El conflicto del Banco Central: un conflicto de intereses

por Ariadna Somoza Zanuy
Buenos Aires Economico, 13 de enero de 2010

El conflicto que golpea nuestra cotidianidad en este enero inusual es el llamado conflicto por el Banco Central o el “efecto Redrado”. Por cierto, este conflicto es manejado desde los medios como un conflicto “de formas”, “jurídico” o basado en una persona: Redrado.
Pero el problema es mucho más profundo que ese planteo. Los que se está discutiendo realmente es en qué se utilizan los recursos que las políticas macroeconómicas aplicadas por este gobierno consiguieron. Mientras la política era acumular reservas todo iba bien, y las contradicciones internas del gobierno no se expresaban. Hoy, ante la necesidad de esos recursos ya sea para pagar compromisos de deuda o seguir financiando el gasto público, surge una discusión que es plenamente distributiva: si ante los vencimientos de la deuda externa del 2010 se recorta el gasto público o se sigue pidiendo deuda. Aunque parezca una tontería, veamos cuales son las diferencias de ambos caminos y porque el gobierno toma un tercero.
Seguir contrayendo deuda para pagar deuda, además de ser un perverso mecanismo económico de nunca acabar, tiene una profunda implicancia acerca de la independencia a la hora de poder plantear políticas económicas soberanas. Hasta hace poco tiempo parecía irreal pensar un plan económico sin el visto bueno del FMI y hoy, luego de la histórica renegociación del 2005, esto ya es moneda corriente. Más allá de los beneficios económicos a corto plazo, como pagar menos cantidad de dinero, implicó consecuencias político-económicas en el mediano plazo, que es la exitosa implementación de un programa económico que permitió el crecimiento a elevados niveles luego de una de las más profundas crisis económicas que sufrió nuestro país.
Por otro lado, reducir el gasto público es la salida ortodoxa por excelencia. Aquellos que achicaron el Estado en los ‘90 lo hicieron desde esta concepción, principalmente porque lo ven como “gasto” y no como inversión o redistribución progresiva. Si consideramos al gasto público como inversión del Estado nos encontramos, por un lado, con que el Estado invierte en infraestructura para el país que queda instalada y, por el otro, que para montar esa infraestructura se requiere mano de obra, lo cual dinamiza la economía. Lo mismo ocurre con el dinero que se destina a planes sociales, que no es otra cosa que el Estado direccionando recursos a los sectores que más los necesitan.
El gobierno, ante los vencimientos de deuda externa, eligió utilizar los recursos hasta acá ahorrados como forma de no tomar ninguno de estos caminos que implicarían un desaceleramiento de la economía, la falta de independencia para continuar con el modelo económico y un freno en la distribución de la riqueza.
Ante esta decisión del gobierno, el poder económico decidió no quedarse de brazos cruzados. Ese dinero que el Estado se ahorra por la reducción de intereses de deuda es dinero que a un sector de la economía no le llega: son los sectores concentrados de la especulación financiera, tanto locales como internacionales. La “supuesta” autonomía del Banco Central del Estado o gobierno encubre, en realidad, una relación y dependencia muy estrecha entre esa entidad y el poder económico local o foráneo. Esto es importante, porque nos tiene que quedar claro que lo que está ocurriendo aquí no es otra cosa que un conflicto de intereses y no un problema de determinadas figuras, ni un problema legal sobre las atribuciones de la presidenta o del Banco.
Es por ello que este conflicto nos debe abrir las puertas a discutir lo importante: cómo se genera riqueza y cómo se la distribuye. Esa es la discusión de fondo, la discusión que la restauración conservadora no quiere dar de frente y disfraza de farsas judiciales. Para poder continuar con un modelo económico soberano que apueste a la producción y al trabajo debemos, entre otras cosas, lograr modificar la Carta Orgánica neoliberal del Banco Central, que se presenta, a la vista de los acontecimientos, como un obstáculo para tener los recursos a disposición de las medidas de política económica que se toman desde el gobierno.