Por una nueva ley de entidades financiera: timba o produccion

Revista 2010, Diciembre de 2009, Año 3 Nº34

Discutir la Ley de Entidades Financieras implica discutir dos modelos de país. Por un lado, un país donde reine la timba financiera, como plantea el neoliberalismo, o un país donde reine la producción, como se comenzó a perfilar en el modelo post devaluación.
Tras ambos modelos hay dos concepciones bien distintas, casi filosóficas, que parten de una pregunta: ¿Hace falta el trabajo humano para generar riqueza? La respuesta voluntariamente errada a esta pequeña y gran pregunta es la que produjo que millones de compatriotas sean privados de su derecho a trabajar, ya que una de las premisas del neoliberalismo consiste en que el capital puede generar más capital en sí mismo y, por ende, ¿para qué tomarse el trabajo de abrir una fabrica y generar empleo si puedo tener mayores ganancias con tan sólo poner el capital en el sistema financiero y así tener ganancias extraordinarias mediante los intereses?
Este paradigma sobre el Trabajo y la Riqueza, sustento filosófico del neoliberalismo, se puso en crisis con la actual crisis internacional, aunque no está totalmente derrotado. En Argentina, el modelo neoliberal que se instaló con la última dictadura militar buscó el sustento jurídico para poder cumplir con estos principios en la Ley de Entidades Financieras.
La misma, a grandes rasgos, permitió la apertura indiscriminada al capital financiero internacional (que estaba disponible y en búsqueda de destinos propicios en ese momento), la concentración del mercado financiero y la consecuente destrucción de las pequeñas entidades y, por sobre todas las cosas, la pérdida de control del Estado en el direccionamiento del sistema financiero.
Esta última cuestión es, para nosotros, la más importante, y nos pone en la discusión acerca del rol del Estado en la economía. Discutir esto a la luz del nuevo modelo económico que comenzó en el 2003 implica tener en cuenta varias cuestiones que muestran las contradicciones que genera el sostenimiento de esta ley.
Por un lado, se avanzó en un proceso de revalorización productiva a partir de un incipiente proceso de reindustrialización. El mito del “viento de cola” se cae instantáneamente al ver los números que nos indican que si los precios internacionales de la soja se hubiesen mantenido como en los 90, muy poco hubiese variado el crecimiento económico, ya que el mismo se sustenta, fundamentalmente, en la construcción (empleadora de mano de obra intensiva) y en la industria manufacturera. Y esto se debe a una definición política que busca revalorizar el trabajo como fuente de la riqueza de las sociedades, yendo de este modo en sentido contrario a lo planteado por el paradigma neoliberal.
Sin embargo, en el ámbito financiero, el Estado aún no tiene capacidad de direccionar hacia donde destinar esa riqueza que la sociedad produce, ese capital. Esto implica que es el mismo sistema financiero el que, movido por la lógica de la rentabilidad, direcciona el capital hacia lo que le genere más ganancia, que son el consumo y la timba financiera.
Las implicancias que esto acarrea son terribles. Por un lado, los créditos al consumo dinamizan la economía en el corto plazo, ya que permite a distintos sectores sociales aumentar su consumo, dinamizando así el mercado interno, pero no consolida el aparto productivo como sí lo hace la inversión.
Si observamos su impacto en el consumo vemos un mecanismo bastante perverso: quienes más consumen y, por ende, tienen mayor poder adquisitivo, menor tasa de interés pagan, lo que significa que obtener un crédito les sale más barato. Y esto se logra de esta manera: las mismas entidades financieras que fijan los límites de acceso al crédito son las que luego abren sucursales de “crédito fácil”, en las cuales se puede obtener un crédito con la sola presentación de DNI y recibo de sueldo o de un plan social. A cambio de este “favor”, la financiera le cobra más caro el crédito, obviamente, teniendo así a los sectores populares atados a créditos con tasa de interés altísima por comprar ropa para el hijo en su cumpleaños y teniendo sectores medios y altos pagando créditos por heladeras o autos a tasa de interés tan baja que cuando lo terminaron de pagar, en definitiva, les salió más barato que si lo hubiesen comprado en efectivo ahorrando el dinero. Este es un circulo perverso en el que la tasa de interés es altamente regresiva, ya que los que menos gastan y tienen más pagan, y afecta fuertemente a la vida cotidiana de nuestros compañeros más necesitados. Esto pasa, ni más ni menos, por la vigencia de la Ley de Entidades Financieras.
