La crisis iniciada en el 2007 en los Estados Unidos se enmarca en el contexto de la globalización financiera iniciada en la década del setenta como correlato de las políticas neoliberales.
En efecto, en los años setenta el sistema financiero internacional pasó de la escasez de dólares que había caracterizado al sistema capitalista durante el período de posguerra a una abundancia de dólares como consecuencia de los déficit comerciales y la salida de capitales de los Estados Unidos.
Por un lado, el déficit comercial norteamericano se debió fundamentalmente a la perdida de competitividad de la economía de los Estados Unidos con respecto a las economías europeas y la japonesa y en menor medida frente al avance en la industrialización de algunos países periféricos, sobre todo los denominados tigres asiáticos como Corea del Sur y China.
Por otro lado, la salida de capitales de los Estados Unidos fue producto de las inversiones llevadas a cabo por las corporaciones norteamericanas en el exterior. A lo cual le debemos agregar que gran parte de las ganancias generadas por estas inversiones no retornaron a los Estados Unidos, sino más bien permanecieron en el mercado financiero internacional.
Otro factor que generó un incremento de la liquidez mundial y que por lo tanto constituyó un fuerte estimulo para el desarrollo del capital financiero fue el aumento de los precios del petróleo. Los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidieron a partir de 1973 incrementar el precio del insumo.
Esto provocó una gran afluencia de dólares hacia los países productores de petróleo pero que sin embargo al ser en su gran mayoría economías subdesarrolladas no tenían la capacidad de absorberlos en el corto plazo. De esta forma, estos países comenzaron a depositar gran parte de esta masa dineraria en los distintos bancos extranjeros de los países desarrollados dando origen a los denominados petrodólares.
En este contexto de abundancia de dólares en el sistema financiero internacional, en marzo de 1973 se abandonó definitivamente los tipos de cambios fijos para adoptar los tipos de cambios flexibles, desapareciendo de esta manera los acuerdo de Bretton Woods que habían caracterizado a la economía capitalista luego de la Segunda Guerra Mundial.
Todo esto condujo a la inestabilidad permanente de los tipos de cambio generando un contexto de incertidumbre en el cual la especulación cambiaria se transformó en uno de los rasgos estructurales de la nueva etapa del capitalismo.
También se eliminaron las distintas regulaciones del mundo financiero internacional que existían en las economías de posguerra y se liberalizó de esta manera la acción de los operadores financieros, sobre todo a partir de la apertura de los países desarrollados a los movimiento de capital de corto plazo. Es decir, mientras que el escenario de tipo de cambio flexible dio lugar a generosas oportunidades para la especulación cambiaria, la liberalización y desregulación financiera permitió el estimulo al capital financiero en general.
En resumen, el poder financiero aprovechó la crisis del sistema monetario internacional de comienzos de los años setenta y la abundancia de liquidez para presionar y lograr que los distintos gobiernos apliquen la liberalización del mercado financiero. Es así como en tres décadas el capital mutó de un sistema monetario con controles cambiarios y de movimiento de capital, a un mercado en el cual el capital financiero opera con total libertad y en el cual las empresas que llevan a cabo las distintas operaciones financieras son las que obtienen la mayor tasa de ganancia.
Ahora bien, una de las características más sobresaliente de la actual globalización financiera es que se encuentra marcada por una serie de shocks y crisis financieras que se fueron incrementando a medida que la mundialización financiera avanzaba.
Esta multiplicidad de shocks financieros demuestra la “fragilidad financiera” y el “riesgo sistémico” existente en esta nueva configuración del capitalismo conocida como globalización. En otras palabras, la globalización financiera se caracteriza por una fragilidad sistémica que se explicita en las sucesivas crisis financieras que azotan en estas últimas décadas a la economía mundial.
En este contexto se produjo en el 2007 la crisis originada por las hipotecas subprime que ha desencadenado una tormenta que algunos se atreven a comparar con la Depresión de 1929. Esta crisis comenzó en 1998 cuando se aplicó una innovación financiera que terminó con los monopolios de los bancos en la concesión de préstamos hipotecarios para adquirir propiedades inmobiliarias. La innovación consistió en abrir el negocio a todo tipo de inversiones externas e internas que, a través de la Bolsa de Valores, financiaban con su dinero nuevos préstamos hipotecarios. Es decir, un nuevo negocio para el capital financiero internacional.
Esto provocó una nueva burbuja financiera que explotó en el 2007 conduciendo a una nueva crisis mundial. Pues al incrementarse la cantidad de inversiones especulativas en los prestamos hipotecarios se produjo un crecimiento de las inversiones cada vez más riesgosas. Esta crisis que comenzó en el sistema financiero se traslada a la economía real de Estados Unidos al reducirse el crédito, lo cual genera una contracción en el nivel de producción y un aumento de la desocupación.
En esta situación la pregunta central que surge es ¿cómo repercutirá esta nueva crisis mundial en la economía Argentina?. El primer dato llamativo es que mientras que la crisis se inició en el 2007 la economía argentina sigue en un sendero de crecimiento económico. De esta forma la pregunta inmediata es ¿por qué la economía argentina frente a una crisis mundial sigue creciendo?.
Las crisis se propagan al resto de los países básicamente por dos vías: por el sistema financiero internacional y/o por el comercio exterior. Con respecto a la primer vía la economía argentina se encuentra prácticamente inmune. En efecto, a partir del default declarado después de la caída del régimen convertible el sistema financiero internacional se cerró para la economía argentina, lo cual significa que el crecimiento económico iniciado a partir de mediados del 2002 se produjo con ahorro interno. Este fenómeno genera una menor dependencia de la economía nacional ante los vaivenes de la economía internacional.
Por lo tanto, la posibilidad de contagio se puede llegar a producir por vía del comercio exterior. Esto significa que la única posibilidad que la crisis mundial se traslade a la economía argentina es que ante la propagación de la crisis a la economía real se produzca una caída de la demanda de los productos exportados por la Argentina generando una reducción de los precios internacionales. Esto se traduciría en un menor nivel de exportación y por lo tanto en una reducción del superávit comercial. Por otro lado, al caer las exportaciones también se produciría una caída de la recaudación tributaria vía reducción de las retenciones.
Sin embargo, es importante destacar dos cosas. Primero, para que estos suceda la crisis tendría que transformarse en una gran depresión de largo plazo. Segundo, si esto sucede la economía argentina se encuentra en buenas condiciones para afrontarla debido a las altas reservas que posee el Banco Central, el proceso de desendeudamiento que se inició a partir de 2003 (medido en porcentaje del PBI y de las exportaciones) y por los superávit fiscal pasados. De esta forma, si la crisis mundial no se traduce en una gran depresión lo máximo que podría sucederle a la economía argentina es una desaceleración de su ritmo de crecimiento.
También surge una segunda pregunta interesante ¿qué hubiera pasado si esta crisis se hubiera desatado durante el modelo de Convertibilidad?. Esta respuesta se puede responder con un solo ejemplo. En 1994 se produjo la devaluación mexicana como resultado de una crisis económica que venia atravesando el país. ¿Qué pasó en la Argentina?. Una crisis fenomenal conocida como la crisis del “efecto tequila”.
Esto se debió a la fragilidad económica de la Argentina durante el modelo de Convertibilidad caracterizado por el déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Pero además el modelo de Convertibilidad era altamente dependiente de la deuda externa. Por lo tanto, cualquier vaivén del mercado internacional se traducía en una crisis económica y social en la Argentina.
De esta forma, si esta crisis en un país periférico generó un derrumbe de la economía argentina durante el régimen de Convertibilidad ¿qué hubiera generado la crisis económica que se esta produciendo en la economía más importante del mundo y que se esta trasladando al resto de los países desarrollados?. La respuesta es sencilla: un colapso económico y social.
Esto es así debido a que el régimen convertible instaurado a principios de la década del noventa durante el gobierno del Dr. Carlos Menem y ratificado durante el gobierno de la Alianza era insostenible. Insostenible económicamente debido a que se sustentaba en el aumento de la deuda pública externa. Insostenible socialmente debido a que se traducía en un aumento del desempleo, subempleo, trabajos no registrados, pobreza e indigencia.
En cambio, la economía post devaluación es sustentable desde el punto de vista económico y social. Desde el punto de vista económico en la actualidad la economía argentina ha experimentado cinco años de crecimiento ininterrumpido superando en pesos al nivel del producto pico alcanzado en el año 1998. Pero además mientras que en 1998 la economía argentina marchaba hacia el colapso, el crecimiento post devaluación es acompañado por un superávit fiscal y comercial junto al aumento constante de las reservas del Banco Central. En otras palabras, el crecimiento económico post Convertibilidad no se sostiene en el endeudamiento externo público, lo cual lo transforma en un crecimiento sustentable desde el punto de vista económico.
Pero también es sustentable desde el punto de vista social. En efecto, y a diferencia de los sucedido en el Plan de Convertibilidad, a partir del crecimiento post devaluación se inició una fuerte reducción del desempleo, subempleo, pobreza e indigencia y una leve disminución del trabajo en “negro”.
