LA MAYORÍA SATISFECHA

Revista 2010, Agosto de 2009, Año 3, n°30.

La mayoría satisfecha:

En su libro “La cultura de la satisfacción”, John Kenneth Galbraith analiza cómo las ideas liberales desde su nacimiento fueron funcionales a los grandes empresarios (los “satisfechos”, según el economista norteamericano). Esto se puede ver claramente, aunque el autor no lo plantea, en la idea de la mano invisible desarrollada por Adam Smith a fines del siglo XVIII donde se muestra más cabalmente la funcionalidad del liberalismo económico para el grupo de “los satisfechos”.

Según Smith la mano invisible implica la coincidencia entre el interés individual con el interés general, lo que descarta cualquier intervención del Estado en la economía. En efecto, según el economista escocés, el individuo en el mercado satisfaciendo sus propias necesidades colabora con un objetivo que no buscaba: el bien común.

Esta idea es la concepción central del liberalismo económico. De esta forma, ningún empresario podría sentirse culpable buscando maximizar sus propias ganancias porque de esta manera esta colaborando con el bienestar de la sociedad.

Incluso, plantea el autor, en plena crisis de 1929 donde se puso de manifiesto el fracaso del liberalismo económico, la intervención del Estado generó una fuerte resistencia por parte de los satisfechos. Durante la Gran Depresión mientras se generalizaba el desempleo sin subsidios, la crisis agrícola se profundizaba, crecían los ancianos sin pensión y aumentaba la explotación de las mujeres y de los niños en las fabricas; los que permanecían favorecidos se oponían a cualquier intervención del Estado.

En este contexto, Franklin D. Roosevelt fue elegido como presidente de los Estados Unidos a partir de una especie de engaño político. Al mismo tiempo que prometía cambios y reformas para conseguir la reactivación económica, aseguraba mantener un presupuesto equilibrado y un reducido gasto público con el objetivo de tranquilizar al grupo de los satisfechos.

Cuando Roosevelt experimentó el New Deal (Nuevo Acuerdo) que implicaba un fuerte incremento del intervencionismo estatal, los opulentos resistieron a través de diferentes dispositivos constitucionales. De hecho, el banquero Morgan, espantado por la acción estatal, advertía al Senado que “si se destruye la clase ociosa, se destruye la civilización” y continuó diciendo que la clase ociosa son “todos aquellos que pueden permitirse pagar una sirvienta”.

Sin embargo, sostiene Galbraith, el New Deal de Roosevelt fue fundamental para recomponer el sistema capitalista norteamericano y en este sentido proteger el bienestar de aquellos individuos que el capitalismo más favorece, esto es, de los satisfechos.

A partir de esta introducción el autor comienza a analizar lo que él denomina la “mayoría satisfecha”. Según Galbraith este sector social incluye a las personas que manejan las grandes empresas financieras e industriales y a sus asalariado medios y superiores, a los profesionales, a los empleados subalternos con ingresos garantizados, a los que poseen negocios independientes, una buena parte de los agricultores, trabajadores con oficio, ancianos con buenas jubilaciones que les permite vivir sin sobresaltos, entre otros grupos.

Es decir, la “mayoría satisfecha” es un grupo heterogéneo de personas pero que presentan una característica común: tienen garantizado en mayor o menor medida su bienestar material y consideran que el futuro se encuentra bajo su control personal.
Según Galbraith, esta mayoría satisfecha presenta cuatro características fundamentales:

1) La primer característica es su afirmación de que los que la componen están recibiendo lo que se merecen en justicia. Es decir, que los individuos que integran la mayoría satisfecha están convencidos de que lo que disfrutan es producto de su esfuerzo, su inteligencia y su virtud personal;

2) La segunda característica es su actitud hacia el tiempo. En efecto, la mayoría satisfecha posee una actitud adversa por el largo plazo. Prefieren el corto plazo en detrimento del largo plazo por una cuestión sencilla: el largo plazo puede no llegar nunca;

3) La tercera característica de los opulentos de la sociedad es su visión sumamente selectiva del papel del Estado. En líneas generales, la mayoría satisfecha visualiza al Estado como una carga. De esta forma, para los que disfrutan de una situación desahogada es imprescindible reducir o eliminar esta carga, lo cual se traduce en una reducción de los impuestos;

4) La cuarta y última característica es la tolerancia que presenta la mayoría satisfecha respecto a las grandes diferencias de ingreso. El autor plantea que aquellos que pertenecen al sector afortunado de la sociedad aunque menos acaudalados soportan los ingresos sumamente elevados de los muy ricos, por temor a que en la redistribución de la riqueza estén amenazados también sus ingresos.

En resumen, estas son las cuatros características de la mayoría satisfecha, es decir, del sector social que tiene la posibilidad de disfrutar un bienestar económico que le permite vivir con desahogo sus vidas.

A su vez, el autor plantea que existe una minoría de los satisfechos que les preocupa además de su satisfacción personal la situación de los desfavorecidos que no tienen la suerte de participar de su bienestar material.

En efecto, existe un grupo de individuos integrados por intelectuales, periodistas, disidentes profesionales que manifiestan simpatía por los marginados. Sin embargo, plantea Galbraith, no constituyen una amenaza seria para la mayoría satisfecha. Todo lo contrario, este grupo consolida la posición de los opulentos al democratizar la posición dominante de la mayoría satisfecha.

Los satisfechos argentinos
A partir del conflicto desatado con las retenciones móviles se observó en todo su esplendor el accionar de la mayoría satisfecha argentina. A lo largo de todo el conflicto se vio reflejado en todos los actores sociales que se opusieron a la medida implementada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente las entidades agrarias, las distintas características detalladas por Galbraith que presentan los sectores opulentos norteamericanos.

1) Los agricultores afirmaron que están recibiendo lo que se merecen en justicia, esto es, que la renta agraria percibida es producto de sus esfuerzos. En este sentido, se estereotipó al agricultor como el campesino que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar sus tierras y que trabaja de sol a sol.

Por lo tanto, para los agricultores no es justo que el Estado intervenga a través de las retenciones para extraerle parte de su renta con el objetivo de distribuirlo entre los menos favorecidos. Es decir, la mayoría satisfecha argentina se mostró indignada ante la intención del Estado nacional de cobrarle impuesto al núcleo sojero pues lo consideran como una usurpación de aquello que tan claramente se merecen.

En este sentido, se oculta que buena parte de la renta percibida por los agricultores es como resultado de una política económica llevada a cabo por el gobierno nacional: la devaluación de la moneda. Política económica que además fue soportada por los asalariados que a partir de la inflación vieron reducido su salario real;

2) En las entidades agrarias durante el conflicto también se notó su privilegio del corto por el largo plazo. En efecto, gran parte de su discurso en contra de las retenciones móviles era que se debía aprovechar el contexto internacional que favorecía a la Argentina a partir de los elevados precios de las materias primas.
Para las entidades agrarias esto significa venderle al mundo lo que el mundo necesita. Es decir, retomar los lineamientos generales del modelo agroexportador que implica la venta externa de productos primarios, fundamentalmente soja.
Por lo tanto, para aprovechar el contexto internacional, según los agricultores, es conveniente reducir las retenciones para así de esta manera permitirles incrementar la inversión agraria y de esta forma producir una mayor cantidad para aumentar las exportaciones.

Esto implica que el Estado no intervenga para fijar las rentabilidades relativas de la economía. Esto se traduciría en que ante el aumento abrupto de la soja a nivel internacional la rentabilidad del sector sojero es mayor a la rentabilidad de los otros sectores económicos, esto es, al resto de las actividades agrarias – ganaderas y al sector manufacturero.