Sin embargo, quienes consumen no son los únicos afectados. Algo similar ocurre con las PyMEs, ya que a la hora de acceder al crédito, cuanto más grande sea la firma más respaldo tiene y, por ende, más posibilidades de acceder al mismo tienen. Y ni hablar de las nuevas cooperativas de trabajo que surgieron al sol de las políticas de economía social desarrolladas desde el 2003, que comienzan sus actividades subsidiadas por el Estado pero luego no tienen posibilidad de acceder al crédito para poder capitalizarse y crecer.
Esto nos muestra cómo el direccionamiento del capital al sistema productivo no puede estar en manos del mercado, ya que si el mismo no lo considera una actividad rentable, dispondrá mucho más capital al consumo o al sistema financiero, como ya hemos observado. Hasta hoy, los únicos esfuerzos del Estado en ese sentido han sido las políticas de crédito de la banca pública, que es lo único en lo que puede tener injerencia hoy. Pero esto, obviamente, no alcanza, ya que la estructura del sistema financiero no ha sido modificada.
Observamos, entonces, que el sistema financiero no está a la altura de las necesidades que el nuevo modelo económico de valorización productiva tiene. Si han crecido la producción, las PyMEs y las cooperativas, se necesita de un sistema financiero acorde a estas transformaciones. Para ello es imprescindible que el Estado pueda definir cuáles son las prioridades para la utilización del capital disponible, ya que al Estado no lo mueven las leyes de la rentabilidad y la ganancia extraordinaria, sino la de universalización de derechos para alcanzar la justicia social.
Es por ello que planteamos la necesidad de un cambio estructural en el sistema financiero que sólo se puede lograr cambiando la Ley de Entidades Financieras que permita, entre otras cosas, que la banca pública y los pequeños y medianos bancos nacionales, así como las cooperativas de créditos, tengan mayor participación en la economía. Permitiría, además, profundizar el proceso de reindustrialización privilegiando los créditos productivos, direccionándolos a las PyMEs y cooperativas, aportando a la desconcentración de la economía argentina, haciendo que nuestra economía sea mas nacional privilegiando a las firmas locales, promoviendo que la misma sea más federal a partir de una desconcentración territorial del sistema bancario, construyendo, de esta forma, una distribución de la riqueza más justa.
Para nosotros es muy importante poder plantear esto en términos de reforma estructural, ya que si bien hoy en día está en discusión el tema de la Ley de Entidades Financieras, hay sectores que plantean que la transformación reside en gravar la extraordinaria renta financiera. Por supuesto que esto también es importante, ya que permite, por sobre todo, la posibilidad por parte del Estado de apropiarse y redireccionar esos recursos a otros sectores de la economía y la sociedad. El problema es que esta medida no cambia la estructura misma del sistema financiero y las dificultades que esto conlleva, como ya hemos observado, con lo cual seguiremos teniendo un aparato productivo, PyMEs y cooperativas sin posibilidad de invertir y crecer, lo cual significa quedarse sin posibilidades de generar más trabajo, bastión de este modelo económico.
Necesitamos que el sistema financiero no entre en contradicción con este nuevo modelo económico que busca cambiar el paradigma neoliberal apostando a la producción y al empleo, y por eso creemos que la lucha y la militancia debe ser por transformar la Ley de Entidades Financieras, la cual ya tiene una característica común con la Ley de Medios: ambas son leyes de la dictadura. Hagamos que tenga otra característica común: que también sea derrotada, como ésta, a fuerza de militancia y organización.