Entonces la pregunta que surge, sobre todo en un contexto marcado por una eminente crisis norteamericana, es ¿si la economía actual por ser sustentable es invulnerable?. La respuesta es no. Por su puesto que si se produce una depresión mundial de largo plazo que produzca una caída abrupta de los precios internacionales de las materia primas indefectiblemente generara resultados negativos sobre la economía argentina.
Pero la pregunta siguiente entonces es ¿qué economía en el mundo es totalmente invulnerable en un contexto de globalización como el actual? Ninguna. Por su puesto que existen economías más sólidas que otras para enfrentar una crisis mundial. En la economía argentina el primer paso hacia una economía sólida ya se dio a partir de 2003: la construcción de un modelo sustentable desde el punto de vista económico y social.
La Argentina no tiene la capacidad para transformar la globalización financiera en un mercado mundial más estable. Pero si tiene la capacidad para que las crisis recurrentes que se generan a nivel internacional repercutan con la menor intensidad posible en la economía y la sociedad argentina. Eso se logra generando una economía menos dependiente de los vaivenes internacionales, lo cual viene sucediendo desde el 2003.
lunes, 22 de septiembre de 2008
jueves, 11 de septiembre de 2008
EL PAGO AL CLUB DE PARÍS II
Para entender la importancia del pago de la deuda al Club de París con reservas del Banco Central es fundamental comprender primero como funciona el Fondo Monetario Internacional y para que el organismo internacional presionó para participar en la reestructuración de dicha deuda.
El Fondo Monetario Internacional se creó una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). En julio de 1944, cuando se acercaba el fin de la guerra, se concretó el llamado Tratado de Bretton Woods entre los gobiernos aliados, quienes sabiendo del triunfo comenzaron a trazar los diferentes mecanismos para la reconstrucción de las distintas economías y el comercio internacional una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial.
En este sentido, se estableció, entre otras cosas, la constitución de distintos organismos internacionales con el objetivo de ordenar la economía y las finanzas internacionales para la posguerra. Una de estas instituciones fue el Fondo Monetario Internacional. De esta forma, el 1º de mayo de 1947 el Fondo Monetario Internacional dio comienzo formalmente a sus operaciones, siendo uno de sus objetivos centrales colaborar con el desarrollo de los países periféricos.
Sin embargo, el resultado de la actuación del organismo internacional fue otro. En efecto, el accionar del Fondo Monetario Internacional terminó siendo funcional a los países desarrollados en detrimento de los países en desarrollo.
En particular en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional fue totalmente funcionales a los distintos sectores dominantes locales y extranjeros y en contra de los intereses sobre todo de los sectores populares pero también de la clase media. La intervención del Fondo Monetario Internacional ha condicionado el desarrollo del país a los intereses de las grandes multinacionales y a los sectores dominantes internos.
La pregunta inmediata entonces que uno se tiene que hacer es ¿cómo el Fondo Monetario Internacional condicionó el desarrollo económico y social de la Argentina?. O de otra manera ¿cómo el accionar del organismo internacional terminó beneficiando a los sectores dominantes internos y externos perjudicando a los sectores populares y la clase media argentina? Para responder estas preguntas es fundamental entender como funciona el organismo internacional.
Una de las funciones centrales que comenzó a tener el Fondo Monetario Internacional fue la de conceder fondos a los distintos países, sobre todo los subdesarrollados que son los que tienen menos posibilidades de acceso al financiamiento externo.
Cuando el organismo internacional otorga un respaldo financiero al gobierno argentino, como a cualquier otro gobierno, este último debe comprometerse a adoptar una serie de medidas de política económica con el objetivo central de garantizar el cumplimiento en el pago de la deuda externa. Ese compromiso del gobierno nacional se conoce como “condicionalidad”.
El Fondo Monetario Internacional exige la presentación de una “carta de intención” o también denominada como “memorando de política económica y financiera”, en la cual el gobierno nacional describe las medidas que implementara durante el período de acuerdo como contrapartida al respaldo financiero otorgado por el organismo internacional.
La función del Fondo Monetario Internacional es, por lo tanto, la aprobación del memorándums mandado por el gobierno nacional a cambio de ayuda financiera. Posteriormente, el organismo internacional se encarga de controlar y fiscalizar la aplicación de las distintas políticas económicas detalladas en el memorándums.
De esta forma, el Fondo Monetario Internacional fue imponiendo a los países subdesarrollados, y particularmente a la Argentina, los distintos paquetes económicos, como las políticas de ajuste estructural de la década del ochenta y el Consenso de Washington en la década del noventa, que terminaron beneficiando a los sectores dominantes y perjudicando a los sectores más humilde de la población. En efecto, las políticas económicas exigidas por el organismo internacional generaron un aumento abrupto del desempleo, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso.
Con la crisis de 2001 el organismo internacional prosiguió la presión sobre el gobierno de Duhalde para continuar con los planes ortodoxos funcionales a los sectores dominantes. En este sentido, el gobierno argentino mandó el siguiente memorámdum al organismo internacional.
Acuerdo de Transición
Memorándum de política económica, enero de 2003.
- Suspensión de planes de competitividad, gravar combustibles con impuesto proporcional y no de suma fija, gravar con impuesto a las ganancias reintegros a la exportación.
- Reducción en programas de gasto público.
- Aumento del gasto de contención social.
- Aumento de la deuda pública (alrededor de 40.000 millones de dólares) por reconocimiento a los bancos de pesificación asimétrica y de diferencia por amparos, por deuda con proveedores y contratistas, por nacionalización de deudas provinciales y por indexación de bonos en pesos entregados a títulos de depósitos a plazo fijo.
- Se avanzará en la renegociación de la deuda pública con los acreedores privados del exterior. Se formularán propuestas para adecuar los instrumentos reestructurados a las necesidades de los inversores.
- Compromiso de no acumular atraso en pagos a organismos internacionales.
- Se mantendrá flexibilidad del tipo de cambio limitando la intervención en el mercado cambiario.
- Se seguirán desmantelando restricciones y controles cambiarios.
- Se limitará la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del Banco Central sobre transferencias de activos.
- Se protegerá a los funcionarios públicos de los aspectos de la legislación actual que puedan resultar en impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario.
- El Banco Central designará a su personal.
- Se seleccionarán empresas internacionales de consultoría para proponer curso de acción para reformar bancos públicos, incluyendo la definición del rol estratégico de la banca pública y la colocación de acciones en bolsa (privatización parcial).
- Se limitarán las actividades de préstamo de los dos bancos públicos principales (Nación y Provincia de Buenos Aires) exigiendo un cofinanciamiento mínimo del 50% con un banco nacional privado para todos los préstamos superiores a un millón de pesos.
- Se respaldarán los arreglos extrajudiciales entre empresas con problemas financieros y sus acreedores, pero el respaldo no puede incluir recursos fiscales para seguro de cambio o devolver deuda o intereses.
- Se solicitó asistencia al Banco Mundial y al FMI para revisar en febrero la situación financiera de las empresas privatizadas de servicios públicos y desarrollar un marco regulatorio que podría reemplazar los controles de pecios y tarifas actuales y facilitar la reestructuración de las deudas de las empresas.
- Se modificará nuevamente la ley de Quiebras. Mientras tanto el gobierno asegurará que no se tomen medidas no voluntarias que limiten el cumplimiento de los derechos de los acreedores.
- No se aprobarán leyes u otras normas que permitan la suspensión involuntaria de los derechos de los acreedores.
Como puede apreciarse el Fondo Monetario Internacional en medio de la peor crisis económica y social de la Argentina nuevamente volvió a actuar como representante de los intereses de los acreedores y de las empresas privatizadas. Pero además pretendía terminar el proceso privatizador a partir de la privatización parcial de los bancos públicos argentinos. Por otro lado, no sólo interfería en los asuntos de políticas económicas sino además en el sistema judicial argentino.
De nuevo, luego de la salida de la crisis de la Convertibilidad el organismo internacional pretendía profundizar las políticas neoliberales con el objetivo central de volver a beneficiar a los sectores dominantes internos y externos en detrimento de los sectores populares.
Por lo tanto, librarse del organismo internacional tanto pagando la deuda al Fondo Monetario Internacional como al Club de París, cuya condición de renegociación era la intervención del organismo internacional, es una medida de independencia económica.
El hambre de los argentinos no se termina con una o dos medidas económicas. El hambre de los argentinos se termina con un modelo económicos caracterizado por la industrialización, la generación de puestos de trabajo y la distribución del ingreso. La única manera para llevar adelante este modelo económico es librándose del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, insistimos, el pago al Club de París es una medida nacional y popular.
El Fondo Monetario Internacional se creó una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). En julio de 1944, cuando se acercaba el fin de la guerra, se concretó el llamado Tratado de Bretton Woods entre los gobiernos aliados, quienes sabiendo del triunfo comenzaron a trazar los diferentes mecanismos para la reconstrucción de las distintas economías y el comercio internacional una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial.
En este sentido, se estableció, entre otras cosas, la constitución de distintos organismos internacionales con el objetivo de ordenar la economía y las finanzas internacionales para la posguerra. Una de estas instituciones fue el Fondo Monetario Internacional. De esta forma, el 1º de mayo de 1947 el Fondo Monetario Internacional dio comienzo formalmente a sus operaciones, siendo uno de sus objetivos centrales colaborar con el desarrollo de los países periféricos.
