EL MODELO ECONÓMICO KIRCHNERISTA

Con el kirchnerismos no sólo el sector productivo volvió a ser el centro de la economía argentina, sino además el sector manufacturero fue uno de las actividades económicas que más creció. En efecto, después de la construcción el sector industrial fue la actividad económica que más se expandió durante la etapa kirchnerista.
En este sentido, a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia se consolidó nuevamente un modelo de valorización productiva, siendo la industria uno de los sectores centrales de la economía argentina. De esta forma, con el kirchnerismo se terminó con el modelo de valorización financiera iniciado con la dictadura militar de 1976, donde el sector especulativo – financiero era el eje ordenador de la economía argentina.
Junto con el proceso de reindustrialización, el segundo rasgo fundamental de la etapa kirchnerista es la generación de puestos de trabajo. Esto es, para el paradigma kirchnerista el trabajo se transformó en la política social fundamental.
Por lo tanto, el modelo de valorización productiva, y particularmente el crecimiento del sector manufacturero, se tradujo en una fuerte reducción del desempleo y subempleo, lo cual implicó un disminución abrupta de la pobreza y la indigencia.
También dentro de las políticas sociales centrales de la etapa kirchnerista se encuentra el tema de la previsión social. A partir de la presidencia de Kirchner se produjo aumentos constantes de las jubilaciones.
Asimismo, otro rasgo central de la etapa kirchnerista es el aumento de la solidez de la economía argentina. La consolidación de los superávit gemelos, es decir, tanto el fiscal como el comercial, sumado al aumento de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitieron un mayor grado de autonomía y de solidez de la economía.
Es importante destacar con respecto al superávit fiscal que el mismo se consiguió al mismo tiempo que se aumentaba el gasto público. Es decir, el equilibrio fiscal en la etapa kirchnerista no se logró a partir de un ajuste fiscal permanente, sino que por el contrario la clave fue el aumento constante de la recaudación tributaria, lo cual permitía incrementar el gasto público al mismo tiempo que sostener un superávit en las cuentas públicas.
En este sentido, el superávit fiscal no es una medida ortodoxa en sí misma. Esto más bien depende de la forma en que se consigue. Si el superávit fiscal se logra a partir de una reducción permanente del gasto del Estado estamos entonces ante una medida de carácter ortodoxa. En cambio, si el superávit fiscal se consigue como en la etapa kirchnerista a partir de una mayor recaudación de impuestos permitiendo además incrementar el gasto público estamos entonces en presencia de una medida heterodoxa.
Por otro lado, durante la etapa kirchnerista se produjo una tendencia hacia la mayor progresividad del sistema tributario. El aumento de las retenciones a las exportaciones permitió que se reduzca la participación del IVA en la recaudación total. Por lo tanto, en la actualidad, y a diferencia de la década del noventa, existe un mayor aporte de los sectores de altos ingresos en el sostenimiento del gasto público.
Con respecto a la mayor solidez de la economía argentina debemos sumarle el proceso de desendeudamiento en términos del producto que se produjo durante el kirchnerismo. Esto se debió a la reestructuración exitosa de la deuda pública que implicó una quita de capital e intereses y al pago de la deuda contraída en años anteriores con el Fondo Monetario Internacional.
Este rasgo de la economía permite afrontar con más fortalezas las recurrentes crisis económicas a nivel internacional. En la década del noventa cualquier crisis (México, Rusia, Brasil, los tigres Asiáticos) se traducían en una abrupta crisis económica y social en la Argentina. Esto se debía fundamentalmente a la fuerte dependencia del sistema financiero internacional durante la década del noventa que implicaba un crecimiento permanente de la deuda externa pública, sumado al déficit fiscal y comercial que se experimentaba durante este período.
En la actualidad a partir de la mayor solidez de la economía argentina, la crisis “mundial” desatada en la economía norteamericana y que se trasladó a la mayoría de los países desarrollada no se tradujo en una hecatombe económica y social. En medio de una de las mayores crisis que se produjo en los países centrales la economía argentina esta experimentando solamente un proceso de desaceleración de su producto, pero no una abrupta caída como se producía en la década del noventa.
Es cierto que mayor solidez no significa invulnerabilidad. Las crisis mundiales siguen repercutiendo en nuestra economía. Sin embargo no con el nivel de profundidad que repercutían en la década del noventa.
Por lo tanto es importante profundizar el grado de solidez de la economía argentina para así de esta manera evitar que las crisis mundiales repercutan fuertemente en la economía y la sociedad argentina. Teniendo en cuenta además que las crisis repercuten en mayor medida, por no decir en su totalidad, en los sectores populares de bajos ingresos.
En resumen, los tres rasgos centrales de la economía kirchneristas son: un modelo de valorización productiva donde el sector manufacturero es el centro de la economía argentina siendo la generación de puestos de trabajo y el aumento de las jubilaciones la mayor política social para eliminar la pobreza y la indigencia, sostenido por una mayor solidez de la economía argentina que permite transitar las crisis “mundiales” sin que se traduzca en una hecatombe económica y social.
Estas características estructurales de la economía kirchnerista se sostienen a partir de dos premisas fundamentales. Por un lado, una fuerte intervención del Estado. Este intervensionismo estatal se verifica en dos niveles.
En primer lugar, un aumento sostenido de la inversión pública. En efecto, durante la etapa kirchnerista la inversión publica creció en forma sostenida transformándose en un complemento necesario de la inversión privada. En segundo lugar, el mayor intervensionismo estatal se experimentó en el aumento de la regulación del sector público en la economía privada, como por ejemplo a través de la regulación de los precios.
La segunda premisa fundamental es la integración latinoamericana. En este sentido durante el kirchnerismo se produjeron grandes avances como el fortalecimiento del MERCOSUR, la eliminación total del ALCA, la creación de UNASUR y la aparición del Banco del Sur.
Esta aumento de la integración regional es fundamental en dos sentidos. Por un lado, es importante para profundizar el proceso de industrialización de la economía argentina debido a que las exportaciones de productos fabriles son principalmente dentro del MERCOSUR. Por otro lado, como una medida geopolítica contrarrestando los intereses de los países centrales en nuestras economías. El ejemplo más claro en este punto fue el apoyo al presidente Boliviano Evo Morales ante el intento de golpe de las clases altas bolivianas con ayuda de la embajada norteamericana.
De la profundización de este modelo económico y social depende el futuro de la economía y la sociedad argentina.

POLITICAS OFERTISTAS VS POLÍTICAS DE DEMANDA

Según la ley neoclásica “toda oferta genera su propia demanda”. Es decir, para la escuela neoclásica basada en este ley de Say la economía es motorizada por la oferta y por lo tanto todos los esfuerzos del gobierno deben estar en aumentar la oferta de bienes.
Asimismo, según esta ley es imposible que exista sobreproducción debido a que cualquier aumento de la oferta se traduce automáticamente para los neoclásicos en un incremento proporcional de la demanda. De esta forma, el gobierno debe realizar permanentemente políticas ofertistas sin preocuparse en el incremento de la demanda. Por ejemplo, una política ofertista central es reducir los impuestos a las ganancias de los empresarios para así de esta manera se incrementa la inversión y con esto la oferta de bienes.
Sin embargo, esta lógica condujo a la crisis más profunda del capitalismo. En efecto, la crisis de 1929 fue una crisis de sobreproducción relativa. De sobreproducción porque durante la década del veinte en Estados Unidos se produjo un abrupto crecimiento de la oferta que no fue acompañado por la demanda, lo cual generó un exceso de oferta de mercancías. Y relativa porque no es que la gente no demandaba porque tenia sus necesidades satisfechas, sino más bien debido a que no tenían los ingresos necesarios para hacerlo.
De esta forma, la crisis de 1929 desarticuló la ley de Say mostrando claramente que no toda oferta genera su propia demanda, y que además el capitalismo tiende a producir excesos de oferta, lo cual para los neoclásicos era imposible.
La sobreproducción en el capitalismo se traduce en crisis debido a que genera una caída de precios, es decir, un proceso deflacionario que produce una disminución de la tasa de ganancia de los empresarios con la consiguiente caída de la inversión, aumento del desempleo y reducción de los salarios de los trabajadores.
En este contexto surgió la llamada teoría keynesiana. Según Keynes, a diferencia de los neoclásicos, el motor de la economía es la demanda. Es decir, en vez de que un incremento de la oferta genera un aumento de la demanda, para Keynes es la demanda lo que genera un incremento de la oferta.
En otras palabras, si se incrementa la demanda efectiva el empresario venderá más mercancía y por lo tanto incrementara la inversión y la oferta de mercancía. Por lo tanto, según la lógica keynesiana el gobierno se debe centrar en llevar a cabo políticas de demanda, sobre todo en un contexto de crisis económica.
De esta forma, Keynes recomendaba para salir de la crisis de 1929 un conjunto de políticas económicas que condujeran al crecimiento de la demanda para estimular nuevamente la expansión económica y poder salir de esta manera de la crisis más profunda por la cual había atravesado el capitalismo. Pero además, para Keynes, el encargado de aumentar la demanda es fundamentalmente el Estado actuando como complemento del sector privado.
En Estados Unidos el encargado de aumentar la demanda y permitir a los Norteamericanos comenzar a salir de la crisis fue el New Deal o Nuevo Acuerdo aplicado por Roosevelt en 1933. En Argentina se aplicó el denominado Plan Pinedo en 1933 durante la presidencia de Justo que también implicó un incremento de la demanda.
En la actualidad este debate vuelve al centro de la escena. Con Reagan en Estados Unidos, y asesorado por el economista Laffer, volvieron las políticas ofertistas basadas en la Ley de Say. Justamente, según Laffer, el gran problema que tenía Estados Unidos eran los elevados impuestos, por lo cual el economistas recomendaba reducir el impuesto a las ganancias para así de esta manera el empresario aumentaba la inversión y esto permitiría la reactivación de la economía Norteamericana.
Ronald Reagan redujo efectivamente el impuesto a las ganancias y no sólo que no logró una expansión de la economía de Estados Unidos sino que además generó un desfinanciamiento del Estado y una fuerte concentración del ingreso. Es decir, que la política de Reagan fue enteramente funcional a los sectores dominantes norteamericanos sin lograr además un crecimiento económico.
De nuevo, el problema no era que los empresarios de Estados Unidos no tenía dinero para invertir. No invertían justamente porque no había demanda. Por lo tanto, a pesar de la reducción del impuesto a la ganancia, los empresarios no aumentaron la inversión porque no tenía a quien venderle las mercancías que producían.
En la Argentina el debate entre políticas ofertistas y políticas de demanda también es actual. Cuando el gobierno de la Alianza asumió la presidencia en 1999, la economía argentina estaba atravesando una crisis que se había iniciado a mediados de 1998.
El ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, tenía su propia diagnostico de la crisis. Según el ministro, el gran problema de la economía argentina era el déficit fiscal. En efecto, según Machinea, el déficit del sector público generaba que el Estado nacional debía endeudarse en el sistema financiero local, lo cual se traducía en un aumento de la demanda de crédito y por lo tanto en elevadas tasas de interés.
Justamente, estas elevadas tasas de interés generaban que los empresarios no tomen crédito y por lo tanto no inviertan. Es decir, según Machinea, el problema era un tema de oferta y no de demanda.
Por lo tanto, la solución según el ministro de Economía era eliminar el déficit fiscal para así de esta forma evitar que el Estado nacional compita en el crédito con el sector privado generando de esta manera un disminución de la tasa de interés, un aumento del crédito para los empresarios y un incremento de la inversión permitiendo de esta manera reactivar a la economía argentina.
Con este objetivo el ministro Machinea llevo a cabo dos políticas: un aumento de los impuestos a los asalariados (la tablita de Machinea) y una reducción de las jubilaciones y los salarios del sector público.
De esta forma, según el ministro de economía, aumentaría la recaudación que unido a la reducción del gasto publico permitirían eliminar el déficit fiscal. Sin embargo, la única consecuencia que esto generó fue una reducción de la demanda, lo cual se tradujo en una profundización de la crisis económica.
De nuevo, con la asunción de Cavallo como ministro de Economía de la Alianza el diagnostico fue el mismo. Según el nuevo ministro de Economía el problema de la Argentina era por falta de políticas ofertistas. Para lo cual Cavallo lanzó los planes de competitividad que consistían en una reducción de los impuesto a los empresarios. Al igual que en el gobierno de Reagan, no sólo no generó un crecimiento de la economía sino que además se tradujo en un desfinanciamiento del Estado.
Estas políticas nos condujeron a la peor crisis de la economía argentina en el 2001 que implicó la salida anticipada del gobierno de la Alianza. En efecto, el problema de la economía argentina no era la oferta sino que lo que no crecía era la demanda lo cual profundizaba la crisis económica y social.
En la actualidad, ante los “coletazos” de la crisis “mundial” el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en contraposición a lo realizado durante el gobierno de la Alianza, implementa un conjunto de políticas de demanda con el objetivo de evitar la desaceleración de la economía argentina.
El actual gobierno reduce los impuestos a los asalariados con la eliminación de la tablita de Machinea, y no a los empresarios, y lleva a cabo una política de crédito “blando” para alentar al consumo. Junto con esto, en lugar de reducir el gasto público, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó un plan estratégico de obras públicas y realizó un pago extraordinario para los jubilados.
Sólo el crecimiento de la demanda podrán evitar un mayor contagio de la crisis internacional. Por lo tanto, sólo las políticas de demanda, como las que esta aplicando el gobierno, son las mediadas adecuadas para evitar un mayor derrame de la crisis “mundial” a nuestra economía.