Este fenómeno genera que la mayor parte de la inversión sea destinada en la economía argentina a la producción de soja desalentando de esta forma la inversión en trigo, maíz, leche, carne y productos manufacturados. Esto se traduce en dos hechos: primero, como la soja se produce casi exclusivamente para la exportación se reduciría la producción de productos agrarios – ganaderos que se destina al consumo interno y, segundo, se atentaría al modelo de industrialización al ser menos rentable la inversión en el sector manufacturero que en el sector sojero;

3) Durante todo este conflicto también se observó la visión sumamente selectiva por parte de las entidades agropecuarias del papel del Estado. Una de las cuestiones que quedó más claro es que para los agricultores el Estado en líneas generales es percibido como una carga.

Para ellos el Estado es un socio que participa de las ganancias del campo pero que desaparece en los momentos de las malas cosechas. Por lo tanto, exigen la no intervención del Estado en la economía;

4) En el conflicto por las retenciones móviles se observó también la tolerancia que muestra gran parte de la mayoría satisfecha respecto de las grandes desigualdades en la distribución del ingreso. En efecto, las entidades agropecuarias estuvieron fuertemente apoyadas por un gran sector de los afortunados que nada tenían que ver con el campo ni muchos menos les afectaba las retenciones móviles de la soja. Incluso, este apoyo se dio conociendo las rentas extraordinarias percibidas por el núcleo sojero que lideró el conflicto agrario.

Si bien detrás de este apoyo podemos encontrar un número importante de causas, uno de los factores fundamentales es la oposición a cualquier medida redistributiva implementada por el Estado nacional. Pues esta distribución es amenazante para el grueso de la mayoría satisfecha.

De esta forma, prefieren apoyar la renta extraordinario de un grupo reducido de productores con tal de no ser afectada en algún momento su renta en el proceso de distribución del ingreso. Parafraseando a Galbraith, la opulencia esplendorosa del núcleo sojero es el precio que paga el resto de la mayoría satisfecha menos opulenta para poder retener lo que es menos pero que está muy bien de todos modos.

Por tal motivo, buena parte de la mayoría satisfecha argentina salió en defensa de las entidades agropecuarias a pesar de no sentirse afectado directamente por las retenciones móviles establecidas por el gobierno nacional.

Por último, también durante el conflicto agropecuario participó esa minoría de la mayoría satisfecha preocupada por los marginados pero inofensiva para la posición dominante de los opulentos. En efecto, una parte del progresismo argentino integrado por intelectuales, periodista y políticos que escribían y hablaban permanentemente a favor de la distribución del ingreso pero que sin embargo durante este conflicto decidieron ser funcionales, por diferentes motivos, a las entidades agropecuarias.
Estos sectores son profundamente necesarios para darle un aire de democracia a la posición dominante de la mayoría satisfecha. Entre estos sectores podemos destacar a Proyecto Sur cuyo diputado Claudio Lozano a pesar de expresar su pasión por la redistribución del ingreso terminó votando, más allá de sus explicaciones, a favor de las entidades agropecuarias.

El voto de Cobos por la negativa al proyecto de retenciones móviles para la soja muestra la preponderancia cultural, económica, política y social de la mayoría satisfecha argentina. Los sectores opulentos de la sociedad afirman que gracias al voto de Cobos se pacificó el país. Pero al mismo tiempo dan una señal: esta pacificación depende de que la posición dominante de la mayoría satisfecha no se vuelva a discutir, esto es, la paz social depende de que no se insista más en la distribución del ingreso.

EL PLAN ECONÓMICO DE LOS SECTORES DOMINANTES

por Juan Santiago Fraschina,
Luego de las elecciones y de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires los sectores dominantes comenzaron a profundizar el diseño de su “nuevo” plan económico. En efecto, tanto la Mesa de Enlace como la Unión Industrial Argentina redoblaron sus presiones al gobierno para la imposición de su modelo económico, coincidiendo en sus rasgos esenciales.
Uno de los pilares fundamentales del programa económico de los sectores dominantes es la devaluación de la moneda nacional. En este sentido es imprescindible discutir algunos puntos. En primer lugar, la devaluación no es mala ni buena en sí misma.
Es más, la fuerte recuperación económica que permitió la generación de puestos de trabajo a partir de la salida de la Convertibilidad fue en gran parte gracias al tipo de cambio competitivo.
Mientras que en la década del noventa el atraso cambiario generó un “boom” importador y desalentó las ventas externa que llevaron a un proceso de desindustrialización y a un consiguiente incremento de la desocupación y de la exclusión social, el crecimiento post convertibilidad a partir del tipo de cambio alto permitió una reindustrialización de la economía argentina asociado a una fuerte generación de puestos de trabajo y una reducción de la pobreza y la indigencia.
En otras palabras, el nuevo modelo de desarrollo actual caracterizado por la valorización productiva y la inclusión social se debió en gran medida al tipo de cambio competitivo como resultado de la devaluación de la moneda nacional.
Sin embargo, los efectos de la devaluación dependen de las políticas económicas que la acompañan. En tal sentido, las “recomendaciones” de los sectores dominantes es que, junto con la devaluación de la moneda nacional, se apliquen las siguientes medidas económicas:
- Reducción o eliminación de las retenciones.
- Eliminación de las paritarias.
- Fin de los precios máximos.
Las consecuencias de estas políticas económicas son claras. En primer lugar, la devaluación junto con una disminución o desaparición de las retenciones a las exportaciones provocaran el aumento de las exportaciones de los productos agrarios ganaderos generando un desabastecimiento del mercado interno que, junto con la desregulación de los precios, conduce a un proceso inflacionario de los productos de primera necesidad.
Este aumento de los precios, sumado al congelamiento del salario nominal como resultado de la eliminación de las paritarias, conduciría a una pulverización del salario real de los trabajadores. Esto es, se reduciría el poder de compra de los asalariados.
Los integrantes de la Mesa de Enlace experimentaran un aumento mayor de su renta extraordinario al incrementar sus ventas externas de sus productos, y los miembros de la Unión Industrial Argentina, que representa a los grandes industriales del país, verificaran una disminución de sus costos salariales como consecuencia de la reducción de la remuneración real de los obreros.
Pero el programa económico de los sectores dominantes continúa. A esto debemos sumarle una reducción del gasto público. Efectivamente, tanto los dueños de la tierra como de las grandes empresas coinciden que el aumento del gasto público fue en los últimos años exorbitante.
Por lo tanto, según los sectores dominantes, el aumento del gasto del Estado obligó al incremento permanente de la presión tributaria. De esta forma, si reducimos las erogaciones del sector público podemos bajar los impuestos, como por ejemplo las retenciones a las exportaciones.
Pero además, si la baja del gasto público no permite compensar la reducción de la recaudación tributaria como consecuencia de la disminución de los impuestos a los sectores dominantes, lo cual generaría un déficit fiscal, podemos recurrir al Fondo Monetario Internacional.
Es decir, cubrir el desequilibrio fiscal con un nuevo proceso de endeudamiento externos del sector público. Volver a endeudarnos para sostener un incremento aún mayor en la rentabilidad de los dueños de los campos y del capital concentrado interno.
En resumen, la devaluación de la moneda nacional, el congelamiento del salario nominal, la desregulación de los mercados, la disminución de los impuestos a los sectores altos, la reducción del gasto público y el retorno al Fondo Monetario Internacional forman parte esencial del modelo económico de los sectores dominantes.
Los resultados de este modelo son bien conocidos. Reducción del mercado domestico como consecuencia de la caída del poder de compra de los trabajadores y de la reducción del gato público generando el quiebre y desaparición de una buena parte de las pequeñas empresas provocando el aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia. Esto es, un modelo de concentración con exclusión social que predominó durante la década del noventa y el modelo de Convertibilidad.
Los perjudicados de este programa son también conocidos. Por un lado, los sectores populares que verán reducido su ingreso real. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas que dependen en gran medida del mercado interno.

