del Producto Bruto Interno. Asimismo, se incrementó la utilización de los servicios bancarios por parte de la población.
Por otro lado, se produjo una mejora sustancial en la infraestructura física y tecnológica del sistema bancario argentino como importantes avances en la funcionalidad y seguridad del sistema de pagos.
Sin embargo, y a pesar de lo esperado por las autoridades monetarias, el aumento de los bancos extranjeros no eliminó, y en algunos casos los acentuó, los problemas en el funcionamiento del mercado financiero argentino. En primer lugar, el sistema bancario argentino siguió experimentando una elevada vulnerabilidad debido a la gran dependencia de los volátiles flujos de capitales internacionales.
En segundo lugar, se acentuó la fragilidad del sistema financiero, debido a que la inexistencia de las funciones de prestamista de ultima instancia no fue reemplazado por el respaldo de las casas centrales a sus subsidiarias locales.
En tercer lugar, la existencia creciente de bancos extranjeros no generó una reducción de la tasa de interés local. Por el contrario, el costo de crédito local para el sector privado era superior a la rentabilidad media de las firmas. Incluso a partir de la ultima crisis del modelo de Convertibilidad iniciada a mediados de 1998 las altas tasas de interés reales provocaron un incremento en la morosidad e incobrabilidad de las deudas bancarias que generó el quiebre de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas.
En cuarto lugar, se profundizó la segmentación del mercado de crédito debido a la creciente concentración de los prestamos bancarios hacia las grandes empresas extranjeras y locales, lo cual provocó una reducción significativa de los créditos hacia las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo también se verificó un importante racionamiento del crédito para las economías regionales. Por su parte, los sectores no transables recibieron la mayor parte del crédito bancario en desmedro de las actividades transables; respondiendo de esta manera a la estructura de precios verificada durante este período.
El colapso bancario que se produjo con el fin del modelo de Convertibilidad fue la mejor demostración de las debilidades del sistema bancario argentino que se profundizaron con la expansión de los bancos extranjeros durante la década del noventa.
Incluso el comportamiento de las actividades financieras extranjeras durante la crisis bancaria de 2001 contribuyó a profundizar los problemas del sistema financiero argentino colaborando al agravamiento de la crisis económica y social.
En efecto, los banco internacionales durante la crisis final del régimen convertible comenzaron a remitir beneficios de manera anticipada y a cancelar líneas de créditos del exterior. De esta forma, en lugar de actuar las casas matrices como prestamistas de ultima instancia de las filiales locales como esperaban las autoridades monetarias, los bancos extranjeros ante el evidente colapso del modelo de Convertibilidad tuvieron un comportamiento exactamente opuesto. Además una vez desatada la crisis bancaria algunas instituciones financieras internacionales optaron por abandonar la economía argentina sin preocuparse por el destino de sus clientes.
Por lo tanto la presencia de bancos extranjeros resulto ineficaz para superar la reducción de la liquidez internacional durante la crisis del régimen de Convertibilidad. Pero además durante la crisis el Banco Central de la República Argentina otorgó a los bancos extranjeros una gran cantidad de volúmenes de asistencia.
De esta manera, la extranjerización del sistema bancario incrementó la volatilidad en las variables financieras y redujo la capacidad para superar los shocks externos, lo cual condujo a un aumento en la fragilidad del sistema financiero argentino.
En definitiva, la mayor presencia de bancos extranjeros sumado a la fuerte concentración bancaria y al retroceso de los bancos públicos que se produjo a partir de mediados de la década del setenta y que se profundizó en los años noventa son uno de los grandes obstáculos que atraviesa la economía argentina para profundizar el nuevo modelo de desarrollo iniciado a partir de 2003.
Es decir, el modelo de valorización productiva que condujo a un proceso de reindustrialización y a la generación de puestos de trabajo necesita una nueva ley de entidades financiera. En otras palabras, la economía argentina requiere la mayor participación de la banca pública y de los pequeños y medianos bancos de origen nacional que permitan los siguientes objetivos:
a) Profundizar el proceso de reindustrialización a partir de privilegiar los créditos productivos en lugar de los prestamos al consumo o para la especulación financiera.
b) Aumentar la competencia otorgándole mayor cantidad de créditos a las pequeñas y medianas empresas, rompiendo de esta forma con la concentración económica que caracteriza a la economía argentina.
c) Aumentar la nacionalización de la economía a partir de beneficiar con créditos más barato a las empresas de origen nacional.
d) Estimular a las economía regionales a partir de la desconcentración territorial del sistema bancario.
e) Colaborar con la distribución del ingreso otorgándole crédito a las cooperativas de trabajo y con los préstamos para la vivienda a una reducida tasa de interés.
Por lo tanto, la discusión sobre la nueva ley de entidades financiera no debe pasar sólamente por cobrarle impuesto a la renta financiera. La tarea debe ser la reconstrucción del sistema bancario que permita al Estado realizar nuevamente una importante política crediticia a partir de poder direccionar el crédito y, por lo tanto, el ahorro nacional, para profundizar de esta manera el modelo de valorización productiva con inclusión social.