Sin embargo, el resultado de la actuación del organismo internacional fue otro. En efecto, el accionar del Fondo Monetario Internacional terminó siendo funcional a los países desarrollados en detrimento de los países en desarrollo.
En particular en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional fue totalmente funcionales a los distintos sectores dominantes locales y extranjeros y en contra de los intereses sobre todo de los sectores populares pero también de la clase media. La intervención del Fondo Monetario Internacional ha condicionado el desarrollo del país a los intereses de las grandes multinacionales y a los sectores dominantes internos.
La pregunta inmediata entonces que uno se tiene que hacer es ¿cómo el Fondo Monetario Internacional condicionó el desarrollo económico y social de la Argentina?. O de otra manera ¿cómo el accionar del organismo internacional terminó beneficiando a los sectores dominantes internos y externos perjudicando a los sectores populares y la clase media argentina? Para responder estas preguntas es fundamental entender como funciona el organismo internacional.
Una de las funciones centrales que comenzó a tener el Fondo Monetario Internacional fue la de conceder fondos a los distintos países, sobre todo los subdesarrollados que son los que tienen menos posibilidades de acceso al financiamiento externo.
Cuando el organismo internacional otorga un respaldo financiero al gobierno argentino, como a cualquier otro gobierno, este último debe comprometerse a adoptar una serie de medidas de política económica con el objetivo central de garantizar el cumplimiento en el pago de la deuda externa. Ese compromiso del gobierno nacional se conoce como “condicionalidad”.
El Fondo Monetario Internacional exige la presentación de una “carta de intención” o también denominada como “memorando de política económica y financiera”, en la cual el gobierno nacional describe las medidas que implementara durante el período de acuerdo como contrapartida al respaldo financiero otorgado por el organismo internacional.
La función del Fondo Monetario Internacional es, por lo tanto, la aprobación del memorándums mandado por el gobierno nacional a cambio de ayuda financiera. Posteriormente, el organismo internacional se encarga de controlar y fiscalizar la aplicación de las distintas políticas económicas detalladas en el memorándums.
De esta forma, el Fondo Monetario Internacional fue imponiendo a los países subdesarrollados, y particularmente a la Argentina, los distintos paquetes económicos, como las políticas de ajuste estructural de la década del ochenta y el Consenso de Washington en la década del noventa, que terminaron beneficiando a los sectores dominantes y perjudicando a los sectores más humilde de la población. En efecto, las políticas económicas exigidas por el organismo internacional generaron un aumento abrupto del desempleo, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso.
Con la crisis de 2001 el organismo internacional prosiguió la presión sobre el gobierno de Duhalde para continuar con los planes ortodoxos funcionales a los sectores dominantes. En este sentido, el gobierno argentino mandó el siguiente memorámdum al organismo internacional.
Acuerdo de Transición
Memorándum de política económica, enero de 2003.
- Suspensión de planes de competitividad, gravar combustibles con impuesto proporcional y no de suma fija, gravar con impuesto a las ganancias reintegros a la exportación.
- Reducción en programas de gasto público.
- Aumento del gasto de contención social.
- Aumento de la deuda pública (alrededor de 40.000 millones de dólares) por reconocimiento a los bancos de pesificación asimétrica y de diferencia por amparos, por deuda con proveedores y contratistas, por nacionalización de deudas provinciales y por indexación de bonos en pesos entregados a títulos de depósitos a plazo fijo.
- Se avanzará en la renegociación de la deuda pública con los acreedores privados del exterior. Se formularán propuestas para adecuar los instrumentos reestructurados a las necesidades de los inversores.
- Compromiso de no acumular atraso en pagos a organismos internacionales.
- Se mantendrá flexibilidad del tipo de cambio limitando la intervención en el mercado cambiario.
- Se seguirán desmantelando restricciones y controles cambiarios.
- Se limitará la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del Banco Central sobre transferencias de activos.
- Se protegerá a los funcionarios públicos de los aspectos de la legislación actual que puedan resultar en impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario.
- El Banco Central designará a su personal.
- Se seleccionarán empresas internacionales de consultoría para proponer curso de acción para reformar bancos públicos, incluyendo la definición del rol estratégico de la banca pública y la colocación de acciones en bolsa (privatización parcial).
- Se limitarán las actividades de préstamo de los dos bancos públicos principales (Nación y Provincia de Buenos Aires) exigiendo un cofinanciamiento mínimo del 50% con un banco nacional privado para todos los préstamos superiores a un millón de pesos.
- Se respaldarán los arreglos extrajudiciales entre empresas con problemas financieros y sus acreedores, pero el respaldo no puede incluir recursos fiscales para seguro de cambio o devolver deuda o intereses.
- Se solicitó asistencia al Banco Mundial y al FMI para revisar en febrero la situación financiera de las empresas privatizadas de servicios públicos y desarrollar un marco regulatorio que podría reemplazar los controles de pecios y tarifas actuales y facilitar la reestructuración de las deudas de las empresas.
- Se modificará nuevamente la ley de Quiebras. Mientras tanto el gobierno asegurará que no se tomen medidas no voluntarias que limiten el cumplimiento de los derechos de los acreedores.
- No se aprobarán leyes u otras normas que permitan la suspensión involuntaria de los derechos de los acreedores.
Como puede apreciarse el Fondo Monetario Internacional en medio de la peor crisis económica y social de la Argentina nuevamente volvió a actuar como representante de los intereses de los acreedores y de las empresas privatizadas. Pero además pretendía terminar el proceso privatizador a partir de la privatización parcial de los bancos públicos argentinos. Por otro lado, no sólo interfería en los asuntos de políticas económicas sino además en el sistema judicial argentino.
De nuevo, luego de la salida de la crisis de la Convertibilidad el organismo internacional pretendía profundizar las políticas neoliberales con el objetivo central de volver a beneficiar a los sectores dominantes internos y externos en detrimento de los sectores populares.
Por lo tanto, librarse del organismo internacional tanto pagando la deuda al Fondo Monetario Internacional como al Club de París, cuya condición de renegociación era la intervención del organismo internacional, es una medida de independencia económica.
El hambre de los argentinos no se termina con una o dos medidas económicas. El hambre de los argentinos se termina con un modelo económicos caracterizado por la industrialización, la generación de puestos de trabajo y la distribución del ingreso. La única manera para llevar adelante este modelo económico es librándose del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, insistimos, el pago al Club de París es una medida nacional y popular.
viernes, 5 de septiembre de 2008
EL PAGO DE LA DEUDA AL CLUB DE PARÍS
Por el Grupo de estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP).
Muchos sectores del llamado campo nacional y popular y del progresismo argentino expresaron varias criticas a la actitud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de pagar la deuda con el Club de París utilizando reservas del Banco Central de la República Argentina, argumentando principalmente que esta medida es anti popular y anti nacional debido a que esos fondos se podrían haber utilizado para resolver el hambre de nuestro pueblo o utilizado para mejorar la educación y la salud de todos los argentinos. En otras palabras, que el gobierno de Cristina decidió honrar la deuda del sector financiero a costa de la deuda social que mantiene con nuestro pueblo.
La primer aclaración es que la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina imposibilita la utilización de reservas para financiar planes productivos o programas sociales. Por lo tanto, estos recursos utilizados para el pago de la deuda con el Club de París no podría utilizarse para fines sociales ni productivos.
Pero imaginemos por un momento que sí podrían utilizarse. Sin embargo, tampoco las criticas de los autocalificados nacional y popular o del progresismo argentino tendrían validez.
Esta discusión hace acordar a la critica recibidas por Perón cuando nacionalizó los ferrocarriles. Se le decía que era una medida antinacional y antipopular porque utilizaba recursos para comprar ferrocarriles a los inglese que estaban obsoletos y que por lo tanto esa medida era funcional a los intereses del imperio británico.
Ahora bien ¿cuál es el error de ambos análisis, es decir, el de tratar de anti popular y anti nacional a Perón por nacionalizar los ferrocarriles y a Cristina por pagar la deuda al Club de París?. En ambos casos se descontextualiza la medida. Es decir, para saber si una medida es nacional y popular se debe contextualizar.
Cuando Perón decidió nacionalizar el ferrocarril la Argentina comenzaba un fuerte proceso de industrialización que implicaba la creación de puestos de trabajo, la reducción de la pobreza y la indigencia y la distribución del ingreso. Es decir, la compra de los ferrocarriles se insertaba en un contexto de desarrollo económico y social iniciado por el gobierno de Perón. Y en ese contexto se debe analizar la medida.
En otras palabras, no era la nacionalización del ferrocarril para profundizar el modelo agro exportador que beneficiaba exclusivamente a los terratenientes argentinos en detrimento de la mayoría de la población. Este ejemplo muestra que una misma medida en contexto diferentes puede ser caracterizada de distinta manera.
Vayamos al pago del Club de París por parte de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida se produce en un resurgir del proceso de industrialización luego de casi 30 años de neoliberalismos que destruyeron el aparato productivo Argentino junto con una desarticulación social a partir del aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia.
A partir de 2003 la economía argentina inició nuevamente un modelo de valorización productiva con fuerte inclusión social sobre todo verificado a partir de la reducción abrupta de la desocupación.