Cambiar la ley

por Ariadna Somoza Zanuy, 5 de Julio de 2009,Página 12 Suplemento Cash

Existe un dato en la realidad económica que no debe dejarnos dormir en paz: la Ley de Entidades Financieras que rige hoy en nuestro país data de la época de la dictadura. La misma fue sancionada en el año 1977, épocas en las que se comenzaban a implementar las medidas económicas que iban a provocar una profunda transformación en la estructura económica argentina.
El nuevo patrón de acumulación, a partir de ese entonces, pasa a estar basado en el capital financiero en reemplazo de la producción y el trabajo y, por ende, era necesario modificar los marcos normativos y legales para que tal transformación sea viable. Fue entonces cuando se sancionó la Ley 21.526, o también llamada “Ley Martínez de Hoz”. Junto con la Ley de Radiodifusión y la Ley de Granos, se completaba un paquete legal que garantizaría la implementación del modelo neoliberal y su continuidad a lo largo de los distintos gobiernos democráticos, al punto tal que recién hoy, y luego de las transformaciones económicas del kirchnerismo, podemos volver a discutir.
En términos generales, la Ley de Entidades Financieras buscó la concentración del mercado financiero en pocas manos, eliminó la posibilidad de la existencia de entidades pequeñas, además de garantizar implícitamente que el crédito esté direccionado principalmente al consumo y a la especulación financiera por sobre la inversión en el aparato productivo. Además, reglamentó el accionar de entidades cooperativas a tal punto que para existir debían cumplir prácticamente los requisitos de una entidad más, descartando su aspecto cooperativo y limitando muchísimo su campo de acción porque no podían brindar servicios que el resto de las entidades si podían brindar, como, por ejemplo, conceder créditos para la vivienda o ser entidades respaldatorias de distinto tipo de operaciones financieras.
Pero para poder entender un poco mejor cuál es el impacto de esta ley, debemos entender cuáles son las características del sistema financiero, y sus funciones dentro de la economía. Podemos decir que en el siglo pasado, a nivel mundial y especialmente en los países desarrollados y petroleros, se dió un proceso de acumulación de capital que comenzó a absorber el sistema financiero. En el primer caso, por el desarrollo de las fuerzas productivas y la productividad; en el segundo, debido a la extraordinaria renta petrolera. Esa acumulación de capital dio origen a un viraje dentro del mismo capitalismo: ahora lo que el capital productivo generaba como excedente, no lo disponía este sector, sino que se empieza a transferir hacia el sector financiero, dependiendo la industria de los bancos para poder utilizar ese capital. Así comienza a tener preeminencia el capital financiero, cobrando vida como un factor de poder económico más y fue por más, buscando utilizar ese capital en la especulación por sobre la inversión en la producción.
Esto significa, para graficar de manera simplificada, que cuando el capital industrial requiere de dinero para inversión se encuentra con un sistema financiero que define, desde la óptica de su propio beneficio, si le otorga el crédito o no, y a qué tasa de interés. Define las condiciones para ser “sujeto de crédito”, y, sobre todo, lo otorga en función de su rentabilidad: si no es un negocio rentable darle crédito a las PyMEs y sí es rentable otorgar crédito al consumo, generará más facilidades para este último y pondrá trabas para el segundo. Como siempre, los que salen perdiendo son los “pequeños” de la economía, porque también es una realidad que hoy, en la Argentina, la existencia de una economía concentrada nos muestra que es difuso el límite entre el capital industrial y el capital financiero, así como entre este último y el capital agroexportador, ya que muchos de los grupos económicos juegan en los dos bandos, según sea de su conveniencia coyuntural.
Muchos de estos grupos se beneficiaron con el modelo económico kirchnerista, aunque lloren migajas cuando Venezuela hace un acto de soberanía pero dejan hacer cuando se trata de otros países que intentan violar nuestra soberanía. El caso de Techint llorando en EEUU es el ejemplo de una burguesía antinacional. Pero un tipo de cambio competitivo, superávits fiscales gemelos, políticas activas de empleo, incentivos a la producción, reasignación de recursos via retenciones a las exportaciones, limite a las importaciones indiscriminadas, y otras muchas políticas activas son las que caracterizan al modelo económico kirchnerista, beneficiaron no solo a grupos como Techint, sino principalmente a las PyMEs, a los trabajadores y a los actores de la Economía Social, los más golpeados desde que se implementó el modelo opuesto totalmente a este, el neoliberalismo, implementado durante la última dictadura militar, en la que surgió la Ley en cuestión.
Este nuevo modelo requiere, por ende, un nuevo marco normativo que regule la actividad financiera, ya que si el Estado vuelve a tener un rol activo y protagónico en las demás esferas de la economía, es impensable que no la tenga en un sector tan importante como éste.
Pensemos lo que suele suceder cuando algún actor de la economía quiere acceder a un crédito. Para las PyMEs, para hablar de un caso de crédito para la inversión, se torna muy engorroso, ya que es inmensa la cantidad de requisitos que deben cumplir y, por lo general, no les resulta conveniente la tasa de interés que deben de pagar, que suele ser más alta que la que debe pagar un grande, porque debe pagar los costos de no tener el respaldo que tiene un grande, pero principalmente porque un sistema financiero concentrado buscara mantener la concentración de la encomia, en todos los planos. Y la Ley de Entidades Financieras es la garantía legal de esto.
Otro caso de crédito para la inversión que resulta por ahí más extraño, porque es menos visible y también más novedoso su desarrollo, es el caso de la Economía Social. Cuando actores de este sector quieren acceder a un crédito para capitalizar su emprendimiento productivo, se encuentran con una problemática similar a la de las PyMEs, e incluso más. Los requisitos parecen aún mas inalcanzables y la tasa de interés resulta ser elevada para los márgenes de ganancia que una empresa social maneja. Además, siendo la mayor parte de las mismas Cooperativas, lo ideal sería que sean entidades cooperativas las que puedan brindarles el servicio financiero, ya que ¿qué mejor que una entidad financiera cooperativa para el desarrollo de una cooperativa? Por este motivo es que, hoy en día, la mayoría de las mismas se manejan con el Banco Credicoop. Una de las cosas que no permite la Ley de Entidades Financieras vigente es, en este caso, la posibilidad de apoyo financiero a los actores de la economía social.
En el caso de crédito al consumo, sucede algo similar. Los más débiles sujetos de crédito de la economía, los pobres, suelen tener muchas dificultades para acceder al crédito, cuando no se torna prácticamente inaccesible. Acceder a un crédito de HSBC, por poner un ejemplo, es algo prácticamente inconcebible. Pero ojo, los grupos económicos financieros no se van a quedar sin ese mercado…que también puede ser rentable. Han surgido, en ese sentido, millones de pequeñas “expendedoras de crédito” con sólo mostrar un DNI y un recibo de cobro de Plan Social. Producto de esto es ver millones de compañeros de los barrios super endeudados y pagando tasas de interés exorbitantes en comparación con la que paga alguna persona que logra acceder al crédito del HSBC. Es decir que el mismo banco que pone las condiciones para que no entres, te ofrece una opción para que entres igual pero por ello… ¡deberás pagar más! Termina siendo más caro el servicio financiero para un pobre que para una persona que está en mejores condiciones de pagarlo, por lo tanto se puede decir que la tasa de interés del crédito al consumo es altamente regresiva. Esto también lo tenemos gracias a la Ley de Entidades Financieras vigente.
Esto nos debe llevar al verdadero problema, al eje de la discusión: lo financiero, como un montón de otros aspectos de la economía, no pueden quedar en manos del mercado. Algo tan importante para una sociedad como el consumo, el ahorro y la inversion no pueden estar en manos de grupos económicos e incluso trasnacionales que definen el otorgamiento del capital, que esa misma sociedad produce, según su propia rentabilidad. Sabido es que allí donde no hay rentabilidad, no hay inversión si el Estado no interviene. El ejemplo claro es la recuperación del servicio público de Aguas a través de AySA. Es impresionante lo que ha crecido el tendido de agua corriente y cloacas desde que la empresa se reestatizó, ya que ahí donde ahora llega, para Aguas Argentinas no era rentable y, por ende, no había inversión. Lo que mueve a lo público, por ende, es la idea de universalización de un servicio, en este caso, y no la rentabilidad. Una empresa estatal puede soportar perder o no ser rentable porque su objetivo es otro, y fundamentalmente social: hacer llegar algo allí donde no llega y maximizar el bienestar social.
En el caso del sistema financiero, es imprescindible para poder profundizar el modelo económico kirchnerista que esta Ley de Entidades Financieras sea modificada. Es necesaria una mayor participación del Estado en la planificación de políticas en este ámbito para contar con los elementos necesarios que permitan que esta nueva estructura económica que comienza a surgir para hacerle frente al neoliberalismo que vamos dejando atrás se consolide y siga avanzando.
En un contexto en que los países centrales han demostrado que el modelo de sistema financiero que quieren que acá sigamos a rajatabla entró totalmente en crisis, es fundamental poder dar esta discusión. No se trata ya de una discusión o un problema nacional, sino que ha tomado dimensiones mundiales, y la Argentina se encuentra, gracias al modelo económico actual, en mejores condiciones que muchos de estos países para afrontar esta crisis y ser vanguardia en la reconfiguración de un nuevo modelo de sistema financiero, basado en la planificación del Estado, la solidaridad y la búsqueda de justicia social por sobre todas las cosas. Unasur, el banco latinoamericano, es un ejemplo de ello.
En Argentina, para sostener el crecimiento económico y la inclusión social y para profundizar la distribución de la riqueza, necesitamos un sistema financiero que permita que el Estado tenga un rol activo en la definición del consumo, del ahorro y la inversión. Necesitamos que la industria tenga crédito para la inversión en tecnología y trabajo, que las cooperativas puedan capitalizarse y crecer desde sus principios solidarios, generando también muchísimos puestos de trabajo, necesitamos que quienes más consumen y ahorran paguen más tasa de interés, y no al revés, y que todos los servicios financieros sean accesibles para todos. Y esto solo lo puede garantizar el Estado. Y el primer paso para eso es eliminar la Ley de Entidades Financieras. Si, la Ley “Martínez de Hoz”.