¿UN PLAN B PARA AFRONTAR LA CRISIS “MUNDIAL”?

La primer cuestión que debe analizarse es la misma idea de crisis mundial. Esto es, periodistas, intelectuales y políticos denominan a la actual crisis desatada en Estados Unidos como mundial. Sin embargo, detrás de la idea de que estamos atravesando una crisis mundial se esconde implícita o explícitamente un preconcepto.

En efecto, cuando en un país o región periférica se desata una crisis nunca se la denomina como mundial. Por ejemplo, la crisis de la deuda iniciada en 1982 cuando México declaró en forma unilateral el default de su deuda externa y que terminó arrasando a toda la región latinoamericana nadie la denomino como crisis mundial. Por el contrario, se la conoce como la crisis de la deuda de los países latinoamericanos.

En la actualidad, la crisis se desató en Estados Unidos afectando en forma inmediata, debido a su fuerte relación comercial y financiera, a los países europeos. Es decir, la crisis se inició en los países centrales. Tanto Estados Unidos, como España y Alemania, confirmaron que en estos últimos trimestres sus economías entraron en recesión. En cambio, las economías latinoamericanas en general y la economía argentina en particular, si bien presentan síntomas de desaceleración en sus respectivos crecimientos, siguen creciendo a pesar de la recesión de los países centrales. Pero más allá de esta evolución favorable de gran parte de las economías de América Latina la mayor parte de los analistas denominan a la crisis actual como mundial.

¿Cuál es entonces el preconcepto que se encuentra detrás de esta idea? Que las crisis de los países periféricos no se derraman hacia los países centrales y por lo tanto no se pueden denominar como crisis mundial, pero que las crisis desatadas en los países del centro se contagian automáticamente a todo el mundo. Sin embargo, ninguna de las dos ideas es cierta.

Por ejemplo, la crisis de la deuda a partir del default mexicano no se traslado a los países centrales por la rápida acción del FMI. Efectivamente, el organismo internacional a partir de la crisis de la deuda comenzó a actuar como intermediario entre los acreedores externos y los países endeudados, prestándoles dinero a cambio de los paquetes económicos impuestos por el FMI. El objetivo principal del organismo internacional en representación de los países centrales fue que las economías periféricas endeudadas pagaran los compromisos contraídos en los años anteriores. 

¿Qué hubiera pasado si detrás de México, Brasil, Argentina y otras economía periféricas hubieran declarado el default de su deuda externa? En otras palabras, ¿qué hubiera sucedido si el FMI no hubiera actuado rápidamente para garantizar el cumplimiento en el pago de la deuda por parte de las economía periféricas? 

La respuesta es sencilla: se hubiera producido una crisis en el sistema financiero internacional lo cual hubiera generado que la crisis de la deuda se trasladara inmediatamente a los países centrales. Por lo tanto, una primera conclusión que se puede extraer es que no es cierto que las crisis generadas en la periferia no se trasladan al centro, sino que la rápida acción de los países centrales es lo que evita el contagio de las crisis.

Esta conclusión nos permite analizar el otro punto: que las crisis desatadas en el centro se trasladan en forma automática a la periferia. Esta idea de inevitabilidad del contagio deriva en una conclusión: los países periféricos no pueden hacer nada para evitar el contagio de las crisis de los países centrales.

Por eso ante esta incertidumbre lo que debemos tener en claro es que esto es una crisis de los países centrales pero no es una crisis mundial debido a que gran parte de las economías latinoamericanas, entre otras, siguen creciendo. Por otro lado, no es inevitable que las crisis del centro se trasladen en forma automática a los países periféricos.

El contagio o no de la crisis del centro a los países periféricos dependerá de los que realicen nuestros gobiernos para evitar el contagio. Así como los gobiernos de los países centrales actuaron rápidamente en la crisis de la deuda para evitar el contagio, en la actualidad los gobierno de los países latinoamericanos deben actuar con la misma rapidez para evitar el traslado de la crisis de los países centrales a nuestras economías.

Pero entonces surge una pregunta central ¿qué deben hacer los gobiernos de los países latinoamericanos en general y de la Argentina en particular para evitar el contagio de la crisis de los países centrales?

El crecimiento del producto depende del aumento de la demanda. A su vez, la demanda puede ser externa y/o interna. Ante la crisis de las economías centrales es inevitable que la demanda externa se contraiga. Por lo tanto, la única forma de evitar el contagio es haciendo crecer la demanda interna.

Por otro lado, es esperable que en un contexto de incertidumbre no sea el sector privado el que motorice el aumento de la demanda interna. Por lo tanto, debe ser el aumento de la inversión pública lo que debe permitir aumentar la demanda interna para sostener el crecimiento económico. De nuevo, el papel del Estado es central para evitar el contagio de la crisis del centro en nuestras economías.

En este sentido, la Argentina no necesita un Plan B para seguir creciendo. Lo que necesita la economía argentina es profundizar el Plan A iniciado en el 2003 con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, donde la intervención del Estado se transformó nuevamente en uno de los pilares centrales para el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo.

De esta forma, el fin de las AFJP es una medida central que permitirá la utilización de esos recursos no para la especulación financiera que no genera incremento de la demanda sino más bien para direccionar esa masa dineraria hacia la inversión productiva y la inversión pública para así de esta manera posibilitar el crecimiento de la demanda interna y permitir que la crisis de los países centrales no se transforme en una crisis mundial. 

EL FIN DE LAS AFJP ¿EL PRIMER CAMBIO ESTRUCTURAL KIRCHNERISTA?

Con la finalización de las AFJP y el retorno al sistema jubilatorio de reparto un grupo de economistas de izquierda, encabezados por el diputado Claudio Lozano, esgrimieron que no sólo están de acuerdo con la medida tomada por la presidenta Cristina de Kirchner sino que además consideran que este fue el primer cambio estructural que se produjo en la economía argentina desde la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia el 25 de mayo de 2003.
Esto significa, por lo tanto, que los restantes cambios que se produjeron en la era kirchnerista, según estos economistas, fueron simplemente “maquillajes” del modelo económico existente durante la década del noventa.
En este sentido, cuando se analiza la lógica y característica de un modelo económico para entender su composición estructural es fundamental comprender hacia donde se dirige el excedente económico generado en esa economía.
Los fisiócratas, que era una escuela económica francesa que existió desde mediados del siglo XVIII a fines del siglo XVIII, introdujeron el concepto de producto neto que era la diferencia entre el valor de la producción final y el valor de la inversión inicial. Es decir, el concepto de producto neto es el concepto de excedente generado por una economía.
Según esta escuela francesa la única actividad capaz de generar producto neto, esto es, excedente, era la agricultura. Por lo tanto, si Francia quería convertirse en un país más rico tenía que lograr que todo el excedente generado por la economía Francesa debía volcarse a la agricultura.
Con este objetivo los fisiócratas recomendaban el liberalismo económico como política de crecimiento, debido a que si se dejaba funcionar libremente al mercado la riqueza de Francia iría en forma automática al sector agrario, lo cual generaría un incremento de la inversión agraria y de esta forma un aumento del producto neto; permitiendo que Francia sea un país más desarrollado.
Fueron Adam Smith y David Ricardo los primeros economistas en darse cuenta que para lograr un crecimiento sostenido de la economía el excedente tiene que ser volcado hacia el sector industrial.
Por ejemplo, David Ricardo se enfrentó drásticamente al sostenimiento de la ley de grano que existía en Inglaterra debido a que protegía la importación de productos agropecuario, protegiendo de esta manera el negocio de los terratenientes. Por lo tanto, según el economista, si la ley de grano continuaba el excedente de Inglaterra se destinaría en gran parte al sector agrario.
En cambio, con la eliminación de la ley de grano se permitiría la importación de productos agropecuarios a un precio más barato, lo cual permitiría reducir los costos industriales provocando de esta manera que el excedente de Inglaterra se volcara en forma masiva al sector manufacturero. En 1946 se elimina la ley de grano e Inglaterra se transformó definitivamente en la potencia industrial a nivel mundial.
En la actualidad algunos economistas comenzaron a diferenciar entre el concepto de crecimiento y desarrollo. Según estos economistas, crecimiento es el aumento del producto bruto interno y desarrollo económico incluye al crecimiento económico pero es más abarcativo.
En efecto, para que exista desarrollo tiene que verificarse, por ejemplo, un proceso de distribución del ingreso. Pero también, según estos economistas, para que se experimente un desarrollo debe producirse un cambio sustancial en su estructura económica. En otras palabras, el desarrollo implica un cambio estructural de la economía, lo cual significa pasar de una economía agraria a una economía industrial.
Por lo tanto, según estos autores, el proceso de industrialización es una cambio estructural necesario para transitar el camino del desarrollo económico. De esta forma, un cambio estructural requiere que la mayor parte del excedente de la economía se vuelque al sector manufacturero.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003, la economía argentina venía experimentando un modelo de valorización financiera, donde la mayor parte del excedente de la economía argentina se destinaba al sector especulativo –financiero y donde la renta financiera era el centro de la economía argentina.
Este modelo de valorización financiera fue instaurado durante la dictadura militar de 1976 cuando Martinez de Hoz, ministro de economía, introdujo la reforma financiera en 1977. A partir de dicha reforma el sector financiero se transformó en el ordenador de la economía argentina. Es decir, el excedente de la economía argentina comenzó a volcarse masivamente al sector financiero – especulativo.
Este modelo rentístico – financiero fue legitimado por Alfonsín y profundizado por Menem y De La Rua con la Convertibilidad. Justamente la creación de las AFJP en 1994 durante el gobierno de Menem respondía a la consolidación y profundización de la valorización financiera como lógica de funcionamiento de la economía argentina. Efectivamente, la creación de las AFJP permitía destinar una cantidad de recursos importantes para la obtención de rentas financiera.
Las consecuencias del modelo de valorización financiera impuesto por el Fondo Monetario Internacional fue no sólo el aumento de la deuda externa y la fuga de capitales sino además un fuerte proceso de desindustrialización de la economía argentina con el consiguiente incremento de la desocupación y la pobreza.
A partir del kirchnerismo el sector productor se transformó nuevamente en el centro de la economía argentina. Pero además uno de los sectores que más creció durante la era kirchnerista después de la construcción fue el sector manufacturero.
Por lo tanto, a partir del gobierno de Kirchner se cambio de un modelo de valorización financiera a un modelo de valorización productiva. En otras palabras, a partir del crecimiento económico experimentado durante la era kirchnerista el excedente de la economía argentina volvió a destinares a los sectores productores de bienes, fundamentalmente el industrial, y no en el sector financiero – especulativo.
En este sentido, la instauración de un modelo de valorización productiva, que se tradujo en una abrupta reducción de desempleo y pobreza, fue el primer y más profundo cambio estructural del gobierno de Kirchner.
De esta manera, el fin de las AFJP sólo se puede entender en este nuevo contexto de la economía argentina. Así como la consolidación del modelo de valorización financiera requirió de la creación de las AFJP, la profundización del modelo de valorización productiva requiere del fin de las mismas.
Por lo tanto, terminar con las AFJP no fue el primer cambio estructural de la era kirchnerista. El fin de las AFJP fue otro cambio estructural dentro del principal cambio estructural del gobierno de Kirchner: la creación de un modelo de valorización productiva en el cual el excedente de la economía argentina comenzó a destinarse a la producción de bienes y particularmente productos industriales.

EL FIN DE LAS AFJP

Cuando Martinez de Hoz instauró durante la dictadura militar de 1976 el modelo de valorización financiera tenía una cosa en claro: si el Estado no distribuye el ingreso es el mercado el que lo hace.