El sistema bancario argentino presenta distintas características que fue adquiriendo particularmente a partir de la reforma financiera introducida por Martínez de Hoz en 1977 en plena dictadura militar, entre ellas podemos destacar la privatización del sistema bancario y la concentración tanto en términos de la cantidad de bancos existentes como en la localización regional.
En este sentido, en las últimas décadas los grandes perdedores fueron los bancos públicos y las pequeñas y medianas entidades financieras a favor de los grandes bancos privados que casi monopolizaron el sistema financiera nacional.
Sin embargo, una tercer característica importante que adquirió el sistema bancario argentino fue su fuerte proceso de extranjerización. En efecto, los bancos extranjeros en los últimos años verificaron un aumento considerable en la economía argentina. Este proceso que se inició a mediados de la década del setenta se profundizó con el modelo de Convertibilidad en los años noventa.
Mientras que los depósitos de los banco extranjeros pasaron de representar del 17,0% de los depósitos totales en diciembre de 1990 al 52,4% en diciembre de 2001, los créditos de los mismos se incrementaron del 5,0% al 49,3% durante el mismo período.
Entre las causas que promovieron la fuerte extranjerización del sistema bancario argentino podemos mencionar en primer lugar las facilidades que se otorgaron durante este período para la constitución de “conglomerados financieros” alrededor de los bancos internacionales, como por ejemplo, fondos de pensión, fondos mutuos y compañías de seguro.
A esto debemos sumarle el proceso de desregulación del sistema financiero que se llevó a cabo durante la década del noventa junto al mayor acceso al financiamiento internacional que se verificó durante estos años. En efecto, las autoridades monetarias eliminaron las funciones de prestamistas de ultima instancia y estimularon la inversión extranjera directa en el sistema bancario con el objetivo de trasladar la función de prestamista de ultima instancia a las casas matrices de los bancos extranjeros. Es decir, se esperaba que las casas centrales de los bancos internacionales respondieran ante un incumplimiento de las obligaciones de las filiales locales para evitar la perdida de reputación de la entidad financiera.
Asimismo, se eliminó el régimen de seguro de deposito reemplazándolo por la imagen de solvencia de la banca internacional para lograr la confianza de los ahorristas. En otras palabras, se estimuló la extranjerización del sistema bancario por parte de las autoridades monetarias argentinas con la idea de lograr una mayor estabilidad del sistema financiero en su conjunto a partir de la contribución de los bancos extranjeros.
Por tal motivo, durante el modelo de Convertibilidad se aplicaron regulaciones permisivas con el objetivo de lograr incrementar el ingreso de nuevos bancos extranjeros a la economía argentina, por la vía de la instalación de nuevas entidades o la adquisición de bancos ya existente. Por ejemplo, en algunos casos se financió con fondos del sector público, mediante el Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, la compra de bancos locales por parte de entidades financieras extranjeras.
La extranjerización del sistema bancario tuvo algunas consecuencias favorables para el sistema financiero argentino. Entre ellas podemos destacar que gracias a la contribución de los bancos extranjeros se produjo un aumento en los volúmenes intermediados, es decir, se verificó una importante expansión de los activos financieros en pesos y dólares como proporción del Producto Bruto Interno. Asimismo, se incrementó la utilización de los servicios bancarios por parte de la población.
Por otro lado, se produjo una mejora sustancial en la infraestructura física y tecnológica del sistema bancario argentino como importantes avances en la funcionalidad y seguridad del sistema de pagos.
Sin embargo, y a pesar de lo esperado por las autoridades monetarias, el aumento de los bancos extranjeros no eliminó, y en algunos casos los acentuó, los problemas en el funcionamiento del mercado financiero argentino. En primer lugar, el sistema bancario argentino siguió experimentando una elevada vulnerabilidad debido a la gran dependencia de los volátiles flujos de capitales internacionales.
En segundo lugar, se acentuó la fragilidad del sistema financiero, debido a que la inexistencia de las funciones de prestamista de ultima instancia no fue reemplazado por el respaldo de las casas centrales a sus subsidiarias locales.
En tercer lugar, la existencia creciente de bancos extranjeros no generó una reducción de la tasa de interés local. Por el contrario, el costo de crédito local para el sector privado era superior a la rentabilidad media de las firmas. Incluso a partir de la ultima crisis del modelo de Convertibilidad iniciada a mediados de 1998 las altas tasas de interés reales provocaron un incremento en la morosidad e incobrabilidad de las deudas bancarias que generó el quiebre de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas.
En cuarto lugar, se profundizó la segmentación del mercado de crédito debido a la creciente concentración de los prestamos bancarios hacia las grandes empresas extranjeras y locales, lo cual provocó una reducción significativa de los créditos hacia las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo también se verificó un importante racionamiento del crédito para las economías regionales. Por su parte, los sectores no transables recibieron la mayor parte del crédito bancario en desmedro de las actividades transables; respondiendo de esta manera a la estructura de precios verificada durante este período.
El colapso bancario que se produjo con el fin del modelo de Convertibilidad fue la mejor demostración de las debilidades del sistema bancario argentino que se profundizaron con la expansión de los bancos extranjeros durante la década del noventa.