Este nuevo modelo económico se llevo a cabo a espaldas del Fondo Monetario Internacional que recomendaba nuevamente la aplicación de medidas ortodoxas como lo venia haciendo desde mediados de la década del setenta a partir de la dictadura militar. En efecto, el programa neoliberal que implicó el quiebre de la industria nacional, el aumento de la deuda externa, la fuga de capitales, la concentración del capital y el aumento de la marginación social fue consecuencia de los paquetes económicos “sugeridos” por el organismo internacional a partir de la dictadura militar de 1976.
Por lo tanto, este organismo internacional a partir de la década del ochenta, y utilizando como condicionante el fuerte endeudamiento externo generado durante la dictadura militar, ha intervenido en forma creciente en la aplicación de diferentes políticas económicas funcionales a los sectores dominantes, internos y externos, en detrimento de los sectores medios y populares. Tanto las políticas de ajuste estructural aplicadas por Alfonsín como las políticas del Consenso de Washington establecidas por Menem y De la Rua que fueron impuestas por el Fondo Monetario Internacional implicaron una desarticulación económica y social a favor de los sectores dominantes nacionales y extranjeros.
Por lo tanto, cuando Néstor Kirchner decidió construir un nuevo modelo económico y social caracterizado por la valorización productiva y la inclusión social debió pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional. En este sentido, el pago de la deuda al organismo internacional significó liberarse de una institución que a través de sus exigencias, en sintonía con los grupos dominantes, era un impedimento para el desarrollo social y económico del país.
Sin embargo, era de esperar que el organismo internacional en representación de los intereses de los sectores dominantes no se quedara tranquilo. Y así fue. Presionó para que la reestructuración de la deuda con el Club de París sea monitoreada por el Fondo Monetario Internacional. Pero si esto era así, volvían las presiones por parte del organismo internacional para imponer recetas ortodoxas y de nuevo los planes de ajustes que caracterizaron a la Argentina desde mediados de la década del setenta.
De esta forma, el pago al Club de París vuelve a reafirmar la intención del gobierno de liberarse de esta institución cómplice de la destrucción sistemática de nuestra economía y de nuestra sociedad. En otras palabras, el pago al Club de París reafirma la intención del gobierno de Cristina de profundizar un modelo de valorización productiva con inclusión social iniciado en el 2003; para así de esta forma profundizar el desarrollo económico y social y terminar definitivamente con el hambre de los argentinos.
Si esto no fuera así y el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional y al Club de París fuese una política anti nacional y anti popular para empobrecer más a nuestro pueblo surge entonces una pregunta ¿por qué el gobierno de Menem símbolo de lo anti nacional y anti popular no pago ni la deuda con el organismo internacional ni la deuda con el Club de París?. Justamente, debido a que la deuda con estas instituciones les era funcional para la aplicación de políticas neoliberales que terminaron saqueando la economía argentina.
En resumen, en un contexto de industrialización con creación de puesto de trabajo tanto el pago al Fondo Monetario Internacional como al Club de París es, al igual que lo fue la nacionalización de los ferrocarriles por parte de Perón, una medida nacional y popular.
Muchos sectores del llamado campo nacional y popular y del progresismo argentino expresaron varias criticas a la actitud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de pagar la deuda con el Club de París utilizando reservas del Banco Central de la República Argentina, argumentando principalmente que esta medida es anti popular y anti nacional debido a que esos fondos se podrían haber utilizado para resolver el hambre de nuestro pueblo o utilizado para mejorar la educación y la salud de todos los argentinos. En otras palabras, que el gobierno de Cristina decidió honrar la deuda del sector financiero a costa de la deuda social que mantiene con nuestro pueblo.
La primer aclaración es que la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina imposibilita la utilización de reservas para financiar planes productivos o programas sociales. Por lo tanto, estos recursos utilizados para el pago de la deuda con el Club de París no podría utilizarse para fines sociales ni productivos.
Pero imaginemos por un momento que sí podrían utilizarse. Sin embargo, tampoco las criticas de los autocalificados nacional y popular o del progresismo argentino tendrían validez.
Esta discusión hace acordar a la critica recibidas por Perón cuando nacionalizó los ferrocarriles. Se le decía que era una medida antinacional y antipopular porque utilizaba recursos para comprar ferrocarriles a los inglese que estaban obsoletos y que por lo tanto esa medida era funcional a los intereses del imperio británico.
Ahora bien ¿cuál es el error de ambos análisis, es decir, el de tratar de anti popular y anti nacional a Perón por nacionalizar los ferrocarriles y a Cristina por pagar la deuda al Club de París?. En ambos casos se descontextualiza la medida. Es decir, para saber si una medida es nacional y popular se debe contextualizar.
Cuando Perón decidió nacionalizar el ferrocarril la Argentina comenzaba un fuerte proceso de industrialización que implicaba la creación de puestos de trabajo, la reducción de la pobreza y la indigencia y la distribución del ingreso. Es decir, la compra de los ferrocarriles se insertaba en un contexto de desarrollo económico y social iniciado por el gobierno de Perón. Y en ese contexto se debe analizar la medida.
En otras palabras, no era la nacionalización del ferrocarril para profundizar el modelo agro exportador que beneficiaba exclusivamente a los terratenientes argentinos en detrimento de la mayoría de la población. Este ejemplo muestra que una misma medida en contexto diferentes puede ser caracterizada de distinta manera.
Vayamos al pago del Club de París por parte de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida se produce en un resurgir del proceso de industrialización luego de casi 30 años de neoliberalismos que destruyeron el aparato productivo Argentino junto con una desarticulación social a partir del aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia.
A partir de 2003 la economía argentina inició nuevamente un modelo de valorización productiva con fuerte inclusión social sobre todo verificado a partir de la reducción abrupta de la desocupación.
Este nuevo modelo económico se llevo a cabo a espaldas del Fondo Monetario Internacional que recomendaba nuevamente la aplicación de medidas ortodoxas como lo venia haciendo desde mediados de la década del setenta a partir de la dictadura militar. En efecto, el programa neoliberal que implicó el quiebre de la industria nacional, el aumento de la deuda externa, la fuga de capitales, la concentración del capital y el aumento de la marginación social fue consecuencia de los paquetes económicos “sugeridos” por el organismo internacional a partir de la dictadura militar de 1976.
Por lo tanto, este organismo internacional a partir de la década del ochenta, y utilizando como condicionante el fuerte endeudamiento externo generado durante la dictadura militar, ha intervenido en forma creciente en la aplicación de diferentes políticas económicas funcionales a los sectores dominantes, internos y externos, en detrimento de los sectores medios y populares. Tanto las políticas de ajuste estructural aplicadas por Alfonsín como las políticas del Consenso de Washington establecidas por Menem y De la Rua que fueron impuestas por el Fondo Monetario Internacional implicaron una desarticulación económica y social a favor de los sectores dominantes nacionales y extranjeros.
Por lo tanto, cuando Néstor Kirchner decidió construir un nuevo modelo económico y social caracterizado por la valorización productiva y la inclusión social debió pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional. En este sentido, el pago de la deuda al organismo internacional significó liberarse de una institución que a través de sus exigencias, en sintonía con los grupos dominantes, era un impedimento para el desarrollo social y económico del país.
Sin embargo, era de esperar que el organismo internacional en representación de los intereses de los sectores dominantes no se quedara tranquilo. Y así fue. Presionó para que la reestructuración de la deuda con el Club de París sea monitoreada por el Fondo Monetario Internacional. Pero si esto era así, volvían las presiones por parte del organismo internacional para imponer recetas ortodoxas y de nuevo los planes de ajustes que caracterizaron a la Argentina desde mediados de la década del setenta.
De esta forma, el pago al Club de París vuelve a reafirmar la intención del gobierno de liberarse de esta institución cómplice de la destrucción sistemática de nuestra economía y de nuestra sociedad. En otras palabras, el pago al Club de París reafirma la intención del gobierno de Cristina de profundizar un modelo de valorización productiva con inclusión social iniciado en el 2003; para así de esta forma profundizar el desarrollo económico y social y terminar definitivamente con el hambre de los argentinos.
Si esto no fuera así y el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional y al Club de París fuese una política anti nacional y anti popular para empobrecer más a nuestro pueblo surge entonces una pregunta ¿por qué el gobierno de Menem símbolo de lo anti nacional y anti popular no pago ni la deuda con el organismo internacional ni la deuda con el Club de París?. Justamente, debido a que la deuda con estas instituciones les era funcional para la aplicación de políticas neoliberales que terminaron saqueando la economía argentina.
En resumen, en un contexto de industrialización con creación de puesto de trabajo tanto el pago al Fondo Monetario Internacional como al Club de París es, al igual que lo fue la nacionalización de los ferrocarriles por parte de Perón, una medida nacional y popular.
martes, 2 de septiembre de 2008
LOS DOS MODELOS ECONÓMICOS EN DISPUTA
El estructuralismo latinoamericano:
El estructuralismo latinoamericano, que se consolidó en la década del cincuenta y sesenta a partir de las discusiones mantenidas con la ortodoxia económica representada por el Fondo Monetario Internacional, estuvo fuertemente asociado a la creación de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) en 1948 por las Naciones Unidas.