Para la conformación del modelo rentístico financiero era fundamental el debilitamiento del Estado. Durante la dictadura militar el crecimiento de la deuda externa cumplió dos papeles centrales para la consolidación de la valorización financiera. Por un lado, la deuda pública externa actuó como condicionante estructural para la intervención del Estado en la economía. Incluso, gran parte de las políticas públicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional que implicaron el debilitamiento del Estado eran a cambio de un financiamiento de la deuda externa contraía por el Estado Nacional.

Por otro lado, el endeudamiento externo fue el motor de la valorización financiera por parte de los sectores dominantes. La “bicicleta financiera” que se instauró durante la dictadura militar consistía en que los grupos económicos locales, nacionales y extranjeros, se endeudaran en el sistema financiero internacional a una tasa de interés reducida y después lo colocaban en el sistema financiero local a una tasa de interés elevada, lo cual les permitía obtener una renta financiera que luego era fugada al extranjero.

En este sentido, el modelo de valorización financiera fue motorizado durante la dictadura militar por la deuda externa privada. Es importante destacar que en 1982 Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la República Argentina estatizó la deuda externa privada. En otras palabras, socializó los costos de la “bicicleta financiera” pero dejo en manos de los grupos económicos la renta financiera que habían fugado al extranjero.

Este nuevo modelo económico instaurado por la dictadura militar tuvo por lo tanto como resultado un abrupto crecimiento de la deuda externa que pasó de aproximadamente 8.000 a 46.000 millones de dólares entre 1976 y 1983, siendo la deuda externa pública la de mayor envergadura como consecuencia de la estatización de la deuda externa privada.

A partir del retorno a la democracia el endeudamiento público se transformó en el principal condicionante del Estado para aplicar políticas de carácter autónomas y para poder intervenir en la economía. Es decir, los sectores dominantes de la Argentina eran de esta forma los que regulaban la economía e imponían sus políticas económicas al Estado, siendo el Fondo Monetario Internacional su principal organismo de presión.

Esta característica de la economía argentina post dictadura se vislumbró claramente con el gobierno de Menem. En la década del noventa el organismo internacional impuso a los distintos países subdesarrollados el denominado Consenso de Washington. Este consenso significaba la profundización de las políticas neoliberales, las cuales permitieron la consolidación del modelo de valorización financiera.

Las políticas “recomendadas” por el Fondo Monetario Internacional y aplicadas por el gobierno de Menem implicaban entre otras cosas la privatización de los servicios públicos, la desregulación de los mercados, la apertura comercial y la flexibilización del mercado de trabajo.

Es importante destacar que las consecuencias de este modelo económico instaurado por la dictadura militar y profundizado por los gobierno democráticos entre 1983 y el 2003 implicaron entre otras consecuencias la desindustrialización de la economía argentina, el aumento de la deuda externa y la fuga de capitales, la extranjerización de la economía, la concentración del capital y la marginación social a partir del crecimiento de la desocupación, pobreza, indigencia y de la concentración del ingreso.

En este contexto la creación de las AFJP fue una de las transformaciones centrales para la consolidación de la valorización financiera como eje ordenador de la economía argentina por varios motivos.

La creación de las AFJP tuvo como resultado principal el abrupto crecimiento de la deuda pública. Efectivamente, al crearse las AFJP gran cantidad de los aportantes pasaron al régimen de capitalización desfinanciando de esta manera al régimen estatal. Es decir, el régimen de reparto siguió pagando a los jubilados pero sin recibir el financiamiento necesario para hacer frente a estas erogaciones.

El régimen estatal previsional funciona de la siguiente manera: los trabajadores activos financian a los jubilados con sus aportes, lo cual se denomina solidaridad intrageneracional. Sin embargo, a partir de la creación de las AFJP este sistema quedó desequilibrado debido a la perdida de una gran cantidad de aportantes al mismo tiempo que se mantenía el pago de las jubilaciones.

Este desequilibrio fue cubierto con gasto público lo cual generó un fuerte déficit fiscal durante el modelo de Convertibilidad. Al mismo tiempo este déficit fiscal fue financiado a través del endeudamiento público.

Por otro lado parte del endeudamiento público fue interno. Esto es, el Estado financió su desequilibrio fiscal en el sistema financiero local, lo cual provocó un aumento del crédito interno y el consiguiente incremento de la tasa de interés interna.

A partir del aumento de la tasa de interés local, al igual que en la dictadura militar, se inició nuevamente la valorización financiera. En efecto, como la tasa de interés interna se ubicó por arriba de la tasa de interés internacional los sectores dominantes comenzaron a endeudarse nuevamente en el extranjero para colocar esa masa dineraria en el sistema financiero interno a una tasa de interés mayor. Luego esa renta financiera la fugaban al extranjero. Este modelo rentístico financiero además era garantizado por la Convertibilidad al asegurarles un tipo de cambio fijo entre el dólar y la moneda nacional.

Junto con esto la creación de las AFJP implicó una transferencia fenomenal de recursos a los bancos para que participaran activamente de este modelo de valorización financiera y obtuvieran de esta manera no sólo fuerte ganancias en términos de comisiones sino también a partir de obtener grandes beneficios en la especulación financiera.

En resumen, la creación de las AFJP significó una de las transformaciones estructurales más importante en la consolidación del régimen rentístico financiero que implicó la marginación creciente de individuos a favor de los sectores dominantes nacionales y extranjeros.

De esta forma, la estatización de las AFJP, al igual que el pago al Fondo Monetario Internacional, significa un paso más de los que se dieron a partir del 25 de mayo de 2003 para la consolidación de un nuevo modelo de valorización productiva con inclusión social y distribución del ingreso.

El gobierno de Cristina de Kirchner con esta medida demuestra una vez más que en lugar de optar por la derechización de sus medidas a partir de la resolución 125 profundiza el modelo iniciado por Néstor Kirchner, siendo la intervención del Estado para la distribución del ingreso y la regulación de la economía uno de los pilares centrales.

NUEVO LOCKOUT PATRONAL DE LAS ENTIDADES AGRARIAS: disputa de dos modelos económicos

Ante una nueva ofensiva de las entidades patronales del campo surgen algunas preguntas interesantes. En primer lugar ¿el nuevo lockout patronal se debe a la desaparición de la rentabilidad debido a la caída del precio internacional de las materias primas como consecuencia de la crisis mundial?. La respuesta es no. Es cierto que se produjo una caída en el precio de las materias primas, fundamentalmente de la soja. Sin embargo, el precio internacional sigue siendo en términos históricos elevados.

El precio internacional de las materias primas se encontraba sumamente elevado por dos causas centrales. Por un lado, el aumento de la demanda como resultado del crecimiento de Asia fundamentalmente China y la India. Por otro lado, debido a causas especulativas, esto es, enormes masas dinerarias que estaban dando vuelta por el mundo se volcaron a la especulación de las materias primas con el objetivo de obtener una rentabilidad en el corto plazo.

Con la crisis económica desatada en Estados Unidos y que pone en duda la misma globalización financiera despareció una de las causas que generaron el aumento internacional del precio de las materias primas, es decir, la causa especulativa. Sin embargo, todavía perdura la otra causa debido a que el crecimiento de China y la India todavía no se detuvo y esto implica que la demanda de productos agrarios a nivel mundial siga siendo sumamente alto. Por lo tanto, si bien el precio de la soja, maíz y trigo se redujo, todavía siguen siendo elevado en comparación a otros períodos históricos, y principalmente en comparación a la década del noventa. Por lo tanto, la rentabilidad del “campo” sigue siendo alta.

Entonces surge la segunda pregunta ¿por qué las entidades agrarias retoman la ofensiva contra el gobierno? La respuesta es que van por el modelo económico. En efecto, el conflicto agrario denota la disputa de dos modelos económicos que en algún aspecto son contradictorios. Ahora entonces la tercera pregunta importante es ¿cuáles son esos dos modelos en disputa?

Para explicar esto es necesarios introducir un concepto central en este debate: el saldo exportable. Esto es, de la producción interna el monto destinado a las exportaciones. Este saldo exportable depende del nivel de producción y del consumo interno. Ahora bien, en el corto plazo el aumento del saldo exportable depende casi con exclusividad del consumo interno. En otras palabras, cuanto mayor es el consumo interno menor es el saldo exportable y viceversa. 

¿Qué le conviene a las entidades agrarias? Efectivamente, que el saldo exportable sea lo mas grande posible así de esta manera poder exportar la mayor cantidad de bienes y obtener la mayor rentabilidad posible. De esta forma, para las entidades agrarias el consumo interno se transforma en un problema.

Por tales causas, los terratenientes dueños de las tierras históricamente en la Argentina se opusieron a todo intento de industrialización de la economía argentina. Esto se debe a que la industria genera puestos de trabajo, los puestos de trabajo generan que la gente tenga plata y esto produce que el consumo interno aumente y al incrementarse el consumo interno se reduce el saldo exportable.

¿Qué significa entonces esto? Que todo intento de industrialización es contraproducente para los dueños y productores del campo al atentar contra su renta extraordinaria al tener que destinar una producción creciente al mercado interno. Por lo tanto, para las entidades agrarias el desempleo, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso son funcionales a sus propios intereses debido a que restringen el consumo popular y esto aumenta el saldo exportable e incrementa de esta forma su rentabilidad.

Con el gobierno de Kirchner en el 2003 se inició en la Argentina un nuevo modelo económico caracterizado por la valorización productiva donde el sector manufacturero se volvió a transforma en uno de los sectores económico centrales y donde la creación de puestos de trabajo se transformó en el centro de la política social. Este nuevo modelo económico se sustenta en dos premisas fundamentales: por un lado, una fuerte intervención del Estado para regular la economía y favorecer de esta manera el proceso de reindustrialización y, por otro lado, una política de integración latinoamericana.

Este modelo sin embargo es contraproducente para las entidades agrarias. En efecto, este modelo económico instaurado por el gobierno de Kirchner significó el aumento del consumo de los sectores populares, lo cual generó una reducción del saldo exportable de materia prima al tener que destinar una producción creciente de productos al mercado interno para el consumo de los argentinos.

De esta forma surge otra pregunta ¿qué modelo económico prefieren entonces las entidades agrarias? En este sentido, la historia argentina es demostrativa de los intereses de los terratenientes. El modelo agroexportador que se desarrolló en la Argentina entre 1880 – 1930 se estructuró alrededor de las exportaciones de productos primarios a los países del centro y la importación de productos industriales. Durante este modelo los dueños de las tierras se oponían a todo intento de industrialización de la economía argentina debido a que atentaba contra la renta extraordinaria obtenida por los dueños de la tierra al aumentar el consumo interno y reducir de esta forma el saldo exportable.

Hoy las entidades agrarias añoran ese modelo. ¿Cuál sería el país ideal para los dueños de la tierra? Simple: un país sin industria, con desempleo y pobreza, lo cual implicaría un incremento abrupto del saldo exportable al reducirse el consumo de los sectores populares, todo lo cual generaría un aumento aun mayor de su renta extraordinaria.

En la actualidad estos son los dos modelos económicos en disputa. De la correlación de fuerza depende que algunos de los dos modelos se impongan. Entones surge la última pregunta ¿de qué lado estas?