Incluso el comportamiento de las actividades financieras extranjeras durante la crisis bancaria de 2001 contribuyó a profundizar los problemas del sistema financiero argentino colaborando al agravamiento de la crisis económica y social.
En efecto, los banco internacionales durante la crisis final del régimen convertible comenzaron a remitir beneficios de manera anticipada y a cancelar líneas de créditos del exterior. De esta forma, en lugar de actuar las casas matrices como prestamistas de ultima instancia de las filiales locales como esperaban las autoridades monetarias, los bancos extranjeros ante el evidente colapso del modelo de Convertibilidad tuvieron un comportamiento exactamente opuesto. Además una vez desatada la crisis bancaria algunas instituciones financieras internacionales optaron por abandonar la economía argentina sin preocuparse por el destino de sus clientes.
Por lo tanto la presencia de bancos extranjeros resulto ineficaz para superar la reducción de la liquidez internacional durante la crisis del régimen de Convertibilidad. Pero además durante la crisis el Banco Central de la República Argentina otorgó a los bancos extranjeros una gran cantidad de volúmenes de asistencia.
De esta manera, la extranjerización del sistema bancario incrementó la volatilidad en las variables financieras y redujo la capacidad para superar los shocks externos, lo cual condujo a un aumento en la fragilidad del sistema financiero argentino.
En definitiva, la mayor presencia de bancos extranjeros sumado a la fuerte concentración bancaria y al retroceso de los bancos públicos que se produjo a partir de mediados de la década del setenta y que se profundizó en los años noventa son uno de los grandes obstáculos que atraviesa la economía argentina para profundizar el nuevo modelo de desarrollo iniciado a partir de 2003.
Es decir, el modelo de valorización productiva que condujo a un proceso de reindustrialización y a la generación de puestos de trabajo necesita una nueva ley de entidades financiera. En otras palabras, la economía argentina requiere la mayor participación de la banca pública y de los pequeños y medianos bancos de origen nacional que permitan los siguientes objetivos:
a) Profundizar el proceso de reindustrialización a partir de privilegiar los créditos productivos en lugar de los prestamos al consumo o para la especulación financiera.
b) Aumentar la competencia otorgándole mayor cantidad de créditos a las pequeñas y medianas empresas, rompiendo de esta forma con la concentración económica que caracteriza a la economía argentina.
c) Aumentar la nacionalización de la economía a partir de beneficiar con créditos más barato a las empresas de origen nacional.
d) Estimular a las economía regionales a partir de la desconcentración territorial del sistema bancario.
e) Colaborar con la distribución del ingreso otorgándole crédito a las cooperativas de trabajo y con los préstamos para la vivienda a una reducida tasa de interés.
Por lo tanto, la discusión sobre la nueva ley de entidades financiera no debe pasar sólamente por cobrarle impuesto a la renta financiera. La tarea debe ser la reconstrucción del sistema bancario que permita al Estado realizar nuevamente una importante política crediticia a partir de poder direccionar el crédito y, por lo tanto, el ahorro nacional, para profundizar de esta manera el modelo de valorización productiva con inclusión social.
martes, 10 de noviembre de 2009
La experiencia del ALBA
Ariadna Somoza Zanuy, pagina 12 suplemento cash, 8 de noviembre de 2009.
Los procesos de transformación que se viven en nuestros días en latinoamérica se empiezan a institucionalizar. Hablamos de procesos de transformación, en general, porque cada uno tiene su particularidad, ya sean socialismos del siglo XXI o estados plurinacionales, y una voluntad común: buscar la integración latinoamericana. Los países que están llevando adelante los procesos más profundos están construyendo el ALBA: la Alternativa Bolivariana para las Américas, como respuesta al intento de implementación del ALCA en nuestras tierras.
El ALBA nació como una iniciativa de Cuba y Venezuela, allá por el 2004, cuando el ALCA era algo inminente hasta que en la Cumbre de Mar del Plata se le dijo NO definitivamente. Hoy en día el mismo está integrado, además, por Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A diferencia del ALCA, se trata de una estrategia de integración basada en la solidaridad, el reconocimiento de las particularidades étnicas y culturales y el bienestar de los pueblos por sobre la libre circulación de mercancías y mano de obra y la libertad de empresa. En el eje económico, el intercambio comercial tiene que ver más con un medio para alcanzar los objetivos anteriores que un fin en sí mismo.
Para alegría de todos, este cambio de época implica también un cambio a nivel de paradigmas, filosófico. La crisis internacional ayudo a que esta vuelta de hoja se profundizara, a que los pasos sean más grandes y decididos. Pero esta crisis demostró también lo perverso del sistema actual, en el cual las grandes potencias siguen siendo una aspiradora de divisas de países que logran recuperarse económicamente y, cuando lo hacen, se descapitalizan antes de poder desarrollarse porque los países centrales aspiran sus divisas. Este sistema tiene su terminal final en la mayor potencia, EEUU, y el “patrón dólar” que rige para todos los movimientos financieros de todo el mundo.