La clave para un proceso de industrialización

La industrialización de una economía es fundamental por varios factores. En primer lugar, los avances tecnológicos más importantes se producen en el sector manufacturero. Por lo tanto, el desarrollo económico de un país depende en gran medida de la consolidación de su aparato industrial. En segundo lugar, el proceso de industrialización permite romper con la inserción periférica en la división internacional del trabajo. En este sentido, el primer modelo económico que se implementó en la Argentina fue el agroexportador que consistía en la venta de productos primarios a los países centrales, fundamentalmente Gran Bretaña, y en la importación de bienes manufacturados. De esta forma el modelo agro exportador, que se estructuraba alrededor del liberalismo económico, implicaba la primarización de la economía argentina y la inserción periférica de nuestro país en el comercio internacional.

Ahora bien ¿qué implica ser un país periférico? Ser periférico es ser un país dependiente de los países centrales industrializados. Esto es, el crecimiento económico de los países periféricos se encuentra sujeto a la expansión de los países centrales. Pero este fenómeno no se da en el sentido inverso. En efecto, si los países subdesarrollados especializados en la producción primaria caen en una recesión económica los países centrales no se verán afectados.

Entonces, el proceso de industrialización permite la no inserción periférica en la división internacional del trabajo y por lo tanto romper con la dependencia económica de los países centrales. Por último, el sector industrial, a diferencia de las actividades primarias, genera valor agregado y por lo tanto empleo. De esta forma, el desarrollo industrial se transforma en un fenómeno clave para reducir el desempleo y con esto la pobreza y la indigencia.

En resumen, el proceso de industrialización es imprescindible para lograr un desarrollo tecnológico que permita romper con la dependencia de los países centrales y al mismo tiempo generar puestos de trabajo para la reducción de la exclusión social y el mejoramiento en la distribución del ingreso.

El caso argentino

Sin embargo, en la Argentina la consolidación del aparato industrial fue siempre un proceso conflictivo. En nuestro país todo intento de desarrollo industrial generó fuertes resistencias que condujeron a un retroceso en la consolidación del sector manufacturero argentino. Entonces surge una pregunta esencial: ¿cómo lograron los países centrales consolidar el proceso de industrialización?

Más allá de las particularidades y diferencias en el desarrollo manufacturero de los países centrales, todas las experiencias históricas tienen algo en común: la “subordinación” del sector primario al proceso de industrialización, esto es, privilegiar los intereses del sector manufacturero por sobre los intereses de las actividades primarias. El desarrollo industrial de Inglaterra y Estados Unidos son dos ejemplos claros de este fenómeno.

La ley de granos y el caso inglés:

Luego de la revolución Industrial en Inglaterra a mediados del siglo XVIII se inició una fuerte disputa entre los capitalistas y los dueños de las tierras. El conflicto entre las clases propietarias se estructuraba en torno a la ley de granos que consistía en un arancel a la importación de los productos primarios.

Por lo tanto, la ley de granos era enteramente funcional a los intereses de los terratenientes al proteger su mercado interno. Sin embrago, se contraponía a los intereses de la burguesía inglesa al encarecer el precio de los productos agrarios y de esta manera de loa alimentos, provocando un encarecimiento en el nivel de vida de los trabajadores y de los costos de los empresarios ante la necesidad de aumentarle los salarios a los obreros. En otras palabras, el proteccionismo a los productos agrarios permitía la eliminación de la competencia externa para los dueños de las tierras, lo cual se traducía en un aumento de los precios de los productos agrarios y de la renta de los terratenientes.

Al mismo tiempo, el aumento de los precios de los productos agropecuarios implicaba un proceso inflacionario en los alimentos reduciendo el salario real de los trabajadores obligando a los empresarios ingleses a otorgar aumentos salariales para compensar la suba de precios provocando un incremento de sus costos y una reducción en la tasa de ganancia y de la inversión de la burguesía industrial. Es decir, la ley de granos se traducía en un incremento de la renta de los dueños de las tierras pero en una disminución del poder de compra de los obreros y de los beneficios de los empresarios. Esto es, el proteccionismo agropecuario impuesto por la ley de granos implicaba un freno al proceso de industrialización de Inglaterra.

En 1846 el gobierno de Inglaterra decidió eliminar la ley de granos y permitir la importación de productos agropecuarios desde los países periféricos aun precio más bajo, perjudicando de esta forma a los terratenientes pero beneficiando a la clase obrera y a los industriales al reducirse el precio de los alimentos. Esta medida permitió la profundización del proceso de industrialización de Inglaterra y la consolidación de la hegemonía británica en el comercio internacional como país central en la división mundial del trabajo. Por lo tanto, el desarrollo industrial ingles requirió la “subordinación”de la actividad primarias al sector manufacturero, es decir, privilegiar la industria por sobre el sector primario.

La guerra de secesión y el caso norteamericano:

Cuando el nordeste norteamericano inició su proceso de industrialización a principios del siglo XIX, el conflicto con el Sur era inevitable. En efecto, el sur de Estados Unidos desde el período colonial se dedicaba al cultivo de algodón con manos de obra esclava para la exportación a la industria textil inglesa. Para los terratenientes propietarios de las grandes plantaciones del sur la inserción periférica de Estados Unidos en la división internacional del trabajo era funcional a sus propios intereses. Dicho de otra forma, la estructuración de la economía norteamericana como abastecedora de materia prima para Inglaterra permitía el incremento de la renta de los terratenientes del sur.

Sin embargo, esta lógica económica comenzó a interferir con el proceso de industrialización del nordeste básicamente dos cuestiones centrales:

a) La industria textil norteamericana necesitaba del algodón que los terratenientes del sur exportaban a Inglaterra.

b) Para el desarrollo industrial de Estados Unidos era imprescindible el crecimiento del mercado interno al no poder competir en el extranjero con la manufactura británica. Por lo tanto la existencia de la esclavitud impedía la expansión de la demanda interna necesaria para el proceso de industrialización del nordeste.