LA CRISIS MUNDIAL Y LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

La crisis iniciada en el 2007 en los Estados Unidos se enmarca en el contexto de la globalización financiera iniciada en la década del setenta como correlato de las políticas neoliberales.
En efecto, en los años setenta el sistema financiero internacional pasó de la escasez de dólares que había caracterizado al sistema capitalista durante el período de posguerra a una abundancia de dólares como consecuencia de los déficit comerciales y la salida de capitales de los Estados Unidos.
Por un lado, el déficit comercial norteamericano se debió fundamentalmente a la perdida de competitividad de la economía de los Estados Unidos con respecto a las economías europeas y la japonesa y en menor medida frente al avance en la industrialización de algunos países periféricos, sobre todo los denominados tigres asiáticos como Corea del Sur y China.
Por otro lado, la salida de capitales de los Estados Unidos fue producto de las inversiones llevadas a cabo por las corporaciones norteamericanas en el exterior. A lo cual le debemos agregar que gran parte de las ganancias generadas por estas inversiones no retornaron a los Estados Unidos, sino más bien permanecieron en el mercado financiero internacional.
Otro factor que generó un incremento de la liquidez mundial y que por lo tanto constituyó un fuerte estimulo para el desarrollo del capital financiero fue el aumento de los precios del petróleo. Los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidieron a partir de 1973 incrementar el precio del insumo.
Esto provocó una gran afluencia de dólares hacia los países productores de petróleo pero que sin embargo al ser en su gran mayoría economías subdesarrolladas no tenían la capacidad de absorberlos en el corto plazo. De esta forma, estos países comenzaron a depositar gran parte de esta masa dineraria en los distintos bancos extranjeros de los países desarrollados dando origen a los denominados petrodólares.
En este contexto de abundancia de dólares en el sistema financiero internacional, en marzo de 1973 se abandonó definitivamente los tipos de cambios fijos para adoptar los tipos de cambios flexibles, desapareciendo de esta manera los acuerdo de Bretton Woods que habían caracterizado a la economía capitalista luego de la Segunda Guerra Mundial.
Todo esto condujo a la inestabilidad permanente de los tipos de cambio generando un contexto de incertidumbre en el cual la especulación cambiaria se transformó en uno de los rasgos estructurales de la nueva etapa del capitalismo.
También se eliminaron las distintas regulaciones del mundo financiero internacional que existían en las economías de posguerra y se liberalizó de esta manera la acción de los operadores financieros, sobre todo a partir de la apertura de los países desarrollados a los movimiento de capital de corto plazo. Es decir, mientras que el escenario de tipo de cambio flexible dio lugar a generosas oportunidades para la especulación cambiaria, la liberalización y desregulación financiera permitió el estimulo al capital financiero en general.
En resumen, el poder financiero aprovechó la crisis del sistema monetario internacional de comienzos de los años setenta y la abundancia de liquidez para presionar y lograr que los distintos gobiernos apliquen la liberalización del mercado financiero. Es así como en tres décadas el capital mutó de un sistema monetario con controles cambiarios y de movimiento de capital, a un mercado en el cual el capital financiero opera con total libertad y en el cual las empresas que llevan a cabo las distintas operaciones financieras son las que obtienen la mayor tasa de ganancia.
Ahora bien, una de las características más sobresaliente de la actual globalización financiera es que se encuentra marcada por una serie de shocks y crisis financieras que se fueron incrementando a medida que la mundialización financiera avanzaba.
Esta multiplicidad de shocks financieros demuestra la “fragilidad financiera” y el “riesgo sistémico” existente en esta nueva configuración del capitalismo conocida como globalización. En otras palabras, la globalización financiera se caracteriza por una fragilidad sistémica que se explicita en las sucesivas crisis financieras que azotan en estas últimas décadas a la economía mundial.
En este contexto se produjo en el 2007 la crisis originada por las hipotecas subprime que ha desencadenado una tormenta que algunos se atreven a comparar con la Depresión de 1929. Esta crisis comenzó en 1998 cuando se aplicó una innovación financiera que terminó con los monopolios de los bancos en la concesión de préstamos hipotecarios para adquirir propiedades inmobiliarias. La innovación consistió en abrir el negocio a todo tipo de inversiones externas e internas que, a través de la Bolsa de Valores, financiaban con su dinero nuevos préstamos hipotecarios. Es decir, un nuevo negocio para el capital financiero internacional.
Esto provocó una nueva burbuja financiera que explotó en el 2007 conduciendo a una nueva crisis mundial. Pues al incrementarse la cantidad de inversiones especulativas en los prestamos hipotecarios se produjo un crecimiento de las inversiones cada vez más riesgosas. Esta crisis que comenzó en el sistema financiero se traslada a la economía real de Estados Unidos al reducirse el crédito, lo cual genera una contracción en el nivel de producción y un aumento de la desocupación.
En esta situación la pregunta central que surge es ¿cómo repercutirá esta nueva crisis mundial en la economía Argentina?. El primer dato llamativo es que mientras que la crisis se inició en el 2007 la economía argentina sigue en un sendero de crecimiento económico. De esta forma la pregunta inmediata es ¿por qué la economía argentina frente a una crisis mundial sigue creciendo?.
Las crisis se propagan al resto de los países básicamente por dos vías: por el sistema financiero internacional y/o por el comercio exterior. Con respecto a la primer vía la economía argentina se encuentra prácticamente inmune. En efecto, a partir del default declarado después de la caída del régimen convertible el sistema financiero internacional se cerró para la economía argentina, lo cual significa que el crecimiento económico iniciado a partir de mediados del 2002 se produjo con ahorro interno. Este fenómeno genera una menor dependencia de la economía nacional ante los vaivenes de la economía internacional.
Por lo tanto, la posibilidad de contagio se puede llegar a producir por vía del comercio exterior. Esto significa que la única posibilidad que la crisis mundial se traslade a la economía argentina es que ante la propagación de la crisis a la economía real se produzca una caída de la demanda de los productos exportados por la Argentina generando una reducción de los precios internacionales. Esto se traduciría en un menor nivel de exportación y por lo tanto en una reducción del superávit comercial. Por otro lado, al caer las exportaciones también se produciría una caída de la recaudación tributaria vía reducción de las retenciones.
Sin embargo, es importante destacar dos cosas. Primero, para que estos suceda la crisis tendría que transformarse en una gran depresión de largo plazo. Segundo, si esto sucede la economía argentina se encuentra en buenas condiciones para afrontarla debido a las altas reservas que posee el Banco Central, el proceso de desendeudamiento que se inició a partir de 2003 (medido en porcentaje del PBI y de las exportaciones) y por los superávit fiscal pasados. De esta forma, si la crisis mundial no se traduce en una gran depresión lo máximo que podría sucederle a la economía argentina es una desaceleración de su ritmo de crecimiento.
También surge una segunda pregunta interesante ¿qué hubiera pasado si esta crisis se hubiera desatado durante el modelo de Convertibilidad?. Esta respuesta se puede responder con un solo ejemplo. En 1994 se produjo la devaluación mexicana como resultado de una crisis económica que venia atravesando el país. ¿Qué pasó en la Argentina?. Una crisis fenomenal conocida como la crisis del “efecto tequila”.
Esto se debió a la fragilidad económica de la Argentina durante el modelo de Convertibilidad caracterizado por el déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Pero además el modelo de Convertibilidad era altamente dependiente de la deuda externa. Por lo tanto, cualquier vaivén del mercado internacional se traducía en una crisis económica y social en la Argentina.
De esta forma, si esta crisis en un país periférico generó un derrumbe de la economía argentina durante el régimen de Convertibilidad ¿qué hubiera generado la crisis económica que se esta produciendo en la economía más importante del mundo y que se esta trasladando al resto de los países desarrollados?. La respuesta es sencilla: un colapso económico y social.
Esto es así debido a que el régimen convertible instaurado a principios de la década del noventa durante el gobierno del Dr. Carlos Menem y ratificado durante el gobierno de la Alianza era insostenible. Insostenible económicamente debido a que se sustentaba en el aumento de la deuda pública externa. Insostenible socialmente debido a que se traducía en un aumento del desempleo, subempleo, trabajos no registrados, pobreza e indigencia.
En cambio, la economía post devaluación es sustentable desde el punto de vista económico y social. Desde el punto de vista económico en la actualidad la economía argentina ha experimentado cinco años de crecimiento ininterrumpido superando en pesos al nivel del producto pico alcanzado en el año 1998. Pero además mientras que en 1998 la economía argentina marchaba hacia el colapso, el crecimiento post devaluación es acompañado por un superávit fiscal y comercial junto al aumento constante de las reservas del Banco Central. En otras palabras, el crecimiento económico post Convertibilidad no se sostiene en el endeudamiento externo público, lo cual lo transforma en un crecimiento sustentable desde el punto de vista económico.
Pero también es sustentable desde el punto de vista social. En efecto, y a diferencia de los sucedido en el Plan de Convertibilidad, a partir del crecimiento post devaluación se inició una fuerte reducción del desempleo, subempleo, pobreza e indigencia y una leve disminución del trabajo en “negro”.
Entonces la pregunta que surge, sobre todo en un contexto marcado por una eminente crisis norteamericana, es ¿si la economía actual por ser sustentable es invulnerable?. La respuesta es no. Por su puesto que si se produce una depresión mundial de largo plazo que produzca una caída abrupta de los precios internacionales de las materia primas indefectiblemente generara resultados negativos sobre la economía argentina.
Pero la pregunta siguiente entonces es ¿qué economía en el mundo es totalmente invulnerable en un contexto de globalización como el actual? Ninguna. Por su puesto que existen economías más sólidas que otras para enfrentar una crisis mundial. En la economía argentina el primer paso hacia una economía sólida ya se dio a partir de 2003: la construcción de un modelo sustentable desde el punto de vista económico y social.
La Argentina no tiene la capacidad para transformar la globalización financiera en un mercado mundial más estable. Pero si tiene la capacidad para que las crisis recurrentes que se generan a nivel internacional repercutan con la menor intensidad posible en la economía y la sociedad argentina. Eso se logra generando una economía menos dependiente de los vaivenes internacionales, lo cual viene sucediendo desde el 2003.

EL PAGO AL CLUB DE PARÍS II

Para entender la importancia del pago de la deuda al Club de París con reservas del Banco Central es fundamental comprender primero como funciona el Fondo Monetario Internacional y para que el organismo internacional presionó para participar en la reestructuración de dicha deuda.
El Fondo Monetario Internacional se creó una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). En julio de 1944, cuando se acercaba el fin de la guerra, se concretó el llamado Tratado de Bretton Woods entre los gobiernos aliados, quienes sabiendo del triunfo comenzaron a trazar los diferentes mecanismos para la reconstrucción de las distintas economías y el comercio internacional una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial.
En este sentido, se estableció, entre otras cosas, la constitución de distintos organismos internacionales con el objetivo de ordenar la economía y las finanzas internacionales para la posguerra. Una de estas instituciones fue el Fondo Monetario Internacional. De esta forma, el 1º de mayo de 1947 el Fondo Monetario Internacional dio comienzo formalmente a sus operaciones, siendo uno de sus objetivos centrales colaborar con el desarrollo de los países periféricos.
Sin embargo, el resultado de la actuación del organismo internacional fue otro. En efecto, el accionar del Fondo Monetario Internacional terminó siendo funcional a los países desarrollados en detrimento de los países en desarrollo.
En particular en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional fue totalmente funcionales a los distintos sectores dominantes locales y extranjeros y en contra de los intereses sobre todo de los sectores populares pero también de la clase media. La intervención del Fondo Monetario Internacional ha condicionado el desarrollo del país a los intereses de las grandes multinacionales y a los sectores dominantes internos.
La pregunta inmediata entonces que uno se tiene que hacer es ¿cómo el Fondo Monetario Internacional condicionó el desarrollo económico y social de la Argentina?. O de otra manera ¿cómo el accionar del organismo internacional terminó beneficiando a los sectores dominantes internos y externos perjudicando a los sectores populares y la clase media argentina? Para responder estas preguntas es fundamental entender como funciona el organismo internacional.
Una de las funciones centrales que comenzó a tener el Fondo Monetario Internacional fue la de conceder fondos a los distintos países, sobre todo los subdesarrollados que son los que tienen menos posibilidades de acceso al financiamiento externo.
Cuando el organismo internacional otorga un respaldo financiero al gobierno argentino, como a cualquier otro gobierno, este último debe comprometerse a adoptar una serie de medidas de política económica con el objetivo central de garantizar el cumplimiento en el pago de la deuda externa. Ese compromiso del gobierno nacional se conoce como “condicionalidad”.
El Fondo Monetario Internacional exige la presentación de una “carta de intención” o también denominada como “memorando de política económica y financiera”, en la cual el gobierno nacional describe las medidas que implementara durante el período de acuerdo como contrapartida al respaldo financiero otorgado por el organismo internacional.
La función del Fondo Monetario Internacional es, por lo tanto, la aprobación del memorándums mandado por el gobierno nacional a cambio de ayuda financiera. Posteriormente, el organismo internacional se encarga de controlar y fiscalizar la aplicación de las distintas políticas económicas detalladas en el memorándums.
De esta forma, el Fondo Monetario Internacional fue imponiendo a los países subdesarrollados, y particularmente a la Argentina, los distintos paquetes económicos, como las políticas de ajuste estructural de la década del ochenta y el Consenso de Washington en la década del noventa, que terminaron beneficiando a los sectores dominantes y perjudicando a los sectores más humilde de la población. En efecto, las políticas económicas exigidas por el organismo internacional generaron un aumento abrupto del desempleo, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso.
Con la crisis de 2001 el organismo internacional prosiguió la presión sobre el gobierno de Duhalde para continuar con los planes ortodoxos funcionales a los sectores dominantes. En este sentido, el gobierno argentino mandó el siguiente memorámdum al organismo internacional.

Acuerdo de Transición
Memorándum de política económica, enero de 2003.