Esta fuga de capitales constantes hacia los países centrales, ya sea vía pago a organismos internacionales de crédito, vía depósitos bancarios en el exterior, colocación en forma de bonos en el tesoro norteamericano y remisión de utilidades de empresas transnacionales, implica ni más ni menos que los países de la región no dispongan de su propio dinero para sustentar sus proyectos nacionales soberanos. Esta dominación económica, por ende, tiene directo impacto en la dominación política. No hay posibilidad de emancipación de la región si no se construye un nuevo sistema financiero, acorde a estos nuevos vientos de cambio.
Es a partir de esta evaluación que el año pasado el ALBA comenzó a pensar y diseñar la idea del SUCRE: Sistema Unitario de Compensación Regional. Esto implica más que una moneda: es una nueva arquitectura financiera para la región, y como tal, demanda distintas etapas para su implementación y desarrollo, en la cual constituir una moneda común es una de ellas.
Como su nombre lo indica, el SUCRE expresa la voluntad de compensar, lo cual significa poder disminuir las diferencias económicas regionales existentes, intentando que el comercio internacional en la región sea más justo, basándose esto en el principio de solidaridad y bienestar de los pueblos. Esto significa pensar mecanismos que eliminen las diferencias en cuanto a los distintos tipos de cambios, a las distintas producciones y productividades, resaltando capacidades y oportunidades de cada país, fortaleciendo a los más débiles, buscando la cooperación monetario-financiera, creando un Banco Regional de Desarrollo para definir inversiones y otorgar créditos a los países miembros. Todo esto no es otra cosa que la integración regional real.
El SUCRE permitiría, con el tiempo, ir reemplazando el “patrón dólar” para las transacciones que se hacen entre los países de la región. ¿Qué sentido tiene que Ecuador tenga que comprar dólares a EEUU para poder comprarle petróleo a Venezuela? En el medio de este perverso mecanismo, queda mucho dinero de los latinoamericanos y, sobre todo, la posibilidad de alcanzar la soberanía política de los proyectos nacionales que se perfilan hoy en nuestra América.
En la 3º Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA del 26 de Noviembre del 2008 realizada en Caracas se acordó la creación del SUCRE, apareciendo en las Declaración Final: “Articular una respuesta regional, impulsada por el ALBA, que busque la independencia respecto a los mercados financieros mundiales, cuestione el papel del dólar en la región y avance hacia una moneda común, el SUCRE, y contribuya a la creación de un mundo pluripolar.” Una definición de este tipo era impensable años atrás y, sin embargo hoy, al calor de los acontecimientos, parece algo real, posible, principalmente porque hemos visto la evolución de la institucionalización de los procesos que los pueblos latinoamericanos están llevando adelante.
Tal vez a la moneda común, el SUCRE en sí mismo, en papel y metal, nos falte todavía un tiempo para poder verla. Sin embargo, los hechos muestran que el camino es en una dirección, firme y sin pausa, es el largo camino de la integración latinoamericana que tanto soñamos y que tanto hablamos, algo que parecía muy lejano y que sin embargo, hoy, podemos empezar a discutir y debatir. Eso es, ya, haber triunfado. Porque eso es el cambio de paradigma que tenemos la suerte de vivir.
Los procesos de transformación que se viven en nuestros días en latinoamérica se empiezan a institucionalizar. Hablamos de procesos de transformación, en general, porque cada uno tiene su particularidad, ya sean socialismos del siglo XXI o estados plurinacionales, y una voluntad común: buscar la integración latinoamericana. Los países que están llevando adelante los procesos más profundos están construyendo el ALBA: la Alternativa Bolivariana para las Américas, como respuesta al intento de implementación del ALCA en nuestras tierras.
El ALBA nació como una iniciativa de Cuba y Venezuela, allá por el 2004, cuando el ALCA era algo inminente hasta que en la Cumbre de Mar del Plata se le dijo NO definitivamente. Hoy en día el mismo está integrado, además, por Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A diferencia del ALCA, se trata de una estrategia de integración basada en la solidaridad, el reconocimiento de las particularidades étnicas y culturales y el bienestar de los pueblos por sobre la libre circulación de mercancías y mano de obra y la libertad de empresa. En el eje económico, el intercambio comercial tiene que ver más con un medio para alcanzar los objetivos anteriores que un fin en sí mismo.
Para alegría de todos, este cambio de época implica también un cambio a nivel de paradigmas, filosófico. La crisis internacional ayudo a que esta vuelta de hoja se profundizara, a que los pasos sean más grandes y decididos. Pero esta crisis demostró también lo perverso del sistema actual, en el cual las grandes potencias siguen siendo una aspiradora de divisas de países que logran recuperarse económicamente y, cuando lo hacen, se descapitalizan antes de poder desarrollarse porque los países centrales aspiran sus divisas. Este sistema tiene su terminal final en la mayor potencia, EEUU, y el “patrón dólar” que rige para todos los movimientos financieros de todo el mundo.
Esta fuga de capitales constantes hacia los países centrales, ya sea vía pago a organismos internacionales de crédito, vía depósitos bancarios en el exterior, colocación en forma de bonos en el tesoro norteamericano y remisión de utilidades de empresas transnacionales, implica ni más ni menos que los países de la región no dispongan de su propio dinero para sustentar sus proyectos nacionales soberanos. Esta dominación económica, por ende, tiene directo impacto en la dominación política. No hay posibilidad de emancipación de la región si no se construye un nuevo sistema financiero, acorde a estos nuevos vientos de cambio.