En efecto, uno de los estructuralistas latinoamericanos más reconocidos fue el primer director de la CEPAL: Raúl Prebisch. Por lo tanto, las tesis estructuralistas estuvieron esencialmente asociadas a los escritos de la CEPAL.
El paradigma estructuralista surgió durante la consolidación de un nuevo modelo económico y social en América Latina que se denominó Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). La industrialización sustitutiva se inició en el continente Latinoamericano a partir de la Gran Depresión de 1929. Esta crisis que comenzó en Estados Unidos, pero que luego se extendió al resto de los países, se tradujo en medidas proteccionistas por parte de los países desarrollados.
Esta política económica de los países desarrollados generaron la crisis del modelo agroexportador que se venía desarrollando en América Latina desde el siglo XIX. Este modelo consistía básicamente en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados y la importación de productos manufacturados desde los países centrales.
Sin embargo, el proteccionismo impuesto por los países desarrollados durante la crisis de 1929 desarticuló la lógica del modelo agroexportador. La imposibilidad de exportar los productos primarios también generaba la incapacidad para importar bienes industriales al no disponer de las divisas necesarias. De esta forma, el modelo agroexportador latinoamericano entró en una crisis que anunciaba la necesidad de construir un nuevo modelo económico y social.
En este contexto, surgió en la región, en algunos países con más fuerza que en otros, la industrialización sustitutiva. Este nuevo modelo económico y social consistió fundamentalmente en la producción de bienes industriales en la región, es decir, sustituir lo que antes se importaba desde los países desarrollados por producción nacional.
Es importante destacar que la primer etapa de la industrialización sustitutiva latinoamericana consistió en reemplazar bienes importados por nacionales al final de la cadena productiva. En otras palabras, inicialmente se sustituyeron manufacturas livianas, como por ejemplo los productos textiles. Esto se denominó la etapa “fácil” de sustitución de importaciones, dejando de lado la producción de bienes de capital e insumos industriales.
De esta forma, durante la Industrialización por Sustitución de Importaciones al mismo tiempo que se reducía el coeficiente de importación en relación con los niveles del modelo agroexportador se producía un cambio en su composición. Efectivamente, se importaba cada vez menos bienes industriales finales pero cada vez más bienes de capital e insumos industriales como aluminio y productos siderúrgicos en general.
Durante la consolidación de este nuevo modelo económico y social en América Latina surgió el paradigma estructuralista. Su aporte fundamental fue la de desarrollar un cuerpo teórico de sustento al nuevo modelo económico al mismo tiempo que planteaba la necesidad de profundizar la industrialización sustitutiva a partir de reformas estructurales para superar algunos problemas que planteaba el nuevo modelo económico.
La idea central del estructuralismo latinoamericano era que el subdesarrollo de la región se debían a factores estructurales. Por lo tanto, los escritos de los estructuralistas le dieron una mayor importancia a los aspectos estructurales en la descripción de las economías de América Latina.
En este sentido, el análisis estructuralistas comenzó con la descripción del papel del comercio internacional como uno de los factores estructurales centrales para entender el subdesarrollo latinoamericano.
El papel del comercio exterior:
La visión estructuralista comienza criticando a la corriente convencional sobre el papel del comercio internacional. Según la teoría neoclásica, basada en la idea de ventajas comparativas de David Ricardo, el libre comercio conduciría a reducir la desigualdad entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
Sin embargo, para la corriente estructuralista la libertad de comercio condujo, en contraposición a lo pensado por la visión ortodoxa, a la consolidación de la división internacional del trabajo, fundada sobre la explotación de ventajas comparativas estáticas, condenando a la región Latinoamericana a una especialización empobreciente basada en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados.
En este sentido, para el paradigma estructuralista, la tradicional división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador era una de las causas centrales para explicar la condición de subdesarrollo de la región latinoamericana.
Dicho de otra forma, el libre comercio que condujo a la región a la especialización en la producción y exportación de bienes primarios era uno de los obstáculos estructurales más importante para el desarrollo de América Latina. Por lo tanto, según los estructuralistas, el libre comercio en lugar de reducir las desigualdades entre las naciones generó que los países desarrollados sean cada vez más desarrollados y las regiones subdesarrolladas sean cada vez más subdesarrolladas, reforzando de esta manera las desigualdades entre los países.
Para demostrar esta tesis el análisis estructuralista desarrolló la teoría centro – periferia. Según el paradigma estructuralista la economía mundial esta compuesta por dos polos: el centro y la periferia.
Por un lado, los países centrales que presentan economías homogéneas y diversificada y donde el sector económico más importante es el industrial. Por otro lado, los países periféricos caracterizados por economía heterogéneas y escasamente diversificadas. Con heterogéneas se refieren a la existencia de una estructura productiva divergente, en la cual se presenta un sector primario – exportador con una elevada productividad junto al resto de la economía sumergida en producciones de subsistencia. Con escasamente diversificada se refieren a la especialización por parte de las economías periféricas en la producción y exportación de productos primarios con pocos efectos de encadenamientos con el resto de los sectores productivos.
De esta forma, según el estructuralismo, la división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador condujo a una doble heterogeneidad estructural que perjudicaba a los países periféricos. Por un lado, a una heterogeneidad a nivel nacional en la estructura económica de los países periféricos. Por otro lado, a una heterogeneidad internacional en la cual los países periféricos se especializaron en la producción de bienes primarios mientras que los países centrales se volcaron hacia el desarrollo de las actividades industriales.
En esta línea se encuentra la teoría estructuralista del deterioro de los términos de intercambio. Según esta teoría en el largo plazo la tradicional división internacional del trabajo que generó un sistema internacional asimétrico se traduce en un mayor distanciamiento de la periferia con respecto a los países centrales, produciendo de esta forma que el libre comercio sea más ventajoso para los países desarrollados.
Para la visión estructuralista este fenómeno se debe fundamentalmente al progreso técnico. En efecto, los avances tecnológicos se producen generalmente en el sector manufacturero. Por lo tanto, si los países desarrollados se especializan en la producción de bienes industriales logran monopolizar los frutos del progreso técnico, generando un deterioro secular de los términos de intercambio en detrimento de los países periféricos especializados en la producción de bienes primarios caracterizada por escasos cambios tecnológicos.
Por lo tanto, la pregunta que surgió para los estructuralistas fue: ¿cómo destruir este sistema internacional que condujo a una especialización empobreciente a los países latinoamericanos?. Para esto la visión estructuralista proponía la industrialización de la región para superar el subdesarrollo latinoamericano.
La función de la industrialización:
Para estos economistas el proceso de industrialización de América Latina debía cumplir una doble función. En primer lugar, reducir el desequilibrio externo con los países centrales. En efecto, la industrialización permitiría reducir la brecha tecnológica con respecto a los países desarrollados que era la base de la diferencia estructural entre el centro y la periferia.
En segundo lugar, el desarrollo del sector manufacturero permitiría reducir los desequilibrios internos al posibilitar mejorar la distribución del ingreso al disminuir la desocupación y con esto la pobreza y la indigencia.
En otras palabras, el proceso de industrialización reduciría la heterogeneidad internacional y nacional que había generado la tradicional división internacional del trabajo. El desarrollo industrial conduciría a consolidar economías con estructuras más diversificadas y homogéneas que permitiría al mismo tiempo reducir la desigualdad existente con los países desarrollados.
Por lo tanto, para la visión estructuralista la única manera para superar el subdesarrollo de los países latinoamericanos era transformar estructuralmente sus economías. Esto es, transformar las economías agroexportadoras en economías industriales.
Pero entonces la otra pregunta que surge es: ¿cómo pueden las economías latinoamericanas experimentar un proceso de industrialización?. Para los estructuralistas este objetivo se lograba básicamente a través de dos fenómenos: una fuerte intervención estatal y la integración regional.
El papel del Estado:
En este punto el estructuralismo latinoamericano se diferenció nuevamente de la visión ortodoxa sustentada en el liberalismo económico. Los estructuralistas poseían una visión positiva del Estado.
En otras palabras, para estos economistas era fundamental la intervención del Estado en la economía. En efecto, el libre juego del mercado condujo a las economías de América Latina hacia el modelo agroexportador que se tradujo en un desequilibrio internacional al alejarnos del nivel de desarrollo de los países centrales y a un desequilibrio interno al consolidarse una economía fuertemente heterogénea.
Por lo tanto, para poder generar una transformación estructural de las economías de la región a partir del proceso de industrialización era fundamental la intervención del Estado. En este sentido, uno de los objetivos centrales del Estado según el paradigma estructuralista era fomentar el proceso de industrialización.
Para estos economistas entonces el Estado debía realizar un conjunto de medidas para direccionar el proceso de industrialización, es decir, promover al desarrollo manufacturero a través de un programa planificado.
De esta forma, las principales funciones del Estado debían ser la de acelerar la acumulación del capital intensificando la sustitución de importaciones a través de diferentes medidas como el proteccionismo; construir la infraestructura necesaria para el proceso de industrialización; orientar los recursos financieros hacia la inversión productiva; estimular la inversión privada y promover el desarrollo tecnológico.
Incluso, para la visión estructuralista la intervención estatal en los países latinoamericanos debía ser más sustancial que en los países desarrollados. Efectivamente, en los países periféricos la fuerte intervención del Estado era fundamental para lograr una transformación estructural de las economía periféricas, objetivo que en los países centrales no era necesario.