- Suspensión de planes de competitividad, gravar combustibles con impuesto proporcional y no de suma fija, gravar con impuesto a las ganancias reintegros a la exportación.
- Reducción en programas de gasto público.
- Aumento del gasto de contención social.
- Aumento de la deuda pública (alrededor de 40.000 millones de dólares) por reconocimiento a los bancos de pesificación asimétrica y de diferencia por amparos, por deuda con proveedores y contratistas, por nacionalización de deudas provinciales y por indexación de bonos en pesos entregados a títulos de depósitos a plazo fijo.
- Se avanzará en la renegociación de la deuda pública con los acreedores privados del exterior. Se formularán propuestas para adecuar los instrumentos reestructurados a las necesidades de los inversores.
- Compromiso de no acumular atraso en pagos a organismos internacionales.
- Se mantendrá flexibilidad del tipo de cambio limitando la intervención en el mercado cambiario.
- Se seguirán desmantelando restricciones y controles cambiarios.
- Se limitará la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del Banco Central sobre transferencias de activos.
- Se protegerá a los funcionarios públicos de los aspectos de la legislación actual que puedan resultar en impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario.
- El Banco Central designará a su personal.
- Se seleccionarán empresas internacionales de consultoría para proponer curso de acción para reformar bancos públicos, incluyendo la definición del rol estratégico de la banca pública y la colocación de acciones en bolsa (privatización parcial).
- Se limitarán las actividades de préstamo de los dos bancos públicos principales (Nación y Provincia de Buenos Aires) exigiendo un cofinanciamiento mínimo del 50% con un banco nacional privado para todos los préstamos superiores a un millón de pesos.
- Se respaldarán los arreglos extrajudiciales entre empresas con problemas financieros y sus acreedores, pero el respaldo no puede incluir recursos fiscales para seguro de cambio o devolver deuda o intereses.
- Se solicitó asistencia al Banco Mundial y al FMI para revisar en febrero la situación financiera de las empresas privatizadas de servicios públicos y desarrollar un marco regulatorio que podría reemplazar los controles de pecios y tarifas actuales y facilitar la reestructuración de las deudas de las empresas.
- Se modificará nuevamente la ley de Quiebras. Mientras tanto el gobierno asegurará que no se tomen medidas no voluntarias que limiten el cumplimiento de los derechos de los acreedores.
- No se aprobarán leyes u otras normas que permitan la suspensión involuntaria de los derechos de los acreedores.

Como puede apreciarse el Fondo Monetario Internacional en medio de la peor crisis económica y social de la Argentina nuevamente volvió a actuar como representante de los intereses de los acreedores y de las empresas privatizadas. Pero además pretendía terminar el proceso privatizador a partir de la privatización parcial de los bancos públicos argentinos. Por otro lado, no sólo interfería en los asuntos de políticas económicas sino además en el sistema judicial argentino.
De nuevo, luego de la salida de la crisis de la Convertibilidad el organismo internacional pretendía profundizar las políticas neoliberales con el objetivo central de volver a beneficiar a los sectores dominantes internos y externos en detrimento de los sectores populares.
Por lo tanto, librarse del organismo internacional tanto pagando la deuda al Fondo Monetario Internacional como al Club de París, cuya condición de renegociación era la intervención del organismo internacional, es una medida de independencia económica.
El hambre de los argentinos no se termina con una o dos medidas económicas. El hambre de los argentinos se termina con un modelo económicos caracterizado por la industrialización, la generación de puestos de trabajo y la distribución del ingreso. La única manera para llevar adelante este modelo económico es librándose del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, insistimos, el pago al Club de París es una medida nacional y popular.

EL PAGO DE LA DEUDA AL CLUB DE PARÍS

Por el Grupo de estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP).

Muchos sectores del llamado campo nacional y popular y del progresismo argentino expresaron varias criticas a la actitud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de pagar la deuda con el Club de París utilizando reservas del Banco Central de la República Argentina, argumentando principalmente que esta medida es anti popular y anti nacional debido a que esos fondos se podrían haber utilizado para resolver el hambre de nuestro pueblo o utilizado para mejorar la educación y la salud de todos los argentinos. En otras palabras, que el gobierno de Cristina decidió honrar la deuda del sector financiero a costa de la deuda social que mantiene con nuestro pueblo.
La primer aclaración es que la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina imposibilita la utilización de reservas para financiar planes productivos o programas sociales. Por lo tanto, estos recursos utilizados para el pago de la deuda con el Club de París no podría utilizarse para fines sociales ni productivos.
Pero imaginemos por un momento que sí podrían utilizarse. Sin embargo, tampoco las criticas de los autocalificados nacional y popular o del progresismo argentino tendrían validez.
Esta discusión hace acordar a la critica recibidas por Perón cuando nacionalizó los ferrocarriles. Se le decía que era una medida antinacional y antipopular porque utilizaba recursos para comprar ferrocarriles a los inglese que estaban obsoletos y que por lo tanto esa medida era funcional a los intereses del imperio británico.
Ahora bien ¿cuál es el error de ambos análisis, es decir, el de tratar de anti popular y anti nacional a Perón por nacionalizar los ferrocarriles y a Cristina por pagar la deuda al Club de París?. En ambos casos se descontextualiza la medida. Es decir, para saber si una medida es nacional y popular se debe contextualizar.
Cuando Perón decidió nacionalizar el ferrocarril la Argentina comenzaba un fuerte proceso de industrialización que implicaba la creación de puestos de trabajo, la reducción de la pobreza y la indigencia y la distribución del ingreso. Es decir, la compra de los ferrocarriles se insertaba en un contexto de desarrollo económico y social iniciado por el gobierno de Perón. Y en ese contexto se debe analizar la medida.
En otras palabras, no era la nacionalización del ferrocarril para profundizar el modelo agro exportador que beneficiaba exclusivamente a los terratenientes argentinos en detrimento de la mayoría de la población. Este ejemplo muestra que una misma medida en contexto diferentes puede ser caracterizada de distinta manera.
Vayamos al pago del Club de París por parte de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida se produce en un resurgir del proceso de industrialización luego de casi 30 años de neoliberalismos que destruyeron el aparato productivo Argentino junto con una desarticulación social a partir del aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia.
A partir de 2003 la economía argentina inició nuevamente un modelo de valorización productiva con fuerte inclusión social sobre todo verificado a partir de la reducción abrupta de la desocupación.
Este nuevo modelo económico se llevo a cabo a espaldas del Fondo Monetario Internacional que recomendaba nuevamente la aplicación de medidas ortodoxas como lo venia haciendo desde mediados de la década del setenta a partir de la dictadura militar. En efecto, el programa neoliberal que implicó el quiebre de la industria nacional, el aumento de la deuda externa, la fuga de capitales, la concentración del capital y el aumento de la marginación social fue consecuencia de los paquetes económicos “sugeridos” por el organismo internacional a partir de la dictadura militar de 1976.
Por lo tanto, este organismo internacional a partir de la década del ochenta, y utilizando como condicionante el fuerte endeudamiento externo generado durante la dictadura militar, ha intervenido en forma creciente en la aplicación de diferentes políticas económicas funcionales a los sectores dominantes, internos y externos, en detrimento de los sectores medios y populares. Tanto las políticas de ajuste estructural aplicadas por Alfonsín como las políticas del Consenso de Washington establecidas por Menem y De la Rua que fueron impuestas por el Fondo Monetario Internacional implicaron una desarticulación económica y social a favor de los sectores dominantes nacionales y extranjeros.
Por lo tanto, cuando Néstor Kirchner decidió construir un nuevo modelo económico y social caracterizado por la valorización productiva y la inclusión social debió pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional. En este sentido, el pago de la deuda al organismo internacional significó liberarse de una institución que a través de sus exigencias, en sintonía con los grupos dominantes, era un impedimento para el desarrollo social y económico del país.
Sin embargo, era de esperar que el organismo internacional en representación de los intereses de los sectores dominantes no se quedara tranquilo. Y así fue. Presionó para que la reestructuración de la deuda con el Club de París sea monitoreada por el Fondo Monetario Internacional. Pero si esto era así, volvían las presiones por parte del organismo internacional para imponer recetas ortodoxas y de nuevo los planes de ajustes que caracterizaron a la Argentina desde mediados de la década del setenta.
De esta forma, el pago al Club de París vuelve a reafirmar la intención del gobierno de liberarse de esta institución cómplice de la destrucción sistemática de nuestra economía y de nuestra sociedad. En otras palabras, el pago al Club de París reafirma la intención del gobierno de Cristina de profundizar un modelo de valorización productiva con inclusión social iniciado en el 2003; para así de esta forma profundizar el desarrollo económico y social y terminar definitivamente con el hambre de los argentinos.
Si esto no fuera así y el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional y al Club de París fuese una política anti nacional y anti popular para empobrecer más a nuestro pueblo surge entonces una pregunta ¿por qué el gobierno de Menem símbolo de lo anti nacional y anti popular no pago ni la deuda con el organismo internacional ni la deuda con el Club de París?. Justamente, debido a que la deuda con estas instituciones les era funcional para la aplicación de políticas neoliberales que terminaron saqueando la economía argentina.
En resumen, en un contexto de industrialización con creación de puesto de trabajo tanto el pago al Fondo Monetario Internacional como al Club de París es, al igual que lo fue la nacionalización de los ferrocarriles por parte de Perón, una medida nacional y popular.

LOS DOS MODELOS ECONÓMICOS EN DISPUTA

El estructuralismo latinoamericano:

El estructuralismo latinoamericano, que se consolidó en la década del cincuenta y sesenta a partir de las discusiones mantenidas con la ortodoxia económica representada por el Fondo Monetario Internacional, estuvo fuertemente asociado a la creación de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) en 1948 por las Naciones Unidas.

En efecto, uno de los estructuralistas latinoamericanos más reconocidos fue el primer director de la CEPAL: Raúl Prebisch. Por lo tanto, las tesis estructuralistas estuvieron esencialmente asociadas a los escritos de la CEPAL.

El paradigma estructuralista surgió durante la consolidación de un nuevo modelo económico y social en América Latina que se denominó Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). La industrialización sustitutiva se inició en el continente Latinoamericano a partir de la Gran Depresión de 1929. Esta crisis que comenzó en Estados Unidos, pero que luego se extendió al resto de los países, se tradujo en medidas proteccionistas por parte de los países desarrollados.

Esta política económica de los países desarrollados generaron la crisis del modelo agroexportador que se venía desarrollando en América Latina desde el siglo XIX. Este modelo consistía básicamente en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados y la importación de productos manufacturados desde los países centrales.

Sin embargo, el proteccionismo impuesto por los países desarrollados durante la crisis de 1929 desarticuló la lógica del modelo agroexportador. La imposibilidad de exportar los productos primarios también generaba la incapacidad para importar bienes industriales al no disponer de las divisas necesarias. De esta forma, el modelo agroexportador latinoamericano entró en una crisis que anunciaba la necesidad de construir un nuevo modelo económico y social.

En este contexto, surgió en la región, en algunos países con más fuerza que en otros, la industrialización sustitutiva. Este nuevo modelo económico y social consistió fundamentalmente en la producción de bienes industriales en la región, es decir, sustituir lo que antes se importaba desde los países desarrollados por producción nacional.

Es importante destacar que la primer etapa de la industrialización sustitutiva latinoamericana consistió en reemplazar bienes importados por nacionales al final de la cadena productiva. En otras palabras, inicialmente se sustituyeron manufacturas livianas, como por ejemplo los productos textiles. Esto se denominó la etapa “fácil” de sustitución de importaciones, dejando de lado la producción de bienes de capital e insumos industriales.

De esta forma, durante la Industrialización por Sustitución de Importaciones al mismo tiempo que se reducía el coeficiente de importación en relación con los niveles del modelo agroexportador se producía un cambio en su composición. Efectivamente, se importaba cada vez menos bienes industriales finales pero cada vez más bienes de capital e insumos industriales como aluminio y productos siderúrgicos en general. 

Durante la consolidación de este nuevo modelo económico y social en América Latina surgió el paradigma estructuralista. Su aporte fundamental fue la de desarrollar un cuerpo teórico de sustento al nuevo modelo económico al mismo tiempo que planteaba la necesidad de profundizar la industrialización sustitutiva a partir de reformas estructurales para superar algunos problemas que planteaba el nuevo modelo económico.

La idea central del estructuralismo latinoamericano era que el subdesarrollo de la región se debían a factores estructurales. Por lo tanto, los escritos de los estructuralistas le dieron una mayor importancia a los aspectos estructurales en la descripción de las economías de América Latina.

En este sentido, el análisis estructuralistas comenzó con la descripción del papel del comercio internacional como uno de los factores estructurales centrales para entender el subdesarrollo latinoamericano.



El papel del comercio exterior:

La visión estructuralista comienza criticando a la corriente convencional sobre el papel del comercio internacional. Según la teoría neoclásica, basada en la idea de ventajas comparativas de David Ricardo, el libre comercio conduciría a reducir la desigualdad entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

Sin embargo, para la corriente estructuralista la libertad de comercio condujo, en contraposición a lo pensado por la visión ortodoxa, a la consolidación de la división internacional del trabajo, fundada sobre la explotación de ventajas comparativas estáticas, condenando a la región Latinoamericana a una especialización empobreciente basada en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados.