Es a partir de esta evaluación que el año pasado el ALBA comenzó a pensar y diseñar la idea del SUCRE: Sistema Unitario de Compensación Regional. Esto implica más que una moneda: es una nueva arquitectura financiera para la región, y como tal, demanda distintas etapas para su implementación y desarrollo, en la cual constituir una moneda común es una de ellas.
Como su nombre lo indica, el SUCRE expresa la voluntad de compensar, lo cual significa poder disminuir las diferencias económicas regionales existentes, intentando que el comercio internacional en la región sea más justo, basándose esto en el principio de solidaridad y bienestar de los pueblos. Esto significa pensar mecanismos que eliminen las diferencias en cuanto a los distintos tipos de cambios, a las distintas producciones y productividades, resaltando capacidades y oportunidades de cada país, fortaleciendo a los más débiles, buscando la cooperación monetario-financiera, creando un Banco Regional de Desarrollo para definir inversiones y otorgar créditos a los países miembros. Todo esto no es otra cosa que la integración regional real.
El SUCRE permitiría, con el tiempo, ir reemplazando el “patrón dólar” para las transacciones que se hacen entre los países de la región. ¿Qué sentido tiene que Ecuador tenga que comprar dólares a EEUU para poder comprarle petróleo a Venezuela? En el medio de este perverso mecanismo, queda mucho dinero de los latinoamericanos y, sobre todo, la posibilidad de alcanzar la soberanía política de los proyectos nacionales que se perfilan hoy en nuestra América.
En la 3º Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA del 26 de Noviembre del 2008 realizada en Caracas se acordó la creación del SUCRE, apareciendo en las Declaración Final: “Articular una respuesta regional, impulsada por el ALBA, que busque la independencia respecto a los mercados financieros mundiales, cuestione el papel del dólar en la región y avance hacia una moneda común, el SUCRE, y contribuya a la creación de un mundo pluripolar.” Una definición de este tipo era impensable años atrás y, sin embargo hoy, al calor de los acontecimientos, parece algo real, posible, principalmente porque hemos visto la evolución de la institucionalización de los procesos que los pueblos latinoamericanos están llevando adelante.
Tal vez a la moneda común, el SUCRE en sí mismo, en papel y metal, nos falte todavía un tiempo para poder verla. Sin embargo, los hechos muestran que el camino es en una dirección, firme y sin pausa, es el largo camino de la integración latinoamericana que tanto soñamos y que tanto hablamos, algo que parecía muy lejano y que sin embargo, hoy, podemos empezar a discutir y debatir. Eso es, ya, haber triunfado. Porque eso es el cambio de paradigma que tenemos la suerte de vivir.
viernes, 23 de octubre de 2009
El Indec y los bonos
en revista 2010, octubre de 2009
Hablemos de un tema que está de moda: el Indec. No porque esté de moda, sino porque es sorprendente que esté de moda en uno de los contextos de inflación más baja y controlada que ha tenido nuestra convulsionada historia, historia de grandes crisis inflacionarias, crisis que implican, ni más ni menos, un brutal empobrecimiento de los sectores populares.
¿Cuál es el motivo por el cual, durante día y noche, los medios nos torturan con el tema del Indec? ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo este circo? Tenemos varios aspectos para analizar.
Empezar por el principio es siempre lo mejor. El Indec, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es el organismo estatal que se ocupa de sacar “fotos” a la realidad del país, desde varios puntos de vista. Puede medir cuánto produce la industria, cuántos argentinos hay, cuántos hogares por debajo de la línea de pobreza existen, cómo evolucionan los precios. Para calcular todas estas cosas, se realizan una serie de encuestas y relevamientos de datos y se hacen cálculos estadísticos, que no nos interesan para nada. Lo importante es que el Indec permite al Estado contar con información que es de suma importancia para ejecutar políticas públicas, de toda índole. Es el organismo recolector de datos por excelencia.
Pero más allá de que recolecta datos y, por ende, parecería ser algo “objetivo”, la realidad es que según qué datos recolecte y qué valores tengan, tanto las políticas a aplicar como los intereses que se esconden detrás de estos datos, varían. Para que nos quede más claro: es como un chico que quiere faltar al colegio y le dice a la madre que tiene fiebre…no va a querer que su mamá controle el termómetro, sino que intentara controlarlo él, ponerlo en el velador y comprobar que tiene fiebre para así faltar al colegio… Exactamente esto es lo que ocurre con el Indec. El fuerte cuestionamiento que se construyó desde los medios de comunicación, haciendo base en profesionales que han salido de la universidad pública para luego ser funcionales a un cuestionamiento de lo público, y haciendo base en cierto “progresismo” que evalúa las formas más que el contenido, tiene que ver con la discusión de quién controla y maneja el termómetro. Lo que está en juego no es ni más ni menos que la apropiación de forma privada de un organismo público, la apropiación de los sectores dominantes de un organismo que, según la información que arroje, aumenta o no sus privilegios. Antes, los sectores dominantes no requerían de esto porque controlaban el Estado en forma integral. Hoy, con un proceso popular en marcha, no les queda otra que cuestionar su funcionamiento, que no es más que cuestionar su condición de organismo público al servicio de un proceso político de transformación.