Sin embargo, es importante destacar que si bien los estructuralistas latinoamericanos no confiaban en el libre juego del mercado para el desarrollo industrial, consideraban al mismo tiempo importante a los mercados y a la iniciativa privada. Es decir, la visión estructuralista advertía sobre la intervención excesiva del Estado. Por lo tanto, estos economistas aspiraban a una complementariedad entre el sector público y el mercado para orientar el proceso de industrialización de las economías de América Latina.
La integración latinoamericana:
Junto a la intervención del Estado era imprescindible para el desarrollo industrial de la región, según los estructuralistas, la integración latinoamericana. Pues a la incipiente industria de América Latina le resultaría al principio casi imposible competir con el sector manufacturero de los países desarrollados. Por lo tanto, la integración latinoamericana permitiría la ampliación de los mercados para la industria de América Latina.
De esta forma, la integración económica de la región haría viable la utilización de tecnologías que exigen una gran escala de producción por razones de rentabilidad. En otras palabras, la integración de América Latina daría las condiciones necesarias para que el sector manufacturero se transforme definitivamente en el motor del desarrollo de la región.
Por otro lado, para los estructuralistas la conformación de un bloque latinoamericano era fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista estratégico al permitir ofrecer una mayor oposición a los intereses de los países desarrollados.
Ahora bien, hasta aquí hemos desarrollado la posición de los estructuralistas en defensa de proceso de industrialización de América Latina para salir de la trampa del subdesarrollo. Sin embargo, para estos economistas era necesario profundizar los cambios estructurales con el objetivo de superar algunos problemas que se habían presentado durante el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Esta postura los estructuralistas la desarrollaron en su análisis sobre la inflación.
La teoría estructuralista de la inflación:
Todo proceso de crecimiento y desarrollo como la industrialización sustitutiva presenta presiones inflacionarias. El Fondo Monetario Internacional, en representación de la economía ortodoxo, recomendaba reducir la demanda con el objetivo de disminuir el aumento de los precios. Es decir, según el organismo internacional la inflación se debía a un exceso de demanda. Por lo tanto, la única salida para disminuir el aumento generalizado de precios era a través de políticas contractivas que generaran una reducción del crecimiento.
Sin embargo, los estructuralistas latinoamericanos se opusieron a esta teoría monetaristas de la inflación y argumentaron que el aumento generalizado de precios en la región se debía a rigideces estructurales del lado de la oferta.
Según la teoría estructuralista la inflación era el resultado de la interacción de dos componentes:
- Las presiones fundamentales que generaban aumentos de precios y que se debían a rigideces estructurales.
- Los mecanismos de propagación que se encargaban de transmitir el aumento inicial de la inflación al resto de la economías.
Para el paradigma estructuralista era imprescindible atacar a las presiones fundamentales para terminar definitivamente con el problema de la inflación. Es decir, la raíz del problema inflacionario se encontraba en las presiones fundamentales y no en los mecanismos de propagación.
En este sentido, para estos economistas existían dos presiones fundamentales que originaban el aumento en el nivel general de precios: la débil productividad de la agricultura y los desequilibrios en el sector externo.
Con respecto a la débil productividad del sector agrícola se traducía en una reducida oferta de alimentos. Entonces, como la industrialización sustitutiva provocaba una creciente demanda interna de alimentos, la oferta no respondía satisfactoriamente a este aumento. Esto implicaba un incremento de los precios de los bienes agrícolas.
A partir de este momento comenzaba a funcionar los mecanismos de propagación, transfiriendo esta presión inflacionaria al resto de la economía. En efecto, al aumentar los precios de los alimentos se reducía el salario real de los trabajadores, lo cual implicaba una recomposición del salario nominal.
Sin embargo, este incremento de las remuneraciones inducía a un aumento de los costos de producción del sector manufacturero. Por lo tanto, los empresarios, para mantener sus márgenes de ganancia, aumentaban los precios de los bienes industriales.
Ahora bien, para atacar la inflación la solución no era, según los estructuralistas, reducir la demanda, sino más bien eliminar la rigidez estructural que generaba la débil productividad del sector agrícola.
En este sentido, para estos economistas, la principal causa de la rigidez de la oferta agrícola se debía esencialmente a la fuerte concentración en la propiedad de la tierra que generaba la existencia de una clase rentística con escasa propensión a la inversión.
Por lo tanto, para los estructuralistas era necesario para solucionar el problema inflacionario una reforma estructural en el régimen de propiedad de la tierra. Por tal motivo, estos economistas defendían el programa de reforma agraria dividiendo la tierra en pequeños y medianos productores.
Esta medida generaría una producción agrícola intensiva que se traduciría en un mayor nivel de inversión y por lo tanto en un incremento en la producción de alimentos eliminando de esta forma una de las causas estructurales de la inflación.
Con respecto a la segunda presión fundamental que generaba inflación, durante la industrialización sustitutiva existía una tendencia a los estrangulamientos del sector externo.
En efecto, en este modelo económico en las fases expansivas las economías tendían hacia un déficit del sector externo debido a la necesidad creciente de insumos intermedios y de bienes de capital. Pues al sustituirse inicialmente los bienes finales se debía importar los insumos que requería el sector manufacturero y las maquinarias necesarias para producir los productos industriales.
Por lo tanto, en los períodos de crecimiento económico aumentaban fuertemente las importaciones del sector industrial provocando un déficit en la balanza comercial y la necesidad de ajustar dicho estrangulamiento externo. Para corregir este desequilibrio generalmente se recurría a una devaluación de la moneda que generaba inflación. Esta presión inicial luego se transmitían al resto de la economía a través de los mecanismos de propagación.
Pero de nuevo, según los estructuralistas, la solución para la inflación no era reducir la demanda agregada sino más bien introducir cambios estructurales a las economías de la región. Para estos economistas la forma de eliminar esta causa inflacionaria era por medio de la profundización de la Industrialización por Sustitución de Importaciones a través de la industrialización hacia la manufactura pesada. En otras palabras, producir internamente los insumos industriales y los bienes de capital para de esta manera eliminar los estrangulamientos externos.
En resumen, para extinguir el flagelo de la inflación, en contraposición a lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional, el paradigma estructuralista recomendaba dos transformaciones estructurales: la reforma agraria y el proceso de industrialización hacia la manufactura pesada.
En efecto, debido a que el origen de la inflación era estructural, la única manera de eliminarla era superando los cuellos de botella. De esta manera, la forma de eliminar el aumento generalizado de precios era por medio de la profundización del desarrollo económico para superar las rigideces estructurales.
Para estos economistas la reducción de la demanda puede reducir la inflación. Sin embargo, esto lo logra a costa del crecimiento económico y además sin atacar la raíz del problema. Es decir, la reducción de la demanda sólo ataca los factores de propagación pero no las presiones fundamentales que generaba el aumento de los precios. De nuevo, para los estructuralistas la estabilidad de los precios únicamente se puede lograr a partir de un desarrollo económico por medio de cambios estructurales.
La disputa de los dos modelos en la Argentina:
A partir de la resolución 125 que establecía, entre otras cosas, las retenciones móviles a la soja, volvió a la Argentina la disputa entre los dos modelos económicos.
Por un lado, las entidades agrarias que proponían, implícita o explícitamente, el retorno del modelo agroexportador. Es decir, estructurar a la economía argentina como exportadora de productos primarios, lo cual implica la inserción periférica de nuestra economía en el comercio internacional y el liberalismo económico como filosofía para restringir la intervención estatal.
Del otro lado se planteó la necesidad de profundizar el proceso de industrialización a partir de una fuerte intervención del Estado y una integración latinoamericana como vehículo del desarrollo industrial.
Al mismo tiempo, la disputa también se observa en relación al tema de la inflación. En efecto, el incipiente crecimiento del sector manufacturero que se produjo a partir de la fase expansiva post convertibilidad se tradujo en un cierto aumento de los precios.
Nuevamente, la disputa en torno a este problema es si realizamos políticas contractivas para detener el crecimiento de la demanda y de esta forma reducir la inflación o profundizamos el desarrollo económico para eliminar los cuellos de botella que generan el aumento de los precios.
La primer receta es funcional al retorno del modelo agroexportador, pues, al aplicar políticas contractivas y reducir la demanda, disminuye el consumo; lo cual genera un aumento del saldo exportable de productos agrarios – ganaderos al achicarse el mercado interno.
La segunda opción es funcional al proyecto industrialista debido a que para eliminar los cuellos de botella se necesita profundizar el desarrollo industrial al mismo tiempo que destinar cada vez más productos agrarios – ganaderos para abastecer el mercado interno y reducir de esta forma las presiones inflacionarias.
De la correlación de fuerzas depende la imposición de alguno de los dos modelos. Y de la imposición de algunos de los dos modelos depende el futuro del país. O retomamos al modelo agroexportador que nos conducirá nuevamente a una heterogeneidad internacional y nacional o profundizamos el proceso de industrialización para lograr un mayor desarrollo económico y social.
El estructuralismo latinoamericano, que se consolidó en la década del cincuenta y sesenta a partir de las discusiones mantenidas con la ortodoxia económica representada por el Fondo Monetario Internacional, estuvo fuertemente asociado a la creación de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) en 1948 por las Naciones Unidas.