En este sentido, para el paradigma estructuralista, la tradicional división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador era una de las causas centrales para explicar la condición de subdesarrollo de la región latinoamericana.

Dicho de otra forma, el libre comercio que condujo a la región a la especialización en la producción y exportación de bienes primarios era uno de los obstáculos estructurales más importante para el desarrollo de América Latina. Por lo tanto, según los estructuralistas, el libre comercio en lugar de reducir las desigualdades entre las naciones generó que los países desarrollados sean cada vez más desarrollados y las regiones subdesarrolladas sean cada vez más subdesarrolladas, reforzando de esta manera las desigualdades entre los países.

Para demostrar esta tesis el análisis estructuralista desarrolló la teoría centro – periferia. Según el paradigma estructuralista la economía mundial esta compuesta por dos polos: el centro y la periferia.

Por un lado, los países centrales que presentan economías homogéneas y diversificada y donde el sector económico más importante es el industrial. Por otro lado, los países periféricos caracterizados por economía heterogéneas y escasamente diversificadas. Con heterogéneas se refieren a la existencia de una estructura productiva divergente, en la cual se presenta un sector primario – exportador con una elevada productividad junto al resto de la economía sumergida en producciones de subsistencia. Con escasamente diversificada se refieren a la especialización por parte de las economías periféricas en la producción y exportación de productos primarios con pocos efectos de encadenamientos con el resto de los sectores productivos. 

De esta forma, según el estructuralismo, la división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador condujo a una doble heterogeneidad estructural que perjudicaba a los países periféricos. Por un lado, a una heterogeneidad a nivel nacional en la estructura económica de los países periféricos. Por otro lado, a una heterogeneidad internacional en la cual los países periféricos se especializaron en la producción de bienes primarios mientras que los países centrales se volcaron hacia el desarrollo de las actividades industriales.

En esta línea se encuentra la teoría estructuralista del deterioro de los términos de intercambio. Según esta teoría en el largo plazo la tradicional división internacional del trabajo que generó un sistema internacional asimétrico se traduce en un mayor distanciamiento de la periferia con respecto a los países centrales, produciendo de esta forma que el libre comercio sea más ventajoso para los países desarrollados.

Para la visión estructuralista este fenómeno se debe fundamentalmente al progreso técnico. En efecto, los avances tecnológicos se producen generalmente en el sector manufacturero. Por lo tanto, si los países desarrollados se especializan en la producción de bienes industriales logran monopolizar los frutos del progreso técnico, generando un deterioro secular de los términos de intercambio en detrimento de los países periféricos especializados en la producción de bienes primarios caracterizada por escasos cambios tecnológicos.

Por lo tanto, la pregunta que surgió para los estructuralistas fue: ¿cómo destruir este sistema internacional que condujo a una especialización empobreciente a los países latinoamericanos?. Para esto la visión estructuralista proponía la industrialización de la región para superar el subdesarrollo latinoamericano.



La función de la industrialización: 



Para estos economistas el proceso de industrialización de América Latina debía cumplir una doble función. En primer lugar, reducir el desequilibrio externo con los países centrales. En efecto, la industrialización permitiría reducir la brecha tecnológica con respecto a los países desarrollados que era la base de la diferencia estructural entre el centro y la periferia.

En segundo lugar, el desarrollo del sector manufacturero permitiría reducir los desequilibrios internos al posibilitar mejorar la distribución del ingreso al disminuir la desocupación y con esto la pobreza y la indigencia.

En otras palabras, el proceso de industrialización reduciría la heterogeneidad internacional y nacional que había generado la tradicional división internacional del trabajo. El desarrollo industrial conduciría a consolidar economías con estructuras más diversificadas y homogéneas que permitiría al mismo tiempo reducir la desigualdad existente con los países desarrollados.

Por lo tanto, para la visión estructuralista la única manera para superar el subdesarrollo de los países latinoamericanos era transformar estructuralmente sus economías. Esto es, transformar las economías agroexportadoras en economías industriales.

Pero entonces la otra pregunta que surge es: ¿cómo pueden las economías latinoamericanas experimentar un proceso de industrialización?. Para los estructuralistas este objetivo se lograba básicamente a través de dos fenómenos: una fuerte intervención estatal y la integración regional.



El papel del Estado: 



En este punto el estructuralismo latinoamericano se diferenció nuevamente de la visión ortodoxa sustentada en el liberalismo económico. Los estructuralistas poseían una visión positiva del Estado.

En otras palabras, para estos economistas era fundamental la intervención del Estado en la economía. En efecto, el libre juego del mercado condujo a las economías de América Latina hacia el modelo agroexportador que se tradujo en un desequilibrio internacional al alejarnos del nivel de desarrollo de los países centrales y a un desequilibrio interno al consolidarse una economía fuertemente heterogénea.

Por lo tanto, para poder generar una transformación estructural de las economías de la región a partir del proceso de industrialización era fundamental la intervención del Estado. En este sentido, uno de los objetivos centrales del Estado según el paradigma estructuralista era fomentar el proceso de industrialización.

Para estos economistas entonces el Estado debía realizar un conjunto de medidas para direccionar el proceso de industrialización, es decir, promover al desarrollo manufacturero a través de un programa planificado.

De esta forma, las principales funciones del Estado debían ser la de acelerar la acumulación del capital intensificando la sustitución de importaciones a través de diferentes medidas como el proteccionismo; construir la infraestructura necesaria para el proceso de industrialización; orientar los recursos financieros hacia la inversión productiva; estimular la inversión privada y promover el desarrollo tecnológico.

Incluso, para la visión estructuralista la intervención estatal en los países latinoamericanos debía ser más sustancial que en los países desarrollados. Efectivamente, en los países periféricos la fuerte intervención del Estado era fundamental para lograr una transformación estructural de las economía periféricas, objetivo que en los países centrales no era necesario.

Sin embargo, es importante destacar que si bien los estructuralistas latinoamericanos no confiaban en el libre juego del mercado para el desarrollo industrial, consideraban al mismo tiempo importante a los mercados y a la iniciativa privada. Es decir, la visión estructuralista advertía sobre la intervención excesiva del Estado. Por lo tanto, estos economistas aspiraban a una complementariedad entre el sector público y el mercado para orientar el proceso de industrialización de las economías de América Latina.



La integración latinoamericana: 



Junto a la intervención del Estado era imprescindible para el desarrollo industrial de la región, según los estructuralistas, la integración latinoamericana. Pues a la incipiente industria de América Latina le resultaría al principio casi imposible competir con el sector manufacturero de los países desarrollados. Por lo tanto, la integración latinoamericana permitiría la ampliación de los mercados para la industria de América Latina.

De esta forma, la integración económica de la región haría viable la utilización de tecnologías que exigen una gran escala de producción por razones de rentabilidad. En otras palabras, la integración de América Latina daría las condiciones necesarias para que el sector manufacturero se transforme definitivamente en el motor del desarrollo de la región.

Por otro lado, para los estructuralistas la conformación de un bloque latinoamericano era fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista estratégico al permitir ofrecer una mayor oposición a los intereses de los países desarrollados.

Ahora bien, hasta aquí hemos desarrollado la posición de los estructuralistas en defensa de proceso de industrialización de América Latina para salir de la trampa del subdesarrollo. Sin embargo, para estos economistas era necesario profundizar los cambios estructurales con el objetivo de superar algunos problemas que se habían presentado durante el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Esta postura los estructuralistas la desarrollaron en su análisis sobre la inflación.



La teoría estructuralista de la inflación:



Todo proceso de crecimiento y desarrollo como la industrialización sustitutiva presenta presiones inflacionarias. El Fondo Monetario Internacional, en representación de la economía ortodoxo, recomendaba reducir la demanda con el objetivo de disminuir el aumento de los precios. Es decir, según el organismo internacional la inflación se debía a un exceso de demanda. Por lo tanto, la única salida para disminuir el aumento generalizado de precios era a través de políticas contractivas que generaran una reducción del crecimiento.

Sin embargo, los estructuralistas latinoamericanos se opusieron a esta teoría monetaristas de la inflación y argumentaron que el aumento generalizado de precios en la región se debía a rigideces estructurales del lado de la oferta.

Según la teoría estructuralista la inflación era el resultado de la interacción de dos componentes:

- Las presiones fundamentales que generaban aumentos de precios y que se debían a rigideces estructurales.

- Los mecanismos de propagación que se encargaban de transmitir el aumento inicial de la inflación al resto de la economías.

Para el paradigma estructuralista era imprescindible atacar a las presiones fundamentales para terminar definitivamente con el problema de la inflación. Es decir, la raíz del problema inflacionario se encontraba en las presiones fundamentales y no en los mecanismos de propagación.

En este sentido, para estos economistas existían dos presiones fundamentales que originaban el aumento en el nivel general de precios: la débil productividad de la agricultura y los desequilibrios en el sector externo.

Con respecto a la débil productividad del sector agrícola se traducía en una reducida oferta de alimentos. Entonces, como la industrialización sustitutiva provocaba una creciente demanda interna de alimentos, la oferta no respondía satisfactoriamente a este aumento. Esto implicaba un incremento de los precios de los bienes agrícolas.

A partir de este momento comenzaba a funcionar los mecanismos de propagación, transfiriendo esta presión inflacionaria al resto de la economía. En efecto, al aumentar los precios de los alimentos se reducía el salario real de los trabajadores, lo cual implicaba una recomposición del salario nominal.

Sin embargo, este incremento de las remuneraciones inducía a un aumento de los costos de producción del sector manufacturero. Por lo tanto, los empresarios, para mantener sus márgenes de ganancia, aumentaban los precios de los bienes industriales.

Ahora bien, para atacar la inflación la solución no era, según los estructuralistas, reducir la demanda, sino más bien eliminar la rigidez estructural que generaba la débil productividad del sector agrícola.

En este sentido, para estos economistas, la principal causa de la rigidez de la oferta agrícola se debía esencialmente a la fuerte concentración en la propiedad de la tierra que generaba la existencia de una clase rentística con escasa propensión a la inversión.

Por lo tanto, para los estructuralistas era necesario para solucionar el problema inflacionario una reforma estructural en el régimen de propiedad de la tierra. Por tal motivo, estos economistas defendían el programa de reforma agraria dividiendo la tierra en pequeños y medianos productores.

Esta medida generaría una producción agrícola intensiva que se traduciría en un mayor nivel de inversión y por lo tanto en un incremento en la producción de alimentos eliminando de esta forma una de las causas estructurales de la inflación.

Con respecto a la segunda presión fundamental que generaba inflación, durante la industrialización sustitutiva existía una tendencia a los estrangulamientos del sector externo.

En efecto, en este modelo económico en las fases expansivas las economías tendían hacia un déficit del sector externo debido a la necesidad creciente de insumos intermedios y de bienes de capital. Pues al sustituirse inicialmente los bienes finales se debía importar los insumos que requería el sector manufacturero y las maquinarias necesarias para producir los productos industriales.

Por lo tanto, en los períodos de crecimiento económico aumentaban fuertemente las importaciones del sector industrial provocando un déficit en la balanza comercial y la necesidad de ajustar dicho estrangulamiento externo. Para corregir este desequilibrio generalmente se recurría a una devaluación de la moneda que generaba inflación. Esta presión inicial luego se transmitían al resto de la economía a través de los mecanismos de propagación.

Pero de nuevo, según los estructuralistas, la solución para la inflación no era reducir la demanda agregada sino más bien introducir cambios estructurales a las economías de la región. Para estos economistas la forma de eliminar esta causa inflacionaria era por medio de la profundización de la Industrialización por Sustitución de Importaciones a través de la industrialización hacia la manufactura pesada. En otras palabras, producir internamente los insumos industriales y los bienes de capital para de esta manera eliminar los estrangulamientos externos.

En resumen, para extinguir el flagelo de la inflación, en contraposición a lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional, el paradigma estructuralista recomendaba dos transformaciones estructurales: la reforma agraria y el proceso de industrialización hacia la manufactura pesada.

En efecto, debido a que el origen de la inflación era estructural, la única manera de eliminarla era superando los cuellos de botella. De esta manera, la forma de eliminar el aumento generalizado de precios era por medio de la profundización del desarrollo económico para superar las rigideces estructurales.

Para estos economistas la reducción de la demanda puede reducir la inflación. Sin embargo, esto lo logra a costa del crecimiento económico y además sin atacar la raíz del problema. Es decir, la reducción de la demanda sólo ataca los factores de propagación pero no las presiones fundamentales que generaba el aumento de los precios. De nuevo, para los estructuralistas la estabilidad de los precios únicamente se puede lograr a partir de un desarrollo económico por medio de cambios estructurales.