Pero ¿por qué estos sectores están tan empecinados con controlar el Indec? La respuesta es material y concreta: porque muchos de los bonos de la deuda externa, de los cuales los principales acreedores tienen que ver con los grupos económicos afines a grupos mediáticos, tienen su tasa de interés atada a la inflación. Esto quiere decir, sencillamente, que cuanta más inflación haya, más plata ganan. Así de sencillo.
Vamos a palabras conocidas de oído por todos, que no sabemos bien que significan, y que al ponerlas juntas nos pueden demostrar muchas cosas. El CER es un coeficiente que elabora el Banco Central de forma diaria, y que sirve para ajustar tasas de interés de operaciones financieras o inmobiliarias, y se basa en la inflación, por lo tanto, en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Entonces, si el IPC aumenta, por ende la inflación, el CER permitirá que se ajusten mejor los intereses de las operaciones inmobiliarias y financieras, por ejemplo. Principalmente, los bonos de deuda, por lo cual el Estado termina pagando más deuda porque aumentan los intereses a los tenedores de los bonos.
Paradójicamente, muchos de los tenedores de bonos de deuda están, a su vez, relacionados con los principales formadores de precios de la argentina. Pareciera ser que la inflación es un negocio redondo: además de quedarse con más plata por vender sus productos al mercado interno a precios internacionales, diluyendo así el salario de los trabajadores, ganan también y mucho por otra ventanilla, la de los bonos de la deuda, que a cuanta mayor inflación más dinero les remiten. Esto no es más que seguir viviendo de la bicicleta financiera, siempre a costa del empobrecimiento de los sectores populares.
Ahora pareciera que todos, absolutamente todos, morimos esperando los datos de la inflación de cada mes. Si es 0,2 o 0,4 más que el mes anterior. Todos esperamos los datos para confirmar como el gobierno “dibuja”, y creerle a “sondeos privados” que muy sospechosamente proliferan. Esperan agazapados poder reemplazar al Estado en una función tan vital como es la que cumple el Indec. El gobierno dibuja con la inflación, pero cuando dice que se desaceleró tal o cual sector de la industria, ahí si le creemos. El Indec dice la verdad cuando dice cosas malas, y miente cuando dice cosas buenas. Dice la verdad cuando se trata de cuestiones que no afectan los intereses de los sectores dominantes, miente cuando afecta dichos intereses.
La inflación, como otras muchas cuestiones del mundo de la economía, se convierte así en profecía autocumplida. Como el cuento de García Márquez “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Son tantos los intereses que se esconden detrás de la inflación, que no hay nada mejor que un pueblo a la espera de la misma para poder hacerla realidad en cualquier momento. Así se construyeron los procesos inflacionarios en la Argentina. Hoy, gracias al modelo económico que se inicio en el 2003, los sectores dominantes la tienen más difícil, principalmente porque no controlan resortes del Estado que antes si controlaban, que definen políticas públicas, y porque existe una voluntad popular que acompaña y es participe de esas definiciones. Es muy difícil, hoy, venderle al pueblo que lo privado es mejor que lo público, en parte por la propia experiencia que se vivió al respecto, en parte por los avances que este modelo económico provocó, que se acompañan con mayores niveles de conciencia al respecto.
Entonces la pregunta del millón es: ¿vale la pena el precio en credibilidad que el gobierno paga por sostener un índice de inflación, en teoría, más bajo que “el real”? La doña que va al supermercado es muy probable que se siga guiando por los precios del supermercado que por el Indec. El pueblo no ha dejado de dormir a la espera de los nuevos índices. A lo sumo, asocia que lo que dice el Indec no es lo que dice el supermercado. Y eso por supuesto que es nocivo, porque desde los medios no se plantea este problema de fondo, sino simplemente que el gobierno dibuja y miente, sin mucho sentido del porqué. Ahora bien: es una decisión totalmente soberana de este gobierno y de su modelo económico, destinar dinero del Estado a obra pública, trabajo, programas sociales y cooperativas de trabajo, por sobre pagar mayor interés a los tenedores de bonos de deuda. Y ahí está el punto central de la cuestión. Eso es lo que a los sectores dominantes les molesta, porque ahí está en discusión el rol del Estado, ese Estado que muchos de ellos tuvieron en sus manos para ajustar al pueblo y sostener sus privilegios.
Que el Estado destine más dinero a políticas públicas de inclusión y crecimiento es una definición política de este gobierno, innegociable. Es preferible no publicar datos reales acerca de la inflación que publicarlos y beneficiar a los especuladores de siempre. Y decimos no publicarlos porque es seguro que el Estado cuenta con esos datos, sólo que no los pública para no tener que ajustar a través del CER los bonos de la deuda. Es el costo a pagar por sostener definiciones políticas que no son más que perjudicar a ciertos sectores que quieren seguir especulando, y como todo enfrentamiento de intereses, no es para nada sencillo.