Este conflicto entre el Norte y el Sur condujo a mediados del siglo XIX a la guerra civil norteamericana denomina Guerra de Secesión entre el norte industrial y el sur esclavista. El triunfo del nordeste permitió la “subordinación” del Sur al proceso de industrialización. En efecto, luego de la Guerra de Secesión se produjeron dos hechos funcionales al sector manufacturero norteamericano.

Por un lado, la producción del algodón comenzó a ser utilizada para abastecer a la industria textil de Estados Unidos, bajando de esta forma el precio de la materia prima y por lo tanto el costo de los empresarios. Por otro lado, el fin de la esclavitud permitió la expansión del mercado interno y de la producción manufacturera norteamericana. ¿Qué hubiera pasado si la Guerra Civil la ganaba el Sur? Estados Unidos se hubiera consolidado como país exportador de bienes primarios a los países centrales, es decir, como país periférico dependiente de los países industriales. Sin embargo, la victoria del norte industrial y la consiguiente “subordinación” del sector primario permitieron la consolidación del proceso de industrialización del nordeste que condujo al desarrollo económico de Estados Unidos.

La Resolución 125 y el caso argentino:

A partir de la presidencia de Néstor Kirchner (iniciada el 25 de mayo de 2003), y luego de tres décadas de desindustrialización de la economía argentina como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas desde la dictadura militar de 1976, el sector manufacturero volvió a transformarse en una de las actividades centrales de la economía nacional.

Luego de la construcción fue el sector industrial la actividad que más creció desde la expansión económica post Convertibilidad. Por lo tanto, como resultado de las políticas económicas aplicadas durante la presidencia de Kirchner, de las cuales una central fue la retención a los productos agrarios, se retomó el modelo de valorización productiva abandonado a mediados de los `70 con la interrupción de la industrialización sustitutiva.

En este contexto de reindustrialización se enmarcó la resolución 125 propuesta el año pasada por la presidenta Cristina Fernández, que establecía las retenciones móviles para los bienes agropecuarios, tratando de profundizar de esta forma el desarrollo manufacturero nacional. En efecto, el resurgimiento del aparato industrial argentino se basó en gran medida, junto al tipo de cambio real competitivo, a las retenciones agrarias.

Las retenciones, como política antiinflacionaria, cumplieron dos funciones centrales en el proceso de reindustrialización. Estas fueron:

1) desacoplar los precios internos de los internacionales. Si las retenciones a los productos agropecuarios no existiesen, los terratenientes exportarían la totalidad de su producción. Se generaría así un aumento de sus rentas pero desabasteciendo el mercado interno de alimentos provocando un fuerte proceso inflacionario, lo cual provocaría una caída del poder de compra de los trabajadores, una disminución de la demanda interna y reducción de la producción industrial. El aumento de los precios de los alimentos generaría que el sector industrial se vea obligado a incrementar las remuneraciones a los trabajadores incrementando de esta forma sus costos salariales y reduciendo su tasa de ganancia y la inversión del sector manufacturero.

2) Con el dinero recaudado el Estado argentino puede subsidiar los servicios públicos disminuyendo de esta manera los costos industriales. Por lo tanto, las retenciones a los productos agropecuarios implica la “subordinación” del sector primario argentino al desarrollo industrial, es decir, el privilegiar los intereses del aparato manufacturero por sobre los intereses del sector agrario.

¿Qué pasaría si se eliminan las retenciones a los productos agropecuarios como pretenden las entidades agrarias? Lo mismo que si Inglaterra no hubiera eliminado la ley de granos y el sur norteamericano hubiera ganado la Guerra de Secesión. Pero dejemos lo contrafáctico para las elucubraciones liberales.

Los modelos que confrontan el 28 de junio, por GEENAP - Formosa

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, desarrollado por el Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular - GEENAP) Le elección del día 28 de junio del corriente año no es una elección más, de esta democracia, en la que se manifiestan signos de intolerancia por parte de aquellos sectores que lucraron con las necesidades del pueblo y que son los ganadores del modelo que a sangre y fuego se instalara en el año 1.977, y se consolidara a partir del año 1991 y que condenara durante 10 años de aplicación ininterrumpida, al peor periodo de nuestra historia. Este modelo neoliberal de o de valorización financiera, consistió precisamente en desplazar de la escena, en materia de generación de la renta a la producción nacional, y a reemplazarla por la producción extranjera y por la especulación financiera. Los postulados de este modelo neoliberal fueron:

1) Apertura comercial irrestricta, eliminando todos los aranceles que obstaculizaran el ingreso de productos extranjeros, no solo de bienes de capital sino también de bienes de consumo.

2) Apertura financiera y desregulación del sistema financiero

3) Reducción del gasto público,

4) Promoción de la inversión extranjera directa.

5) Elevación de la tasa de interés.

6) Unificación del mercado de cambio y fijación de un paridad fija con el dólar (dinero pasivo)

7) Reforma del sistema previsional (AFJP)

8) Remate del patrimonio público (empresas del estado).

9) Desregulación de los mercados.

10) Etc.

El análisis de los postulados de la política económica que se aplico en el país desde el año 1.976 hasta el año 1983 y que luego se profundizara como habíamos dicho en el periodo 1991 – 2001, muestra a nuestro país como el único antecedente en el mundo en el cual se insistió en la aplicación de un modelo completamente agotado, dado los resultados que su aplicación mucho antes de estos periodos ya había producido en el mundo y en nuestro país, el modelo liberal luego aggiornado como neoliberal u ofertista. La explosión de este modelo en el año 2001, produjo efectos sociales, económicos, políticos etc. que no registran antecedentes en países normales solo en aquellos que han vivido algún conflicto armado. Entre los efectos mas perversos dejados por la aplicación del modelo liberal podemos citar.

1) Aumento de la vulnerabilidad social que implico que más del 50% de la población estuviera por debajo de la línea de pobreza.

2) El 38,9% de la población económicamente activa con gravísimos problemas de empleo (desempleados y subocupados).

3) Déficit fiscal en permanente crecimiento a pesar de las privatizaciones, a pesar de las AFJP, a pesar de los más de 110.000 millones de dólares que ingresaron en el periodo 1991- 2001 como créditos.

4) Aumento de los servicios de la deuda que de representar 4.700 millones de pesos en el año 1991 pasaron a representar en el año 2001, 14.350 millones de pesos esto es un aumento del 204% frente a una gasto publico provincial y nacional prácticamente estancados.

5) Perdidas de recursos del estado por importe de 24.000 millones de dólares por efecto de la privatización de las jubilaciones y pensiones.

6) Déficit en cuenta corriente por 90.500 millones de dólares, por efecto de las intereses, dividendos y utilidades t5rasferidas al exterior.

7) Destrucción del aparato productivo, al punto tal que mientras que en países de matriz productiva equilibrada la relación de empleo industrial respecto al total es de 1 a 3 , en nuestro país paso a ser de 1 a 16.

8) Distorsión de precios relativos generados por el retraso cambiario, que genero inversiones en el sector de bienes no transables potenciando aun más el circulo vicioso de transferencia de recursos al exterior y carencia de divisas para el desarrollo sustentables.

9) C cesación de pegos.

10) Caída del 30% de los depósitos del sistema bancario.

11) Caída acumulada del ingreso per capita entre 1999 y el 2002 del 30% sumado al aumento del desempleo.

12) Deflación de salarios.

13) Flexibilización laboral, más otras normas que precarizaron las condiciones laborales.

14) Perdida de participación del salario en la apropiacion de la renta generada por la economía

15) Aumento del endeudamiento externo llegando este ultimo en el año 2002 los 191.199 millones de dólares.

16) Aumento de la concentración económica y extranjerización masiva de empresas nacionales públicas y privadas.