La disputa de los dos modelos en la Argentina:



A partir de la resolución 125 que establecía, entre otras cosas, las retenciones móviles a la soja, volvió a la Argentina la disputa entre los dos modelos económicos.

Por un lado, las entidades agrarias que proponían, implícita o explícitamente, el retorno del modelo agroexportador. Es decir, estructurar a la economía argentina como exportadora de productos primarios, lo cual implica la inserción periférica de nuestra economía en el comercio internacional y el liberalismo económico como filosofía para restringir la intervención estatal.

Del otro lado se planteó la necesidad de profundizar el proceso de industrialización a partir de una fuerte intervención del Estado y una integración latinoamericana como vehículo del desarrollo industrial.

Al mismo tiempo, la disputa también se observa en relación al tema de la inflación. En efecto, el incipiente crecimiento del sector manufacturero que se produjo a partir de la fase expansiva post convertibilidad se tradujo en un cierto aumento de los precios.

Nuevamente, la disputa en torno a este problema es si realizamos políticas contractivas para detener el crecimiento de la demanda y de esta forma reducir la inflación o profundizamos el desarrollo económico para eliminar los cuellos de botella que generan el aumento de los precios.

La primer receta es funcional al retorno del modelo agroexportador, pues, al aplicar políticas contractivas y reducir la demanda, disminuye el consumo; lo cual genera un aumento del saldo exportable de productos agrarios – ganaderos al achicarse el mercado interno.

La segunda opción es funcional al proyecto industrialista debido a que para eliminar los cuellos de botella se necesita profundizar el desarrollo industrial al mismo tiempo que destinar cada vez más productos agrarios – ganaderos para abastecer el mercado interno y reducir de esta forma las presiones inflacionarias.

De la correlación de fuerzas depende la imposición de alguno de los dos modelos. Y de la imposición de algunos de los dos modelos depende el futuro del país. O retomamos al modelo agroexportador que nos conducirá nuevamente a una heterogeneidad internacional y nacional o profundizamos el proceso de industrialización para lograr un mayor desarrollo económico y social.

Programa de Radio - Haciendo Cuentas

INFORME SOBRE LA MAYORIA SATISFECHA ARGENTINA

LA MAYORÍA SATISFECHA SEGÚN GALBRAITH
John Kenneth Galbraith en su libro “La cultura de la Satisfacción” analiza, entre otras cosas, la llamada cultura de la satisfacción norteamericana.
En este sentido, el autor comienza planteando como las ideas liberales desde su nacimiento fueron funcionales a los grandes empresarios. Esto se puede ver claramente, aunque el autor no lo plantea, en la idea de la mano invisible desarrollada por Adam Smith a fines del siglo XVIII donde se muestra más cabalmente la funcionalidad del liberalismo económico para el grupo de los satisfechos.
El padre de la economía a través de este concepto planteaba que cada individuo buscando satisfacer sus propias necesidades en el mercado colaboraba con un fin que no buscaba: el bien común. Un ejemplo de este concepto dado por los liberales es que el empresarios al instalar una fabrica buscando sus propios beneficios termina dando trabajo a los desocupados.
La conclusión más importante de la mano invisible es que al coincidir el interés individual con el interés general no es necesarios la intervención del Estado en la economía. Esta idea es la concepción central del liberalismo económico.
De esta forma, ningún empresario podría sentirse culpable buscando maximizar sus propias ganancias porque de esta manera esta colaborando con el bienestar de la sociedad. Dicho de otra manera, “nadie podría sentirse culpable por la propia fortuna ante una clase obrera que, según Ricardo y Malthus, inexorablemente se multiplicaba hasta hundirse en el nivel de subsistencia, ni tampoco si estaba uno inmerso en un sistema de mercado que recompensaba su esfuerzo de acuerdo con su aportación económica concreta y con su mayor merito social” [1] .
Incluso, plantea el autor, en plena crisis de 1929 donde se puso de manifiesto el fracaso del liberalismo económico, la intervención del Estado generó una fuerte resistencia por parte de los satisfechos. Durante la Gran Depresión mientras se generalizaba el desempleo sin subsidios, la crisis agrícola se profundizaba, crecían los ancianos sin pensión y aumentaba la explotación de las mujeres y de los niños en las fabricas; los que permanecían favorecidos se oponían a cualquier intervención del Estado.
En este contexto, Franklin D. Roosevelt fue elegido como presidente de los Estados Unidos a partir de una especie de engaño político. En efecto, al mismo tiempo que prometía cambios y reformas para conseguir la reactivación económica, aseguraba mantener un presupuesto equilibrado y un reducido gasto público con el objetivo de tranquilizar al grupo de los satisfechos.
Cuando Roosevelt experimentó el New Deal (Nuevo Acuerdo) que implicaba un fuerte incremento de la intervención del Estado en la economía, los opulentos recurrieron a las barreras constitucionales con el objetivo de frenar el avance del Estado.
Incluso, la idea de que en medio de una crisis como la de 1929 no debía intervenir el Estado fue sostenida y apoyada por algunos economistas. Como plantea Galbraith, el economista Joseph Schumpeter junto a Lionel Robbins plantearon la tesis que sostenía que la recuperación económica no debía conseguirse a través de la acción del Estado. Para estos economistas, la Gran Depresión era un fenómeno saludable del sistema económico al permitir la expulsión de las distintas anomalías de la economía.
Por lo tanto, según estos economistas, la recuperación luego de la crisis sólo podría ser firme y sustentable si se producía sin intervención del Estado. De esta forma, incluso en medio de la peor crisis mundial existieron economistas funcionales a los opulentos que desarrollaban teorías para limitar las distintas esferas de intervención estatal.
En plena presidencia de Roosevelt el banquero Morgan, espantado por la acción estatal, advertía al Senado que “si se destruye la clase ociosa, se destruye la civilización” y continuó diciendo que la clase ociosa son “todos aquellos que pueden permitirse pagar una sirvienta” [2] .
Sin embargo, como sostiene Galbraith, el New Deal de Roosevelt fue fundamental para recomponer el sistema capitalista norteamericano y en este sentido proteger el bienestar de aquellos individuos que el capitalismo más favorece, esto es, de los satisfechos.
A partir de esta introducción el autor comienza a analizar lo que él denomina la mayoría satisfecha. Según Galbraith este sector social incluye a las personas que manejan las grandes empresas financieras e industriales y a sus asalariado medios y superiores, a los profesionales, a los empleados subalternos con ingresos garantizados, a los que poseen negocios independientes, una buena parte de los agricultores, trabajadores con oficio, ancianos con buenas jubilaciones que les permite vivir sin sobresaltos, entre otros grupos.
Es decir, la mayoría satisfecha es un grupo heterogéneo de personas pero que presentan una característica común: tienen garantizado en mayor o menor medida su bienestar material y consideran que el futuro se encuentra bajo su control personal.
Según Galbraith, esta mayoría satisfecha presenta cuatro características fundamentales:
1) La primer característica es su afirmación de que los que la componen están recibiendo lo que se merecen en justicia. Es decir, que los individuos que integran la mayoría satisfecha están convencidos de que lo que disfrutan es producto de su esfuerzo, su inteligencia y su virtud personal.
En tal sentido, todo intento de igualdad es repudiado por la mayoría satisfecha con el justificativo de que la fortuna se gana a partir del esfuerzo personal. Por tal motivo, la equidad provoca la indignación de los favorecidos pues implicaría la usurpación de aquello que tan claramente se merecen.
2) La segunda característica es su actitud hacia el tiempo. En efecto, la mayoría satisfecha posee una actitud adversa por el largo plazo. Prefieren el corto plazo en detrimento del largo plazo por una cuestión sencilla: el largo plazo puede no llegar nunca.
Dicho de otra forma, la construcción del largo plazo recae sobre los individuos del presente y los beneficios serán disfrutados por otros. En palabras de Galbraith “...el coste de la actuación de hoy recae o podría recaer sobre la comunidad privilegiada; podrían subir los impuestos. Los beneficios a largo plazo muy bien pueden ser para que los disfruten otros. En cualquier caso, la tranquila teología del laissez faire sostiene que, al final, todo saldrá bien” [3] .
Esta segunda característica de la mayoría satisfecha se observa claramente, según el autor, en el cuidado del medio ambiente. Mientras que el costo económico para proteger al medio ambiente es concreto, el beneficio ecológico a largo plazo es difuso y discutible.
Por lo tanto, los opulentos de la sociedad sobre los cuales le recae ese costo presente si bien no niegan el problema medioambiental por el cual atraviesan las diferentes sociedades en la actualidad, prefieren aplazar las medidas. Como sostiene Galbraith, una parte de los satisfechos propone la realización de diversas investigaciones para corroborar el deterioro ambiental, lo cual da tranquilidad intelectual y moral pero que en la realidad se traduce en la no actuación.
El autor también menciona como otro ejemplo del papel del tiempo para los opulentos el tema de la construcción de la infraestructura económica como las autopistas, puentes, aeropuertos, transporte público, etc. Mientras que existe en Estados Unidos una opinión generalizada de la insuficiencia en términos de infraestructura para el futuro, existe una oposición firme por parte de la mayoría satisfecha a la realización de nuevos gastos e inversiones públicas para su construcción.
En este sentido, la mayoría satisfecha expresa el mismo argumento que con el cuidado del medio ambiente, esto es, los impuestos y los costos actuales son concretos mientras que los beneficios futuros son difusos. Como sostiene el autor “se benefician individuos posteriores y distintos; ¿por qué pagar por personas desconocidas?. Se trata, otra vez más, de la instancia fácilmente comprensible en la no intervención y en librarse así del coste actual. La satisfacción demuestra ejercer aquí una influencia social creciente, más decisiva que en el pasado. La red de autopistas, las carreteras generales, los aeropuertos, puede que hasta los hospitales y las escuelas de una época anterior y económicamente mucho más austera que en la que los votantes favorecidos eran muchísimo menor, no podrían construirse hoy” [4] .
De esta manera, la mayoría satisfecha privilegia el beneficio a corto plazo a la construcción de un futuro mejor que es siempre incierto y el cual ellos tal vez no disfrutarán.
3) La tercer característica de los opulentos de la sociedad es su visión sumamente selectiva del papel del Estado. En líneas generales, la mayoría satisfecha visualiza al Estado como una carga. De esta forma, para los que disfrutan de una situación desahogada es imprescindible reducir o eliminar esta carga, lo cual se traduce en una reducción de los impuestos.
Sin embargo, esta critica hacia la intervención del Estado por parte de los satisfechos es selectiva. En efecto, este sector de la sociedad no se queja del Estado cuando sus intervenciones los favorece. Según Galbraith “...aunque en general se haya considerado al gobierno como una carga, ha habido, como se verá, costosos y significativas excepciones a esta amplia condena. Se han excluido de la critica, claro, las pensiones profesionales, los servicios médicos de las categorías de ingresos superiores, el sostén de las rentas agrarias y las garantías financieras para los depositantes de bancos y cajas de ahorro en quiebra. Son firmes pilares del bienestar y la seguridad de la mayoría satisfecha. Nadie soñaría con atacarlas, ni siquiera marginalmente, en ninguna contienda electoral” [5] .
Incluso, sostiene Galbraith, dentro de las erogaciones públicas que nadie se anima a atacar entran los gastos militares, a pesar de que generan fuertes efectos fiscales negativos. El justificativo de estos elevados gastos es que son percibidos como una protección vital para la continuidad del bienestar de la mayoría satisfecha, en el pasado amenazado por el comunismo y en la actualidad por el terrorismo. Hasta los republicanos que pregonan por un presupuesto equilibrado y una reducción del gasto público son férreos defensores de los gastos militares.
De esta manera, si bien los opulentos consideran al Estado como una pesada carga, aquellas erogaciones públicas que los favorecen son tomadas como dignas excepciones del gasto estatal. El resto, es decir, el gasto del Estado en defensa de los menos privilegiados es considerado por la mayoría satisfecha como una carga que debe reducirse.
Como señala el autor “tales son las excepciones que hace la mayoría satisfecha a su condena general del Estado como una carga. El gasto social favorable a los afortunados, el rescate financiero, el gasto militar y, por su puesto, los pagos de intereses constituyen, con mucho, las partes más sustancial del presupuesto del Estado y la que ha experimentado, con gran diferencia, en fecha reciente, mayor incremento. Lo que queda –gasto para ayuda social, viviendas baratas, servicios médicos para los sin ellos desvalidos, enseñanza pública y las diversas necesidades de los grandes barrios pobres- es lo que hoy se considera como la carga del Estado. Es únicamente lo que sirve a los intereses de los que no pertenecen a la mayoría satisfecha; es, ineludiblemente, lo que ayuda a los pobres” [6] .
4) La cuarta y última característica es la tolerancia que presenta la mayoría satisfecha respecto a las grandes diferencias de ingreso. El autor plantea que aquellos que pertenecen al sector afortunado de la sociedad aunque menos acaudalados soportan los ingresos sumamente elevados de los muy ricos, por temor a que en la redistribución de la riqueza estén amenazados también sus ingresos.
En efecto, “se respeta aquí una convención general bastante plausible: el coste de la prevención de cualquier ataque a la propia renta es la tolerancia de una mayor cuantía para otros” [7] . En este sentido, la opulencia de los muy ricos es el precio que paga el resto de la mayoría satisfecha para poder retener su ingreso que es drásticamente menor pero que les permite vivir sin sobresaltos.
Por otro lado, esta tolerancia de las altas rentas de los sectores más ricos de la sociedad se defiende con el siguiente argumento: la mejor manera de ayudar a los más pobres es reduciendo los impuestos a los más ricos. Efectivamente, al reducirse los impuestos a los más satisfechos de los satisfechos esto se traduciría en más inversiones, lo cual terminaría beneficiando a los más pobres dándole trabajo. Como sostiene Galbraith “...la teoría de que si se alimenta al caballo generosamente con avena, algunos granos caerán en el camino para los gorriones” [8] .
En resumen, estas son las cuatros características de la mayoría satisfecha, es decir, del sector social que tiene la posibilidad de disfrutar un bienestar económico que le permite vivir con desahogo sus vidas.
Sin embargo, sostiene el autor, este bienestar material de la mayoría satisfecha es sostenido y fomentado por la presencia de una clase numerosa que no participa de la comunidad favorecida, la cual Galbraith denomina la Subclase Funcional integrada por los más pobres de la sociedad norteamericana.
A su vez, el autor plantea que existe una minoría de los satisfechos que les preocupa además de su satisfacción personal la situación de los desfavorecidos que no tienen la suerte de participar de su bienestar material.
En efecto, existe un grupo de individuos integrados por intelectuales, periodistas, disidentes profesionales que manifiestan simpatía por los marginados. Sin embargo, plantea Galbraith, no constituyen una amenaza seria para la mayoría satisfecha. Todo lo contrario, este grupo consolida la posición de los opulentos al democratizar la posición dominante de la mayoría satisfecha.
En otras palabras, con su defensa de los excluidos demuestran que el sistema democrático funciona. Como sostiene Galbraith “los progresistas en Estados Unidos y los políticos y portavoces laborista en Gran Bretaña son, en realidad, vitales en este sentido. Sus escritos y su retórica dan esperanza a los excluidos y garantizan, al menos, que no son marginados a la par que ignorados” [9] .