En efecto, uno de los estructuralistas latinoamericanos más reconocidos fue el primer director de la CEPAL: Raúl Prebisch. Por lo tanto, las tesis estructuralistas estuvieron esencialmente asociadas a los escritos de la CEPAL.
El paradigma estructuralista surgió durante la consolidación de un nuevo modelo económico y social en América Latina que se denominó Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). La industrialización sustitutiva se inició en el continente Latinoamericano a partir de la Gran Depresión de 1929. Esta crisis que comenzó en Estados Unidos, pero que luego se extendió al resto de los países, se tradujo en medidas proteccionistas por parte de los países desarrollados.
Esta política económica de los países desarrollados generaron la crisis del modelo agroexportador que se venía desarrollando en América Latina desde el siglo XIX. Este modelo consistía básicamente en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados y la importación de productos manufacturados desde los países centrales.
Sin embargo, el proteccionismo impuesto por los países desarrollados durante la crisis de 1929 desarticuló la lógica del modelo agroexportador. La imposibilidad de exportar los productos primarios también generaba la incapacidad para importar bienes industriales al no disponer de las divisas necesarias. De esta forma, el modelo agroexportador latinoamericano entró en una crisis que anunciaba la necesidad de construir un nuevo modelo económico y social.
En este contexto, surgió en la región, en algunos países con más fuerza que en otros, la industrialización sustitutiva. Este nuevo modelo económico y social consistió fundamentalmente en la producción de bienes industriales en la región, es decir, sustituir lo que antes se importaba desde los países desarrollados por producción nacional.
Es importante destacar que la primer etapa de la industrialización sustitutiva latinoamericana consistió en reemplazar bienes importados por nacionales al final de la cadena productiva. En otras palabras, inicialmente se sustituyeron manufacturas livianas, como por ejemplo los productos textiles. Esto se denominó la etapa “fácil” de sustitución de importaciones, dejando de lado la producción de bienes de capital e insumos industriales.
De esta forma, durante la Industrialización por Sustitución de Importaciones al mismo tiempo que se reducía el coeficiente de importación en relación con los niveles del modelo agroexportador se producía un cambio en su composición. Efectivamente, se importaba cada vez menos bienes industriales finales pero cada vez más bienes de capital e insumos industriales como aluminio y productos siderúrgicos en general.
Durante la consolidación de este nuevo modelo económico y social en América Latina surgió el paradigma estructuralista. Su aporte fundamental fue la de desarrollar un cuerpo teórico de sustento al nuevo modelo económico al mismo tiempo que planteaba la necesidad de profundizar la industrialización sustitutiva a partir de reformas estructurales para superar algunos problemas que planteaba el nuevo modelo económico.
La idea central del estructuralismo latinoamericano era que el subdesarrollo de la región se debían a factores estructurales. Por lo tanto, los escritos de los estructuralistas le dieron una mayor importancia a los aspectos estructurales en la descripción de las economías de América Latina.
En este sentido, el análisis estructuralistas comenzó con la descripción del papel del comercio internacional como uno de los factores estructurales centrales para entender el subdesarrollo latinoamericano.
El papel del comercio exterior:
La visión estructuralista comienza criticando a la corriente convencional sobre el papel del comercio internacional. Según la teoría neoclásica, basada en la idea de ventajas comparativas de David Ricardo, el libre comercio conduciría a reducir la desigualdad entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
Sin embargo, para la corriente estructuralista la libertad de comercio condujo, en contraposición a lo pensado por la visión ortodoxa, a la consolidación de la división internacional del trabajo, fundada sobre la explotación de ventajas comparativas estáticas, condenando a la región Latinoamericana a una especialización empobreciente basada en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados.
En este sentido, para el paradigma estructuralista, la tradicional división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador era una de las causas centrales para explicar la condición de subdesarrollo de la región latinoamericana.
Dicho de otra forma, el libre comercio que condujo a la región a la especialización en la producción y exportación de bienes primarios era uno de los obstáculos estructurales más importante para el desarrollo de América Latina. Por lo tanto, según los estructuralistas, el libre comercio en lugar de reducir las desigualdades entre las naciones generó que los países desarrollados sean cada vez más desarrollados y las regiones subdesarrolladas sean cada vez más subdesarrolladas, reforzando de esta manera las desigualdades entre los países.
Para demostrar esta tesis el análisis estructuralista desarrolló la teoría centro – periferia. Según el paradigma estructuralista la economía mundial esta compuesta por dos polos: el centro y la periferia.
Por un lado, los países centrales que presentan economías homogéneas y diversificada y donde el sector económico más importante es el industrial. Por otro lado, los países periféricos caracterizados por economía heterogéneas y escasamente diversificadas. Con heterogéneas se refieren a la existencia de una estructura productiva divergente, en la cual se presenta un sector primario – exportador con una elevada productividad junto al resto de la economía sumergida en producciones de subsistencia. Con escasamente diversificada se refieren a la especialización por parte de las economías periféricas en la producción y exportación de productos primarios con pocos efectos de encadenamientos con el resto de los sectores productivos.
De esta forma, según el estructuralismo, la división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador condujo a una doble heterogeneidad estructural que perjudicaba a los países periféricos. Por un lado, a una heterogeneidad a nivel nacional en la estructura económica de los países periféricos. Por otro lado, a una heterogeneidad internacional en la cual los países periféricos se especializaron en la producción de bienes primarios mientras que los países centrales se volcaron hacia el desarrollo de las actividades industriales.
En esta línea se encuentra la teoría estructuralista del deterioro de los términos de intercambio. Según esta teoría en el largo plazo la tradicional división internacional del trabajo que generó un sistema internacional asimétrico se traduce en un mayor distanciamiento de la periferia con respecto a los países centrales, produciendo de esta forma que el libre comercio sea más ventajoso para los países desarrollados.
Para la visión estructuralista este fenómeno se debe fundamentalmente al progreso técnico. En efecto, los avances tecnológicos se producen generalmente en el sector manufacturero. Por lo tanto, si los países desarrollados se especializan en la producción de bienes industriales logran monopolizar los frutos del progreso técnico, generando un deterioro secular de los términos de intercambio en detrimento de los países periféricos especializados en la producción de bienes primarios caracterizada por escasos cambios tecnológicos.
Por lo tanto, la pregunta que surgió para los estructuralistas fue: ¿cómo destruir este sistema internacional que condujo a una especialización empobreciente a los países latinoamericanos?. Para esto la visión estructuralista proponía la industrialización de la región para superar el subdesarrollo latinoamericano.
La función de la industrialización:
Para estos economistas el proceso de industrialización de América Latina debía cumplir una doble función. En primer lugar, reducir el desequilibrio externo con los países centrales. En efecto, la industrialización permitiría reducir la brecha tecnológica con respecto a los países desarrollados que era la base de la diferencia estructural entre el centro y la periferia.
En segundo lugar, el desarrollo del sector manufacturero permitiría reducir los desequilibrios internos al posibilitar mejorar la distribución del ingreso al disminuir la desocupación y con esto la pobreza y la indigencia.
En otras palabras, el proceso de industrialización reduciría la heterogeneidad internacional y nacional que había generado la tradicional división internacional del trabajo. El desarrollo industrial conduciría a consolidar economías con estructuras más diversificadas y homogéneas que permitiría al mismo tiempo reducir la desigualdad existente con los países desarrollados.
Por lo tanto, para la visión estructuralista la única manera para superar el subdesarrollo de los países latinoamericanos era transformar estructuralmente sus economías. Esto es, transformar las economías agroexportadoras en economías industriales.
Pero entonces la otra pregunta que surge es: ¿cómo pueden las economías latinoamericanas experimentar un proceso de industrialización?. Para los estructuralistas este objetivo se lograba básicamente a través de dos fenómenos: una fuerte intervención estatal y la integración regional.
El papel del Estado:
En este punto el estructuralismo latinoamericano se diferenció nuevamente de la visión ortodoxa sustentada en el liberalismo económico. Los estructuralistas poseían una visión positiva del Estado.
En otras palabras, para estos economistas era fundamental la intervención del Estado en la economía. En efecto, el libre juego del mercado condujo a las economías de América Latina hacia el modelo agroexportador que se tradujo en un desequilibrio internacional al alejarnos del nivel de desarrollo de los países centrales y a un desequilibrio interno al consolidarse una economía fuertemente heterogénea.
Por lo tanto, para poder generar una transformación estructural de las economías de la región a partir del proceso de industrialización era fundamental la intervención del Estado. En este sentido, uno de los objetivos centrales del Estado según el paradigma estructuralista era fomentar el proceso de industrialización.
Para estos economistas entonces el Estado debía realizar un conjunto de medidas para direccionar el proceso de industrialización, es decir, promover al desarrollo manufacturero a través de un programa planificado.
De esta forma, las principales funciones del Estado debían ser la de acelerar la acumulación del capital intensificando la sustitución de importaciones a través de diferentes medidas como el proteccionismo; construir la infraestructura necesaria para el proceso de industrialización; orientar los recursos financieros hacia la inversión productiva; estimular la inversión privada y promover el desarrollo tecnológico.