Frente a estos efectos catastróficos de la aplicación del modelo liberal en su versión de valorización financiera, era necesario no solo, una nueva política económica, sino que esta se realizara en el marco teórico de los modelos nacionales que permitieron que nuestro país estuviera entre los mejores del mundo por la inclusión social del mismo y por la movilidad social que implico la creación de un clase media orgullo en todo el mundo, el único pensamiento que permitirá forjar los lineamientos económicos del modelo era el justicialista, es así que en el año 2003, se termina por instalar un nuevo modelo, el que se cimento sobre la base de las siguientes medidas:

1) Recuperación de los precios de los bienes transables, verdaderos generadores de divisas genuinas que permitirla pasas de una política monetraria de dinero pasivo a una política monetaria activa.

2) Proceso de sustitución de importaciones dado el encarecimiento de artículos que antes se importaban.

3) Retenciones a las exportaciones para desacoplar los precios internos de los internacionales y de paso colaborar en la morigeración del traslado a precios del efecto de la salida de la paridad fija (combustible, harina, aceite, carnes)

4) Subsidios a los servicios públicos lo que permitió que los precios se trasladaran a los bolsillos solo en un 15% duramente cuatro años.

5) Incorporación al beneficio de la jubilación a mas de 3.000.000 de compatriotas a pesar de no tener los aportes correspondientes.,

6) Reestructuración de la deuda pública, que implico una quita efectiva del 55% y ahorro para el pueblo argentino de 43.000 millones de dólares.

7) Cancelación de la deuda con el FMI, lo que permitió recuperar grados de libertad en materia de soberanía política y en la elaboración de la política económica.

8) Retiro del estado como demandante de fondos en el mercado financiero.

9) Recuperación de los recursos de las futuras jubilaciones, vía nacionalización de, los fondos que antes eran usados para prestar a instituciones como JP Morgan o IBM.

10) Fuerte inversión pública del estado en materia de infraestructura económica y social, en todo el territorio.

11) Coparticipación de los recursos que se derivan de la retrenciones a la soja, para destinar a la construcción en las provincias.

Esta batería de medidas inmediatamente, produjo sus efectos, elevando el bienestar del pueblo, y generando un clima de inversión más saludable, dado que nuevamente se ponía en marcha el aparto productivo y la timba financiera dejaba de ser un negocio.

Efectos del Modelo Nacional

1) Reducción de la pobreza y de la indigencia.

2) Drástica reducción del desempleo y del subempleo , llegando el primero a fines del año 2008 al 7,4% de la población económicamente activa.

3) Fuerte reactivación del sector industrial, que se manifestó en términos del aumento del uso de la capacidad instalada y del volumen físico de la producción, que se incremento en un 95%.

4) Fuerte reactivación del sector agropecuario tanto el vinculado al mercado interno como el vinculado el comercio externo , ,lo que le permitió a este sector recuperar activos que estaban al borde de los remates.

5) Aumento de la producción de vehículos de 150000 al año a casi 600000, Por año

6) Aumento de la inversión bruta interna fija (equipos y construcción) entre el 2003 – 2008 del 237%.

7) Aumento del producto del 63,2%, del consumo del 62%, de las exportaciones del 58%.

8) Aumento de las reservas internacionales, de 9.000 a 47.000 millones de dólares.

9) Superávit financiero y primario (ahorro fiscal).

10) Superávit comercial de 93.000 millones de dólares entre 2003 – 2008, como consecuencia de un aumento superior de las exportaciones que las importaciones.

11) El retiro de estado del mercado de crédito permitió la reducciones las tasas y la nueva inversión privada troco de financiera a real. aumentando la inversión privada en construcción.

12) Fuerte ingreso de divisas por el aumento del turismo extranjero .

13) Gracias al ahorro que implico la renegociación de la deuda pública se produjo un fortalecimiento del frente fiscal y externo que permitió mantener una activa política monetaria y cambiaria, con intervención en el mercado de cambios para sostener un tipo de cambio real competitivo.

14) Redistribución de recursos a provincias menos favorecidas por la alta concentración territorial de renetas que existe en la pampa húmeda, De donde proceden precisamente los que critican el mdelo nacional y que están ideológicamente vinculados al modelo del año 1976 del año 1991.

En síntesis y frente a la tremenda crisis que se cierne sobre el mundo la única garantía para que los impactos en el país sean atenuados, es la profundización del actual modelo económico, ya hemos visto y sufrido el funcionamiento del modelo liberal y del neoliberal, los apologistas de este modelo manejan los medios de comunicación masiva, y están políticamente representado por el acuerdo cívico y social, por el PRO, por el llamado peronismo disidente, etc. Y son los que pretenden, volver al modelo del golpe del 76 y de la década del 90.

FMI O BANCO DEL SUR

por Juan Santiago Fraschina
Pagina 12, 7 de junio de 2009, Suplemento Cash


Luego del fracaso del paradigma neoliberal en América Latina impuesto por el Fondo Monetario Internacional en representación de los países centrales, se produjo el surgimiento de gobiernos críticos a la visión monetarista de la economía.
En este sentido, surgieron en la región distintos gobiernos opuestos a los programas de ajuste, privatización, desregulación de los mercados y la apertura comercial. Entre ellos podemos mencionar el caso de Lula Da Silva en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Correa en Ecuador, entre otros.
En la Argentina, este descontento con las políticas neoliberales se materializó a partir del gobierno de Néstor Kirchner donde la intervención del Estado junto con la integración regional se transformaron en las dos premisas fundamentales para el desarrollo de un nuevo modelo de valorización productiva donde la industria manufacturera volvió a transformarse en uno de los sectores económicos más importante de la economía argentina y donde la creación de trabajo se consolidó como la política central en la inclusión social.
A tal efecto, tanto el gobierno de Kirchner como el resto de los gobiernos latinoamericanos decididos a romper con la tradición neoliberal comenzaron la tarea de construir una nueva arquitectura financiera que le diera más independencia económica a los gobierno de la región.
Esta nueva arquitectura financiera que implica librarse de las condicionalidades impuestas por los organismo internacionales se materializó en dos medidas íntimamente relacionadas: por un lado, el pago al Fondo Monetario Internacional y, por otro lado, la constitución del Banco del Sur.
El Fondo Monetario Internacional se creó una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). En efecto, en julio de 1944, cuando se acercaba el fin de la guerra, se concretó el llamado Tratado de Bretton Woods entre los gobiernos aliados, quienes sabiendo del triunfo comenzaron a trazar los diferentes mecanismos para la reconstrucción de las distintas economías y el comercio internacional una vez finalizada la guerra.
Se estableció, entre otras cosas, la constitución de distintos organismos internacionales con el objetivo de ordenar la economía y las finanzas internacionales para la posguerra. Una de estas instituciones fue el Fondo Monetario Internacional.
De esta forma, el 1º de mayo de 1947 el Fondo Monetario Internacional dio comienzo formalmente a sus operaciones. En el articulo I del Convenio Constitutivo del organismo internacional se establecieron los distintos objetivos para la creación del mismo:

Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de un instituto permanente que sirviera como mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales.
Facilitar la expansión y el comercio equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales, y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivos primordiales de política económica.
Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantuvieran regímenes ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas.
Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realizaran entre los países miembros, y eliminar las restricciones cambiarias que dificultasen la expansión del comercio mundial.
Infundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales del Fondo, dándoles así oportunidad de que corrigieran los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional e internacional.
De acuerdo con lo que antecede, acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros.
Es decir, guiándonos por estos enunciados el objetivo fundamental del Fondo Monetario Internacional debía ser lograr un desarrollo equilibrado de las distintas economías y del comercio internacional, colaborando incluso con el crecimiento de los países subdesarrollado.
Sin embargo, el resultado de la actuación del organismo internacional fue otro. En efecto, el accionar del Fondo Monetario Internacional terminó siendo funcional a los países desarrollados en detrimento de los países en desarrollo.
En particular en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional fue totalmente funcional a los distintos sectores dominantes locales y extranjeros y en contra de los intereses sobre todo de los sectores populares pero también de la clase media. La intervención del Fondo Monetario Internacional ha condicionado el desarrollo del país a los intereses de las grandes multinacionales y de los sectores dominantes internos.
La pregunta inmediata entonces que uno se tiene que hacer es ¿cómo el Fondo Monetario Internacional condicionó el desarrollo económico y social de la Argentina?. O de otra manera ¿cómo el accionar del organismo internacional terminó beneficiando a los sectores dominantes internos y externos y perjudicando a los sectores populares y la clase media argentina? Para responder estas preguntas es fundamental entender como funciona el organismo internacional.
Una de las funciones centrales que comenzó a tener el Fondo Monetario Internacional fue la de conceder fondos a los distintos países, sobre todo los subdesarrollados que son los que tienen menos posibilidades de acceso al financiamiento externo.
Cuando el organismo internacional otorga un respaldo financiero al gobierno argentino, como a cualquier otro gobierno, este último debe comprometerse a adoptar una serie de medidas de política económica con el objetivo central de garantizar el cumplimiento en el pago de la deuda externa. Ese compromiso del gobierno nacional se conoce como “condicionalidad”.
El Fondo Monetario Internacional exige la presentación de una “carta de intención” o también denominada como “memorando de política económica y financiera”, en la cual el gobierno nacional describe las medidas que implementará durante el período de acuerdo como contrapartida al respaldo financiero otorgado por el organismo internacional.
La función del Fondo Monetario Internacional es, por lo tanto, la aprobación del memorándums mandado por el gobierno nacional a cambio de ayuda financiera. Posteriormente, el organismo internacional se encarga de controlar y fiscalizar la aplicación de las distintas políticas económicas detalladas en el memorándums.
De esta forma, el Fondo Monetario Internacional fue imponiendo a los países subdesarrollados, y particularmente a la Argentina, los distintos paquetes económicos que terminaron beneficiando a los sectores dominantes y perjudicando a los sectores más humilde de la población. Efectivamente, las políticas económicas exigidas por el organismo internacional generaron un aumento abrupto del desempleo, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso.
En este sentido, cuando se analiza la trayectoria seguida por la economía argentina desde mediados de la década del setenta hasta el 2001 se vislumbra claramente el objetivo a largo plazo del Fondo Monetario Internacional en representación de los sectores dominantes nacionales y extranjeros.
El camino comenzó con la reforma financiera introducida por Martínez de Hoz que implicaba, entre otras cosas, la prohibición al Banco Central para financiar los déficits públicos. A partir de esta medida, se generó la necesidad por parte del Estado nacional de endeudarse para financiar sus desequilibrios fiscales.
Como resultado de la escasez de capitales domésticos, el Estado nacional debió recurrir a la deuda externa, colocando bonos en el mercado financiero internacional. Una vez que el proceso de endeudamiento se encontraba en marcha, la prioridad pasó a ser el de alimentarlo al mismo tiempo que cobrar intereses y comisiones.
A partir de este momento, comenzó a ser fundamental obligar al Estado la aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar el pago de los servicios de la deuda. El Fondo Monetario Internacional se transformó en la institución imprescindible para vigilar, fiscalizar y garantizar el pago de la deuda externa por parte del Estado argentino.
De esta forma, los distintos paquetes del organismo internacional exigidos a la Argentina como contrapartida de ayuda financiera se centraron desde la reducción del gasto público que no corresponde al pago de la deuda externa a transformaciones estructurales como el programa de privatizaciones.
En la década del ochenta el Fondo Monetario Internacional impuso los programas de ajuste estructural aplicados por el gobierno de Alfonsín con el objetivo central de reducir el gasto público para pagar la deuda externa. Por su parte, en la década del noventa el organismo estableció el Consenso de Washington llevado a cabo por el gobierno de Menem y que implicaba, entre otras cosas, la transferencia de las empresas públicas al sector privado, la eliminación del proteccionismo al mercado interno y la desregulación de los mercados.
El resultado de estos programas para la economía argentina fue el crecimiento de la deuda externa y la fuga de capitales, la extranjerización de la economía argentina, la desindustrialización y el aumento de la exclusión social.
Por lo tanto, este organismo internacional a partir de la década del ochenta, y utilizando como condicionante el fuerte endeudamiento externo generado durante la dictadura militar, ha intervenido en forma creciente en la aplicación de diferentes políticas económicas funcionales a los sectores dominantes, internos y externos, en detrimento de los sectores medios y populares a cambio de la posibilidad de acceder al financiamiento externo.
Con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia se inició un nuevo modelo de desarrollo distinto al que se venía aplicando desde mediados de la década del setenta en consonancia con los programas del Fondo Monetario Internacional y de los intereses de los países centrales.
No sólo el sector productivo volvió a ser el centro de la economía argentina, sino además el sector manufacturero fue una de las actividades económicas que más creció. En efecto, después de la construcción el sector industrial fue la actividad económica que más se expandió durante la etapa kirchnerista.
En este sentido, a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia se consolidó nuevamente un modelo de valorización productiva, siendo la industria uno de los sectores centrales de la economía argentina. De esta forma, con el nuevo modelo económico se terminó con el modelo de valorización financiera iniciado con la dictadura militar de 1976, donde el sector especulativo – financiero era el eje ordenador de la economía argentina.
Junto con el proceso de reindustrialización, el segundo rasgo fundamental de la etapa kirchnerista es la generación de puestos de trabajo. Esto es, el trabajo, como dijimos, se transformó en la política social fundamental. Por lo tanto, el modelo de valorización productiva, y particularmente el crecimiento del sector manufacturero, se tradujo en una fuerte reducción del desempleo y subempleo, lo cual implicó una disminución abrupta de la pobreza y la indigencia.
También dentro de las políticas sociales centrales del nuevo modelo de desarrollo se encuentra el tema de la previsión social. A partir de la presidencia de Kirchner se produjo aumentos constantes de las jubilaciones.
Asimismo, otro rasgo central de la etapa kirchnerista es el aumento de la solidez de la economía argentina. La consolidación de los superávit gemelos, es decir, tanto el fiscal como el comercial, sumado al aumento de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitieron un mayor grado de autonomía y de solidez de la economía.
Es importante destacar con respecto al superávit fiscal que el mismo se consiguió al mismo tiempo que se aumentaba el gasto público. Es decir, el equilibrio fiscal en la etapa kirchnerista no se logró a partir de un ajuste fiscal permanente, sino que por el contrario la clave fue el aumento constante de la recaudación tributaria, lo cual permitía incrementar el gasto público al mismo tiempo que sostener un superávit en las cuentas públicas.
Por otro lado, durante el nuevo modelo de desarrollo se produjo una tendencia hacia la mayor progresividad del sistema tributario. El aumento de las retenciones a las exportaciones permitió que se reduzca la participación del IVA en la recaudación total. Por lo tanto, en la actualidad, y a diferencia de la década del noventa, existe un mayor aporte de los sectores de altos ingresos en el sostenimiento del gasto público.
Con respecto a la mayor solidez de la economía argentina debemos sumarle el proceso de desendeudamiento en términos del producto que se produjo durante el nuevo modelo de desarrollo. Esto se debió a la reestructuración exitosa de la deuda pública que implicó una quita de capital e intereses y al pago de la deuda contraída en años anteriores con el Fondo Monetario Internacional.
Este rasgo de la economía permite afrontar con más fortalezas las recurrentes crisis económicas a nivel internacional. En la década del noventa cualquier crisis (México, Rusia, Brasil, los tigres Asiáticos) se traducían en una abrupta crisis económica y social en la Argentina. Esto se debía fundamentalmente a la fuerte dependencia del sistema financiero internacional durante la década del noventa que implicaba un crecimiento permanente de la deuda externa pública, sumado al déficit fiscal y comercial que se experimentaba durante este período.
En la actualidad a partir de la mayor solidez de la economía argentina, la crisis “mundial” desatada en la economía norteamericana y que se trasladó a la mayoría de los países desarrollada no se tradujo en una hecatombe económica y social. En medio de una de las mayores crisis que se produjo en los países centrales la economía argentina esta experimentando solamente un proceso de desaceleración de su producto, pero no una abrupta caída como se producía en la década del noventa.
Es cierto que mayor solidez no significa invulnerabilidad. Las crisis mundiales siguen repercutiendo en nuestra economía. Sin embargo, no con el nivel de profundidad que repercutían en la década del noventa.
En resumen, los tres rasgos centrales de la economía kirchneristas son: un modelo de valorización productiva donde el sector manufacturero es el centro de la economía argentina siendo la generación de puestos de trabajo y el aumento de las jubilaciones la mayor política social para eliminar la pobreza y la indigencia, sostenido por una mayor solidez de la economía argentina que permite transitar las crisis “mundiales” sin que se traduzca en una hecatombe económica y social.
Estas características estructurales de la economía kirchnerista se sostienen a partir de dos premisas fundamentales: una fuerte intervención estatal y un aumento en la integración regional.
En este nuevo modelo económico la construcción de una nueva arquitectura financiera para la economía argentina era fundamental.
Para tal efecto, a fines de 2005 el gobierno de Néstor Kirchner decidió cancelar anticipadamente la deuda total de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El pago, que se realizó con reservas de libre disponibilidad del Banco Central, representó 9.810 millones de dólares que en ese momento significaba el 36,6% de las reservas del Banco Central.
Es importante destacar que esta misma medida fue adoptada por el gobierno de Brasil encabezado por Lula Da Silva que, con anterioridad al gobierno argentino, también canceló anticipadamente con reservas del Banco Central de Brasil su deuda con el organismo internacional que era de 15.500 millones de dólares.
Pero al pago al Fondo Monetario Internacional no debe ser analizado en forma aislada. En forma paralela, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó, junto a otros gobiernos de América Latina, la conformación del Banco del Sur.
El objetivo central de la creación del Banco del Sur es la constitución de una banca subregional para contrarrestar el poder de la banca internacional en general y de la banca multilateral de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
En este sentido, la constitución del Banco del Sur se inscribe en la construcción de una nueva arquitectura financiera regional y la búsqueda de nuevas modalidades de financiamiento al desarrollo de los países de América del Sur. Esto se debe a que en el financiamiento a proyectos de desarrollo realizados por la banca multilateral continúan las mismas presiones llevadas a cabo con anterioridad por el Fondo Monetario Internacional enmarcados en el paradigma monetaristas y neoliberal.
Por lo tanto, la conformación del Banco del Sur tiende a buscar la protección de los países de la región de la globalización financiera al mismo tiempo que busca evitar la intromisión de los organismos internacionales a través de la política de condicionalidad en los asuntos internos de los países latinoamericanos.
De esta forma, el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Kirchner significa algo más que el proceso de desendeudamiento del Estado Nacional. Efectivamente, significa liberarse de una institución que a través de sus exigencias, en sintonía con los grupos dominantes, era un impedimento para el desarrollo social y económico del país.
En contraposición a lo realizado por el kirchnerismos, desde la oposición existe fuertes presiones para que la Argentina vuelva al Fondo Monetario Internacional. En efecto, economistas como Prat Gay de la Coalición Cívica proponen la reducción de las retenciones al agro y el bache financiero que esto genera al Estado cubrirlo con deuda externa tomada en el organismo internacional.
La disyuntiva es clara. O volvemos al Fondo Monetario Internacional para que a través de sus condicionalidades nos imponga nuevamente los programas económicos que generan desinductrialización y exclusión social, o consolidamos el Banco de Sur para fortalecer el modelo de valorización productiva con inclusión social iniciado en el 2003.