LA MAYORÍA SATISFECHA ARGENTINA:

A partir del conflicto desatado con las retenciones móviles se observó en todo su esplendor el accionar de la mayoría satisfecha argentina. A lo largo de todo el conflicto se vio reflejado en todos los actores sociales que se opusieron a la medida implementada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente las entidades agrarias, las distintas características detalladas por Galbraith que presentan los sectores opulentos norteamericanos.
1) Los agricultores afirmaron que están recibiendo lo que se merecen en justicia, esto es, que la renta agraria percibida es producto de sus esfuerzos. En este sentido, se estereotipó al agricultor como el campesino que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar sus tierras y que trabaja de sol a sol.
Por lo tanto, para los agricultores no es justo que el Estado intervenga a través de las retenciones para extraerle parte de su renta con el objetivo de distribuirlo entre los menos favorecidos. Es decir, la mayoría satisfecha argentina se mostró indignada ante la intención del Estado nacional de cobrarle impuesto al núcleo sojero pues lo consideran como una usurpación de aquello que tan claramente se merecen.
En este sentido, se oculta que buena parte de la renta percibida por los agricultores es como resultado de una política económica llevada a cabo por el gobierno nacional: la devaluación de la moneda. Política económica que además fue soportada por los asalariados que a partir de la inflación vieron reducido su salario real.
Por otro lado, junto con la devaluación de la moneda, la renta extraordinaria de la soja se debe al abrupto incremento de los precios internacionales de las materias primas a partir del aumento del consumo sobre todo de China y la India pero además también por el vuelco de gran parte de la especulación financiera internacional que se dedicó al negocio de las materias primas.
Por lo tanto, el crecimiento extraordinario de sus ingresos no se debió fundamentalmente a sus esfuerzos personales sino más bien por factores exógenos a los agricultores, esto es, por la devaluación de la moneda nacional y por el crecimiento internacional del precio de las materias primas.
2) En las entidades agrarias durante el conflicto también se notó su privilegio del corto por el largo plazo. En efecto, gran parte de su discurso en contra de las retenciones móviles era que se debía aprovechar el contexto internacional que favorecía a la Argentina a partir de los elevados precios de las materias primas.
Para las entidades agrarias esto significa venderle al mundo lo que el mundo necesita. Es decir, retomar los lineamientos generales del modelo agroexportador que implica la venta externa de productos primarios, fundamentalmente soja.
Por lo tanto, para aprovechar el contexto internacional, según los agricultores es conveniente reducir las retenciones para así de esta manera permitirles incrementar la inversión agraria y de esta forma producir una mayor cantidad para aumentar las exportaciones.
Esto implica que el Estado no intervenga para fijar las rentabilidades relativa de la economía. Esto se traduciría en que ante el aumento abrupto de la soja a nivel internacional la rentabilidad del sector sojero es mayor a la rentabilidad de los otros sectores económicos, esto es, al resto de las actividades agrarias – ganaderas y al sector manufacturero.
Este fenómeno genera que la mayor parte de la inversión sea destinada en la economía argentina a la producción de soja desalentando de esta forma la inversión en trigo, maíz, leche, carne y productos manufacturados. Esto se traduce en dos hechos: primero, como la soja se produce casi exclusivamente para la exportación se reduciría la producción de productos agrarios – ganaderos que se destina al consumo interno y, segundo, se atentaría al modelo de industrialización al ser menos rentable la inversión en el sector manufacturero que en el sector sojero.
Ahora bien, es de esperar que este aumento en el precio internacional de la soja y de las materias primas en general no sea indefinido. Por lo tanto ¿qué sucedería entonces si se reduce el precio de la soja y el gobierno, como pretenden las entidades agropecuarias, no fija las rentabilidades relativas de la economía y deja que las ganancias del núcleo sojero aumentara más que los beneficios de las otras actividades permitiendo de esta forma el avance de la producción de soja en detrimento de las otras actividades?.
Nos encontraremos que la economía argentina se especializó en la producción de un bien que no se consume internamente y que ahora al bajar el precio internacional tampoco es tan rentable exportarlo. Pero además nos especializaremos en un producto que no genera valor agregado y que por lo tanto no se traduce en puestos de trabajo, lo cual implicaría que este tipo de especialización se traduciría en un incremento de la desocupación.
De esta forma, en términos de las entidades agropecuarios, aprovechar el contexto internacional es privilegiar el corto plazo para hipotecar el largo plazo de la economía y la sociedad argentina. En otras palabras, permitirles a los agropecuarios la obtención de una renta extraordinaria a partir de la exportación de la soja, atentando contra la producción de los alimentos para los argentinos y contra el proceso de industrialización de la economía argentina.
En este sentido, en contraposición a los sostenido por las entidades agropecuarias durante el conflicto, aprovechar el contexto internacional implica tener una perspectiva de largo plazo, previendo que el precio de las materias primas no se mantendrán indefinidamente en niveles altos. Esto implica, por lo tanto, a partir de distintas intervenciones estatales incrementar la producción de trigo, maíz, leche y carne para bajar el precio interno de los alimentos y aumentar el consumo de los argentinos y, por otro lado, profundizar el proceso de industrialización de la economía argentina permitiendo, entre otras cosas, reducir el nivel de desempleo, pobreza e indigencia.
En otras palabras, pensar en el largo plazo es generar a través del intervensionismo estatal un desarrollo económico y social, y no simplemente obtener un crecimiento económico en base a la exportación de soja. Esto último lo único que permitiría es la obtención de una extraordinaria renta en el corto plazo del núcleo sojero.
Por otro lado, esta visión cortoplacista de las entidades agropecuarias se observa en su total despreocupación por la tendencia hacia el monocultivo. Es decir, aprovechar el contexto internacional en la perspectiva de los agropecuarios se traduce en producir cada vez más soja a costa de la fertilidad futura de la tierra argentina.
Dicho de otra forma, producir la mayor cantidad de soja posible en el corto plazo para obtener de esta manera la mayor renta posible antes que baje el precio internacional de la soja sin preocuparme por los desastres ambientales que esto genera.
Nuevamente, las entidades agrarias privilegian el corto al largo plazo, total como dice Galbraith el futuro es incierto y además ellos no estarán.
3) Durante todo este conflicto también se observó la visión sumamente selectiva por parte de las entidades agropecuarias del papel del Estado. Una de las cuestiones que quedó más claro es que para los agricultores el Estado en líneas generales es percibido como una carga.
Para ellos el Estado es un socio que participa de las ganancias del campo pero que desaparece en los momentos de las malas cosechas. Por lo tanto, exigen la no intervención del Estado en la economía.
Sin embargo, nunca se escuchó criticar con anterioridad al conflicto a las entidades agrarias cuando el Estado nacional le refinanció las deudas salvando la mayor parte de los campos que se encontraban hipotecados lo cual les permitió a muchos agricultores salvar sus tierras, ni tampoco se los escuchó criticar el gasto público destinado para mantener la moneda devaluada que genera un incremento de la rentabilidad en pesos de los exportadores y tampoco criticaron la intervención del Estado subsidiando el gas oil para abaratar los costos de los agricultores debido al alto precio internacional del petróleo.
Esto demuestra en primer lugar que el Estado no es un socio que sólo participa de las ganancias sino que gracias a su intervención permite aumentar la rentabilidad de los productores. Pero que además las entidades agrarias no se quejan de la intervención del Estado, sino que critican las intervenciones gubernamentales que no los beneficia.
4) En el conflicto por las retenciones móviles se observó también la tolerancia que muestra gran parte de la mayoría satisfecha respecto de las grandes desigualdades en la distribución del ingreso. En efecto, las entidades agropecuarias estuvieron fuertemente apoyadas por un gran sector de los afortunados que nada tenían que ver con el campo ni muchos menos les afectaba las retenciones móviles de la soja. Incluso, este apoyo se dio conociendo las rentas extraordinarias percibidas por el núcleo sojero que lideró el conflicto agrario.
Si bien detrás de este apoyo podemos encontrar un número importante de causas, uno de los factores fundamentales es la oposición a cualquier medida redistributiva implementada por el Estado nacional. Pues esta distribución es amenazante para el grueso de la mayoría satisfecha.
De esta forma, prefieren apoyar la renta extraordinario de un grupo reducido de productores con tal de no ser afectada en algún momento su renta en el proceso de distribución del ingreso. Parafraseando a Galbraith, la opulencia esplendorosa del núcleo sojero es el precio que paga el resto de la mayoría satisfecha menos opulenta para poder retener lo que es menos pero que está muy bien de todos modos.
Por tal motivo, buena parte de la mayoría satisfecha argentina salió en defensa de las entidades agropecuarias a pesar de no sentirse afectado directamente por las retenciones móviles establecidas por el gobierno nacional.
Por último, también durante el conflicto agropecuario participó esa minoría de la mayoría satisfecha preocupada por los marginados pero inofensiva para la posición dominante de los opulentos. En efecto, una parte del progresismo argentino integrado por intelectuales, periodista y políticos que escribían y hablaban permanentemente a favor de la distribución del ingreso pero que sin embargo durante este conflicto decidieron ser funcionales, por diferentes motivos, a las entidades agropecuarias.
Estos sectores son profundamente necesarios para darle un aire de democracia a la posición dominante de la mayoría satisfecha. Entre estos sectores podemos destacar a Proyecto Sur cuyo diputado Claudio Lozano a pesar de expresar su pasión por la redistribución del ingreso terminó votando, más allá de sus explicaciones, a favor de las entidades agropecuarias.
El voto de Cobos por la negativa al proyecto de retenciones móviles para la soja muestra la preponderancia cultural, económica, política y social de la mayoría satisfecha argentina. Los sectores opulentos de la sociedad afirman que gracias al voto de Cobos se pacificó el país. Pero al mismo tiempo dan una señal: esta pacificación depende de que la posición dominante de la mayoría satisfecha no se vuelva a discutir, esto es, la paz social depende de que no se insista más en la distribución del ingreso.