Incluso, para la visión estructuralista la intervención estatal en los países latinoamericanos debía ser más sustancial que en los países desarrollados. Efectivamente, en los países periféricos la fuerte intervención del Estado era fundamental para lograr una transformación estructural de las economía periféricas, objetivo que en los países centrales no era necesario.
Sin embargo, es importante destacar que si bien los estructuralistas latinoamericanos no confiaban en el libre juego del mercado para el desarrollo industrial, consideraban al mismo tiempo importante a los mercados y a la iniciativa privada. Es decir, la visión estructuralista advertía sobre la intervención excesiva del Estado. Por lo tanto, estos economistas aspiraban a una complementariedad entre el sector público y el mercado para orientar el proceso de industrialización de las economías de América Latina.
La integración latinoamericana:
Junto a la intervención del Estado era imprescindible para el desarrollo industrial de la región, según los estructuralistas, la integración latinoamericana. Pues a la incipiente industria de América Latina le resultaría al principio casi imposible competir con el sector manufacturero de los países desarrollados. Por lo tanto, la integración latinoamericana permitiría la ampliación de los mercados para la industria de América Latina.
De esta forma, la integración económica de la región haría viable la utilización de tecnologías que exigen una gran escala de producción por razones de rentabilidad. En otras palabras, la integración de América Latina daría las condiciones necesarias para que el sector manufacturero se transforme definitivamente en el motor del desarrollo de la región.
Por otro lado, para los estructuralistas la conformación de un bloque latinoamericano era fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista estratégico al permitir ofrecer una mayor oposición a los intereses de los países desarrollados.
Ahora bien, hasta aquí hemos desarrollado la posición de los estructuralistas en defensa de proceso de industrialización de América Latina para salir de la trampa del subdesarrollo. Sin embargo, para estos economistas era necesario profundizar los cambios estructurales con el objetivo de superar algunos problemas que se habían presentado durante el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Esta postura los estructuralistas la desarrollaron en su análisis sobre la inflación.
La teoría estructuralista de la inflación:
Todo proceso de crecimiento y desarrollo como la industrialización sustitutiva presenta presiones inflacionarias. El Fondo Monetario Internacional, en representación de la economía ortodoxo, recomendaba reducir la demanda con el objetivo de disminuir el aumento de los precios. Es decir, según el organismo internacional la inflación se debía a un exceso de demanda. Por lo tanto, la única salida para disminuir el aumento generalizado de precios era a través de políticas contractivas que generaran una reducción del crecimiento.
Sin embargo, los estructuralistas latinoamericanos se opusieron a esta teoría monetaristas de la inflación y argumentaron que el aumento generalizado de precios en la región se debía a rigideces estructurales del lado de la oferta.
Según la teoría estructuralista la inflación era el resultado de la interacción de dos componentes:
- Las presiones fundamentales que generaban aumentos de precios y que se debían a rigideces estructurales.
- Los mecanismos de propagación que se encargaban de transmitir el aumento inicial de la inflación al resto de la economías.
Para el paradigma estructuralista era imprescindible atacar a las presiones fundamentales para terminar definitivamente con el problema de la inflación. Es decir, la raíz del problema inflacionario se encontraba en las presiones fundamentales y no en los mecanismos de propagación.
En este sentido, para estos economistas existían dos presiones fundamentales que originaban el aumento en el nivel general de precios: la débil productividad de la agricultura y los desequilibrios en el sector externo.
Con respecto a la débil productividad del sector agrícola se traducía en una reducida oferta de alimentos. Entonces, como la industrialización sustitutiva provocaba una creciente demanda interna de alimentos, la oferta no respondía satisfactoriamente a este aumento. Esto implicaba un incremento de los precios de los bienes agrícolas.
A partir de este momento comenzaba a funcionar los mecanismos de propagación, transfiriendo esta presión inflacionaria al resto de la economía. En efecto, al aumentar los precios de los alimentos se reducía el salario real de los trabajadores, lo cual implicaba una recomposición del salario nominal.
Sin embargo, este incremento de las remuneraciones inducía a un aumento de los costos de producción del sector manufacturero. Por lo tanto, los empresarios, para mantener sus márgenes de ganancia, aumentaban los precios de los bienes industriales.
Ahora bien, para atacar la inflación la solución no era, según los estructuralistas, reducir la demanda, sino más bien eliminar la rigidez estructural que generaba la débil productividad del sector agrícola.
En este sentido, para estos economistas, la principal causa de la rigidez de la oferta agrícola se debía esencialmente a la fuerte concentración en la propiedad de la tierra que generaba la existencia de una clase rentística con escasa propensión a la inversión.
Por lo tanto, para los estructuralistas era necesario para solucionar el problema inflacionario una reforma estructural en el régimen de propiedad de la tierra. Por tal motivo, estos economistas defendían el programa de reforma agraria dividiendo la tierra en pequeños y medianos productores.
Esta medida generaría una producción agrícola intensiva que se traduciría en un mayor nivel de inversión y por lo tanto en un incremento en la producción de alimentos eliminando de esta forma una de las causas estructurales de la inflación.
Con respecto a la segunda presión fundamental que generaba inflación, durante la industrialización sustitutiva existía una tendencia a los estrangulamientos del sector externo.
En efecto, en este modelo económico en las fases expansivas las economías tendían hacia un déficit del sector externo debido a la necesidad creciente de insumos intermedios y de bienes de capital. Pues al sustituirse inicialmente los bienes finales se debía importar los insumos que requería el sector manufacturero y las maquinarias necesarias para producir los productos industriales.
Por lo tanto, en los períodos de crecimiento económico aumentaban fuertemente las importaciones del sector industrial provocando un déficit en la balanza comercial y la necesidad de ajustar dicho estrangulamiento externo. Para corregir este desequilibrio generalmente se recurría a una devaluación de la moneda que generaba inflación. Esta presión inicial luego se transmitían al resto de la economía a través de los mecanismos de propagación.
Pero de nuevo, según los estructuralistas, la solución para la inflación no era reducir la demanda agregada sino más bien introducir cambios estructurales a las economías de la región. Para estos economistas la forma de eliminar esta causa inflacionaria era por medio de la profundización de la Industrialización por Sustitución de Importaciones a través de la industrialización hacia la manufactura pesada. En otras palabras, producir internamente los insumos industriales y los bienes de capital para de esta manera eliminar los estrangulamientos externos.
En resumen, para extinguir el flagelo de la inflación, en contraposición a lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional, el paradigma estructuralista recomendaba dos transformaciones estructurales: la reforma agraria y el proceso de industrialización hacia la manufactura pesada.
En efecto, debido a que el origen de la inflación era estructural, la única manera de eliminarla era superando los cuellos de botella. De esta manera, la forma de eliminar el aumento generalizado de precios era por medio de la profundización del desarrollo económico para superar las rigideces estructurales.
Para estos economistas la reducción de la demanda puede reducir la inflación. Sin embargo, esto lo logra a costa del crecimiento económico y además sin atacar la raíz del problema. Es decir, la reducción de la demanda sólo ataca los factores de propagación pero no las presiones fundamentales que generaba el aumento de los precios. De nuevo, para los estructuralistas la estabilidad de los precios únicamente se puede lograr a partir de un desarrollo económico por medio de cambios estructurales.
La disputa de los dos modelos en la Argentina:
A partir de la resolución 125 que establecía, entre otras cosas, las retenciones móviles a la soja, volvió a la Argentina la disputa entre los dos modelos económicos.
Por un lado, las entidades agrarias que proponían, implícita o explícitamente, el retorno del modelo agroexportador. Es decir, estructurar a la economía argentina como exportadora de productos primarios, lo cual implica la inserción periférica de nuestra economía en el comercio internacional y el liberalismo económico como filosofía para restringir la intervención estatal.
Del otro lado se planteó la necesidad de profundizar el proceso de industrialización a partir de una fuerte intervención del Estado y una integración latinoamericana como vehículo del desarrollo industrial.
Al mismo tiempo, la disputa también se observa en relación al tema de la inflación. En efecto, el incipiente crecimiento del sector manufacturero que se produjo a partir de la fase expansiva post convertibilidad se tradujo en un cierto aumento de los precios.
Nuevamente, la disputa en torno a este problema es si realizamos políticas contractivas para detener el crecimiento de la demanda y de esta forma reducir la inflación o profundizamos el desarrollo económico para eliminar los cuellos de botella que generan el aumento de los precios.
La primer receta es funcional al retorno del modelo agroexportador, pues, al aplicar políticas contractivas y reducir la demanda, disminuye el consumo; lo cual genera un aumento del saldo exportable de productos agrarios – ganaderos al achicarse el mercado interno.
La segunda opción es funcional al proyecto industrialista debido a que para eliminar los cuellos de botella se necesita profundizar el desarrollo industrial al mismo tiempo que destinar cada vez más productos agrarios – ganaderos para abastecer el mercado interno y reducir de esta forma las presiones inflacionarias.
De la correlación de fuerzas depende la imposición de alguno de los dos modelos. Y de la imposición de algunos de los dos modelos depende el futuro del país. O retomamos al modelo agroexportador que nos conducirá nuevamente a una heterogeneidad internacional y nacional o profundizamos el proceso de industrialización para lograr un mayor desarrollo económico y social.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)