Hoy en día se está pensando en desatar estos bonos de deuda al CER, lo cual dejaría sin especulación a través de la inflación a estos sectores. Ese podría llegar a ser el primer paso de desatar el nudo gordiano del problema del Indec.
Nosotros como GEENAP creemos que es importantísimo que el Estado cuente con las herramientas necesarias para definir políticas públicas, y en este caso muchas de estas herramientas las proporciona el Indec. Creemos que no se trata de un problema metodológico sino político, y no queremos que su cuestionamiento sea funcional a los sectores dominantes que se esconden atrás de los “sondeos privados”. Pero por sobre todo creemos, y seguimos creyendo, que el Estado debe seguir y profundizar las líneas de políticas públicas desarrolladas hasta acá: fomento a la industria y el empleo, obra pública, emprendimientos productivos, cooperativas de trabajo, mejorar la salud y educación públicas, intervenir en la economía como hace mucho no se hacía. Creemos que estas cuestiones de fondo, que cambian la materialidad de nuestros compañeros en los barrios, son mucho más constructoras de conciencia acerca de lo que implica un Proyecto Nacional, mucho más fuertes que lo que puedan decir los medios acerca del Indec. Seguimos creyendo en eso, y por eso entendemos la política oficial sobre el Indec, que ni más ni menos, permite que el Estado tenga disponible más dinero para esta políticas mencionadas que para pagarle a los tenedores de bonos mayores intereses por los mismos. Y eso, ni más ni menos, es distribución de la riqueza.
Hablemos de un tema que está de moda: el Indec. No porque esté de moda, sino porque es sorprendente que esté de moda en uno de los contextos de inflación más baja y controlada que ha tenido nuestra convulsionada historia, historia de grandes crisis inflacionarias, crisis que implican, ni más ni menos, un brutal empobrecimiento de los sectores populares.
¿Cuál es el motivo por el cual, durante día y noche, los medios nos torturan con el tema del Indec? ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo este circo? Tenemos varios aspectos para analizar.
Empezar por el principio es siempre lo mejor. El Indec, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es el organismo estatal que se ocupa de sacar “fotos” a la realidad del país, desde varios puntos de vista. Puede medir cuánto produce la industria, cuántos argentinos hay, cuántos hogares por debajo de la línea de pobreza existen, cómo evolucionan los precios. Para calcular todas estas cosas, se realizan una serie de encuestas y relevamientos de datos y se hacen cálculos estadísticos, que no nos interesan para nada. Lo importante es que el Indec permite al Estado contar con información que es de suma importancia para ejecutar políticas públicas, de toda índole. Es el organismo recolector de datos por excelencia.
Pero más allá de que recolecta datos y, por ende, parecería ser algo “objetivo”, la realidad es que según qué datos recolecte y qué valores tengan, tanto las políticas a aplicar como los intereses que se esconden detrás de estos datos, varían. Para que nos quede más claro: es como un chico que quiere faltar al colegio y le dice a la madre que tiene fiebre…no va a querer que su mamá controle el termómetro, sino que intentara controlarlo él, ponerlo en el velador y comprobar que tiene fiebre para así faltar al colegio… Exactamente esto es lo que ocurre con el Indec. El fuerte cuestionamiento que se construyó desde los medios de comunicación, haciendo base en profesionales que han salido de la universidad pública para luego ser funcionales a un cuestionamiento de lo público, y haciendo base en cierto “progresismo” que evalúa las formas más que el contenido, tiene que ver con la discusión de quién controla y maneja el termómetro. Lo que está en juego no es ni más ni menos que la apropiación de forma privada de un organismo público, la apropiación de los sectores dominantes de un organismo que, según la información que arroje, aumenta o no sus privilegios. Antes, los sectores dominantes no requerían de esto porque controlaban el Estado en forma integral. Hoy, con un proceso popular en marcha, no les queda otra que cuestionar su funcionamiento, que no es más que cuestionar su condición de organismo público al servicio de un proceso político de transformación.
Pero ¿por qué estos sectores están tan empecinados con controlar el Indec? La respuesta es material y concreta: porque muchos de los bonos de la deuda externa, de los cuales los principales acreedores tienen que ver con los grupos económicos afines a grupos mediáticos, tienen su tasa de interés atada a la inflación. Esto quiere decir, sencillamente, que cuanta más inflación haya, más plata ganan. Así de sencillo.
Vamos a palabras conocidas de oído por todos, que no sabemos bien que significan, y que al ponerlas juntas nos pueden demostrar muchas cosas. El CER es un coeficiente que elabora el Banco Central de forma diaria, y que sirve para ajustar tasas de interés de operaciones financieras o inmobiliarias, y se basa en la inflación, por lo tanto, en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Entonces, si el IPC aumenta, por ende la inflación, el CER permitirá que se ajusten mejor los intereses de las operaciones inmobiliarias y financieras, por ejemplo. Principalmente, los bonos de deuda, por lo cual el Estado termina pagando más deuda porque aumentan los intereses a los tenedores de los bonos.