Recomponer competitividad

Pagina 12, 18 de marzo de 2009, Sección Debate.
El tipo de cambio real competitivo ha sido uno de los instrumentos más importante para la instauración del nuevo modelo de valorización productiva con inclusión social. Sin embargo, en la actualidad, y frente a las consecuencias de la crisis mundial, es necesario recomponer la competitividad del tipo de cambio.
En la década del noventa durante el modelo de Convertibilidad prevaleció la economía política del retraso cambiario que estimulaba las importaciones, sobre todo de bienes industriales, y desalentaba las exportaciones.
Este fenómeno se tradujo en dos consecuencias negativas para la economía argentina:
1) Al generar que las importaciones superaran en forma permanente a las ventas externas se tendía a una balanza comercial deficitaria que junto al pago de intereses de la deuda externa y la remisión de utilidades de las empresas extranjeras condujeron a un déficit constante de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Para financiarlo se recurrió a la deuda externa pública.
2) El “boom” importador de bienes manufacturados provocó un fuerte proceso de desindustrialización de la economía argentina. Asimismo, la destrucción de la industria nacional al no poder competir con los productos extranjeros generó un aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia junto con una primarización de la producción.
Es decir, el retraso cambiario característico del modelo de Convertibilidad implicó un aumento del endeudamiento externo al mismo tiempo que se incrementaba el proceso de desindustrialización y la exclusión social.
Con la salida del régimen de Convertibilidad y la devaluación de la moneda nacional, el tipo de cambio real competitivo incentivó la sustitución de importaciones y promovió el crecimiento de las exportaciones. Esto trajo los siguientes beneficios para la economía argentina:
- Un superávit comercial que junto con la reestructuración de la deuda externa pública permitieron un sostenido superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual posibilitó el incremento constante de las reservas del Banco Central.
- Un mejor nivel de producción y empleo como resultado de la reconstrucción de la industria nacional.
- Una diversificación productiva como consecuencia del proceso de reindustrialización de la economía argentina.
Sin embargo, con la crisis internacional desatada en Estados Unidos, y que terminó repercutiendo en el resto de los países, el tipo de cambio real volvió al centro del debate. La inflación interna sumado a la devaluación de Brasil, la caída de cierto precios internacionales debido a la recesión internacional erosionaron la competitividad de la economía nacional A esto debemos agregarle la necesidad de países como China de colocar sus excedentes de producción en economías como la Argentina.
Un nuevo “boom” de las importaciones provocaría un retroceso en el modelo de valorización productiva con inclusión social. En efecto, el retorno a la importación masiva de productos industriales atentaría con el proceso de reindustrialización que esta experimentado la Argentina. Las consecuencias del quiebre de la industria nacional son conocidas: aumento del desempleo, caída del salario de los trabajadores, incremento de la pobreza y la indigencia, es decir, exclusión social con concentración del ingreso.
Por lo tanto, se necesita de una devaluación del tipo de cambio nominal para recuperar la competitividad del tipo de cambio real. Sin embargo, la devaluación debe ser complementada con uno de los pilares del nuevo modelo de desarrollo: una mayor intervención estatal.
La política de control de precios, retenciones a los productos agropecuarios, compensaciones, aumento de los salarios y las jubilaciones junto con un mayor control de cambio y de la fuga de capitales deben profundizarse con la devaluación de la moneda nacional.
En otras palabras, se debe evitar a través de la mayor intervención estatal caer en una devaluación tradicional que implica la caída del salario real como consecuencia del aumento de precios que genera la devaluación y que luego se traduce en aumento de la pobreza, caída de la demanda interna, reducción de la producción e incremento de la desocupación.
Esta visión se contrapone a la postura “devaluacionista” de los sectores dominantes. En efecto, mientras que las entidades agrarias propugnan por una devaluación con reducción de las retenciones, la UIA aspira a una devaluación sin paritarias.
Por otro lado, a través de un mayor control de cambio y una mayor regulación de la cuenta de capital de la balanza de pagos se debe evitar la perdida de depósitos del sistema bancario argentina para la compra de dólares y la salida de capitales al extranjero.
De la recuperación del tipo de cambio real junto con la mayor intervención del Estado en la economía depende, entre otras cosas, la consolidación del modelo de valorización productiva con inclusión social.