Paradójicamente, muchos de los tenedores de bonos de deuda están, a su vez, relacionados con los principales formadores de precios de la argentina. Pareciera ser que la inflación es un negocio redondo: además de quedarse con más plata por vender sus productos al mercado interno a precios internacionales, diluyendo así el salario de los trabajadores, ganan también y mucho por otra ventanilla, la de los bonos de la deuda, que a cuanta mayor inflación más dinero les remiten. Esto no es más que seguir viviendo de la bicicleta financiera, siempre a costa del empobrecimiento de los sectores populares.
Ahora pareciera que todos, absolutamente todos, morimos esperando los datos de la inflación de cada mes. Si es 0,2 o 0,4 más que el mes anterior. Todos esperamos los datos para confirmar como el gobierno “dibuja”, y creerle a “sondeos privados” que muy sospechosamente proliferan. Esperan agazapados poder reemplazar al Estado en una función tan vital como es la que cumple el Indec. El gobierno dibuja con la inflación, pero cuando dice que se desaceleró tal o cual sector de la industria, ahí si le creemos. El Indec dice la verdad cuando dice cosas malas, y miente cuando dice cosas buenas. Dice la verdad cuando se trata de cuestiones que no afectan los intereses de los sectores dominantes, miente cuando afecta dichos intereses.
La inflación, como otras muchas cuestiones del mundo de la economía, se convierte así en profecía autocumplida. Como el cuento de García Márquez “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Son tantos los intereses que se esconden detrás de la inflación, que no hay nada mejor que un pueblo a la espera de la misma para poder hacerla realidad en cualquier momento. Así se construyeron los procesos inflacionarios en la Argentina. Hoy, gracias al modelo económico que se inicio en el 2003, los sectores dominantes la tienen más difícil, principalmente porque no controlan resortes del Estado que antes si controlaban, que definen políticas públicas, y porque existe una voluntad popular que acompaña y es participe de esas definiciones. Es muy difícil, hoy, venderle al pueblo que lo privado es mejor que lo público, en parte por la propia experiencia que se vivió al respecto, en parte por los avances que este modelo económico provocó, que se acompañan con mayores niveles de conciencia al respecto.
Entonces la pregunta del millón es: ¿vale la pena el precio en credibilidad que el gobierno paga por sostener un índice de inflación, en teoría, más bajo que “el real”? La doña que va al supermercado es muy probable que se siga guiando por los precios del supermercado que por el Indec. El pueblo no ha dejado de dormir a la espera de los nuevos índices. A lo sumo, asocia que lo que dice el Indec no es lo que dice el supermercado. Y eso por supuesto que es nocivo, porque desde los medios no se plantea este problema de fondo, sino simplemente que el gobierno dibuja y miente, sin mucho sentido del porqué. Ahora bien: es una decisión totalmente soberana de este gobierno y de su modelo económico, destinar dinero del Estado a obra pública, trabajo, programas sociales y cooperativas de trabajo, por sobre pagar mayor interés a los tenedores de bonos de deuda. Y ahí está el punto central de la cuestión. Eso es lo que a los sectores dominantes les molesta, porque ahí está en discusión el rol del Estado, ese Estado que muchos de ellos tuvieron en sus manos para ajustar al pueblo y sostener sus privilegios.
Que el Estado destine más dinero a políticas públicas de inclusión y crecimiento es una definición política de este gobierno, innegociable. Es preferible no publicar datos reales acerca de la inflación que publicarlos y beneficiar a los especuladores de siempre. Y decimos no publicarlos porque es seguro que el Estado cuenta con esos datos, sólo que no los pública para no tener que ajustar a través del CER los bonos de la deuda. Es el costo a pagar por sostener definiciones políticas que no son más que perjudicar a ciertos sectores que quieren seguir especulando, y como todo enfrentamiento de intereses, no es para nada sencillo.
Hoy en día se está pensando en desatar estos bonos de deuda al CER, lo cual dejaría sin especulación a través de la inflación a estos sectores. Ese podría llegar a ser el primer paso de desatar el nudo gordiano del problema del Indec.
Nosotros como GEENAP creemos que es importantísimo que el Estado cuente con las herramientas necesarias para definir políticas públicas, y en este caso muchas de estas herramientas las proporciona el Indec. Creemos que no se trata de un problema metodológico sino político, y no queremos que su cuestionamiento sea funcional a los sectores dominantes que se esconden atrás de los “sondeos privados”. Pero por sobre todo creemos, y seguimos creyendo, que el Estado debe seguir y profundizar las líneas de políticas públicas desarrolladas hasta acá: fomento a la industria y el empleo, obra pública, emprendimientos productivos, cooperativas de trabajo, mejorar la salud y educación públicas, intervenir en la economía como hace mucho no se hacía. Creemos que estas cuestiones de fondo, que cambian la materialidad de nuestros compañeros en los barrios, son mucho más constructoras de conciencia acerca de lo que implica un Proyecto Nacional, mucho más fuertes que lo que puedan decir los medios acerca del Indec. Seguimos creyendo en eso, y por eso entendemos la política oficial sobre el Indec, que ni más ni menos, permite que el Estado tenga disponible más dinero para esta políticas mencionadas que para pagarle a los tenedores de bonos mayores intereses por los mismos. Y eso, ni más ni menos, es distribución de la riqueza.
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